Por estos días, entonces, se atribuyó al cambio climático, al fenómeno llamado del Niño, que la cantidad de agua caída superara todo lo previsto, al de­sarrollo urbanístico descontrolado, a la falta de planes de obra hidráulica, a la siembra directa y a los canales ilegales, simultáneamente, la paternidad de las inundaciones. El acento se puso en donde mejor entendiera quien daba la opinión, cuando no fue de uso en la lid política. Con la intención de entender mejor qué es y cómo incide o puede incidir cada uno de esos ítem, Miradas al Sur repasa el arco de elementos concluyentes.

Siembra directa. Fueron varias la voces, incluyendo al jefe de Gabinete Aníbal Fernández, que apuntaron a la siembra directa como culpable, tal vez principal. Es cierto que tal método de siembra, asociado a agroquímicos muy cuestionados, tiene fácilmente mala prensa. Sobre eso parecen haber pivoteado, por ejemplo Diego Rosa, director de Defensa Civil de Exaltación de la Cruz, y Daniel Bonilaga, intendente de Arrecifes, uno de los lugares severamente afectados por la lluvia. El arrecifeño no dudó en decir que “la siembra directa convirtió los campos en asfalto”, mientras que Diego Rosa señalaba que con la soja “no se está dejando que la tierra absorba. El agua no penetra y corre y de­sagua directamente al río y a los arroyos. El principal problema son los suelos. Antes no pasaba que en 24 horas crecieran los arroyos como crecieron”. Idea a la que se sumó el ex presidente del INTI, Enrique Martínez, asegurando que la siembra directa no permite el normal escurrimiento de agua por los suelos, y debido a ello es que se generan estos excesos hídricos. A lo que se puede sumar la denuncia de Sergio Frascaroli, integrante de Inundados de Luján, denunciando la ubicación de 114 canales clandestinos que derivan agua de los campos hacia el río a una velocidad que éste no puede regular.

Sin embargo la otra cara de la moneda parece contradecirlos. La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) dio a conocer su posición señalando que esta práctica, cultivar la tierra sin ararla previamente y con la presencia de una cobertura permanente del suelo, vía cultivos y rastrojos de cultivos anteriores, “hace que el suelo se convierta en una esponja y guarde el agua de lluvia”. Santiago Casas, gerente de la asociación que nuclea a productores por siembra directa, salió al cruce de lo dicho por Enrique Martínez: “Se han hecho estudios científicos por parte del INTA que dejan claro que la siembra directa aumenta la eficiencia del uso del agua, con una incorporación superior un 20% respecto de otros sistemas”.

Por su parte, María Beatriz Giraudo, presidenta de Aapresid, subrayó que así se disminuye la posibilidad de que ocurran inundaciones, pero que la capacidad del suelo tiene límites, y “sin obras hidráulicas planificadas interprovincialmente es imposible evitar que el agua pase de las zonas altas a las más bajas”. La precisión de Giraudo acerca de la necesidad de obras de prevención coincide con la mayoría de las críticas que, entre otras cosas, señalan la ausencia de una política clara y, en muchos casos, la subutilización de las partidas presupuestarias destinadas a esos fines. En todo caso, se puede resumir el tema diciendo que hay obras que faltan y otras obras que tal vez sobran, y si se han hecho habría que preguntarse de qué manera.

Diques privados. Patricia Pintos, coautora junto a Patricio Narodowski del libro La privatopía sacrílega. Efectos del urbanismo privado en la cuenca baja del río Luján, desarrolló el estudio más citado en estos días. La investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata señala el impacto negativo de los barrios cerrados sobre las inun­daciones, porque se levantan sobre 9.200 hectáreas de humedales. “Los humedales son ecosistemas que cumplen funciones vitales de importancia para el área de influencia del río y amortiguan inundaciones”, dice Pintos. ¿Cuál sería la solución, en tanto que los humedales no son recuperables? Pintos propone la relocalización de esos barrios. ¿Es posible?

