“El salar, para nosotros, representa parte de la vida, nuestra pachamama, nuestra cultura y sabiduría ancestral, es la visión de nuestros antepasados que lo han cuidado y manejado tan bien, sabiendo cómo debería ser cosechado cada año y cuál era la sal para la producción ganadera, por ejemplo”, relata Clemente Flores, vocero de las comunidades de la Cuenca de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en la provincia de Jujuy.

Flores es uno de los autores del libro “Salares Andinos: Ecología de saberes por la protección de nuestros salares y humedales”, una obra publicada en diciembre por el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL). Esta “ecología de saberes” busca funcionar como “un espacio concreto para la promoción de la interacción de conocimientos científicos y no científicos sobre la idea de una diversidad epistemológica del mundo”.

Así, a través de más de 200 páginas, esta publicación entrecruza historias de vida y experiencias en los territorios, a las que se suma el aporte de investigadores y profesionales de distintas disciplinas que desde hace años están trabajando en los salares andinos de la región. Se trata de una zona que abarca parte de la Argentina, Bolivia y Chile, y que es la principal reserva de litio en salmuera del mundo, lo que ha despertado el interés internacional en busca de ese recurso imprescindible para producir baterías para teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y para la fabricación de vehículos eléctricos.

“En el nombre del libro, que habla de salar y no de litio, se deja ver cuál es la disputa política de sentido, porque el salar representa muchas cosas para el territorio, y el agua, que unifica el criterio de todas las comunidades con respecto a esta lucha en contra de esta actividad, es la fuente de vida de estos territorios tan áridos, no solo porque es necesaria para el consumo humano sino también para la cría de animales y el desarrollo de la agricultura de altura, que precisan de las vegas y humedales que corren el riesgo de sequía y de salinización”, explica la investigadora Melisa Argento, autora de otro de los capítulos de este libro junto con su colega Florencia Puente, ambas del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, y destaca que el riesgo principal es que el costo de esta actividad se traslade a los territorios, debido principalmente al uso indiscriminado del agua, “sin control ni planificación estatal”, y sobre poblaciones que no contribuyen a los efectos del cambio climático.

La Argentina exporta carbonato de litio desde Catamarca, adonde la multinacional FMC MdA (ahora Livent Corporation) explota el Salar del Hombre Muerto desde mediados de los años 90; mientras que Jujuy lo declaró como un recurso estratégico para la provincia en 2011. Desde entonces, se potenciaron los proyectos de exploración (junto con la movilización de las comunidades de esa zona contra la minería del litio).

Tal como lo describen Argento y Puente en uno de los capítulos de este libro, solo en los cuatro años de la gestión de Cambiemos se duplicaron los proyectos, que eran una veintena en 2016 y hoy son más de 50. Además, recuerdan que, según datos del Ministerio de Minería, en pleno macrismo se proyectaba exportar 145.000 toneladas de carbonato de litio en 2022, casi cinco veces más que las entre 30.000 y 40.000 toneladas que se exportan en la actualidad.

“Lo paradójico del litio es que no hablamos de fracking ni de minería a cielo abierto, sino de un mineral que aparece como clave para la transición energética que efectivamente necesitamos. Se propone al litio como una salvación, pero como están las cosas hoy sería para la transición del norte global, pero no para la Argentina y muchísimo menos para los territorios, que van a sufrir los impactos de la minería”, advierte Argento.

“Un celular usa 0,2 gramos de litio, que es lo que usaríamos las personas de los pueblos y las ciudades, pero la gran cantidad de litio se destina a la producción de baterías para autos eléctricos, y un auto eléctrico usa 67 kilos”, ejemplifica Evelyn Vallejos, que es técnica en Gestión Ambiental Urbana y desde hace más de una década asesora a las comunidades originarias de la provincia de Catamarca. Vallejos advierte sobre las pérdidas ambientales irreparables que puede estar provocando la minería en los salares de esa provincia.

“Antofagasta de la Sierra es el lugar más parecido a la tierra prehistórica, por sus condiciones climáticas. Allí se encuentran los microorganismos más parecidos a las primeras formas de vida en el planeta, como los estromatolitos en la laguna Diamantes. Que se destruya todo eso es muy doloroso”, dice Vallejos y advierte que Catamarca tiene la mayor concentración de volcanes de toda la Cordillera de los Andes, en los que hay minerales y tierras raras, pero lamenta que el 75% de ese territorio de la provincia ya se encuentra en manos de empresas mineras.

Además, agrega que los salares son los mayores reguladores de dióxido de carbono: “Paradójicamente, se dice que se necesita la batería de litio para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero para producirlas destruyen salares que absorben dióxido de carbono, además de que son muy sensibles y los podemos destruir rápidamente”, destaca la gestora.

Promesas incumplidas

Uno de los argumentos para promover y avalar la exploración y explotación de la minería de litio en la Argentina es el potencial que presenta para las exportaciones y la oportunidad de desarrollo que esta actividad genera para el país y la región. Sin embargo, tras casi 30 años de minería instalada, Catamarca no solo es prueba de los impactos ambientales de esta actividad, sino que, además, es testigo de que esas ideas del derrame también son promesas inclumplidas.

