Desde que se oyeron las primeras voces de alarma, el presidente Jair Bolsonaro se encargó personalmente de desacreditar a médicos y epidemiólogos. El 15 de marzo sus seguidores organizaron un acto en su apoyo y éste -sospechado de infección- tuvo contacto físico con unas 240 personas ante las cámaras de televisión. Las iglesias evangélicas siguen convocando a sus fieles a reunirse en los templos para obtener la cura más importante de todas (la ‘espiritual’) al tiempo que desacreditan informes sanitarios de todo el mundo.

Ante esta manifestación de locura colectiva, no obstante, la mayoría de los gobernadores e intendentes, así como el Congreso Nacional, toman medidas de urgencia en franca oposición -incluso desafío– al Gobierno federal: dispusieron el cierre de escuelas y universidades, restringieron parcialmente la movilidad, ordenan la compra de respiradores y mascarillas. Pero, en simultáneo, el Presidente emite decretos que revierten sus medidas al tiempo que descalifica a los gobernadores como “destructores de empleo”, acusándolos de generar un colapso económico en complicidad con la red Globo, los presidentes de la Cámara Baja y del Senado e instigadores “comunistas” desconocidos. Simultáneamente, su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, inicia un ácido intercambio de acusaciones con el embajador de China, primer socio comercial del país. Estas son señales de la política brasileña frente a una epidemia que, según algunos especialistas, podría dejar un saldo de un millón de muertos en Brasil, en el caso de que se implementen apenas restricciones parciales denominadas como “mitigación”. Analizando estas actitudes del Presidente de Brasil, un diario suizo lo calificó como “el hombre más peligroso del mundo”.

Las principales limitaciones del Gobierno brasileño son económicas e ideológicas. Es imposible afrontar una crisis de estas características preservando el techo constitucional al aumento del gasto público, una ley de responsabilidad fiscal y metas de déficit primario. Ante la emergencia, la mayoría de los gobiernos del mundo adoptan economías de guerra; estatizan al menos parcialmente algunos sectores, especialmente la salud y ejecutan clásicas recetas del keynesianismo militar. Es la única forma de amortiguar el golpe.

El dilema es que tanto el Gobierno brasileño como la mayor parte de la elite dirigente no están preparados para dar un giro ideológico de este tipo, ni siquiera por razones estrictamente pragmáticas. El primer reflejo del ministro de Economía, Pablo Guedes, fue declarar que se debía enfrentar la crisis con austeridad y privatizaciones. El Poder Ejecutivo acaba de emitir un decreto que autoriza a empresas privadas a suspender los contratos de trabajo por cuatro meses y a renegociar reducciones salariales de hasta 50% con sus empleados, medida que ya habría sido suspendida a causa de la inmediata conmoción social. El diario O Globo llegó proponer la extensión de estas medidas también para los empleados públicos.

Una cuarentena estricta en Brasil es inviable en estas condiciones. Más del 40% de la población activa sobrevive en una informalidad, que abarca desde vendedores ambulantes y uberistas hasta el crimen organizado. La interrupción forzosa de las actividades comerciales sin implementar una economía de guerra con transferencias masivas del Gobierno significaría la hambruna de una parte significativa de la población en pocas semanas.

Ante este marco, el Gobierno opta por “mantener en pie la economía” y desentenderse de la epidemia acusando a los gobernadores de generar el caos y apelando a las iglesias evangélicas para, a través de plegarias, disimular el número de muertos o atribuirlos a otras causas. Difícilmente esta estrategia pueda prosperar. La crisis económica y el aumento del desempleo son inevitables. No debe descartarse que una convulsión social se una a una crisis política con final incierto. El Gobierno de Argentina, además de los innumerables desafíos que tendrá enfrentar en los próximos meses, deberá estar atento a la coyuntura de un país de 210 millones de habitantes con el que comparte más de 1.100 kilómetros de frontera.

- Eduardo Crespo, Profesor de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) y la Universidad Nacional de Moreno (UNM)

^{El Economista - 24 de marzo de 2020}