El sentido fundamental que tiene el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de reforma de la ley de la Carta Orgánica del Banco Central y de la ley de Convertibilidad –con media sanción en la Cámara de Diputados y pendiente de aprobación en Senadores–, es terminar con la idea de un Banco Central aislado, cuya única finalidad sea proteger el valor de la moneda, y romper con la visión nefasta de que las reservas de divisas que el país posee deben dedicarse a cubrir íntegramente la base monetaria. Una Carta Orgánica que adjudica como objetivos del Banco Central, además del fomento de la estabilidad monetaria y financiera, el desarrollo económico con equidad social. Pero hay un agregado no menor, y es que este fomento debe darse en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno nacional, es decir, orientar sus acciones según los planes de la autoridad elegida por el pueblo.

La crítica situación actual del sector energético nacional tiene su origen en la performance del mercado hidrocarburífero argentino como consecuencia de las políticas implementadas desde hace dos décadas basadas en la eliminación de la intervención del Estado y la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Luego del quiebre en el patrón de acumulación generado por el gobierno de facto y la supresión de las políticas tendientes a diversifi car la matriz energética dependiente de los hidrocarburos, la consolidación del “modelo neoliberal” en los noventa redundó en el predominio del mercado por sobre las demás instituciones. La conjunción de hidrocarburos abundantes y “baratos” —medido en moneda local— como el gas natural, la emergencia de nuevas tecnologías más eficientes en la producción de energía con este insumo y las inversiones de corto plazo realizadas por el capital privado, profundizaron el predominio de la matriz energética basada en dichas fuentes. De esta manera, se relegaron obras de infraestructura esenciales para menguar la dependencia de los combustibles fósiles, tales como la construcción de centrales hidráulicas y nucleares, dado que el sector privado no estaba dispuesto a comprometer capital para recuperarlo a largo plazo.

El texto que sigue fue escrito hace una década -terminado el 2 de abril de 2002- cuando la crisis del derrumbe del régimen de convertibilidad tocaba su “piso” económico y comenzaba una recuperación (durante marzo/abril) que las estadísticas mostrarían con alguna demora. Publicado entonces sólo en Alemania por la Revista “Entwicklung und Zusammenarbeit” (“R+Z”, “Desarrollo y Cooperación”, abril de 2002) su difusión hoy en Argentina tiene el interés de reflexionar a la distancia acerca de las críticas circunstancias de aquélla época, muy reciente en términos históricos, sus raíces y los desarrollos desde entonces verificados por y para nuestra sociedad.

La Presidenta de la Nación en su discurso de apertura de Sesiones del Congreso de la Nación, además de un amplio detalle del Estado de la Nación y de las líneas de gobierno adoptadas, comunicó la presentación al Congreso de un proyecto de ley de Reforma de la ley de la Carta Orgánica del Banco Central y de la ley de Convertibilidad.
Señaló que «hay que ponerle definitivamente un fin a la convertibilidad, un BCRA que no esté reducido únicamente a preservar la estabilidad monetaria, sino que esté también preservando la estabilidad fiscal, la producción, lo que necesita la economía». «Debemos saber que el Banco Central debe estar en función de la economía real».

En este contexto, expresó: «No creo que sea necesario reformar la ley de Entidades Financieras. Creo que lo que hay que reformar es la Carta del Banco Central que es la que regula y controla a las entidades financieras, porque si no se hace un ruido que muchas veces parece más ruido y creo que son pocas nueces».

Durante la primera década del siglo el comercio exterior argentino mostró un comportamiento dinámico, acorde con la evolución del comercio mundial y la expansión económica de sus principales socios comerciales. Al tiempo que creció significativamente la participación en el nivel de actividad de la economía, el cambio más significativo desde el punto de vista macroeconómico quizá fue el aporte del saldo de bienes y servicios para el logro de superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos permitiendo que, a diferencia de las décadas anteriores, la economía argentina pueda crecer sin generar desequilibrios en el sector externo.

Si bien los precios de los productos básicos que exporta la Argentina, significativamente más altos que en las décadas previas, jugaron un rol importante en el sostenimiento del superávit externo, los precios de las exportaciones argentinas crecieron por debajo del promedio mundial y de la región latinoamericana.

