"Francia gira a la derecha". Tal era el título, terriblemente revelador, del Parisien del 20 de noviembre. Cuando la explosión de las barriadas ha revelado la amplitud de la catástrofe social a la que conduce el liberalismo, cuando, en un primer momento, ha reabierto la crisis que sacude en profundidad a la derecha, desde el 29 de mayo, es en la demagogia reaccionaria donde el campo conservador intenta encontrar una salida a sus problemas.

Suplantando a Sarkozy y sus diatribas sobre la "chusma" y demás insultos, Dominique de Villepin habrá optado, apoyado por Chirac, por sacar del cajón la ley de 1955 sobre el estado de urgencia y prorrogarla incluso cuando las tensiones comenzaban a remitir. No podía demostrar mejor que la utilización de esta ley de inspiración colonial no tenía otro objetivo que acostumbrar a la sociedad francesa al recurso a medios de excepción frente a la revuelta creciente de los excluídos de la "modernidad" capitalista.

De la misma, por parte de la mayoría, se hacían oir las viejas y nauseabundas canciones de siempre, desde las que atribuyen a la poligamia (atribuida a los jefes de familias africanas) la responsabilidad de la desaparición de la autoridad de los padres sobre sus hijos, hasta la reivindicación de la privación de la nacionalidad francesa para quienes tuvieran problemas con la justicia.

Le Pen y de Villiers no tienen casi nada que añadir. Recogen los beneficios de un clima que saben que beneficia siempre a quienes están en el origen de estos discursos siniestros, más que a quienes les han imitado. No se equivocan: en un reciente sondeo, el Frente Nacional se encuentra con un 20% de opiniones favorables.

Ha empezado ya una carrera para saber quién ofrecerá una salida a la crisis social y política que no deja de perder actualidad en este país. Nada está decidido. Pero, la quiebra total del PS ante el estado de urgencia, así como la respuesta demasiado limitada de las fuerzas que han rechazado las derivas liberticidas, han permitido a la derecha más securitaria marcarse un punto.

Christian Picquet

Rouge, 25 de noviembre de 2005

Justicia expeditiva

Roland Dauber

Una ola de condenas en comparecencia inmediata y de expulsiones han sucedido a las detenciones masivas orquestadas en los acontecimientos acaecidos en las barriadas pobres. Como respuesta a la miseria social, el gobierno despliega su arsenal penal.

Desde el comienzo de las revueltas urbanas que han sucedido a la muerte de dos adolescentes en Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), las interpelaciones policiales han sido numerosas y a menudo arriesgadas. Numerosos abogados de la defensa testimonian sobre descripciones difusas, "reconocimientos" a partir de una silueta o de una ropa (marca en una camiseta). En una palabra, es el reino de la arbitrariedad en las detenciones.

La confrontación con los jueces se lleva a cabo según el mismo modelo. La comparecencia inmediata se aplica sistemáticamente para los mayores de edad, con sus consecuencias ya bien conocidas en términos de ausencia real de defensa, de expedientes tratados de forma expeditiva y de represión cada vez más fuerte. Aunque demostrando enormes contradicciones en las declaraciones de la policía y de los testigos, las denuncias de los abogados no son casi nunca aceptadas por los jueces. Las peticiones de los fiscales por orden de Sarkozy se hacen cada vez más duras: ¡en Arras, un joven de 20 años, ha sido condenado a 4 años de prisión!

Si la comparecencia inmediata no existe para los menores, les es aplicada la comparecencia en plazo más breve, que se le parece mucho. En un primer momento, pocos han sido encarcelados. Pero para ellos también aumenta la represión, aunque muchos de ellos nunca hayan tenido problemas con la justicia. El viejo tema de la desresponsabilización de los padres vuelve al primer plano. Algunos tribunales han condenado ya a algunos padres a penas cívicas que pueden conllevar penas de prisión si no son efectuadas con entusiasmo. Algunos alcaldes contemplan la posibilidad de suprimir las ayudas financieras a las familias de jóvenes condenados.