^{La explotación del litio es resistida por comunidades originarias por el impacto que tiene en recursos vitales para su subsistencia, como el agua.}

“El progreso es una gran mentira. En Antofagasta de la Sierra, la gente no tiene gas y solo tienen luz eléctrica durante cuatro horas diarias, mientras que la minera tiene luz, agua y gas, que traen de un gasoducto”, cuestiona Vallejos, y denuncia que, debido a la minería del litio, en esa zona se han secado una vega de 11 kilómetros y un río. Eso afecta directamente al desarrollo de la economía regional, basada en la cría de llamas y ovejas. “Las vegas son como un patrimonio de la humanidad porque desde hace miles de años los indígenas las van extendiendo y ampliando para tener más disponibilidad de comida y agua, pero todo esto se está atrofiando, y el impacto ambiental en la Puna puede ser casi irreversible. Hay una familia a la que se le murieron 900 animales por falta de agua”, dice la gestora y destaca la necesidad de generar políticas públicas que revaloricen y promuevan las actividades productivas locales. A pesar de eso, la empresa pretendía triplicar su producción abasteciéndose del agua del río Los Patos, pero la idea generó tanto malestar y movilizaciones sociales, durante 2018, que se vio obligada a frenar su ese proyecto.

Flores también concide en la necesidad de contar con políticas que promuevan las producciones artesanales de la Puna jujeña, que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo. En el capítulo de su autoría relata los cambios que fue atravesando su comunidad y cómo se fueron modificando los modos de producción, no solo la obtención de sal para consumo humano, que inicialmente se producía de manera artesanal y luego pasó a realizarse de manera cooperativa, sino también cómo ha ido disminuyendo la cría de llamas y otros animales autóctonos, así como el cultivo de alimentos característicos de esa zona como la quinoa y el maíz, a medida que los y las jóvenes se ven obligados a emigrar a otras ciudades.

“El Estado provincial dice que vende miles de toneladas de litio, pero, ¿qué han hecho para la comunidad o para el territorio? Nada. Se llevaron todo y siguen hablando de las ganancias de la minería, mientras que las familias en el territorio estamos peor, nos están sacando el agua y nadie tiene en cuenta que hay otras cosas por hacer”, cuestiona Flores y recuerda que las 33 comunidades originarias que viven en la cuenca de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en la provincia de Jujuy, se unieron y comenzaron la lucha y la defensa del territorio en el año 2010. Posteriormente, elaboraron un protocolo de consulta denominado “Kachi Yupi”, en el que establecen qué cosas deberían informarse a las comunidades y de qué manera, antes de avanzar sobre sus territorios con cualquier actividad, no solo minera.

“El Estado debe cumplir con el Convenio 169 de la OIT y ayudar a la comunidad a cumplir lo que dice su derecho. Nos dicen que uno de ellos es la consulta y les decimos en el protocolo cómo deben hacerla, que no es una reunión y nada más, pero hoy por hoy se establecen otros protocolos redactados desde un escritorio y siguen sin respetar el protocolo del Kachi Yupi, que fue el primero que salió”, subraya Flores.

El año pasado, el surgimiento de la pandemia no ha hecho más que evidenciar las desigualdades existentes en estos territorios, en los que falta el agua y los servicios sanitarios son escasos. En contraste, a pocos días de que el gobierno decretara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país, la actividad minera fue declarada como una de las actividades “esenciales” (al igual que los servicios de salud y los proveedores de alimentos) y, por lo tanto, habilitada para funcionar. En Catamarca, casi el 70% de la población recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que el Gobierno nacional distribuyó durante los primeros meses de la pandemia, lo que refleja el alto nivel de pobreza y desocupación de esa provincia. En la Puna jujeña, los casos por COVID-19 se iniciaron en Susques, entre trabajadores de la Minera Exar, que en julio de 2019 representaban el 20% de los contagios provinciales y que, tal como recuerda Flores, no solo no recibieron la atención necesaria, sino que fueron “abandonados” en la ruta para que volvieran a sus hogares. Los primeros que se movilizaron para atenderlos fueron los pobladores locales, a través de redes de cuidado y contención que las comunidades armaron para evitar la expansión del virus.

“La situación que estamos viviendo pone en evidencia la importancia de las lógicas del cuidado, no solo respecto de las poblaciones y en su relación con la naturaleza. También pone en evidencia cuán desprotegidas están esas poblaciones y cuán atravesadas por las tareas de cuidado respecto de la propia reproducción de su vida”, dice Argento. Y concluye: “Es un momento clave para revalorizar las formas alternativas que proponen los pueblos indígenas y campesinos en nuestro país. Como pretexto de pagar una transición energética, se está trasladando una agenda que es de un norte global, pero es necesario pensar en clave de transiciones múltiples, en una transición socioecológica que implique, efectivamente, lógicas democratizadoras para con los territorios. De lo contrario, continuaremos configurando imaginarios de territorios de sacrificio”.

^{TSS (UNSAM) - 7 de enero de 2021}