En la medida en que los medios de comunicación trazan los temas que forman parte de la agenda pública y absorben buena parte del debate en torno de los temas de interés general, el sector comunicacional debe ser pensado desde una dimensión política, que tome en cuenta su relación con la libertad y con el poder.

En la Argentina, el carácter comercial del sistema comunicacional ha determinado la orientación política del debate que los medios imponen sobre lo social. A su vez, la estructura de propiedad de las empresas y su relación con el poder político desvirtúan la voluntad general, que se ve vulnerada por el interés particular y la capacidad de lobby de los grupos de poder que son dueños de los medios.

La experiencia política nacional de las últimas décadas se caracterizó por la imposición de una lógica de mercado en este sector que respondió y reprodujo las estructuras de poder y los mecanismos elitistas en los niveles de acceso. El concepto de democracia quedó supeditado al ámbito de la administración pública, con la consecuente despolitización de la sociedad civil y la privatización de la toma de decisiones. En este marco, las restricciones en los niveles de participación en el sector de las comunicaciones se convirtieron en indicadores fundamentales a la hora de medir su grado de democratización, entendido no como el pasaje de información, sino como intercambio de sentidos, circulación y apropiación de significación.