La problemática vinculada con la regulación minera y el establecimiento de parámetros básicos para el desempeño de este sector extractivo esencial para un plan de desarrollo económico y social de largo plazo, constituye uno de los puntos de debate más críticos de la actual etapa. Este nuevo escenario de interpelación política, social e institucional deviene de una predisposición renovada de distintos actores de la arena pública argentina de encarar la compleja tarea de fijar, de manera democrática, un perfil productivo con eje en el tratamiento de recursos naturales básicos no renovables, la protección del medio ambiente, la preservación de derechos de las comunidades circundantes a los emprendimientos o afectadas directa o indirectamente por ellos, y un rumbo productivo para el país.