El tema del ordenamiento territorial y de la tierra como un recurso estratégico no renovable ha vuelto a ponerse en discusión en la Argentina a partir del debate y la posterior sanción y promulgación de la ley 26.737 de "Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales", más conocida como la ley contra la extranjerización de la tierra. Como autoridad de aplicación se creó el Registro Nacional de Tierras Rurales, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Su objetivo es limitar la titularidad y situación de posesión de tierras rurales a personas físicas y jurídicas extranjeras. El autor advierte que el Registro Nacional de Tierras Rurales tiene ante sí un trabajo arduo y posiblemente prolongado para conseguir la información necesaria que permita dar cumplimiento a la ley, y que de acuerdo a la reglamentación del artículo 2º se tendrá que tener en cuenta un aspecto fundamental que es la situación de posesión de la tierra.
Esta información que obra en los Registros de Poseedores de algunas provincias indican de manera confiable la cantidad y distribución de poseedores existentes y su importancia radica en que en su mayoría son familias campesinas y comunidades
indígenas, población de nuestro país sobre la que recae un grave problemas a partir del corrimiento de la frontera agropecuaria como es la falta de seguridad jurídica sobre la tierra que trabajan y ocupan por generaciones.