El balance económico del año 2022 tiene dos etapas bien diferenciadas en las que se modificó no sólo la gestión del Ministerio de Economía sino la política fiscal, monetaria y cambiaria

Tal como nos cuenta Arturo Jauretche en su Manual de zonceras argentinas (1968), las zonceras económicas son las más frecuentes porque constituyen la finalidad última de todas. Las restantes son preparatorias, su objeto es formar una mentalidad colonial, y el objetivo de las colonias, particularmente de las semicolonias de la economía, es su aprovechamiento material.

Buena parte de las desgracias que el gobierno nacional descargará sobre la población argentina en los próximos meses tendrá que ver con una justificación ideológica con aspecto de argumento técnico: hay que bajar el déficit fiscal, madre de todos los problemas de la Argentina.

Descarnada visión oficial que se le presenta a los acreedores de los bonos a 100 años sobre el futuro de la Argentina. 

En pocos meses el gobierno de Cambiemos ha desmontado gran parte de los avances logrados por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina en doce años. La brutal devaluación, acompañada por la eliminación de las retenciones y una rebaja del 5 % a la de la soja (en un plan plurianual para eliminarla totalmente) se tradujo en un salto inflacionario que erosiona los salarios reales. Por otro lado ha iniciado un plan de reducción de personal en el Estado con claros fines persecutorios y de disolución de organismos de control y promoción social, al tiempo que da una señal al sector privado para que haga lo propio. El veto a la doble indemnización es una luz verde para continuar con esa política.

Es fácil, simple y comprobable ver la lógica rentista en el gobierno de Macri, por la sencilla razón que ha sido la lógica de la burguesía Argentina en gran parte de su existencia, exasperada cuando asumen la administración del país.

No se enoje con el título. Tenga paciencia y siga leyendo. Pero antes, piense unos segundos y responda si considera que en estos cinco meses el gobierno de Cambiemos realizó o no un fuerte ajuste de las cuentas públicas. La conclusión de la mayoría será, seguramente, afirmativa, influida por el impacto del tarifazo, por los despidos en el Estado y por el freno en la obra pública. Sin embargo, la realidad no es esa. Según datos oficiales, en el primer cuatrimestre del año el déficit del sector público fue de 62.403 millones de pesos, apenas 1.764 millones menos que en igual período del 2015. Ese resultado fue producto de un aumento en los ingresos del 29 por ciento y de un aumento en el gasto de un 24 por ciento.

Contra la sensación reinante, esos números están muy lejos de reflejar un fuerte ajuste fiscal.

“Mago no soy.” Así se plantó el ministro de Economía Axel Kicillof el pasado jueves en conferencia de prensa, haciendo alusión a sectores que criticaban el alza del gasto público y pedían, paralelamente, una mayor asistencia para determinados rubros de la economía. Pero, en rigor, valdría tener en cuenta su autodescripción en línea con lo que afirmó Carlos Tomada sobre la desocupación. Según señaló a Telam el ministro de Trabajo, “este 6,6 por ciento de de­socupación, como dice la Presidenta, no es magia, sino que es política, esfuerzo y voluntad para más inclusión, más derechos y más futuro”. O en palabras del mismo Kicillof, “la caída de la desocupación no es el resultado de la casualidad ni del Espíritu Santo, sino de las políticas contracíclicas del sector público”.

Por cierto, estas políticas contracíclicas pueden también describirse en estrategias y cifras. Más concretamente, en las acciones que el Gobierno se encuentra realizando para blindar al país ante las caídas que experimentan nuestros dos principales socios comerciales.

Como si se encontraran en un banquete de la era neoliberal, en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) un grupo de representantes intelectuales de las grandes corporaciones realizó un ataque desembozado al proyecto de desarrollo nacional con inclusión social que llevó a potenciar la producción local y el empleo. Desde el Empresariado Nacional (ENac), representantes de más del 90 por ciento de las empresas existentes en el país, tenemos el deber de explicar a la población que cuando estos sectores atacan el “gasto público”, en verdad están arremetiendo contra el fomento del mercado interno, y cuando reniegan de la “limitación a las ganancias por exportación” en realidad están impugnado la defensa de la soberanía económica”, como lo han hecho históricamente.