La reestructuración económica y social producida en la Argentina en los años noventa tuvo como uno de sus principales ejes a la política de privatización de empresas públicas. Dicha reestructuración dio lugar en los años siguientes a nuevas temáticas como, entre otras, la regulación de las empresas de servicios públicos, la nueva dinámica de comportamiento adquirida por las empresas líderes, la concentración económica, la centralización del capital, etc. Uno de los principales impactos de las reformas fue el notable deterioro que se registró en el mercado de trabajo, donde las privatizaciones cumplieron un papel clave.

El objetivo de este artículo es elucidar el papel que jugó la política de privatizaciones en la explicación de dos de los rasgos característicos del mercado de trabajo urbano durante los años noventa: un inédito nivel de desempleo y una cada vez más acentuada precarización de las condiciones laborales de los trabajadores en actividad. Se indaga aquí una dimensión poco explorada - pero no por ello poco importante- de la política privatizadora.

Este trabajo se compone de una introducción y un acápite donde se revisan los antecedentes de la reestructuración ocurrida en los años noventa. Luego se presenta un resumen de las medidas referidas al empleo en las empresas públicas extraidas de la ley 23.696/89 de Reforma del Estado, la cual condujo a la privatización en el corto o mediano plazos de todas las empresas públicas de envergadura. El punto central del estudio consiste en el análisis de la información recabada sobre las empresas a fin de caracterizar los cambios en el volumen, la dinámica y composición del empleo que indujo la Reforma del Estado. Por último, se extraen las principales conclusiones.

Para alcanzar dicho objetivo se construyó una serie de empleo de las empresas de servicios públicos estatales que continúa con el empleo que generan las firmas privadas que las sucedieron (ver anexo). Si bien el universo de empresas consideradas permite hacer referencia al empleo en el sector de servicios públicos, al ser empresas monopólicas u oligopólicas que en la generalidad de los casos integran la cúpula empresaria argentina, permite observar tendencias de comportamiento significativas dentro del conjunto de las grandes empresas.

1. Antecedentes
Las políticas neoliberales tuvieron en el país un largo proceso de construcción. Así, el programa de gobierno implementado en 1976 se propuso y logró desestructurar la alianza social que sostuvo el modelo de la industrialización sustitutiva de importaciones socavando las relaciones sociales mediante instrumentos militares, políticos, ideológicos y económicos. En términos socioeconómicos, diversos procesos como la apertura y la desregulación, el endeudamiento externo y los distintos mecanismos por los que se subsidió al capital más concentrado fueron conformando una nueva cúpula económica que adquirió singular importancia en la definición de las políticas económicas implementadas desde el estado en los gobiernos democráticos de los años ochenta y noventa. "Los procesos simultáneos de concentración y centralización del capital producidos a partir de 1976, tendrían continuidad bajo nuevas condiciones políticas" (Azpiazu y otros, 1986; Acevedo y otros, 1991).

La apertura democrática reactivó expectativas redistributivas del ingreso, democratizadoras de las instituciones y compensadoras de las transferencias de ingresos relegadas entre 1976 y 1983. Sin embargo, a poco de iniciarse el gobierno de Alfonsín, una parte del sistema político comenzó a asumir los límites estructurales impuestos por el poder económico y, por consiguiente, a reformular las políticas públicas a implementar: tras el intento de política distribucionista de Grinspun se inició el "desarme de la democracia" (Bonnet y Glavich, 1994) con el primer programa de ajuste de la democracia (el "Plan Austral" de 1985). Sin embargo, dicha política no logró construir el consenso necesario para el ajuste estructural, las privatizaciones, una mayor apertura y la más amplia desregulación económica y de las relaciones laborales.

En términos económicos -donde la cuestión del empleo es central- si bien se había avanzado en diversas direcciones no había sucedido lo propio en relación con la reestructuración o privatización de las empresas estatales (en adelante EE.EE.); más aún, ciertas medidas referidas a la apertura de la economía fueron revertidas a partir de la crisis por la que atravesó el país entre 1981 y 1983, período en el cual la deuda tuvo un papel fundamental. Por otro lado, las elecciones democráticas de 1983 demostraron que no se había logrado imprimir un quiebre ideológico en el conjunto de las clases y fracciones sociales del mismo tenor que el operado en la estructura económico-social de la Argentina (Duarte y Ortíz, 1997).

