Durante la década de 1990, los conflictos por los recursos naturales se mezclaron con otros tantos por demanda de trabajo, derechos perdidos, retroceso en materia de derechos humanos, etc. El fuerte significado que estas confrontaciones por los recursos logran en la actualidad estaba diluido diez años atrás por dos razones: primero, por la construcción hegemónica exitosa bajo la idea de “la única salida” en la primera parte de la década (la “opinión pública” brindó consenso a las privatizaciones del agua, de YPF, etc.), y segundo, porque cuando ese apoyo comenzó a resquebrajarse, la falta de trabajo, la pobreza y la indigencia ocuparon un lugar central en la preocupación de los sectores disidentes. Pero la cuestión de los recursos naturales ya había comenzado en los primeros años de los noventa. En nuestro país, a medida que el siglo XXI transcurre, crece una nueva esperanza en la mayor parte de la población acerca de una configuración económica y política distinta de la de los noventa. Sin embargo, en materia de economía de los recursos naturales, muy poco ha cambiado. Predomina una idea “productivista” exacerbada y en el mismo registro del concentrado capital transnacional para el cual lo importante es producir y no interesa qué ocurra con los bienes naturales, la naturaleza, el medio ambiente ni con las poblaciones afectadas. Pero a las autoridades no les resulta fácil generar consensos y los ciudadanos disputan con empresas y Estado el derecho a sus territorios, a la biodiversidad y a otra forma de vida.