Durante la década de 1990 la retirada del Estado de distintos órdenes de intervención configuró un escenario en el que el bienestar de la población tendió a estar gobernado casi con exclusividad por los avatares del mercado. En el marco de los cambios que siguieron al abandono de la convertibilidad -entre los que es posible incluir el retorno de la inflación, las nuevas iniciativas en materia de política social y los diversos intentos por recomponer los ingresos de los asalariados y los pasivos- reviste interés la evaluación del rol distributivo del cual el Estado tendió a desentenderse en la etapa anterior. El presente trabajo tiene por objetivo explorar el impacto del accionar estatal sobre la distribución del ingreso en los últimos años, a partir de la evaluación de su intervención en distintas esferas: política de ingresos, política social y fiscalización de los precios internos. Entre las conclusiones se señala una sensible revitalización -posterior a la devaluación- del accionar estatal en materia redistributiva, que se manifestó en forma temprana en la política social -desde la implementación, en 2002, del Plan Jefes y Jefas de Hogar- y más tardíamente, en la política de ingresos -con las progresivas actualizaciones del salario mínimo y el haber jubilatorio mínimo-. No obstante esta importante reversión del autismo estatal de la década de los ‘90, se señalan también las dificultades aún persistentes en esta materia.