Para mantener el reflejo securitario, Sarkozy y el director general de la Policía Nacional, Michel Gaudin, pretenden que el 80% de los detenidos son conocidos por los servicios de policía. En realidad, la mayor parte de las personas llevadas ante los jueces son desconocidas de los ficheros judiciales. Los tribunales de Bobigny y de Creteil, que han juzgado a más de la tercera parte de los acusados, lo han confirmado, indicando que solo el 15% de los mayores de edad presentados y el 25% de los menores habían tenido algún problema con la justicia con anterioridad.

No contento con estas mentiras y con esta voluntad de aumentar la represión, Sarkozy quiere reactivar la doble pena que había parecido intentar suprimir para marcar su presencia en el seno del gobierno Chirac. Ha decidido expulsar a los extranjeros condenados como consecuencia de estos acontecimientos. Además de que son muy poco numerosos los que han pasado a juicio, los extranjeros son de nuevo tomados como objetivo, a fin de dar pruebas securitarias. Cuando quienes han participado en las revueltas son franceses, son "chusma" que hay que "limpiar como con agua a presión"; cuando son extranjeros, hay que librarse de ellos lo más rápidamente posible!
Y Sarkozy no está solo cuando se trata de expresar planteamientos infames. Ya, Chirac, en su intervención televisada, había planteado la necesidad de poner en cuestión el reagrupamiento familiar para reafirmar la "ley republicana"; pero luego, Larcher, ministro delegado de empleo y Helene Carrère d´Encausse, académica especialista en la Unión Soviética, explican que la poligamia está en el origen de las violencias urbanas de las últimas semanas: sería porque todos los africanos son polígamos que se desentienden de sus hijos y les abandonan en las calles de su ciudad... ¡El racismo tiene buena salud!. Aministía de las condenas y plan de urgencia social deben ser nuestras reivindicaciones.

Servicio civil voluntario: precariedad para los jóvenes

Para responder a las reivindicaciones sociales expresadas por la juventud de los barrios en dificultad por estar abandonados por el estado, el presidente de la República ha anunciado, en su intervención televisada del 14 de noviembre pasado, la creación de un servicio civil voluntario. Este dispositivo podría concernir a 50.000 jóvenes en 2007. Se trataría de enrolar jóvenes en pequeños trabajos propuestos por el ejército, la policía o algunas asociaciones.

Así, el dispositivo "defensa segunda oportunidad" propondría una vuelta a la escuela y una "formación" en internado obligatorio, en uniforme, con un sueldo de 300 euros, pero sin entrar en el ejército. En la policía, "cadetes de la república" recibirían una formación para prepararse a "oficios de la seguridad", también en internado y en uniforme, con 600 euros al mes. Finalmente, determinadas asociaciones reconocidas harían propuestas de acciones humanitarias.

Estas medidas no son nuevas. Habían sido ya evocadas en la ley de cohesión social de Jean-Louis Birlo, o en el proyecto de ley Sarkozy sobre la prevención de la delincuencia que debería ser propuesta a comienzos de diciembre. Se trata por tanto de reunir ideas repartidas en diferentes programas para hacer creer en una medida nueva directamente inspirada por las reivindicaciones recientemente expresadas.

Estas propuestas están relacionadas con los empleos-jóvenes, que los gobiernos de Raffarin y Villepin han suprimido. Aunque precarios y subpagados, estos contratos empleos-jóvenes duraban cinco años y preveían al menos una preparación a la salida del dispositivo por una obligación de formación, no siempre realizada. Aquí, nada de eso. La duración del contrato no es precisada, o en otros casos, como el del ejército, seis meses renovables una vez.

No es con tales propuestas como el gobierno responderá a las demandas de formación, empleos, inserción en el mundo del trabajo y de freno a las discriminaciones que sufren las poblaciones que habitan en esos barrios de segregación.