"Si fuera reelecto haría lo mismo pero mucho más rápido", ya advirtió el presidente^[i].

Durante todo el mandato de Cambiemos, iniciado el 10 de diciembre de 2015, la deuda pública aumentó a una velocidad inusitada. A fin de marzo de 2019, último dato disponible, ella representaba el 88,5% del PIB^[ii], muy por encima del umbral de intolerancia de la deuda de países con poco acceso al mercado de capitales (35%), del límite de la eurozona (60%), y aun del que el FMI considera aceptable para países emergentes (70%). En menos de cuatro años el endeudamiento pasó desde niveles manejables (52,6% del PIB) a exceder la capacidad de pago del país, y hoy solo lo sostiene el respirador del FMI, por cierto que interesadamente y a un precio mayúsculo, como se verá más adelante.

El reciente análisis del organismo acerca de la sustentabilidad de la deuda argentina^[iii], una especie de semáforo del riesgo,  pinta en rojo doce de sus trece variables, y solo una en verde. La deuda pública argentina es muy elevada, dice; tiene un enorme porcentaje en moneda extranjera (76%, el umbral de peligro es 60%); la necesidad de financiamiento es excesiva (15% del PIB en 2019), porque el Estado debe renovar en lo que resta de 2019 instrumentos de corto plazo, Letes, Lecap, Lecer, Lelink, por unos 20 mil millones de dólares, en pesos y moneda extranjera. Todo esto configura un panorama muy frágil en pleno proceso electoral. Una devaluación importante, por ejemplo si el dólar pasara a $65 de los $44 actuales, podría disparar la deuda a más del 115% del PIB, calcula el FMI, causando serios problemas de solvencia. Lo mismo ocurriría si el PIB cayera más de lo proyectado, como viene ocurriendo. Y en el  peor escenario, un "shock combinado macro-fiscal", con una gran caída gran del PIB, una devaluación, un aumento de las tasas de interés, y un déficit fiscal similar al de 2018, podría llevar la deuda al 160% del PIB^[iv], según el FMI, o cuarto infierno. En suma, la deuda pública de Argentina presenta riesgos significativos de sustentabilidad, dice el mismo organismo que le pone los dólares al gobierno para mantener la estabilidad de la olla a presión de una economía en macrisis autogenerada.

Un factor que morigera el riesgo de la deuda, continúa el análisis del FMI, es que parte de ella está colocada en agencias estatales, como el Banco Central, ANSES, fondos fiduciarios, y otros. Este recurso para aprovechar los excedentes de liquidez de los entes públicos es usual en los países avanzados, pero su uso durante los gobiernos kirchneristas fue muy criticado por opinadores internos ("usan la plata de los jubilados"), por los organismos internacionales, y por los intermediarios clásicos desplazados del negocio de la deuda soberana. Sin embargo, ahora el FMI reconoce las ventajas del financiamiento intraestado,  fácilmente refinanciable. Pero la administración macrista empeoró esta composición de la deuda, focalizó sus colocaciones en el sector privado y sustituyó deuda previamente detentada por agencias públicas, como letras intransferibles del Tesoro en menos del BCRA, por bonos que usó para operacciones con bancos privados. De hecho, a fin de 2015 más de la mitad de la deuda pública nacional estaba en manos de agencias del sector público (57%), mientras a fin de marzo de 2019 este porcentaje era muy inferior, solo 37%. En el mismo período la deuda con el sector privado pasó del 23% al 45%, aumentando la fragilidad del esquema financiero de la República.

 Entrampados en el FMI

La autorización del Congreso Nacional a través de la ley de presupuesto o de una ley específica es imprescindible para tomar deuda pública, excepto con los organismos financieros internacionales, según la ley de administración financiera 24.156. Amparado en esta norma, el gobierno no requirió la venia del parlamento para contraer la mayor deuda de la historia con el FMI, el acreedor más condicionante de todos, del que Argentina se había liberado en 2006, luego de permanecer más de dos décadas bajo sus programas, y de aplicar sus políticas durante casi treinta años.