Este artículo trata sobre la relación entre ciudadanía y enseñanza de la historia desde el puntode vista de las representaciones culturales de los docentes. En la coyuntura de la crisis del año 2001 nos interesaba saber ¿qué contiene una educación para “formar al ciudadano”? y ¿qué significa una educación para la ciudadanía pensada desde el ámbito de la historia escolar?

Hay temas que no pasan de moda y los problemas de la enseñanza de contenidos ciudadanos en la escuela es uno de ellos. Sobre todo porque es una problemática que se reactualiza permanentemente en el ámbito educativo en diferentes coyunturas políticas y, en cada una de ellas, la educación para la ciudadanía —como ha sido ampliamente demostrado— adquirió sentidos divergentes.

A partir de la última Ley de Educación Nacional (nº 26206) de 2006, la provincia de Buenos Aires con el marco jurídico correspondiente (Ley de Educación Provincial nº 13688) fue implementando —no sin enconados debates — materias de ciudadanía para los seis años obligatorios de la escuela secundaria.

Durante los 45 días de operaciones de combate en el Atlántico Sur, además de los 323 muertos por el hundimiento del crucero General Belgrano, murieron en combate 326 soldados argentinos. La cifra de suicidios de ex combatientes superó ese número. Las estimaciones varían entre 350 y 450 casos y las diferencias de apreciación es por si se suman o no aquellos casos de personas que murieron en accidentes o enfermedades que pudieron tener como un componente fundamental el hecho de haber quedado marcados por haber estado en una guerra. Sólo para evitar confusiones, la tasa anual de suicidios en Argentina es de 8,2 casos cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la Nación. Si en los frentes de combate hubo unos 14.000 hombres, la tasa resulta entre 12 y 15 veces mayor.

Hace seis años, un periodista de La Nación, Oliver Galak, a raíz del suicidio de un ex combatiente se preguntaba: “¿Por qué Argentina ha olvidado a sus ex-combatientes de la guerra de Malvinas? ¿Será acaso porque Argentina no soporta la derrota sufrida y quiere esconderla debajo de la alfombra? ¿Será acaso porque su clase política, tras más de 20 años, tiene mucho que esconder? ¿Será acaso porque la Argentina no soporta mirar cara a cara a los hombres que mandó a la muerte, mintiéndoles?”. Una serie de preguntas de apariencia punzante y, sin embargo, todas ellas sólo útiles para sembrar confusión. Un trabajo revelador de dos psicoanalistas franceses –Françoise Davoine y Jean Gaudillère– (Historia y trauma - la locura de las guerras) contiene una serie de advertencias sobre las conductas de quienes estuvieron en frentes de combate.

De manera resumida serían las siguientes. La negación: lo que pasó no pasó. La culpa del sobreviviente: por qué ellos y no nosotros. La perversión del juicio: las víctimas son las culpables. La fascinación por los criminales. Este último concepto, aclaran los autores, es tomado por Hanna Arendt en su trabajo Los orígenes del totalitarismo.
Estas recomendaciones pueden resultar no sólo de carácter universal sino que pueden muy bien ser tomadas como punto de referencia para analizar las conductas de quienes, como Galak, no estuvieron en la guerra pero pervierten, en pocos párrafos, lo sucedido en 1982 en Malvinas. Lo confirman los deslices del periodista al poner como sujeto a “la Argentina” y no a la dictadura, así como de interpelar a “la clase política” porque “tiene mucho que esconder” en cambio de abordar el discurso de La Nación durante la dictadura y particularmente en la cobertura del conflicto bélico.

Pero hay un aspecto referido a “la Argentina” que va más allá de discriminar las responsabilidades de quienes mandaron soldados conscriptos poco instruidos a un escenario bélico. Concretamente, la idea, generalizada en estas latitudes, de que los británicos salieron menos lastimados que los argentinos. Esa creencia se basa en distintas verdades consabidas: que son un Imperio acostumbrado a la guerra, que salieron victoriosos del conflicto y que, además, sus soldados profesionales están entrenados física y mentalmente para matar y morir.

