En la Argentina en 1997 se promulgó el decreto aprobatorio del reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Agraria, en el que se precisan los derechos y las obligaciones del empleador, del trabajador y de las asociaciones de riesgos del trabajo (ARTs). De esta forma, como legitimación legal de sus particularidades, el sector dispone de una reglamentación especial, situación preferencial desde el punto de vista legal, no lograda por otros sectores de alta peligrosidad tal como la minería. Sin embargo, la institucionalización de la legislación sobre riesgos laborales no impactó en la disminución de la siniestralidad, a partir de prácticas que responden a las condiciones de trabajo agrario. En efecto, durante el lapso 1997/2001, las estadísticas señalan elevados niveles de siniestralidad asociados con el incumplimiento de la normativa, que confirman las deficiencias estructurales e históricas que sufre el sector, el fuerte contraste entre el régimen jurídico, y la realidad y necesidad de implementar los métodos y técnicas legislados.