Así se refirió Javier Moreira, docente e investigador de la cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA): “En los últimos 30 años, vemos un sostenido aumento de la concentración de la producción agropecuaria”. En efecto, los resultados del Censo arrojan que actualmente existen unas 222.000 explotaciones con límites definidos (con alambrados) distribuidas en el país, respecto de las 297.000 que existían en 2002 y de las 378.000 relevadas 1988. Esto significa que en sólo tres décadas se perdieron 156.000 establecimientos. La situación afecta sobre todo a los de pequeña escala, con menos de 50 hectáreas, según afirmó el investigador.

“Por un lado desaparecieron muchas explotaciones, pero al mismo tiempo creció la superficie productiva dedicada a los cultivos anuales. En los últimos 30 años, la superficie implantada se mantuvo en unas 33 millones de hectáreas, pero la proporción de esa superficie dedicada a cultivos anuales como la soja, el trigo y el maíz aumentó de 7,67 a casi 23 millones de hectáreas, en detrimento de otras producciones como las pasturas y las producciones regionales”, dijo, y señaló: “Quiere decir que es un proceso de concentración, con explotaciones más chicas que se anexan a otras más grandes. El problema es que tenemos más hectáreas en producción y explotaciones de mayor escala, pero menos establecimientos. La tierra no salió de la producción, sino que hay menos gente produciendo”.

Este fenómeno también se observa en el aumento de la superficie promedio por explotación. En 1988, la superficie promedio de las explotaciones agropecuarias era de 421 hectáreas. En 2018 esa cifra subió a 826 hectáreas por explotación, equivalente a un aumento de 96%.

Actualmente Moreira está dirigiendo tres tesis de la carrera de Agronomía de la FAUBA que utilizan la información del Censo como un insumo de base para analizar el sector agropecuario en diferentes regiones del país. “Estamos estudiando el proceso de sojización en el Mercosur, la evolución de la ganadería en la cuenca del Salado y la transformación de la matriz productiva en Nonogasta, provincia de La Rioja, donde la producción de uvas se vio afectada desde los años ´90 tras la aparición de otros cultivos como el olivo y la promoción de la industria de la curtiembre”.

“Muchas veces el Censo es la única información con la que contamos, aunque también existen vacíos porque los relevamientos se hacen cada 15 años y, además, hay datos que el Censo no discrimina, como la cantidad de los productores más allá de la cantidad de explotaciones. Entonces tenemos que ir a buscarlos al campo”, afirmó.

Situaciones diferentes

Moreira se refirió a las diferentes situaciones que arrojaron los resultados del Censo en cada zona productiva del país. “En la región pampeana no hay tanta concentración de la tierra porque la tierra dedicada a la soja se mantiene en manos del productor, que arrienda los campos para producir”, indicó, y señaló que en las economías regionales se registran otros casos. “En las producciones vinculadas con la vitivinícola, la fruticultura, la caña de azúcar o la yerba, por ejemplo, hay mucha concentración. Los productores más chicos desaparecen porque su margen de ganancia depende en mayor proporción de la mano de obra, respecto de otros productores más tecnificados que obtienen una mayor eficiencia y menores costos, trabajando a mayor escala”.

Para ejemplificar estos aspectos se refirió a los casos de Mendoza y Tucumán. Tradicionalmente Mendoza era la provincia con más explotaciones con límites definidos, después de Buenos Aires. En 30 años, allí desaparecieron el 41% de las explotaciones, pasando de 33.249 en 1988 a 19.622 en 2018. En paralelo, la superficie de frutales se redujo un 10%, pasando de poco más de 214 mil a 193 mil hectáreas. Actualmente 3.136 explotaciones (el 16%) tienen más de 50 hectáreas. En Tucumán la cantidad de explotaciones se redujo en un 75%, pasando de 15.988 en 1988 a 4.028 en 2018. En paralelo, la superficie de cereales, oleaginosas y cultivos industriales como la caña de azúcar aumentó en 4 mil hectáreas, pasando de 449 mil a 453 mil. Actualmente 1.406 explotaciones (el 35%) tienen más de 50 hectáreas.

“Por eso es tan distinta la realidad pampeana a la extrapampeana”, dijo, y se explayó: “La soja tiene un solo paquete tecnológico que se aplica a un campo grande o chico. Si el productor no puede garantizarlo, puede acudir a un contratista y, en la medida que trabaje de manera articulada con los agroexportadores y los proveedores de insumos, podría mantenerse en carrera porque hay una industria que demanda sus granos. Entonces tiene garantizada la venta. En el caso de la fruticultura, en cambio, si un productor duplica o triplica su cosecha de naranjas, limones o sandías, no va a encontrar necesariamente a un comprador”.

En el Censo se ve que entre los años 1988 al 2018 la proporción de superficie implantada destinada a cultivos anuales como la soja, maíz y trigo creció del 23% al 69%, concentrándose alrededor de los commodities, que se producen de forma superavitaria. Por otra parte, desaparecieron productores de escala más chica, del estrato que producen la fruta, la verdura, la hierba, la leche y la carne.

Además, Moreira advirtió que los censos no miden cantidad de productores, sino de explotaciones. “Eso quiere decir que si tenemos 220.000 explotaciones agropecuarias, los productores son esos o menos, porque un productor puede ser propietario de una o de varias explotaciones. No obstante, sabemos por las investigaciones que llevamos a cabo en la cátedra que cada vez hay una composición mayor del ingreso no agrario dentro de la composición del ingreso de una familia rural. La mayoría de los ingresos monetarios familiares de los productores más chicos son de actividades no agrarias, como transportistas, viajantes de comercio, docentes, asignaciones familiares, trabajadores municipales o porque tienen un almacén en el pueblo”.

“Si al productor no le dan los costos para sostener su producción empieza a buscar ingresos extraprediales con los que vive y subsidia la actividad de su campo. Muchos productores ganaderos chicos trabajan de peones en campos más grandes. Otros productores que no consiguen trabajo afuera y no pueden mantener sus campos, se mudan a los pueblos. Como los primeros que exilian son los más jóvenes, aumenta la edad promedio de quienes viven en el campo porque los de mayor edad sufren más el desarraigo, después haber vivido toda la vida en el campo”.

En 1988 había 1,4 millón de residentes permanentes en el campo. El año 2018 esa cifra bajó a 733 mil, con 83.234 personas mayores a 65 años. El momento más fuerte de expulsión se dio en el período 2002-2018, donde se observó una caída de 500.000 personas residentes en 16 años, un promedio de casi 24.000 personas que debieron enfrentar el éxodo cada año. La mitad de la población residente en explotaciones agropecuarias migró del campo a la ciudad y uno de cada 9 de los que perdura viviendo en las explotaciones es un adulto mayor. Otro dato que aporta información en este sentido es el de las viviendas censadas: sólo 257.500 de 332.700 las casas relevadas en las explotaciones agropecuarias están habitadas. Esto significa que existen unas 75.000 taperas.

Por otra parte, Moreira comentó que si bien los datos preliminares del Censo aún no están informando resultados sobre los trabajadores del agro, “es esperable que ese número baje en la misma línea en que desaparecen las explotaciones agropecuarias, sobre todo las de 50 hectáreas para abajo, que no están en condiciones, por cuestiones de escala y de capital, de incorporar tecnología y sustituir la mano de obra por maquinaria”. Asimismo, indicó que “cuesta discriminar a los trabajadores en las explotaciones de pequeña escala porque gran parte de ellas son familiares y el trabajo lo aportan sus integrantes”.

^{Agendarweb - 22 de diciembre de 2019}