Reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar: una reparación demorada e incompleta

A nueve años de su sanción, el Gobierno reglamentó la Ley 27.118. Las organizaciones de la UTEP-Agraria, con el Movimiento Evita frente a la autoridad de aplicación, lo destacaron como “histórico”. La Mesa Agroalimentaria criticó la resolución que dejó “sin reglamentar” 24 de los 36 artículos. De un incipiente “Banco de Tierras” a la ausencia de presupuesto.

El Gobierno reglamentó la Ley de Agricultura Familiar

El Presidente anunció la reglamentación de la Ley 27.118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, sancionada en 2014. Prometió que se destinarán 100 millones de dólares de un préstamo del Banco Mundial. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, reconoció que el agronegocio “se llevó todo puesto, se llevó puesto los árboles y los colegios rurales”.

Sin lugar para los pequeños

La Secretaría de Agricultura Familiar quedó diezmada. El ministro Ricardo Buryaile ordenó, por pedido del área de Modernización que conduce Andrés Ibarra, la eliminación de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional que garantizaba la participación de todas las organizaciones campesinas y agricultores familiares en la implementación de las distintas políticas del área. En Jujuy ya echaron a 23 personas, sumado a una campaña a través de grandes medios de comunicación para desprestigiar el trabajo territorial de dicha área.

Agricultura familiar: política pública y desarrollo nacional

Con el regreso de la democracia a nuestro país, los pequeños productores campesinos y familiares fueron recuperando sus organizaciones o creando nuevas, hasta alcanzar una significativa representatividad. Varios programas públicos se ocuparon, con diferentes enfoques, de este sector social agrario. Desde 2006, bajo la denominación de agricultura familiar, alcanzaron expresión en el Estado, hasta llegar actualmente a la existencia de una Secretaría específica en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La cuestión de sus problemáticas y de las políticas públicas a ellas referidas es un asunto de gran importancia para dicho sector, pero también, para la consideración de los principales problemas económicos, sociales y ambientales en el ámbito agropecuario de la Argentina.