Otra voz habilitada, la de Claudio Ferrari, director de la carrera de Arquitectura de la Universidad de San Martín, también señalo que los barrios cerrados son parte del problema. Como ejemplo puso el emprendimiento urbano conocido como Nordelta, que afecta la de­sembocadura de la cuenca Reconquista, al que considera una “tragedia urbana”. A lo que agrega que “buena parte de los residuos del Ceamse se tiran sobre el Reconquista. Mientras pensemos en los ríos como el lugar donde tirar la basura seguirá el problema”.

Cabe preguntarse si es tan cierto que los barrios cerrados actúan como terraplenes que impiden el escurrimiento y lo derivan a sus vecinos. Sobre el tema, textualmente, dice en La privatopía sacrílega, el texto elaborado en la UNLP, en un proyecto coordinado por Patricia Pino y Patricio Narodowski: “Claramente, las urbanizaciones cerradas lideraron el fenómeno de urbanización de esas tierras anfibias, alcanzando un sorprendente grado de propagación y celeridad. Mientras que en los últimos años de la década del setenta, la superficie ocupada por los primeros emprendimientos sumaba poco más de 200 hectáreas, a comienzos de la segunda década del presente siglo, algo más de cincuenta de ellos conquistaban más de 7.000 hectáreas de superficie en toda la baja cuenca del río Luján. La mayor especificidad de este proceso urbano reside, no obstante, en la forma en que fueron incorporadas esas tierras inundables. En esta ocasión, los grandes rellenos fueron la técnica constructiva elegida para mitigar el efecto adverso de las inundaciones, elevando la altura del terreno en promedio 1,7 metros respecto de la cota original. Con esa técnica se logró “cumplir”, por un lado, con la normativa provincial vigente que regula la urbanización en esas condiciones y, por otro, la comercialización de un producto “fuera del alcance de las aguas”, en el que se ofrecen viviendas al ras del suelo de acuerdo a las pautas de consumo de los grupos mejor posicionados”.

Entonces la respuesta es sí, los barrios cerrados son un obstáculo claro. El negocio inmobiliario, que mueve ingentes sumas de dinero tanto blanco como negro, y en esto no hay nada nuevo, reside en comprar a precio vil bajíos, humedales, pajonales, rellenarlos, compactarlos y construir arriba. Estas “islas artificiales” se convierten en escollos “naturales” que nadie previó o no quiso prever. Resulta interesante lo general que es la regulación de estos espacios que tienen tantos nombre como permita el mercado, y se reduce a dos calificaciones: Pueden ser “barrio cerrado, club de campo (o country club), club de chacras, barrio náutico, yacht club, etc; dependiendo éstas del tamaño, de su mayor o menor relación con el ámbito en que se desarrollan –urbano/rural–, de la presencia de elementos paisajísticos (cursos de agua, lagos, lagunas, arboledas); de las actividades deportivas que ofrecen, y/o de las cambiantes estrategias de promoción que despliegan los desarrolladores. No obstante lo anterior, el marco normativo en la provincia de Buenos Aires reconoce sólo dos figuras legales: clubes de campo y barrios cerrados.

Medioambiente. Otra mirada, desde el ambientalismo, es la de Antonio Brailovsky, quien subraya que no se toma en cuenta el cambio climático –la razón posible para que lloviera en pocos días el 30% de lo que llueve en el año– y que se suma a la incidencia de las obras humanas. Se han corrido las edificaciones hacia zonas cada vez más bajas, apartándose del criterio tradicional de hacerlo en lo alto, lejos de los riesgos de inundación. Brailovsky es crítico respecto de los emprendimientos en las riberas: “Si uno pone un montón de islas en medio del trayecto del río, el agua va a ir a otro lado, y se agrava el problema”.

Para ejemplificar la gravedad del cuadro, Antonio Brailovsky señala que, en la provincia de Buenos Aires, “se autoriza a que se construya en cualquier lugar que no se inundó en los últimos cinco años. Un hidrólogo diría que hay que tomar en cuenta las inundaciones de los últimos 100 años, porque donde se puede inundar se va a inundar”. Con este dato, nada inocente, y que seguramente sería mucho más restrictivo si se tuvieran en cuenta apenas los últimos 25 años, la búsqueda del culpable, la sospecha, se orienta sola hacia la eterna y espinosa confrontación entre planificadores y señores del ladrillo.

Miradas al Sur - 16 de agosto de 2015