La política exterior argentina parece orientada por preconceptos que ya rigieron en los años ´90, y que a pesar de su probada incapacidad para mejorar el status internacional de nuestro país, vuelven a ser utilizados por la actual administración.

El año 2016 habrá sido un año particularmente estático -cuando no regresivo- en materia de integración regional. los vientos de renovación que refrescaron el panorama político y social de la región con la llegada del siglo XXI están siendo sorpresivamente más esporádicos que lo deseado, generando dudas sobre la solidez de los cimientos sembrados por los gobiernos de corte izquierdista que se multiplicaron en la geografía suramericana.

Entre el 20 y el 24 de marzo se desarrollará en Buenos Aires un nueva ronda oficial de negociaciones del Mercosur con la Unión Europea (UE) “Se trata de un acuerdo de libre comercio, pero incluye diálogo político y cooperación en varias áreas, para ir hacia una asociación estratégica y regional” ha afirmado el embajador Daniel Raimondi, subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur de la Cancillería, uno de los encargados de las negociaciones.

Como esas gigantescas estructuras sin terminar de paredes descascaradas, techos semiderruidos y gente viviendo adentro que, de la Torre de David caraqueña al Elefante Blanco porteño, proliferan por América Latina, la integración regional tiene algo de inconcluso, un eterno work in progress que encierra una dimensión monstruosa. Y ello a pesar de que se trata de una región homogénea del planeta desde el punto de vista cultural y religioso, sólo comparable al mundo árabe, que comparte un solo idioma y una única cultura pero que se encuentra cruzado por conflictos interreligiosos mortales.

El momento llegó: Donald Trump le puso fin a la participación de EEUU en el Acuerdo Transpacífico TPP, que su propio país capitaneaba. Fue a través de un decreto ejecutivo que empalma con su discurso proteccionista durante su asunción, días atrás. Cumple así una de sus principales promesas de campaña en el plano de la política exterior.

La iniciativa de expulsar, o suspender, a Venezuela del Mercosur viola la normativa de esa institución. No hay nada en el Tratado Constitutivo del Mercosur ni en los Protocolos de Ushuaia y de Montevideo (Ushuaia II) que contienen la así llamada “cláusula democrática” que justifique semejante medida.

En el caso de la adecuación normativa, la República Bolivariana de Venezuela ha incorporado alrededor del 85,0% de las normas que debe y puede incorporar. Esto es un desempeño importante, si se considera que Venezuela tenía que hacer en 4 años lo que el resto de los miembros del Mercosur han incorporado durante los 25 años que tiene de existencia el bloque de integración. ¡25 años contra 4 años!

Todo es ilegal. Las reuniones realizadas por miembros del Mercosur, sin la presencia de Venezuela; la imposición de la categoría “Estados Fundadores” ahora matizada con el eufemismo “Estados Parte signatarios del Tratado de Asunción”; el mecanismo colegiado para el funcionamiento del Mercosur; la calificación de “vacancia” de la Presidencia Pro Témpore (PPT);  las decisiones que incluyen un ultimátum a Venezuela, al imponerle un plazo (1º de diciembre) para que adecúe la normativa, basada en la amenaza de despojarla de su condición de Estado Parte; la repartición de las negociaciones del Relacionamiento Externo (Unión Europea, Alianza del Pacífico, entre otros).