En efecto, la reforma estructural no había alcanzado todavía un grado de legitimidad suficiente para comenzar a implementarse y hacía falta un proceso tan efectivo como la dictadura (la hiperinflación) para alcanzar el grado de disciplinamiento necesario para llevar a cabo las medidas de reestructuración pendientes. Por un lado, el régimen democrático de gobierno no podía ser puesto en cuestión (la década de 1980 había demostrado la compatibilidad entre capitalismo y sistema democrático); por otro, quien tenía la ofensiva en la lucha de clases era una fracción de los sectores de la burguesía más concentrada. De tal modo, la disputa no se desarrollaría en la arena política, ya allanada, sino a través de mecanismos de mercado: el fantasma de la inflación creciente del período radical era entonces exhibido abiertamente contra Alfonsín, contra el futuro presidente, la pequeña burguesía y el conjunto de los trabajadores.

La crisis hiperinflacionaria en que culminó el período alfonsinista constituyó el marco de las contradicciones que llevarían al peronismo al gobierno. Detrás estaba la postergada discusión acerca del rol que debía ocupar el estado en la economía.
En mayo de 1989 Carlos Menem triunfó en las elecciones nacionales y asumió la presidencia en julio del mismo año, luego de la renuncia de Alfonsín. A menos de diez días de gobierno, el Poder Ejecutivo envió al Congreso los proyectos de las leyes de Reforma del Estado (23.696/89) y de Emergencia Económica (23.697/ 89).

En la primera se estableció, entre otras medidas, que las empresas públicas podían ser privatizadas mediante decretos, dando la posibilidad a los acreedores del estado y/o sus empresas de capitalizar sus créditos. Disponía, entre otras medidas, los procedimientos para privatizar total o parcialmente o liquidar empresas del estado; establecía preferencias para la adquisición de las empresas; implementaba un Programa de Propiedad Participada para las empresas a privatizar; autorizaba al PEN a declarar nulos los contratos de obra o consultoría aprobados antes de dicha ley.
La segunda tenía por objetivo reestructurar el gasto estatal (mediante la suspensión de los subsidios del régimen de promoción industrial y todo otro beneficio o exención al sector privado). Establecía, además, igual tratamiento al capital nacional y extranjero; la suspensión del régimen de compre nacional; la autorización al PEN para declarar la prescindibilidad de los empleados designados sin concurso, etc. (al respecto véase Duarte, 1999).

La puesta en práctica de la reestructuración fue consolidando las características de una nueva estructura social que se condice con los cambios iniciados por la política de la dictadura de 1976. En efecto, a partir de mediados de la década de 1970, el papel empleador del estado comenzó a deteriorarse y cobró auge el estado subsidiador o contratista a través de mecanismos como la promoción industrial (Orlansky, 1989). En efecto, comienza entonces un proceso de privatización del empleo público en paralelo con una disminución del volumen de ocupación de las empresas estatales, en parte debido a la escasez de la inversión pública1. Ello produjo la caída de la ocupación en las empresas y constituyó una de las principales causas del estancamiento del nivel de empleo en el conjunto del sector público nacional. La reducción del empleo público significó, en el sector de empresas públicas, una tasa negativa de más del 5% para el quinquenio 1975-1980 (Bonifacio, 1986). Lo característico de este hecho fue que, mientras la reducción anterior (producida entre 1958-1962) fue gradual, la que se produjo entre 1976-1983 fue de tipo shock recayendo todo su impacto en el primer año (-10,6%).

En una visión de largo plazo, puede verse que el empleo público en la Administración Pública Nacional entre 1958 y 1985 no había crecido sino que en 1985 era levemente menor respecto de 1958 (Bonifacio, 1986). Hasta allí, las reducciones seguían a políticas que se proponían expresamente ese objetivo y estaban asociadas a las transferencias de organismos y servicios a las provincias, liquidación de entes, etc. Por otro lado, la incidencia de las EE.EE. era muy significativa en el volumen del empleo estatal ya que absorbía entre el 36 y el 45% del total (Bonifacio, 1986). Dicha significación estaba asociada con el rol que ocupaba en el gasto público y a la elasticidad de su comportamiento: en períodos de retracción es el más afectado y en los períodos de expansión se muestra como el sector más dúctil a la absorción de personal. En efecto, en el período recesivo iniciado en 1989 llevó los 350.000 ocupados del sector público nacional a 68.000 en 1993, y a 27.500 en 1995 (Orlansky, 1997). La reducción fue un efecto directo de la privatización de empresas públicas y la desaparición del estado empresario o generador de empleo productivo, puesto que el empleo del sector público nacional total no sólo no disminuyó sino que el agregado (nacional, provincial y municipal) experimentó un crecimiento entre 1989 y 1995 (de 1.827.630 personas a 2.089.684, lo que implica un aumento del 14 %).

Las consecuencias sobre el mercado de trabajo que produjo el proceso de transición de un modelo de desarrollo proteccionista con fuerte participación estatal hacia un modelo estructurado alrededor de las privatizaciones y la apertura de la economía a los flujos internacionales de bienes y capitales fue la pérdida neta de puestos de trabajo asociados con el cambio estructural. Por ello, la transformación de la demanda tendrá carácter permanente a menos que se introduzcan cambios de significación en el modelo económico (Sautú, 1997; CTA, 2000).

Por otro lado, las reformas al sistema legal de protección al trabajo de los asalariados del sector privado, incluidas en el plan de reformas estructurales, impactó sobre el mercado de trabajo y la generación de empleo. En este sentido, la "legislación laboral en la Argentina, Colombia, el Ecuador y el Perú reformó la protección frente al despido y flexibilizó el contrato de trabajo, argumentando que tendría efectos positivos para la performance del empleo. En el Brasil, Chile y Venezuela, por lo contrario, las modificaciones tendieron a ampliar la protección de los trabajadores" (Marshall, 1998). La situación diferencial de ambos grupos de países determinó que si bien la flexibilidad de las normas sobre contratos y despidos influye sobre las prácticas empresarias y, por consiguiente, sobre la estructura del empleo, no incide sobre el nivel y ritmo de crecimiento del empleo y del desempleo. En efecto, el debilitamiento de la protección al trabajo, si bien influyó en la práctica de los empleadores no ha estimulado la creación de empleo y, por lo tanto, no cumplió con el propósito declarado de las reformas. Por lo contrario, se convirtió en una herramienta eficaz para ajustar los planteles laborales a los vaivenes del ciclo económico.

La contradicción existente entre el propósito declarado de las reformas y sus efectos reales puede verse a través del análisis del empleo generado por las empresas privatizadas en forma agregada para establecer la magnitud de los puestos de trabajo involucrada en cada una de ellas. Justifica la idea el hecho de que en general se abona la hipótesis de que la reforma no afectó directamente el nivel de empleo y/o desempleo más allá de las estrategias de los empleadores.

Entre los efectos negativos de la privatización se encuentra el hecho de que "numerosos trabajadores pertenecientes a las empresas estatales debieron -voluntariamente o no- abandonar sus puestos de trabajo, ya que su presencia constituía una traba, tanto para asegurar una futura rentabilidad elevada a los nuevos responsables de esas empresas, como por razones de organización productiva y técnica" (Rofman, 2000). Es en este sentido que se orienta el presente trabajo, a indagar acerca de las características de las reducciones de los planteles de personal de las empresas, considerando otras variables que contribuyen a agravar los procesos de desempleo estructural que generó.

A partir de estos antecedentes se plantea la hipótesis que existe en las privatizaciones un aporte importante al desempleo y al incremento de la precarización del empleo que se produjo en los años noventa.

El análisis se centra sobre el impacto de las políticas macroeconómicas sobre la dinámica del empleo en un espacio específico: el empleo que generaban las empresas prestatarias de servicios públicos contrapuesto al que generan dichas empresas tras el proceso de privatización. Puesto que otros trabajos confirmaron la desaparición del estado empresario (no así empleador), aquí se evaluará en cuánto se modificó el volumen, la dinámica y la composición del empleo generado por estas empresas públicas privatizadas. El trabajo persigue el interés de brindar elementos acerca "…del riesgo que implica, desde el punto de vista de la cohesión social, la retirada del estado, la imposición de las leyes del mercado y el desmantelamiento del sistema de regulaciones vehiculizadas por el estado social, respecto del empleo asalariado -en tanto trabajo socialmente protegido-, en el seno de la sociedad nacional" (Peñalba, 2000). Si bien este tema fue tratado, se hizo en general sobre los ejemplos que brindaron las privatizaciones de las grandes empresas industriales (Somisa, Altos Hornos Zapla y el polo petroquímico) que se circunscribían a un ámbito geográfico y social determinado. En este caso se aborda el universo de las empresas prestatarias de servicios públicos esenciales dispersas en todo el territorio nacional para establecer la dinámica del empleo en términos generales.

El punto siguiente extracta las principales medidas de la ley de Reforma del Estado referidas al empleo.

2. Prescripciones de la ley de Reforma del Estado en materia de empleo
El propósito de este acápite es dar una idea sucinta de cuáles fueron las principales disposiciones de la ley de Reforma del Estado que tendrían efecto sobre el empleo. Las medidas fueron de dos tipos: las declamativas y las medidas a concretar en el corto plazo. Dentro del primer grupo de medidas se pueden extraer las siguientes2: a) evitar los efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo (cap. IV, art. 41); b) autorizar al PEN a establecer un Plan de Emergencia de Empleo, que consistía en la afectación de fondos para encarar obras públicas mano de obra intensiva; c) durante el proceso privatizador, el trabajador seguiría amparado por todas las instituciones legales, convencionales y administrativas del derecho del trabajo (cap. IV, art. 42); d) el encuadramiento sindical no sufriría modificaciones, salvo resolución de la autoridad competente (cap. IV, art. 43); e) los trabajadores mantendrían sus derechos y obligaciones en materia previsional y de obra social. Las obligaciones patronales pasarían al ente privatizado (cap. IV, art. 44); f) la condición de empleado adquirente comprendido en un Programa de Propiedad Participada no implicaría modificación alguna en su situación jurídica laboral (cap. IV, art. 45); g) los empleados gozarían de preferencias para la adjudicación de las empresas del estado. Finalmente, los trabajadores podrían formar parte de los accionistas de las empresas a través del Programa de Propiedad Participada (cap. II, art. 21).

Dentro del segundo grupo de medidas se destacan las siguientes: a) facultar al PEN a crear nuevas empresas sobre la base de la escisión, fusión, extinción o transformación de las existentes. Proceder a la privatización o a la concesión total o parcial de servicios, prestaciones u obras cuya gestión actual se encontraban a su cargo, o a la liquidación de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenecía total o parcialmente al estado (cap. II, art. 11); b) correspondería al interventor la reorganización provisional del ente, empresa o sociedad intervenida. […] A tal fin podría disponer el despido o baja del personal (cap. I, art. 3); c) facultar al ministro competente a declarar la rescisión de todos los contratos de obra y de consultoría celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ley por el sector público (cap. VI, art. 48); d) la rescisión no procedería en aquellos casos en que fuera posible la continuación de la obra o la ejecución del contrato, previo acuerdo entre contratante y contratista (cap. VI, art. 49).

Puede verse que la ley de Reforma del Estado estableció prescripciones respecto del empleo en las empresas públicas, sus condiciones, la previsión social, la sindicalización y la situación laboral posterior a la privatización de las empresas a las que estarían sujetos los trabajadores. En el punto siguiente se examina la información recabada a fin de establecer las características de la implementación de la reforma y su correspondencia o contradicción con los objetivos declarados precedentemente.

Las variables que se tratan en este trabajo responden a un recorte que pretende analizar, a través de un reducido número de empresas (aunque sumamente relevante dada su fuerte gravitación económica en sus sectores de actividad y, en un plano más global, en el conjunto de la economía argentina), las características más importantes del proceso de reestructuración: el impacto directo sobre el empleo, el aporte a la tasa de desempleo y a la precarización del empleo.

3. El impacto de la privatización de las empresas de servicios públicos sobre el empleo
3.1. La privatización y el volumen de empleo de las empresas
El empleo de las empresas estatales representaba en 1985 el 36,11% del empleo total del sector público, en 1992 el 21,35% y en 1997 sólo el 6,50% comprendiendo a los entes residuales. Como puede verse en el cuadro Nº 1, la reducción calculada sobre el total del empleo de las empresas de servicios públicos es de casi 70 % entre 1985 (100) y 1998 (31,7). No obstante, la distribución del porcentaje es desigual según los sectores de actividad variando no sólo el momento de la reducción sino también su intensidad.

