Ley de biocombustibles: la llamativa voltereta de los senadores oficialistas

Alcadio Oña

Habían aprobado un proyecto en 2004 y ahora votarían otro totalmente distinto.

Alcadio Oña
Fuente: Clarin

Los legisladores tienen atributos suficientes como para sancionar aquellas normas que mejor crean satisfacen el bien común y los intereses de la comunidad: se los otorgan el voto de la ciudadanía y la Constitución. Es discutible, en cambio, que esas facultades también les sirvan -sin daño alguno-para aprobar un proyecto de ley una vez y a la vez siguiente sancionar otro sustancialmente distinto.

Ante este incómodo trance se verán pronto algunos encumbrados senadores del oficialismo. Entre ellos: el jefe del bloque, Miguel Angel Pichetto, los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Jorge Capitanich, y de Infraestructura, Celso Jaque, Carlos Reutemann y Rubén Marín.

La circunstancia tendrá lugar en los próximos días, cuando deban decidir qué hacen con una ley que ellos mismos, entre otros, habían votado en diciembre de 2004 y que hace poco Diputados dio vuelta como si se tratara de una media. Es la que crea incentivos fiscales para fomentar la producción de biocombustibles.

El proyecto que Pichetto, Capitanich y Jaque habían aprobado -en realidad el Senado lo votó por unanimidad, durante una sesión a la que no asistió Cristina Kirchner- preveía amplísimas desgravaciones impositivas y garantizaba estabilidad fiscal por 15 años, en beneficio, fundamentalmente, de las compañías petroleras y los grandes grupos agroindustriales. Creaba la figura del "contribuyente liberado de IVA" para ciertas operaciones ligadas a los emprendimientos, lo cual iba a derivar en evasión del impuesto. Y hasta colaba una desaconsejable rebaja en la carga tributaria para el solvente y el aguarrás.

Poco o nada de todo esto quedó en pie en el proyecto que Diputados aprobó, siguiendo, sin duda, instrucciones de la Casa Rosada:
? Los beneficios impositivos fueron limitados y, además, acotados a un cupo fiscal que el Gobierno fijará anualmente.
? Desaparecieron por completo la figura del "contribuyente liberado de IVA" y la estabilidad tributaria tal cual había sido votada en el Senado.
? Habrá prioridad para las pequeñas y medianas empresas, la producción agropecuaria y las economías regionales. Presumiblemente, se restringiría así el espacio antes contemplado para las petroleras y los grandes grupos agroindustriales.
? Y se aborta el intento por bajar la carga impositiva para solvente y aguarrás.

Los biocombustibles se obtendrán a partir de mezclar materias primas de origen agropecuario o agroindustrial y desechos orgánicos con gasoil, diesel oil y naftas. Y nunca estuvieron en cuestión los fundamentos del proyecto, o sea, la necesidad de producir combustibles menos contaminantes y renovables, de avanzar en nuevos desarrollos científicos y de diversificar los cultivos agrícolas.

En realidad, el foco al que desde el comienzos le apuntó Economía fue la generosidad con que los senadores distribuían fondos públicos. Medida en plata, esa iniciativa representaba un costo fiscal de entre 700 y 800 millones de pesos anuales.

Pero por muy incómodo que resulte votar ahora un proyecto bien distinto al que habían aprobado inicialmente, en el Senado se descuenta que Pichetto, Capitanich, Jaque y el oficialismo en pleno aprobarán sin cambios el texto que les vino de Diputados. Una de tres: o habían promovido un mal proyecto o consideran que el nuevo es mejor, así sea por completo diferente o, simplemente, seguirán órdenes de la Casa Rosada.

En cualquier caso, resulta llamativo el papel de Pichetto en el primer proyecto, pues es un hombre que no suele dar un solo paso sin antes consultar al Presidente.

Intramuros de la Cámara de Diputados se ha comenzado a advertir, por otra parte, movimientos alrededor de otra ley hasta ahora parada. Es la que prevé desgravaciones fiscales para la exploración y explotación petrolera, parecidas a las que regirán en la producción de biocombustibles.

Empujada por la Secretaría de Energía, había sido frenada desde otras áreas del Gobierno con el argumento de que las petroleras cuentan con rentabilidad suficiente como hacer inversiones sin fondos públicos. Queda en todo esto, así, una densa e inevitable sombra de dudas.

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