Sin embargo, creemos llegado el momento de abrir ese debate. Para que en la próxima etapa política no se discuta solamente un plan coyuntural de gobierno para superar los costos de este retroceso sino también un programa de transformación nacional en un sentido democrático, patriótico y de justicia social, con un régimen jurídico que sea su firme sostén y garantía de estabilidad.

A este efecto ponemos en su conocimiento la formación del Foro por una Nueva Constitución y el texto a partir del cual nos proponemos convocar un amplio arco de sectores políticos, organizaciones sindicales, territoriales, universitarias, científico-técnicas, culturales y sociales en general para que de la amplia participación popular surja el proyecto definitivo de nueva Constitución.

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Para una Nueva Constitución

Este texto tiene dos objetivos: comunicar una iniciativa que apunta a comprender los problemas de la Nación e invitar a la ciudadanía a encontrar juntos las soluciones convocando a una gran participación que culmine en una Asamblea Popular Constituyente.

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Presentación

La “nueva y gloriosa nación” que profetizan los versos de nuestra canción patria está enredada hoy en las cadenas del poder financiero transnacional, que construyó un mundo en el cual el 1% de la humanidad acapara la mitad de la riqueza que se produce en todo el planeta y en nuestro país se ha convertido en dueño –por sí o asociada con la oligarquía y grandes capitalistas argentinos- de nuestras tierras, de sus productos, de su comercialización, y de los servicios esenciales para la sociedad.

Son horas difíciles las que vivimos los argentinos y argentinas, horas de avances contra las condiciones de vida de las grandes mayorías, de caída del salario real, de creciente desocupación y destrucción de conquistas laborales y sociales. Los ingresos de trabajadores en actividad y jubilados se convierten en variables de ajuste de una economía diseñada para concentrar la riqueza y el poder. El escandaloso proceso de endeudamiento coloca a nuestro país en condiciones de extrema vulnerabilidad como nación soberana. Y la soberanía es la condición necesaria de toda justicia, del respeto a la dignidad de cada una de las personas que habitamos este suelo: un pueblo al que sus dominadores le absorben el producto de sus riquezas y su trabajo, donde el sistema institucional vigente está impedido de distribuirlos con justicia entre los habitantes.

Al servicio de este nuevo plan de colonización de nuestro país –que forma parte de una ofensiva general en nuestra región- se viene desplegando un sistemático atropello institucional. En nuestro país se reprime salvajemente la protesta social, al punto de la reaparición de la prisión arbitraria para quienes participan en ella y hasta la muerte de manifestantes a manos de fuerzas de seguridad estatales, se inventa enemigos internos y se alienta la violencia policial desligada de cualquier norma vigente y de cualquier control legal, se pervierte el servicio de justicia hasta convertirlo en instrumento de la persecución política a los opositores, se intenta nombrar jueces del máximo tribunal por decreto, se utiliza a los decretos de necesidad y urgencia para anular leyes que asignaban derechos y restringían monopolios de la comunicación pública, se emplea la extorsión como forma de ataque a sindicatos, partidos políticos y organizaciones que rechazan el rumbo político adoptado. En la Argentina existe nuevamente la nefasta práctica de la prisión por causas políticas.

Desde 1983 nuestro país no había vivido una situación de esta gravedad. Y está claro que el compromiso con la legalidad y con el respeto a la voluntad soberana del pueblo no puede ser discutido. Es un patrimonio ético y político de nuestro pueblo. Por eso es muy razonable que el centro de la discusión de hoy sea cómo poner fin a este ominoso capítulo político por medio del voto. Sin embargo, un resultado electoral que refleje el rechazo mayoritario a las políticas del gobierno de Macri no es suficiente. La experiencia de estos días nos está mostrando la fragilidad de los cambios que puedan ponerse en marcha después de un resultado electoral favorable a políticas de soberanía, justicia y libertad. A tal punto ello es así que importantes conquistas democráticas y populares fueron anuladas jurídicamente o de hecho en un corto período de tiempo. No sólo fueron anuladas las promovidas en los doce años anteriores a este gobierno, sino muchas de las que se fueron acumulando en la etapa inmediatamente posterior a la reconquista de la democracia. No se trata de una fragilidad circunstancial sino que está facilitada por la constitución real de nuestro sistema político. Es cierto que el actual gobierno suele violar de modo expreso y cínico nuestra Constitución. Pero también es cierto que lo hace sobre la base de una interpretación maliciosa de sus disposiciones que resulta habilitada por una evidente debilidad del texto constitucional vigente.

