De esta manera, se ha abierto un nuevo e inmenso campo para la propiedad intelectual desconocido anteriormente, la propiedad sobre formas de vida en manos de las empresas multinacionales apropiadoras de la biotecnología, en función de ejercer la dominación mediante mecanismos, aparentemente inevitables, como son los paquetes tecnológicos en las distintas producciones granarias, horticultura, olivicultura, forestales, frutales, animales y hasta florales; es decir, se erigen en los dueños de la biodiversidad del planeta.

En los últimos veinte años, las grandes empresas semilleras compraron un alto porcentaje de fuentes de semillas y empresas, calculándose que para 1998 operaban en el mundo 1500 empresas semilleras, 24 de las cuales dominaban la mitad del mercado semillero comercial mundial. En la actualidad, diez empresas controlan el 57% del mercado mundial de semillas que factura anualmente alrededor de 24000 millones de dólares. Las principales empresas que concentran este mercado son Monsanto de EEUU; Du Pont / Pioneer de EEUU; Syngenta, de Suiza y Limagrain, de Francia. Estas mismas empresas, controlan el 100% de las semillas transgénicas y el 44% del mercado de semillas comerciales.

Si analizamos algunas de las corporaciones más paradigmáticas del mercado, notaremos que Monsanto es una de las empresas más grandes del mundo que impulsa el desarrollo de cultivos transgénicos y obtiene ganancias millonarias en su expansión, al proveer al mismo tiempo, semillas y herbicidas para ser aplicadas en grandes superficies. En el año 1997, vendió toda su división química para centrar su investigación y desarrollo en procesos y productos biotecnológicos. Actualmente, compra tanto compañías de semillas, como biotecnológicas. Con la compra de la empresa mexicana Seminis, Monsanto pasó a ser la mayor empresa global de venta de semillas en general y a la vez controla el 90% del mercado de semillas transgénicas y agrotóxicos.

EL DERECHO DEL OBTENTOR, EL USO PROPIO y LAS PATENTES

En apretada síntesis, trataremos de explicar la compleja madeja legal mediante la cual los monopolios de los agrobussines, dueños de los paquetes tecnológicos, intentan darle una vuelta más de tuerca a la dependencia en la producción agraria capitalista.

En ese sentido EL OBTENTOR, es aquel que “descubre o modifica genéticamente una determinada variedad, en este caso de semilla, porque se convierte en obtentor de dicha variedad, lo que le da derecho sobre el poder de reproducción de la misma, lo que fue acordado en distintos tratados internacionales del mundo capitalista, fundamentados en el derecho de propiedad intelectual. Las leyes de PATENTES en cambio, dan derecho no sólo al uso de la semilla destinada a la reproducción, sino también a los distintos destinos de las mismas, comercialización, estudios genéticos, etc.

En nuestro país, la leyes vigentes son la 20247 y 24376 que aprueban el Acta Internacional UPOV de 1978 (Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales) que regula la exclusividad sobre el material destinado a la reproducción y se destina a la comercialización, lo cual da derecho al USO PROPIO por lo que el productor puede utilizar parte de la cosecha, con destino a una nueva siembra sin pagar regalía alguna. Por lo tanto, cae de maduro que la discusión en nuestro país se basa en el derecho al que las multinacionales semilleras, principalmente Monsanto y Syngenta, quieren acceder para avasallar el derecho al uso propio, convirtiéndolo en derechos de patentamiento, intentando cerrar aún más el círculo de la dependencia productiva para profundizar la dependencia tecnológica a la que nos tienen acostumbrados.

Los actores involucrados en este conflicto, se posicionan según sus intereses y de este modo, las multinacionales del sector que hacen lobbies sobre la Cámara de Diputados y Ministerio de Agricultura, han logrado la promesa del ministro Julián Domínguez, de modificar el derecho al uso propio mediante el envío de un proyecto al Congreso Nacional elaborado por la CONASE (COMISION NACIONAL DE SEMILLAS) modificatorio de la 20247. En tanto, la Federación Agraria Argentina erigida en representante de la pampa húmeda sojera, se opone con justa razón esta vez, aunque demás está aclarar que es una justa reivindicación pero del modelo sojero y su paquete tecnológico.

Asimismo, la disputa por el manejo del paquete económico significa discutir sobre la producción y comercialización de semillas transgénicas en Argentina y la región; por tanto, en el camino de la reconciliación del Gobierno Nacional con la burguesía agraria, se constituyó un CLOSTER de semillas, impulsado desde el MINISTERIO DE AGRICULTURA, junto a ASA (Asociación de Semillleros Argentinos), el INTA, el INASE (Instituto Nacional de Semillas), el PROSAP (Programa de Servicios agrícolas Provinciales) y las Secretarías de la Producción de las Municipalidades de la localidad santafesina de Venado Tuerto y bonaerense de Pergamino, que pretende mejorar la calidad, el servicio y la exportación de semillas transgénicas.

La zona elegida para la constitución de este emprendimiento, es nada más y nada menos que el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, donde en un radio de solo 180 km, es decir 2,5 millones de hectáreas, se concentra la producción del 95% de la producción de semillas oleaginosas del país.

Según nuestra visión, el camino de la construcción de independencia y soberanía nacional y alimentaria no es este, sino el insinuado en la primera feria nacional de la semilla originaria realizado en agosto en el parque Pereyra Iraola, de La Plata, impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Rural de la Nación, y el IPAF (INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA FAMILIAR, DEL INTA). Allí, más de 2500 agricultores familiares de todo el país, intercambiaron semillas originarias no transgénicas que cultivan en su pequeñas explotaciones, en una suerte de conservación y protección del germoplasma autóctono, como resguardo de las semillas que están llamadas a jugar un gran papel en el camino del necesario cambio progresivo y gradual del modelo productivo hegemónico y el desarrollo de un modelo productivo inclusivo, equitativo y liberador, que nos conduzca a garantizar la soberanía alimentaria, el ordenamiento territorial y la reforma agraria integral.