A julio de 2019 el FMI ya desembolsó el 78% del extraordinario monto del stand by aprobado hace poco más de un año. Argentina ya le debe 44,7 mil millones de dólares -muchísimo comparado, por ejemplo, con las exportaciones, de unos 60 mil millones anuales- y esta deuda seguirá creciendo. En octubre de este año habrá otro desembolso de 5,4 mil millones de dólares, de aprobarse la revisión, como es de prever. Con ello, en solo dieciséis meses el FMI habrá desembolsado el 88% del stand by acordado para utilizar en tres años. Esta acelerada ejecución, que incluyó incumplimientos, renegociación y waivers varios, señala un trato privilegiado al gobierno de Macri, alineado con los intereses corporativos y estratégicos de Estados Unidos, cuyo gobierno federal pisa fuerte en el organismo.

Esta reedición de las relaciones carnales con el FMI tiene patas cortas. La montaña de dólares del stand by contribuye en estos meses a sostener el nivel de las reservas a pesar de la continua salida de capitales, y a mantener la calma cambiaria, para aumentar la chance de reelección. Pero el ajuste fiscal asociado al programa del organismo, las tasas de interés estratosféricas, las tarifas altísimas de la energía, el atraso salarial, desploman la actividad, acentúan el desempleo y la pobreza, y reducen esas chances. Este saldo ambiguo deja de serlo al considerar el logro principal de uncir a la Argentina al carro imperial, a través de un yugo difícil de sacudir, de 50 mil millones de dólares, el monto del stand by que se habrá entregado al gobierno actual.

A la siguiente administración le quedarán solo 6.800 millones de dólares del acuerdo, distribuidos en siete giros de unos 980 millones, hasta junio de 2021, cada uno sujeto a condicionalidades, que el organismo desembolsará o no según las instrucciones de Washington, las revisiones del equipo técnico, y las simpatías que la nueva administración despierte en "los mercados".

El país es de lejos el principal deudor del organismo. Es cierto que para el FMI este acuerdo record es riesgoso, pero también tiene la ventaja de allegarle enormes montos de intereses y cargos, su principal fuente de ingresos. Por ejemplo, entre enero y mayo de 2019 Argentina ya le ha pagado 472 millones de dólares por intereses y cargos, y hasta fin de año ese concepto totalizará unos 1.000 millones de dólares. Este monto equivale a más de la mitad de los ingresos operativos del FMI en 2018, y a la totalidad de sus gastos administrativos. Esta dependencia del FMI de los ingresos obtenidos por prestar sus recursos a los países miembros constituye una fuente de conflictos de intereses, porque tienta a procurar colocaciones grandes y a retener a los deudores para seguir generando esos ingresos, sin los cuales incurriría en déficits. Así ocurrió cuando los principales clientes Argentina, Brasil, Corea y otros países cancelaron sus deudas en 2005 y 2006, los ingresos del FMI se redujeron a la tercera parte, y el organismo debió emprender un proceso profundo de reestructuración y reducción de costos. Es necesario considerar estas cuestiones a la hora de negociar.

Lo peor está por venir

Para lo que resta de 2019, el gobierno tiene que pagar algo más de 29 mil millones de dólares entre capital e intereses, mitad en pesos y mitad en moneda extranjera. Las letras del Tesoro son el mayor componente de estos vencimientos, 40% y el más problemático. El gobierno renovó para el segundo semestre del año la mayor parte de las que vencían en el primero, por eso los vencimientos se acumularon, y representan una potencial fuente de inestabilidad. Justo en septiembre, entre las PASO y las elecciones, operan sus mayores pagos de capital (4,54 mil millones de dólares). La duda es si el gobierno conseguirá los dólares necesarios para los pagos o si los tenedores renovarán sus tenencias, a qué tasa, en medio de esta inestabilidad y con el riesgo país por las nubes, y también qué destino tendrán los pagos que realice en pesos argentinos, en definitiva qué activos buscarán refugio los fondos sueltos para pasar el período electoral y comenzar una nueva etapa. Estos movimientos podrían presionar el tipo de cambio, las reservas y las tasas de interés, y desatar otra tormenta, o al menos un chaparrón.

