La política forestal implementada en el Uruguay durante los últimos quince años ha sido objeto de permanente controversia tanto en sus inicios durante la etapa de plantación como en la actual fase de transformación de la madera. La generosidad de la política de estímulos que los gobiernos han venido otorgando y los posibles efectos ambientales negativos de estas actividades son los puntos centrales de un debate que ya ha trascendido fronteras. En el contexto económico del Uruguay, la forestación se distingue entre otras actividades económicas por las transformaciones territoriales que ha venido produciendo y por el creciente flujo de inversión extranjera que atrae. La llegada al poder de la izquierda ha generado expectativas respecto de la corrección de aquellos aspectos de la política forestal que consagran situaciones de privilegio para el capital más concentrado en perjuicio de otros sectores agropecuarios, de los trabajadores forestales y de la comunidad toda.