En sesión extraordinaria, el Gobierno de Catamarca avanzó con el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Provincial para la “Aprobación del Contrato Modificatorio a los Acuerdos del Proyecto Fénix”, mediante el cual se modifica el contrato entre dicha provincia y la empresa FMC Corporation y Minera del Altiplano S.A. (aprobado por Ley Provincial N° 4589/91), sobre el modo de extraer y explotar el yacimiento de litio del Salar del Hombre Muerto. La medida fue cuestionada desde diversos sectores y algunos especialistas consideran que la quita de regulaciones que establece la norma vulnera la Constitución provincial.

Con esta legislación, se espera que la empresa invierta 300 millones de dólares en un proceso de expansión, aunque la medida es foco de críticas por el cada vez menor rol que cumple el Estado en la regulación de la actividad. “Estamos cayendo en un nuevo proceso, en otra reforma de ese viejo contrato, al que cada vez se le van quitando derechos al Estado y controles a la empresa. Con esto se elimina el último vestigio de legislación pública que había”, le dijo a TSSFederico Nacif, sociólogo e investigador del CONICET especializado en esta temática. Según Nacif, para comprender el impacto de estos cambios hay que remitirse a la historia de la explotación litífera en esta provincia, que comenzó en la década de 1960 por parte de Fabricaciones Militares, debido a sus posibles usos en fusión nuclear.

Hoy, el litio se ha vuelto un mineral muy requerido en todo el mundo, ya que cuando se lo purifica y transforma en carbonato de litio se convierte en un insumo esencial para el desarrollo de baterías de ion-litio, un insumo clave para la industria electrónica en general y, de manera más incipiente, para la fabricación de vehículos eléctricos. Se estima que el valor promedio del carbonato de litio creció de 5.000 a 7.500 dólares la tonelada entre 2014 y 2016, y este último año alcanzó picos cercanos a los 18.000 dólares.

En ese escenario, la Argentina –junto con Bolivia y Chile– es parte del denominado triángulo de litio y contiene la cuarta reserva mundial del mineral, estimada en más de 128 millones de toneladas y distribuida en salares en Jujuy, Salta y Catamarca. En 2011, Jujuy declaró al litio “recurso natural estratégico”. Sin embargo, en el Salar del Hombre Muerto esta actividad ya era considerada estratégica, algo que tras la modificación aprobada la semana pasada habría desaparecido, principalmente porque permite que la empresa privada concesione y decida el destino que prefiera para el yacimiento.

“Cuando se declara un recurso como estratégico, mínimamente significa que el Estado puede elegir quién lo va a explotar”, afirmó Nacif, que también es integrante del Programa Institucional de Intervención Socio Ambiental (PIIDISA) de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), y explicó que el contrato vigente con FMC mantenía una clausula que le impedía transferir o especular con esos yacimientos públicos, pero la empresa argumentaba que “necesita capitalizarse y para eso quiere tener libre disponibilidad para poder especular y hacer asociaciones con otras empresas”, dijo el especialista.

Un comunicado del Colegio de Geólogos de Catamarca advierte sobre que la medida también va en contra de la Constitución provincial: “El Litio es un mineral estratégico con derivados utilizados para la generación, distribución y almacenamiento de energía, por tal razón considerado de Dominio Público Provincial en el artículo 66 de la Constitución, con restricciones específicas en su explotación y comercialización”. El comunicado también recuerda que el contrato vigente entre la provincia y FMC (con sede en Filadelfia, Estados Unidos), celebrado en 1991 y en 1994, “es coherente y acorde” a dicho artículo de la Constitución, según el cual la empresa “no podrá ceder o transferir el total o parte de su contrato”. Por el contrario, se advierte, “la nueva propuesta se contrapone a este artículo y por lo tanto lo vuelve pasible de ser considerado inconstitucional”.

El comunicado del Colegio de Geólogos de Catamarca advierte sobre que la medida va en contra de la Constitución provincial.

El comunicado, previo a la sanción de estas modificaciones, considera que la medida es “no conveniente”, no solo porque “vulnera la Constitución”, sino también porque “desiste de la potestad de transferencia de este recurso estratégico y las atribuciones reguladoras del Estado provincial, y contempla beneficios económicos poco justos en calidad de socios del proyecto”.

Uno de los puntos conflictivos se vincula con el pago de un canon por el uso de agua dulce que requiere la explotación del yacimiento, del cual la FMC incluso había sido eximida en 1994. Este canon sí es pagado por otras empresas que explotan litio. “En los últimos años hubo un escándalo muy fuerte por eso y se le intentó cobrar, pero la empresa se negó a pagarlo, no por un tema de dinero sino porque hay un principio de autoridad en los modelos de enclave minero que hace que la empresa sea reticente a cualquier tipo de fiscalización pública, porque si accede a ese canon también accede a que sepamos cuánta agua está consumiendo”, subraya Nacif.

Uno de los puntos conflictivos se vincula con el pago de un canon por el uso de agua dulce que requiere la explotación del yacimiento, del cual la FMC incluso había sido eximida en 1994. Este canon sí es pagado por otras empresas que explotan litio.

El comunicado del Colegio de Geólogos también advierte que los recursos hídricos son propiedad de la provincia y que, además, son un “recurso caracterizado en la zona como escaso y limitado”. Sin embargo, continúa el documento, “el contrato obliga a la Provincia a conceder permisos y habilitaciones, entre ellos la explotación de agua en caudales necesarios para las operaciones de la empresa que no están especificados, cuando se desconoce la existencia y disponibilidad del recurso hídrico en una zona donde el agua es escasa, limitada y condicionante para la vida y el desarrollo de la región”.

“Esa es la situación del enclave minero extractivista, y por eso sostengo que este tipo de inversión no es compatible con ningún modelo de desarrollo, porque, por principio lógico, su principal interés es mantener la autonomía operacional a costa de cualquier cosa”, se lamenta Nacif y agrega que las promesas de la empresa para exigir estos cambios son las mismas que en los años noventa: generar empleo y desarrollo para el pueblo. Sin embargo, pese a que  hace 20 años que están trabajando y son una de las principales exportadoras de litio a nivel mundial, el desarrollo económico local nunca llegó: “En la población más cercana al yacimiento, de 1.500 habitantes, hay cortes de luz y no hay camino, pero la empresa tiene una pista de aterrizaje privada”, ejemplifica Nacif, y cuestiona que la empresa “ni siquiera se hace cargo políticamente: en general son los síndicos de la provincia que participan de la empresa quienes terminan haciéndose cargo de la falta de derrame prometido. Así comienza otro escándalo en Catamarca y al síndico lo acusan de no haber hecho ni logrado nada para la provincia. Entonces renuncia, viene otro y todo sigue igual”, concluye Nacif.

TSS - 28 de diciembre de 2017