Según el programa financiero oficial, un tercio de los recursos para afrontar los pagos en lo que resta del año provendría del sector público, pero cuenta también con otro tercio del sector privado, más incierto, principalmente para renovar las letras, y el resto provendría de fondos que ya están depositados, 5% de organismos internacionales de crédito distintos del FMI, y un 22% de los desembolsos del FMI, mencionados más arriba.

La etapa transcurrida podría calificarse como moderada, comparada con lo que vendrá cuando pasen las elecciones, caigan las máscaras, y haya que atender las deudas generadas en este período con recursos propios, colocaciones en los mercados, y emprender renegociaciones, siempre atadas a las famosas reformas estructurales.

El gobierno que asuma el 10 de diciembre deberá abonar en los próximos cuatro años 175 mil millones de dólares por capital e intereses, de los cuales unos 140 están denominados en moneda extranjera. La obligación de reembolsar en pocos años sumas desproporcionadas a la capacidad de pago del país es conminatoria para cualquier gobierno, no solo para el rival al que se pretende condicionar, sino también para el que contrajo la deuda y que sufrirá, en caso de continuar, el desgaste de un segundo mandato.

En particular, los reembolsos al FMI están muy concentrados en pocos años, los pagos de capital empiezan en 2021 y terminan en 2024. Los más exigidos caen en 2022, cuando Argentina tendrá que pagarle 18,2 mil millones de dólares, suma equivalente a casi un tercio de las exportaciones actuales, y en 2023 aun más, 22,6 mil millones, cerca del 40% de las exportaciones. Para mostrar que el Estado puede pagar esos montos y atender el resto de las deudas, el FMI fuerza sus proyecciones de crecimiento y de exportaciones, pero aun así proyecta un desempleo elevado para los próximos años, en torno al 10%, y una brecha negativa del producto bruto de alrededor del 7% para 2019-2022^[v]. Y estas cifras son optimistas, fueron publicadas a mediados de julio, a menos de un mes de las PASO, por una organización que ha mostrado reiteradamente su preferencia por la continuidad de Macri.

 Para después de las elecciones quedan las medidas que profundizarán la crisis, ya que seguirían el mismo rumbo que la generó. Entre ellas, las reformas estructurales de alto costo social, como la del régimen previsional y la precarización del empleo. Además de otras que, inciden directamente en la capacidad de implementar políticas activas y soberanas, como la reforma del BCRA y el muy técnico y poco conocido traspaso de la CUT (cuenta única del tesoro) desde el Banco Nación hacia el BCRA, que implica poner los ingresos (impuestos y otros) y pagos del Estado Nacional (salarios, transferencias a las provincias, a las universidades, etc.) bajo el control de una entidad que ya no respondería al poder ejecutivo, si prosperara la reforma del BCRA, y que sugiere futuros ensayos privatizadores del mayor banco público del país, ya intentado en los años noventa.

Quedan pocas joyas de la abuela, pero muy valiosas, como los bancos estatales, las empresas YPF, Aerolíneas y otras, la moneda nacional,  los recursos naturales, cuyos destino, como el de millones de argentinos, depende de cómo se gestione el sobreendeudamiento actual.

^{[i] 27 de marzo de 2019, en una cena organizada por la Fundación Libertad con 1200 empresarios de todo el país, funcionarios y el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en el Goldenenter de Parque Norte.}

^{[ii] Deuda de la Administración Central, dato de la Secretaría de Finanzas.}

^{[iii] FMI, Debt Sustainability Analysis, julio 2019.}

^{[iv] Para hacer este test el FMI asume una devaluación del 50% con un traslado a los precios de 0,25, y un aumento de 200 puntos básicos de las tasas de interés.}

^{[v] La brecha del producto es la diferencia entre el producto bruto actual y el producto bruto de pleno empleo, llamado también producto bruto potencial. Esta diferencia se expresa como porcentaje del producto bruto potencial.}

^{El Diplo N°242 - agosto de 2019}