Nuestro país está viviendo un momento histórico en el ámbito de los derechos humanos, treinta años después del golpe de Estado que instauró la más sangrienta dictadura militar de nuestra historia. Esta circunstancia excepcional es el resultado de la confluencia entre la decisión política del gobierno nacional, que ha hecho de los derechos humanos el pilar fundamental de las políticas públicas, y las inclaudicables exigencias de verdad, justicia y memoria mantenidas por nuestro pueblo a lo largo de las últimas tres décadas. A partir del restablecimiento de las instituciones constitucionales, el 10 de diciembre de 1983, hubo grandes hitos como el informe de la CONADEP, que hoy vuelve a reeditarse, y el juicio a los integrantes de las tres primeras juntas militares, entre otros procesos judiciales. Hubo también pronunciados retrocesos como las llamadas leyes de “punto final” y de “obediencia debida” y los indultos presidenciales a condenados y procesados por la justicia federal. Las exigencias de verdad, justicia y memoria están hoy instaladas como demandas centrales de vastos sectores sociales. Como lo afirmaban las Madres de Plaza de Mayo ya bajo la dictadura militar, cuando planteaban los dilemas de la verdadera reconciliación nacional, “el silencio no será una respuesta ni el tiempo cerrará las heridas”. Por ello, recordar el pasado reciente con la reedición del NUNCA MÁS este año del 30 Aniversario del golpe de Estado de 1976 tiene un significado particular cuando, a instancias del Poder Ejecutivo, el Congreso ha anulado las leyes de impunidad y una Corte Suprema renovada las ha declarado inconstitucionales y ha confirmado el carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad.