COVID-19: Vacunas y desigualdad

Vanina Lombardi


En la OMC se continúa debatiendo una propuesta impulsada por India y Sudáfrica para suspender los derechos de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas y otras tecnologías médicas vinculadas con la COVID-19, con el objetivo de facilitar su acceso. ¿Cómo afectan este tipo de restricciones a la producción y comercialización de medicamentos en el marco de una emergencia de salud mundial?

Desde el inicio de la pandemia, todo el mundo mira los movimientos de la industria farmacéutica y los avances en las investigaciones científicas y médicas. Desde entonces, se ha vuelto más evidente que el mercado global de medicamentos está concentrado en un puñado de empresas que muchas veces se valen de descubrimientos financiados con fondos públicos para convertirlos en productos que llegan a los mercados de manera desigual.

Cuando se habla de productos biotecnológicos poco se dice de una de las principales herramientas que les otorgan a las empresas la posibilidad de controlar los mercados y presionar a los gobiernos: los derechos de patentes y propiedad intelectual, que se rigen según las normas de un acuerdo internacional conocido como el tratado sobre los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que fue establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) durante la Ronda de Uruguay, entre 1986 y 1994, y al que la Argentina está adherido.

Con esa medida, se buscaba promover el desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones pero, al menos en el ámbito de la salud, terminó generando monopolios que las compañías buscan extender en el tiempo, limitando la posibilidad de acceder a ellos o desarrollarlos. Así, cuando aparecieron los primeros antirretrovirales para el VIH, por ejemplo, sus precios eran tan elevados que resultaban inaccesibles para muchas personas. Como consecuencia de esto, entre 1995 y 2005, millones de personas en países africanos fallecieron por complicaciones relacionadas con esa enfermedad, mientras que en los países desarrollados se convertía en una condición crónica tratable.

Pese a que, en el año 2001, durante la declaración de Doha sobre los ADPIC y la salud pública –en  el mismo marco de la OMC–, se dijo que la experiencia del VIH no debía repetirse, la historia ha demostrado lo contrario en más de una oportunidad, como durante la epidemia de la gripe H5N1, en 2004, cuando los países desarrollados tuvieron acceso prioritario a medicamentos. También sucedió con el surgimiento de la gripe H1N1, cuando las naciones más ricas compraron por adelantado casi todas las dosis de vacunas que podían ser producidas.

La actual pandemia vuelve a poner esta desigualdad sobre la mesa y, para evitarlo, India y Sudáfrica presentaron un comunicado conjunto ante el Consejo de los ADPIC –que monitorea el cumplimiento de ese acuerdo en la OMC–, en el que proponen que se suspenda la implementación, aplicación y cumplimiento de determinadas disposiciones del acuerdo de propiedad intelectual, incluyendo temas de patentes, derechos de autor, diseños industriales y protección de la información no divulgada para el tratamiento, prevención y contención, que tengan relación con la COVID-19, mientras dure la pandemia.


Entre los países que rechazan la propuesta de flexibilización de patentes en el marco de la pandemia se encuentran las naciones más ricas, entre ellas las que cuentan con industrias farmacéuticas fuertes.

“Para nosotros, esta propuesta es clave, sobre todo cuando queda claro que no se trata del acceso a vacunas, sino también de insumos médicos y de un montón de áreas del conocimiento que se han desarrollado a una velocidad enorme en este 2020, e incluso cosas que no se desarrollaron ahora pero se están usando y son indispensables en una situación de emergencia global como la pandemia”, sostiene Beatriz Busaniche, que se especializa en propiedad intelectual, y recuerda que, ya en el año 2001, la declaración de Doha sobre patentes y salud pública dejaba en claro que el sistema regulatorio de la propiedad intelectual no debe ejercer un impacto negativo sobre el pleno ejercicio de los derechos humanos.

“Es importante que la OMC entienda que este tipo de medidas es indispensable para que las vacunas, los medicamentos y las innovaciones que se han ido desarrollando para capear la emergencia deben llegar a toda la población global, no solo a los países que tengan una espalda como para sostenerlo”, considera Busaniche y aclara que esta propuesta avanza sobre todas las formas de propiedad intelectual, no solo sobre patentes, sino también sobre los derechos de copyright y la protección de datos de prueba farmacológicos, entre otros.