Los suicidios, lejos de ser un problema exclusivo de los argentinos –derrotados–, afectaron también a los soldados victoriosos. Un artículo del Daily Mail –segundo periódico más leído de Gran Bretaña y tabloide, al igual que La Nación– publicado cuando se cumplían 20 años del conflicto y no 30 como ahora, consignaba que una “shockeante y poco conocida historia en la guerra de Malvinas se conoce hoy: más veteranos se suicidaron que el número de soldados muertos en acción”. El artículo, al igual que el de Galak cuatro años después en La Nación, tomaba como base el suicidio de “un héroe de guerra” inglés. La cantidad de veteranos ingleses que se quitaron la vida era –en 2002– de 264, mientras que los caídos “en servicio activo” habían sido 255. La elaboración de estos datos fue brindada por la South Atlantic Medal Association (Asociación de la Medalla del Atlántico Sur), una asociación que entrega a sus socios –ex combatientes– una insignia colgante con la cara de la Reina Isabel que lleva como inscripción Dei Gratia Regina (Reina por la gracia de Dios). Es decir, la escena resulta por lo menos bizarra: una organización identificada con el imperio que manda a la guerra es la misma que revela las consecuencias del conflicto una vez que se silencian los cañones.

¿Qué hizo la Argentina? Un diálogo con Silvia Bentolila, médica psiquiatra, resultó para este cronista muy ilustrativo de cómo fueron atendidos –o contenidos– muchos veteranos de guerra. En 1997, cuando Bentolila era jefa de servicio en el Hospital Paroissien de La Matanza, se creó un programa de atención a ex combatientes. Los primeros que se acercaban al hospital trabajaron con los médicos y psicólogos no sólo para tratar sus propias situaciones del llamado estrés postraumático, sino que también actuaron como mediadores con otros ex soldados que estaban aislados –mayoritariamente deprimidos– y a los que estimularon para tomar contacto con el programa. Tuvieron un 0800 que funcionaba las 24 horas y atención a los pacientes durante ocho horas diarias. Los médicos llevaron la experiencia al resto la Región Sanitaria VII y se expandió a otros hospitales bonaerenses. Fue la salud pública la que se ocupó de los malvineros precisamente en un momento donde todo era privatizado, incluso mientras el ministro de Salud de la Nación era Alberto Mazza, un empresario del negocio de la hotelería hospitalaria privada de lujo que tocaba la misma melodía que sonaba en todas las otras áreas. Quizá no haya un relato épico de lo actuado por los médicos y psicólogos de un hospital matancero. Pero convendría tomar dimensión de algo más grave que las propias limitaciones, que sin duda las hubo, respecto de haberle abierto las puertas a los veteranos.

Es cierto que por muchos años la sociedad argentina estuvo desmalvinizada. Por diferentes motivos, por diferentes prioridades. Ahora, más allá del calendario, sucede que Gran Bretaña vio agotadas sus reservas de petróleo en el mar del Norte y todo indica que detectó reservas en la zona de Malvinas. Esto, sumado al discurso autoritario y belicista de David Cameron, llevó al gobierno argentino a ser más enérgico en el tema. Entonces, cabe preguntarse si esta reafirmación de la voluntad de soberanía en las islas puede reavivar los fantasmas de guerra, especialmente entre quienes estuvieron en el frente. La respuesta no puede ser unívoca pero requiere de atención: la sensibilidad de quienes quedaron perturbados por la guerra puede verse alterada, seguramente de maneras muy distintas y sería muy pertinente que los servicios de salud pública para los veteranos se reactiven. Sin perjuicio de ello, lo mejor que puede pasar, tanto a quienes estuvieron en el frente como quienes no, es aventar fantasmas de posibles conflictos bélicos. El reclamo de soberanía del Gobierno es pacífico, recurre a los mecanismos diplomáticos y a la solidaridad de los pueblos latinoamericanos, que conocen en sus historias los mismos tipos de atropellos imperiales de los que somos objeto los argentinos y no sólo por Malvinas.

La náusea. Las guerras constituyen circunstancias extremas en las sociedades humanas. Desmoronan los vínculos, crean héroes de personas ordinarias, terminan con las vidas. Las naciones constituyen la categoría cultural de identidad más extendida entre los humanos y son, además, los ámbitos en los cuales algunos humanos pueden relacionarse con otros humanos en espacios tales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio o el Banco Mundial. También tiene organismos específicos para regular los conflictos bélicos y allí aparece la importancia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde cinco naciones tienen el privilegio de ser miembros permanentes. Estas categorías de naciones son, entonces, imprescindibles. Tienen, a la hora de los escenarios de guerra, tanta importancia como los cañones o los barcos. Es más, una diplomacia firme y decidida puede lograr triunfos que jamás podrían conseguirse mediante un conflicto armado. En ese sentido, vale la pena rescatar un concepto tratado por Hanna Arendt y que es la identificación de las elites sociales con “el populacho”, un concepto peyorativo pero que intenta dar cuenta de que la apelación al patriotismo o al militarismo suele ser una retórica impulsada por los poderosos y tomada por sectores medios empobrecidos o directamente sectores populares.

