La movilidad previsional argentina en debate


Sergio Carpenter* (Especial para sitio IADE-RE) | Como parafraseando la idea filosófica del eterno retorno, la cuestión de la movilidad previsional irrumpe nuevamente en la escena política argentina. En diciembre de 2019 y a pocos días de asumir, el gobierno del presidente Alberto Fernández definió la emergencia social y -entre otras medidas- suspendió el esquema vigente de reajuste de los haberes previsionales.

Luego, a lo largo del año 2020, se fueron determinando trimestralmente los reajustes con un criterio que se decidió discrecionalmente. A la fecha de escribir este artículo (noviembre 2020), el gobierno nacional presentó al tratamiento parlamentario un proyecto para una nueva ley.

La movilidad previsional en la Argentina impacta en los ingresos de unos 5,7 millones de beneficiarios del sistema de pensiones, de unos 8 millones de niños y niñas cubiertos por los programas de asignaciones familiares y a 1,4 millones de beneficiarios de Prestaciones no Contributivas. La Seguridad Social del Sector Público Nacional representa unos 10,5% PIB, la función más relevante del gasto en el Presupuesto Nacional. Así, el derrotero de la movilidad incide en los presupuestos de la mayoría de las familias argentinas, consolidando un impacto macroeconómico de relevancia.

En la historia del sistema previsional argentino se han regulado diferentes esquemas de movilidad prestacional y también han existido vacíos normativos e incumplimientos del Estado que han dado lugar a una fuerte litigiosidad judicial. En ese derrotero se pueden distinguir algunos elementos que han tenido una presencia explicativa: uno, la impronta ideológicopolítica de quienes han conducido la gestión de gobierno; y dos, la fuerte vinculación existente entre la evolución macroeconómica y el sistema previsional, en una relación de ida y vuelta. En este sentido, la inestabilidad macroeconómica, la sucesión de crisis y sus consecuencias en la evolución del PIB, el desempleo, la inflación, los salarios y la formalidad, han potenciado los efectos que un esquema de movilidad previsional puede tener en la situación fiscal y en la distribución del ingreso. Ello ha agudizado la recurrencia política en cuanto a regular la movilidad de las prestaciones del sistema previsional público.

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* Economista del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE). Co-coordinador del Grupo de Trabajo CLACSO “Seguridad Social y Sistemas de Pensiones”.

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