La iniciativa fue presentada a principios de octubre, se debatió por primera vez en el Consejo de los ADPIC, el 15 y 16 de ese mismo mes, y los miembros cuentan con 90 días para tomar una decisión, período que se cumple el próximo 31 de diciembre. La propuesta ya cuenta con el apoyo de más de cien países de ingresos medios y bajos, entre los cuales está la Argentina. Por su parte, otros países como China, Turquía y varios de América Latina -entre los que se encuentran Ecuador, Chile y Colombia- también han mostrado simpatía por esta iniciativa pero solicitaron más tiempo para analizarla y debatirla. El Consejo General de los ADPIC se reunirá el 16 y 17 de diciembre, en lo que será el último encuentro antes de fin de año.

Entre los países que rechazan esta propuesta se encuentran las naciones más ricas, entre ellas las que cuentan con industrias farmacéuticas fuertes, como Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza, Noruega, Japón, Inglaterra, Australia, Canadá e incluso Brasil, en América Latina. “La reacción de los países desarrollados, básicamente Estados Unidos y la Unión Europea, es una réplica en clave COVID del dominio norte rico sobre sur pobre y la división mundial del trabajo que hay en este momento”, afirma Jorge Jobkovsky, secretario general de FeSProSa (Federacion Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina), que es parte de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), una de las más de 400 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo que apoyan esta iniciativa.

“La buena noticia es que la Argentina acompañó esta propuesta y la mala es que los principales países desarrollados le están poniendo un freno”, se lamenta Busaniche, directora de la Fundación Vía Libre, otra de las organizaciones locales de la sociedad civil que apoyan esta propuesta, y advierte que los procesos de aprobación en la OMC son “complicados”, ya que se realizan por consenso o por una gran mayoría, lo que impide que muchas propuestas avancen aunque los países en desacuerdo sean minoritarios.

Uno de los principales argumentos en contra de esta suspensión de derechos es que el tratado de los ADPIC incluye salvaguardas que son suficientes para que los países puedan acceder a las tecnologías médicas en caso de ser necesario, como las licencias obligatorias o compulsivas (que permiten a los países limitar los derechos exclusivos de los titulares de patentes en casos de emergencias y necesidades de salud pública) y el rechazo a las solicitudes de patentes.

Sin embargo, para hacer efectivas estas flexibilizaciones es necesario evaluarlas y solicitarlas caso por caso, lo que requiere tiempo y esfuerzos. Además, muchas veces suele haber presiones para que los países no usen ese tipo de licencias. Por ejemplo, el reporte de aplicación de la propiedad intelectual de la Unión Europea de 2020, publicado antes de la actual pandemia, cuestiona a diversos países en desarrollo –como Ecuador, India y Turquía– porque tienen leyes que permiten el uso de licencias compulsivas si las patentes de las compañías no incluyen la obligación de apoyar la producción local de medicamentos. De manera similar, el Informe Especial 301 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos de 2020, publicado en medio de la actual pandemia, continúa condenando a los países que deciden reforzar sus leyes sobre licencias compulsivas o hacen uso de ellas, como Chile, Colombia, Egipto, El Salvador, Indonesia, Malasia, Rusia y Ucrania.

“Las salvaguardas que existen les permiten a los países establecer mecanismos de licencias obligatorias, importaciones paralelas u otras que podrían ser usadas para acceder a la vacuna o a tratamientos. Pero, frente a una emergencia de este tipo, es necesario tratar de que aquellos que ya tienen la vacuna puedan proveerla y que estos actores, que son muy fuertes en el comercio internacional, no puedan a castigar a un país”, afirma Busaniche y explica que, en el caso hipotético de que algún país de bajos ingresos decida aplicar una licencia compulsiva para alguna de las vacunas que se están probando, puede generar un conflicto importante en negociaciones paralelas que ese mismo Estado pueda estar teniendo con los laboratorios, para poder contar con las dosis necesarias lo antes posible.


Uno de los argumentos en contra de la propuesta presentada por India y Sudáfrica es que las denominadas licencias voluntarias son suficientes para facilitar el acceso a las tecnologías médicas.

