Como parte de un movimiento general propio de la época, en 1992 se instrumentó una reforma regulatoria en el transporte automotor interurubano de pasajeros, consistente en una desregulación restringida a los operadores existentes. Esta reforma
tuvo vigencia por seis años. Se sostiene aquí que su alcance fue  virtualmente el de una desregulación completa para el sector, en función de la masiva afluencia de inversores externos. El resultado fue una visible sobreoferta de servicios y la caída de la rentabilidad, lo que repercutió además en las condiciones de trabajo y remuneración del personal de conducción. Tras producir una drástica renovación en el estrato de las empresas de mayor tamaño, el régimen fue desactivado, habida cuenta de la inviabilidad de la situación creada. La autoridad política no ha tomado definiciones sobre el marco regulatorio que en definitiva debe regir la actividad; pero un inesperado incremento de la demanda, operado en los últimos años, ha permitido una visible recuperación de la tarifa y la rentabilidad