Brasil: el abrumador consenso en torno a políticas que no funcionan

Eduardo Crespo


Se propagan las señales de desindustrialización y hay indicios crecientes de un Estado fallido, de una estatalidad en default

Récord de muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, un sistema privado de salud en San Pablo que colapsa y clama desesperado por camas en hospitales estatales, centros de salud públicos con varias cuadras de infectados en la cola para ser atendidos, una nueva variante del virus de origen nacional más contagiosa y letal (incluso en jóvenes) y que re-infecta a quienes ya se habían contagiado con la cepa anterior, pacientes de otras enfermedades o incluso accidentados que mueren en sus hogares porque no pueden recibir atención en un sistema desbordado, gobiernos municipales y provinciales que apelan a desesperados toques de queda y lockdowns para forzar aislamientos, una economía abatida por la pandemia que agrava una depresión de años, devaluación monetaria y encarecimiento de alimentos y combustibles, una población cada vez más desesperada y aturdida por mensajes contradictorios, un Gobierno Federal que hasta hace pocas semanas atrás combatía las vacunas y el uso de barbijos. Todos los ingredientes de un descalabro general están presentes hoy en Brasil.  

En este escenario comienzan a despegarse algunas de las piezas que componen la coalición gobernante. Quizás la noticia más sobresaliente es que miembros de la Corte Suprema de Justicia anularon los juicios contra Luiz Inácio Lula da Silva y defenestraron a su antiguo verdugo, el juez y ex Ministro Sergio Moro, lo que significa que Lula eventualmente podría postularse como candidato en las elecciones presidenciales de 2022. En este estado de anarquía tampoco debería sorprender que Lula esté encabezando otra vez las encuestas de opinión pública. La popularidad de Jair Bolsonaro, en cambio, cayó a los niveles más bajos desde el inicio de su gobierno. Llamativamente había subido meses atrás, en buena medida debido al auxilio de emergencia dispuesto por el Congreso Nacional (600 reales por grupo familiar que llegaron a alcanzar a casi la mitad de la población). Desde que el auxilio fue interrumpido la situación social y política entró en ebullición. Se espera que en abril parte del auxilio sea restituido pero con montos menores y con recortes fiscales compensatorios en diferentes áreas de la Administración Pública.

También desde el poder judicial se estrecha el cerco contra el Presidente y su familia – sus cuatro hijos varones están procesados por delitos varios -, así como aliados del gobierno, como el encarcelamiento del diputado oficialista Daniel Silveira, quien promovía un auto-golpe y la detención de los jueces de la Corte Suprema. Destacados miembros del establishment político y económico abiertamente comienzan a defender la posibilidad de un juicio político contra el Presidente y hasta reconocen que un eventual tercer gobierno de Lula sería preferible al desgobierno de Bolsonaro. En este escenario algunos sectores del Congreso, como el denominado ‘Centrão’ (partidos y representantes del ‘Centro’) que recientemente se habían aproximado al gobierno podrían comenzar a despegarse. El principal apoyo con que cuenta Bolsonaro son las fuerzas armadas. Más de mil militares integran el gobierno, así como policías y numerosos representantes de grupos paramilitares. Difícilmente estos sectores aceptarán pasivamente dar un paso al costado si el escenario continúa deteriorándose, por lo que no debe descartarse una crisis institucional.

Más allá del desconcierto de las últimas semanas y de lo que pueda ocurrir con la pandemia y las elecciones de 2022, el cuadro brasileño futuro luce sumamente enrevesado. Debe entenderse que Bolsonaro es a la vez causa y consecuencia del actual colapso. Nunca un candidato de características tan estrafalarias habría ganado las elecciones en tiempos normales. La derecha tradicional no logró instalar en su electorado un discurso sensato que lo represente, la mayor parte del empresariado y del sector financiero apoyó a Bolsonaro en 2018 como “el mal menor” para evitar un nuevo triunfo del PT, con la promesa de que una agresiva política de liberalización y privatizaciones sería implementada bajo el comando de Pablo Guedes, el cada vez más desprestigiado Ministro de Hacienda. El PT y los distintos sectores de la izquierda, en especial después del malogrado segundo gobierno de Dilma Rousseff, tampoco lograron hacer pie ofreciendo una alternativa superadora. Luego una combinación de campaña sucia, guerra mediática y lawfare terminaron allanándole el camino a la ultraderecha evangelista y paramilitar.

La política brasileña enfrenta contradicciones difíciles de superar. Por un lado, la inmensa mayoría de la clase dirigente adhiere al consenso neoliberal dominante. En torno a este programa convergen desde empresarios y banqueros hasta políticos, militares y académicos. Nada que recuerde al viejo desarrollismo de postguerra y las políticas de sustitución de importaciones está en la agenda política de Brasil desde la década de 1980. En Brasil el neoliberalismo se convirtió en una política de Estado. Incluso el PT no se opone abiertamente a esta orientación, sino que busca conciliarla con cierta dosis de  justicia social y mejoras distributivas moderadas. Por otro, los principales actores económicos ni siquiera están dispuestos a aceptar las políticas de “conciliación de clases” defendidas por el PT, incluso cuando éstas no buscan torcer el rumbo general. Pero a este cuadro se agrega una contradicción aún más rotunda: aunque estas políticas puedan contar con una  aprobación casi unánime, en la práctica no arrojan resultados sostenibles. Desde el año 2015 se adoptaron todas las políticas exigidas por los principales actores del poder económico. Se impuso un severo ajuste fiscal, fue implementada una reforma constitucional que establece un límite estricto a los gastos gubernamentales, se reformaron leyes laborales, fue aprobada una reforma al sistema de jubilaciones y pensiones, se impulsaron privatizaciones. Sin embargo, y precisamente a consecuencia de estas políticas, el PBI per cápita de 2019 (antes de la pandemia) era  aproximadamente un 7% inferior al de 2013, el desempleo abierto pasó de 6% en 2014 a más del 14% en 2019, la inversión cayó a mínimos históricos, se propagan las señales de desindustrialización y hay indicios crecientes de un Estado fallido, de una estatalidad en default, en amplias porciones del territorio. Teniendo en cuenta el tamaño de la población y la economía brasileñas, estas tendencias no podrán revertirse sólo con exportaciones. Se requiere de un impulso doméstico que difícilmente podrá aparecer de insistirse en este rumbo. El drama brasileño tiene por base un abrumador consenso en torno a políticas condenadas al fracaso en cualquier país de dimensiones continentales.

- Eduardo Crespo, Profesor de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) en Brasil y de la Universidad Nacional de Moreno UNM) en Argentina. 

 

Diagonales - 17 de marzo de 2021

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