Juan Carlos Lascurain es ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), actual integrante del comité ejecutivo de la entidad y dirigente metalúrgico. La semana pasada se enfrentó públicamente con la conducción actual de la UIA luego de que desde la entidad se filtrara un informe que criticaba los acuerdos con China pese a que el texto todavía no había sido debatido por el comité ejecutivo. En esta entrevista con Página/12, Lascurain afirma que los acuerdos con China pueden beneficiar la industria argentina, sostiene que la filtración del paper interno obedeció a una operación política de la UIA, cuenta el debate que se produjo en la reunión de comité ejecutivo posterior a ese hecho, revela por qué dijo que a la cámara empresaria la manejan sólo cuatro o cinco personas y le apunta a Techint por utilizar ese espacio para llevar adelante su pelea con el Gobierno.

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El pasado 11 de febrero, el empresariado nucleado en la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) fue convocado al Ministerio de Planificación Federal, en un encuentro de trabajo de más de dos horas de duración y que contó con la participación de cerca de un centenar de industriales metalúrgicos, el ministro Arq. Julio de Vido, el ministro de Economía, Dr. Axel Kicillof, la secretaria de Energía, Ing. Mariana Matranga, el secretario de Obras Públicas, Ing. José López, el secretario de Coordinación y Control de Gestión, Lic. Roberto Baratta, el Presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), Ing. José Luis Antúnez, la Presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Lic. Norma Boero, y el vicepresidente de ADIMRA, Juan Carlos Lascurain. El encuentro de trabajo, primero de una larga serie, se diseñó con el objetivo de informar a los industriales del sector acerca de la potencialidad de las obras energéticas recientemente acordadas con la República Popular China e invitarlos a participar en las mismas. A propósito, algunas reflexiones.

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Cuando leemos el comunicado de la Unión Industrial Argentina criticando los acuerdos que el gobierno argentino firmaba con la República Popular China en los primeros días del corriente mes de febrero, aterrorizados por la cláusula sexta que dice textualmente: “...con sujeción a su legislación y de conformidad con el Derecho internacional, cada parte otorgará a los nacionales de la otra facilidades para la realización de actividades lucrativas, ya sean laborales o profesionales, como empleados o por cuenta propia, en condiciones de igualdad con los nacionales del Estado receptor”, como el tero que pone los huevos en un lado y grita en otro, se ponen en defensores de los trabajadores del país, como si les fuéramos a creer, cuando guardaron un silencio cómplice con el Plan Martínez de Hoz y el Plan de Convertibilidad del menemismo, destructores de la industria y del trabajo nacional, con récord de desocupación y de flexibilización en las condiciones de trabajo.

Tras el desplome de la convertibilidad, en 2002, la industria argentina ingresó a una nueva etapa signada por el crecimiento productivo y por la recomposición salarial, que dejó atrás un largo período de estancamiento. Más allá de estas significativas concreciones, un examen de esta fase pone en descubierto el desarrollo de importantes contradicciones. Mientras que el incremento de la producción, la ocupación y la productividad industriales reflejan un notorio cambio de tendencia, el déficit de divisas, que surge de la diferencia entre las importaciones y las exportaciones MOI, alcanzó cifras sin precedentes.

* El profesor Guillermo Gigliani -por medio de una controvertida resolución- fue dejado cesante en su cargo docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. ">http://www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-1828-a979.pdf] VER VÍNCULO

Nota del sitio IADE: como producto de una gran movilización; espíritu de lucha de varias agrupaciones y entrevistas con el decano de la FCE, el profesor Gigliani fue reincorporado, hoy 19 de febrero a su cargo en el curso de Dinero, crédito y bancos.

¿Aumentó el peso relativo de la industria en la economía argentina desde 2003 a la fecha? ¿La velocidad de la actividad industrial – la tasa de crecimiento – lideró la carrera sectorial en ese período? ¿Su aporte al crecimiento, durante estos más de ocho años, tuvo una participación mayor a la que el sector tenía en el año inicial?

Esta nota parte de una pregunta: ¿cuál ha sido el efecto de cinco años de crisis en el reparto del valor añadido? La respuesta a esta pregunta tiene que tener en cuenta el impacto de las políticas de austeridad fiscal. La consideración conjunta de estas dos cuestiones plantea un doble dilema que permite comprender mejor la "regulación caótica" en la que ha caído Europa.

Crisis, rentabilidad y crecimiento

Una recesión general conduce, en un primer momento, a un aumento de la participación de los salarios en valor añadido, y por lo tanto a una menor tasa de margen (los beneficios en relación al valor añadido). La participación de los salarios evoluciona de acuerdo con el crecimiento relativo de los salarios y la productividad: aumenta si el salario está aumentando más rápido que la productividad, y viceversa. En una recesión, la productividad disminuye, mientras que los salario se reducen menos o siguen creciendo. Hay por lo tanto una caída de la tasa de margen.

Pocas veces en la historia económica argentina se conjugaron altos niveles de crecimiento económico con una mejora sustancial de la matriz productiva. En los últimos años, se exhibe un escenario novedoso: aumento record de la actividad, tanto en porcentaje como en permanencia, y recuperación del aparato productivo. En este marco, la protección de la pequeña y mediana empresa dejó de ser un discurso para ser el centro de las políticas oficiales. Este segmento es vital en el desarrollo económico, lo que puede verificarse en su participación en los países desarrollados. Las pymes constituyen las organizaciones con mayor capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y de generación de empleo, con lo que representan un importante factor de política de distribución de ingresos a las clases media y baja. El principal escollo del sector es la falta de crédito bancario. En un relevamiento realizado por Cash se observa que el Gobierno destinó más de 21 mil millones de pesos en distintas formas de financiamiento y acceso a préstamos.

Las pymes en general, y las dedicadas al sector industrial en particular, comenzaron a adquirir mayor relevancia en la economía argentina en los ’50 y ’60, durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones. Ese desarrollo se vio obstaculizado en las tres décadas subsiguientes, producto de una política que privilegió la importación por sobre la fabricación local, sumada a las recurrentes crisis que vivió el país en esos años. Tras la debacle económica y social de 2001-2002, se inició un nuevo proceso productivo en el que las políticas públicas pusieron a este segmento de empresas en el centro de la escena.