Es lo que se produce en el rubro textil en Capital y Conurbano, según datos de la Cámara Industrial de la Indumentaria. El tema se instaló tras el incendio de un taller en Caballito donde murieron seis bolivianos.

Elena Peralta y Pablo Novillo
Fuente: Clarín
El incendio que el jueves 29 de marzo destruyó un taller textil de Caballito, y mató a seis ciudadanos bolivianos, que trabajaban y vivían allí en condiciones denigrantes, abrió la discusión sobre un secreto a voces: la mano de obra esclava en las fábricas de ropa. Un drama manchado de indiferencia, racismo, inoperancia estatal y -sobre todo- muchísimo dinero. Se estima que los talleres textiles clandestinos mueven un negocio que, sólo en Capital y el Gran Buenos Aires, supera los 700 millones de dólares al año.

La cifra surge de los cálculos que realiza la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. Según el informe, en todo el país se venden al año unos 1.200 millones de dólares en ropa fabricada clandestinamente. De ese dinero, entre un 60% y un 65% (un promedio de 750 millones de dólares) son facturados en Capital y el Conurbano.

"La cifra representa entre el 30% y el 35% del total de dinero que mueve todo el negocio de la indumentaria -explica Héctor Kolodny, director Ejecutivo de la Cámara-. Y si hablamos del total de prendas, las que provienen de la clandestinidad son la mitad".

Uno de los pilares para la existencia de semejante mercado en negro es la explotación de obreros textiles de los talleres truchos. Además de vivir en condiciones indignas, de no tener cobertura social ni jubilación, con su trabajo esclavo permiten que "los números le cierren" a la industria informal.

La ecuación económica es simple. El convenio colectivo de los costureros establece un básico de $ 3,40 por hora de trabajo. "Sumando antigüedad, presentismo, viáticos y comida, el sueldo supera los $ 900", dice Romildo Ranú, secretario general de la Federación de la Industria del Vestido y Afines.

Pocos llegan a esa cifra en los talleres en negro. Según los números que manejan los empresarios y el Sindicato, la mano de obra "barata" no gana más de $ 700 al mes. En los talleres de trabajo esclavo esa paga puede reducirse a $ 300 ó $ 400. Las jornadas tampoco son iguales. El convenio marca 45 horas semanales, pero en la clandestinidad se trabajan más de 15 diarias, un promedio de 90 a la semana.

Todo esto permite que la mercadería trucha llegue a la calle a precios muy inferiores con relación a la fabricada dentro de la ley. Según la Cámara, si una camiseta oficial de un equipo de fútbol cuesta unos $ 170, la ilegal sale $ 45. Otro ejemplo: una remera de marca que cuesta $ 180, tiene un "clon" de $ 70.

Los talleres clandestinos se multiplican en la zona sudeste de la Capital. Un mapa que atraviesa los barrios de Caballito, Flores, Floresta y Pompeya. Y no es una novedad. Existen desde antes de la caída de la convertibilidad, pero se multiplicaron con la caída del uno a uno. Para el ministro de Producción porteño, Enrique Rodríguez la cantidad de talleres que funcionan en casas de familia supera los 1.600 en toda la ciudad.

Uno de los motivos de la proliferación de talleres clandestinos es que no hace falta una inversión enorme para empezar a fabricar ropa trucha. "Con 5.000 dólares ya se pueden comprar máquinas para confeccionar diez jeans por día", asegura Kolodny.

Los circuitos de venta al por menor no son tan clandestinos como los de su producción. Se venden en ferias y puestos callejeros, pero también sindicalistas y empresarios en blanco mencionan a locales de la zona de Once y la avenida Avellaneda. Y hasta a grandes marcas y nombres de la alta costura que dejan sus modelos en talleres en negro para armar sus prendas.

Una de las respuestas más usadas por los funcionarios para explicar el porqué de los talleres clandestinos es que son difíciles de ubicar. Sin embargo, tras el incendio de Caballito, los Gobiernos porteño y nacional clausuraron 63 en una semana.

Los talleres clandestinos resultan una queja histórica de los vecinos de los barrios en los que se instalan. El 11 de 2005 este diario publicó una nota en la que vecinos de la calle Avellaneda protestaban por la gran cantidad de retazos de tela y basura que producían las textiles de la zona.

Tampoco es novedad la situación precaria de la comunidad boliviana. En 2001, el Centro de Estudios para la Nueva Mayoría publicó un informe en el que destacaba que tres de cada cuatro bolivianos que vivían en Capital y el Conurbano trabajaban en negro. La organización "Anti-Slavery International" publicó recientemente un informe llamado "Formas contemporáneas de esclavitud en Argentina", en el que denuncia que habría "decenas de miles de personas" que estarían trabajando en condiciones precarias en Buenos Aires y sus alrededores. Un secreto a voces callado hace demasiado tiempo.

INFORME: Juan Carlos Salinas Cortes

La explotación
Daniel Fernández Quinti

La película "Mujeres reales tienen curvas" cuenta el caso de unas inmigrantes mexicanas en Estados Unidos que trabajan cosiendo en un taller y se sienten explotadas por los fabricantes. A la primera violencia -la de producir talles que no les van a entrar- se suma que lo hacen por pocos dólares, pero lo producido es vendido en las tiendas a precios estratosféricos. Convengamos: en estas condiciones, los bolivianos no vienen a sacarnos el trabajo. Y buena parte de la industria textil los ningunea con pagas miserables y para poder competir los obliga a una marginalidad brutal.

Seguirán los operativos

Esta semana, la Ciudad aspira a cerrar con Nación un acuerdo para poder allanar domicilios particulares en búsqueda de talleres clandestinos. Y una ley que obligue a la Justicia a expedirse en 24 horas. "La voluntad está y también el consenso con la Legislatura para avalar el acuerdo", aseguró Rodríguez.

Además prometen seguir con los operativos sorpresa en talleres clandestinos y empezar a reubicar a los obreros que se quedaron en la calle con las clausuras. Ahora están en un centro de refugiados en Parque Avellaneda. "Estamos ayudando a los que quieren volver a Bolivia o a las casas de sus familias aquí", explicó la ministra de Derechos Humanos porteña, Gabriela Cerruti. También habilitarán una línea telefónica para asesorar a los talleristas que quieran regularizar sus establecimientos.