Nuestra Constitución atrasa. El lugar eminente que en su texto ocupa el derecho de propiedad, por ejemplo, está atrasado históricamente respecto de los avances producidos mundialmente en la materia. Hasta la doctrina social de la iglesia católica que arranca a fines del siglo XIX es más avanzada que nuestra carta magna en la materia. Y eso no es el resultado exclusivo de una inacción constitucional. Por lo contrario, la Constitución aprobada en 1949 reconoce la propiedad privada sobre la base de su función social, además de consagrar una serie de derechos que cuestionan su intocable jerarquía. Esa constitución no cayó en desuso. Fue anulada. Y no lo fue por el procedimiento que especifica el artículo 30 para su reforma, sino por un puro y simple acto de violencia política como el perpetrado en 1955 contra un gobierno elegido por la voluntad mayoritaria del pueblo. La reforma constitucional de 1994 amplió una serie de derechos ciudadanos, pero el espíritu general del texto vigente sigue hablando el lenguaje de mediados del siglo XIX en un mundo absolutamente distinto. Un mundo en el que el capitalismo de “libre competencia” –que nunca existió en plenitud- ha sido barrido por una maquinaria ínfima en su número y poderosa en su acción sostenida sobre las formas más parasitarias y corruptas de la acumulación financiera. Lo experimentamos en carne propia los argentinos y las argentinas cuando la histórica reestructuración de nuestra deuda, realizada en 2005 y 2010, después del default provocado por la anterior etapa neoliberal, fue atacada por los buitres de las finanzas globales.

La urgente reversión del rumbo nacional solamente es concebible sobre la base de la construcción de una nueva institucionalidad, de un nuevo Estado, apoyado sobre nuevas bases conceptuales acordes al país que tenemos y al mundo en el que vivimos. Para retomar el llamado del preámbulo inicial a “promover el bienestar general” hay que construir un Estado nuevo, regido por una nueva Constitución. Ello no es tarea excluyente de juristas ni de especialistas. La conformación de una nueva institucionalidad solamente puede ser exitosa si es el fruto de una amplia movilización y de un efectivo compromiso popular en su elaboración. No se trata de una simple reforma, sino de una nueva constitución. Los hombres y mujeres que entregamos este documento a la consideración pública creemos en un conjunto de prioridades conceptuales que deberían ser consideradas en este movimiento hacia una nueva constitución.

Se trata de construir una trinchera de ideas para confrontar con quienes impulsan políticas para someter a los pueblos, de un espacio para forjar el pensamiento y la acción necesarios para un proyecto nacional, popular y democrático, en el marco de la Patria Grande.

Proponemos la apertura de un proceso de movilización popular que desemboque en una propuesta que recoja los aportes de las organizaciones sociales de nuestro pueblo: los municipios, sindicatos, universidades, movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones barriales, los centros de investigación estudiantiles, la pequeña y mediana empresa, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, de jubilados, los medios de comunicación, particularmente los que no son manejados por el control remoto de las grandes corporaciones.

Los supuestos básicos:

Argentina no debe aceptar limitaciones en el ejercicio de su soberanía, ni transferir la decisión nacional en la confección y ejecución de sus programas económicos y sociales.

La Nación Argentina no admite forma alguna de colonialismo o neocolonialismo, ni sometimiento a dictados o directivas de órganos o entidades supranacionales que puedan afectar su soberanía y el derecho de autodeterminación de los pueblos.

La propiedad de los medios de producción tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Es imperioso regular, garantizar y registrar la propiedad colectiva o comunitaria de nuestros pueblos originarios, ya reconocida por nuestra actual Constitución nacional, y de las cooperativas.

Los recursos y riquezas naturales del territorio argentino y del mar territorial de nuestro país son titularidad exclusiva del pueblo de la Nación Argentina.

La soberanía de Malvinas será una cuestión prioritaria en materia de política exterior.

El régimen económico de la República se fundamenta en principios de justicia social, para garantizar el goce efectivo de los derechos. Toda actividad económica debe contribuir al fortalecimiento de la soberanía económica del país y tener como principal objetivo el bienestar social.

El objetivo principal de la política económica es orientar o dirigir la actividad económica en función del desarrollo con inclusión, soberanía nacional y justicia social.

Una política económica inspirada en estos principios implica la democratización del acceso a los recursos materiales y los servicios necesarios para la plena realización de la persona humana de acuerdo al desarrollo de las fuerzas de producción y al avance de la conciencia de justicia social. Incluye, como uno de sus aspectos centrales, alcanzar y garantizar la seguridad alimentaria.

La defensa del trabajo digno, de calidad y justamente remunerado será condición central para todos/as los/as trabajadores/as. De la misma manera, la protección de la previsión social bajo una concepción solidaria para preservar a los mayores y eliminar la posibilidad de que sus ingresos sean fuente de especulación financiera.

La Ciencia y la Tecnología son herramientas a impulsar desde el Estado, como objetivo estratégico en la demanda de I+D, conforme al desarrollo industrial y de servicios tecnológicos que debe sostener nuestro país como política de estado del siglo XXI.

La política social garantizará la protección social con carácter universal, en materia de seguridad, asistencia, salud, educación, vivienda, y condiciones laborales. El derecho a la salud será eje de la construcción de políticas sanitarias, incorporará la regulación, control y distribución de medicamentos como bien social, el manejo soberano de las patentes farmacéuticas, el fortalecimiento de los sistemas solidarios de salud por sobre el lucro que impone el mercado.

