La sesión de la Cámara de Diputados del 26 de julio pasado y la de la Comisión de Asuntos Constitucionales del día previo revelan la intención del actual gobierno y sus vicarios parlamentarios de arrogarse una facultad supraconstitucional para pasar por encima del voto ciudadano, configurando una integración parlamentaria sometida a la voluntad del poderoso, al margen de la que resulta de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.