Los resultados electorales desfavorables debilitan al gobierno, que queda presionado, por un lado, por las grandes industrias y “el campo”, por el otro por los gobernadores que aceptaron el estado de situación generado, pero que con déficit fiscal e imposibilitados de pagar las remuneraciones, los contratos y hasta las obras, presionan por una mayor participación en los recursos, y finalmente, por los acreedores externos, incluidos los “holdouts”, el Club de París y hasta el FMI. En ese contexto,
ceder a los reclamos de continuidad de superganancias y de devaluación, es perjudicar a los trabajadores y otros perceptores de ingresos fijos, que aún carecen de reclamos orgánicos.