La guerra no sólo es nauseabunda en los escenarios donde se mata gente. Lo es después. Las cifras de suicidios entre ex combatientes argentinos y británicos son indicativas de que no sólo perdura en el tiempo en la eliminación de vidas, sino que puede ser cruel con victoriosos y derrotados, con profesionales de la guerra o con colimbas voluntariosos. La lucha por la soberanía no es un fantasma bélico. Es un reclamo legítimo de una comunidad nacional –Argentina– que no va a ser apoyada por los ciudadanos de otra comunidad, la británica. Eso no debería alimentar los fantasmas de la guerra. Antes de pensar, por ejemplo, que es importante ganarle a los ingleses en un match deportivo, sería bueno tener presente que la locura de la guerra llevó a muchos argentinos y a muchos ingleses a no poder seguir viviendo y eligieron ser sus propios victimarios.

Entre marzo y agosto de 2011 se realizaron once foros convocados por el gobierno nacional con el propósito de sentar las bases de una ambiciosa iniciativa: el Plan Estratégico Industrial 2020. En esos foros, los integrantes de cadenas de valor elegidas por formar “la trama central del tejido productivo argentino, validaron los lineamientos y objetivos propuestos por el Estado y llegaron también a nueve consensos centrales acerca de las principales líneas estratégicas de política industrial propuestas. Con la posterior presentación del PEI 2020, que en 287 páginas reúne las conclusiones y medidas que se prevé implementar en el corto plazo, se cumplió la primera etapa del trabajo. Está pendiente aún el comienzo de un ciclo de reuniones individuales con las once cadenas de valor para avanzar en la definición de los temas concretos de cada una de ellas.

La Argentina mediática describe las relaciones laborales así: de un lado los empresarios “preocupados”, “angustiados”, “agazapados”, desvalidos frente al “avance desmedido” de los sindicalistas que “muestran los dientes”, “voraces” en sus “presiones salariales” –los encomillados no son casualidad–. En el país que dibujan Clarín, La Nación y sus subsidiarias menores rige una lógica binaria dónde las sufridas empresas locales son rehenes de sindicatos desbocados que, con su desmedida ambición salarial, son responsables casi absolutos de la inflación. Porque ésa es la conclusión que el establishment impuso a sangre y fuego hace tres décadas: que el incremento de salarios es el principal motor de la inflación. No existen otras variables. No hay factores monetarios, fiscales o captación de renta que explique, para este relato, por qué suben los precios. La culpa es de los asalariados y de su temeraria intención de querer vivir mejor.
Habráse visto semejante imprudencia…

Con las paritarias a la vuelta de la esquina, la demonización de los salarios volvió al tope de la agenda política. Desde que el gobierno de Néstor Kirchner restituyó el ejercicio de las paritarias y la noción de dignidad laboral, las campañas tendientes a moderar los reclamos sindicales se convirtieron en un clásico del verano. Esta vez con un ingrediente adicional: el impacto de la “crisis global”. La sugestión, se sabe, suele ser una herramienta eficaz en manos del patrón.

Hacia mediados de la década del setenta, con el abandono del modelo sustitutivo de importaciones, se inició un profunda transformación económica y social que trastocó el entramado de relaciones que estructuraban a la economía argentina desde comienzos de los años treinta. Uno de los pilares del nuevo patrón de crecimiento fue la desregulación de la actividad financiera impulsada por la dictadura militar a través de la reforma del año 1977, que implicó una creciente subordinación de la economía real a la evolución de los fenómenos monetarios. A la vez, que la apertura externa y la sobrevaluación de la moneda reafirmaron estas tendencias al determinar una sensible pérdida de competitividad para los sectores productores de bienes. Estos procesos se agudizaron durante la vigencia del régimen de convertibilidad, profundizándose la primarización y desmantelamiento del tejido industrial. La mayor crisis económica y social de la historia argentina producto del colapso del régimen de convertibilidad, condujo al agotamiento de la especulación financiera, la apertura externa y la reprimarización productiva como principios regentes de la economía argentina.