“Es dejar a los países en soledad en una negociación, mientras que, si existe una suspensión como la que proponen India y Sudáfrica, todos los países están aunados y ningún laboratorio puede castigar a alguno o ponerlo último en la lista de países a los que va a llevar su producción, ni bloquear de alguna forma el acceso a ese conocimiento”, advierte Busaniche, y aclara que esto es importante para que países con capacidad productiva instalada, como Brasil o la Argentina –adonde, de hecho, ya se están produciendo vacunas como la de AstraZeneca– puedan producirlas sin inconvenientes, pero especialmente para fortalecer la posición de los países mas débiles, que no tienen esa capacidad productiva y que dependen exclusivamente de que la industria farmacéutica les provea estos bienes, lo que los deja en una posición débil a la hora de negociar.

Otro de los argumentos en contra de esta propuesta es que las denominadas licencias voluntarias son suficientes para facilitar el acceso a las tecnologías médicas. Pero dichas licencias son instrumentos contractuales que, como su nombre lo indica, dejan a criterio de las empresas la posibilidad de elegir quién fabrica o comercializa y para quiénes están destinados los productos patentados. Así, cuando el remdesivir comenzó a recibir aprobaciones de uso de emergencia para tratar la Covid-19, por ejemplo, la farmacéutica Gilead –que poseía las patentes para su desarrollo– estableció un acuerdo de licencias voluntarias no exclusivas con cinco laboratorios, cuatro de India y uno de Paquistán, que excluye a todos los países de América del Sur de acceder a esas drogas de menor costo, perjudicando a las 440 millones de personas que habitan en la región.

De manera similar, se promueven como suficientes otras iniciativas basadas en la solidaridad y la filantropía. En el caso de las vacunas, la más nombrada es la denominada COVAX, un mecanismo Impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) y la Alianza para las Vacunas (GAVI), que busca facilitar su acceso en los países de menos recursos con la ayuda del aporte de países que sí pueden adquirirlas. El objetivo es que, a través de esta iniciativa, en 2021 se logren distribuir 2000 millones de dosis. Para eso se necesitan alrededor de 7000 millones de dólares pero, según datos recolectados por la Universidad de Duke, hasta el momento solo se han reservado 700.000 dosis mediante ese mecanismo. En paralelo, los países de altos ingresos se han reservado 6000 millones de dosis a través de acuerdos bilaterales con las compañías farmacéuticas mientras que, por el momento, ninguno de los países de bajos ingresos ha concretado alguna negociación para obtener estas inoculaciones. Además, algunos países de ingresos medios (que pagarán por las dosis que soliciten) están recibiendo presiones por parte de las grandes farmacéuticas, como requisito para poder ser parte de este mecanismo. Es lo que pasó en la Argentina con la ley que declara de interés público la vacuna contra la Covid-19, sancionada el 29 de octubre, por “exigencia internacional para formar parte del COVAX”, según reconoció el ministro de Salud, Ginés Gonzáles García.

“Si votamos una ley por la cual nos sometemos a los tribunales internacionales en cualquier diferendo con las multinacionales, porque ellas impusieron en la Argentina y en otros países como condición para la provisión y la firma de contratos liberarse de responsabilidades penales por anticipado, está claro quién es el que tiene la dominancia, ¿no?”, cuestiona Yabkovsky, y recuerda que, desde marzo, han tenido varias reuniones con el Ministerio de Salud de la Nación en las que, desde la CTA y, particularmente FeSProSa, les plantearon sus inquietudes con respecto a todos los insumos vinculados a la COVID-19, porque ya en ese momento había “una escasez feroz” de elementos de protección personal, con precios que en el mercado mundial estaban subiendo de manera especulativa. “Si los mecanismos de patentes quedan totalmente protegidos y se descarta el pedido de India y Sudáfrica, las vacunas llegarán al mercado con precios que van a asegurar grandes ganancias, por más que los laboratorios declaren que unilateralmente no le van a cargar el precio de la investigación ni que se van a aprovechar de la situación”, concluye.

 

Tecnología Sur-Sur (TSS) - 10 de diciembre de 2020

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