La educación será un derecho al alcance de todas las familias a lo largo de toda la vida y para todos/as los/as ciudadanos/as que habitan el suelo argentino.

Las empresas extranjeras radicadas en la Argentina están sujetas a las leyes de la República. No se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado Nacional ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional o jueces extranjeros, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe, por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación por los países signatarios. Es imprescindible recuperar la soberanía legislativa que se encuentra encorsetada por los denominados Tratados de Promoción y Protección de las Inversiones (TPPI), y los acuerdos bilaterales que llevaron a aceptar las decisiones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con los conocidos resultados negativos para el bienestar social y el desarrollo nacional.

Es imprescindible investigar y auditar la ilegal e ilegítima deuda que se impuso al pueblo argentino con el diseño y renegociación de la deuda externa.

Serán funciones del Estado:

• Organizar un sistema de planificación estratégica democrática del desarrollo nacional basado en la industria que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía.
• Regular la actividad económica y la fijación de los precios, prohibiendo la existencia de monopolios, nacionales o extranjeros, que pretendan el control y la exclusividad en la producción y comercialización de bienes y servicios. Impulsar la actividad empresarial a fin de promover la economía, la prestación de servicios y alcanzar el desarrollo. Asimismo, se podrá constituir empresas públicas / cooperativas / autogestionadas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. En definitiva, fomentar otras formas de propiedad que conduzcan al pluralismo económico y regulen el accionar del sector privado en función del interés general y dentro de éste último, fomentar la organización de estructuras asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas con apoyo diferenciado del Estado. Promover formas colectivas, asociativas y cooperativas de producción y consumo.
• Fiscalizar la distribución y la utilización de la tierra e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad. Procurar a cada comunidad o a cada familia que trabaja en la pequeña producción agropecuaria pueda convertirse en propietario de la tierra que habita y/o cultiva.
• La preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la vida humana tienen prioridad por sobre cualquier derecho individual que pudiera contradecirla.
• Establecer un sistema tributario que tienda a la justa distribución de las cargas públicas, atendiendo al principio de progresividad, a la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población.
• Promover las inversiones orientadas con criterios de diversificación productiva, innovación tecnológica y generación de equilibrios regionales y sectoriales. La inversión extranjera estará sujeta a un estricto respeto al marco jurídico y de las normativas nacionales en cuanto a los derechos, y se orientará según las necesidades y prioridades definidas por la Nación, así como en los diversos planes de desarrollo de las Provincias.
• El endeudamiento público debe responder a una planificación que estipule las condiciones y el destino de los préstamos tomados en el exterior (tanto por el Estado como por el sector privado).
• Promover y garantizar el irrestricto respeto al ejercicio de los derechos culturales, sociales, políticos y económicos sobre la base de su integralidad, así como generar las condiciones sustantivas y procedimentales para el respeto a los derechos de tercera y cuarta generación.

Los fines últimos

• La integración política, social, económica, financiera, cultural y tecnológica, la defensa de la integridad territorial y la paz en el continente Latinoamericano y del Caribe será objetivo estratégico del Estado.
• La transformación del poder judicial y su democratización, orientada a garantizar la vigencia y aplicación de los derechos que consagra la Constitución. Creación de un tribunal que supere el régimen de la incertidumbre sobre la constitucionalidad de las leyes que crea y favorece la duración indefinida de situaciones injustas. El fin de todo privilegio de los integrantes del poder judicial.
• Establecimiento de un régimen institucional que promueva la vigencia de una democracia participativa y la responsabilidad de los funcionarios ante el pueblo y sus organizaciones. Un régimen que permita la estabilidad política y cuyo funcionamiento sea el más eficaz para asegurar los fines fijados por la nueva Constitución.
• El combate a la corrupción y el castigo a quienes como funcionarios o como agentes privados se apropien ilegítimamente de los recursos públicos, será la vía para hacer efectivo el principio de que las políticas públicas que afecten la soberanía nacional y el ejercicio de los derechos básicos de los habitantes del suelo argentino constituyen la forma más grave de la corrupción.

A modo de inicio

Proponemos estas bases esenciales para pensar y concretar un nuevo estado y una nueva sociedad acorde a la realidad del siglo XXI. Llamamos a participar en la definición del procedimiento y la metodología para lograrlo.

Impulsamos una nueva Constitución emancipadora para la Argentina que contribuya a la justicia social y termine con la marginación y la pobreza. Para ello será indispensable la unidad, organización y acción de todos los sectores nacionales y populares.

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Firmas:

Eduardo Barcesat, Alejandro Braile, Jorge Cholvis, Marisa Duarte, Horacio Ghilini, Ricardo Fernández Durán, Raúl Gustavo Ferreyra, Mempo Giardinelli, Alejandro Guillaume, Ana Jaramillo, Julio Maier, José Massoni, Edgardo Mocca, Leopoldo Moreau, Omar Plaini, Jorge Rachid, Carlos Vilas, Hugo Yasky y Raúl Zaffaroni.

Foro para una Nueva Constitución - 5 de junio de 2018