Cuadro Nº 1. Las empresas de servicios públicos. Indice de empleo desagregado por sector de actividad. 1985-1998. (1985=100)

Empresas Fecha de transf. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Telefonía nov-90 100 98,24 97,93 99,44 96,55 93,38 85,33 78,66 73,47 66,86 64,42 59,33 50,30 47,89
Correos nov-97 100 97,13 95,98 90,31 91,08 88,58 77,66 60,67 60,67 50,44 45,73 45,80 51,25 39,89
Transporte aéreo nov-90 100 97,75 97,37 98,21 102,18 103,21 91,02 78,83 59,04 60,21 54,05 49,46 45,99 45,47
Agua y cloacas dic-92 100 98,36 97,89 98,38 97,08 87,03 87,03 83,91 66,70 53,03 42,16 43,56 45,20 44,92
Energía eléctrica jul-93 100 97,19 99,80 102,33 104,89 103,25 95,55 86,84 50,48 44,64 40,49 37,03 33,16 31,44
Transporte ferrovial 11/91 a 11/92 100 97,04 94,44 94,71 91,52 87,43 83,48 65,59 21,87 19,37 15,78 15,79 15,16 15,29
Gas dic-92 100 95,61 93,61 98,46 102,88 104,43 106,38 102,36 57,18 55,45 55,09 54,05 53,01 50,17
Total 100 97,33 96,09 96,01 94,76 91,55 85,32 71,97 45,85 40,69 36,81 35,34 33,79 31,14

Fuente: Informe de la SIGEP (1990) y Balances de las empresas (1991-1998) IGJ.

El sector de telefonía, cuya privatización se realizó en noviembre de 1990, redujo a más de la mitad su planta de personal operándose el grueso de la disminución entre 1990 y 1994 pero manteniendo una tendencia homogéneamente decreciente entre 1988 y 1998. Ello responde, en lo sustantivo, al "trabajo sucio" (Abeles, 2001) que realizó el estado consistente en el despido de trabajadores, el incremento de la deuda de la empresa y en el aumento de las tarifas, y, una vez privatizada, las sucesoras privadas (Telefónica de Argentina y Telecom) que continuaron con la dinámica de los despidos y la terciarización de ciertas actividades de la empresa.
La empresa de correo postal disminuye empleos en forma gradual pero con un pico de caída entre 1991 y 1992, luego mantiene la magnitud del empleo hasta la caída de 1997/98 coincidente con la privatización.

La empresa estatal de aeronavegación incorporó empleados en forma gradual hasta 1990 cuando se produjo la privatización y comenzó el proceso de expulsión de personal agudizado entre 1991 y 1993, cuando el índice pasa de 91 a 59 puntos para finalizar en alrededor de los 47 puntos. Puede verse que los despidos se produjeron una vez privatizada la empresa en noviembre de 1990.

El comportamiento de la empresa de aguas y cloacas, privatizada en diciembre de 1992, es diferente debido a lo temprano de la primera reducción que se opera entre 1989/90 e involucra diez puntos del índice, mientras el resto de las empresas aún no había despedido trabajadores en esta magnitud. La reducción es previa a la privatización y la siguiente reducción fuerte se produjo entre 1994 y 1997, posterior a la privatización, cuando el índice muestra una caída del 83 al 42.

El sector de energía eléctrica, cuyo traspaso al sector privado se produjo en julio de 1993, generó la fuerte reducción entre 1992 y 1993 llevando el índice de 86,8 a 50,5. El período de la reducción coincide con la del sector de aeronavegación, pero se mantiene posteriormente la tendencia decreciente aunque con mucho menos intensidad.

Los ferrocarriles que se privatizaron a lo largo de 1992 pierden en los primeros seis años de la serie unos 17 puntos de empleo, mientras que en el bienio 91/93 la reducción es de 60 puntos convirtiéndose en la empresa que expulsó la mayor cantidad de trabajadores en el período inmediatamente anterior a la privatización. De esta manera, a partir de 1993 el nuevo piso de la serie se encuentra alrededor de los 20 puntos.

El sector gasífero hasta 1992 -año en que se privatizó- incorporaba trabajadores, situación coincidente con los sectores de aeronavegación y electricidad. Empero entre 1992 y 1993 se produce una caída del empleo de alrededor de 50 puntos, con lo cual se convierte en la reducción más tardía pero más pronunciada de la serie. Sólo el sector eléctrico muestra una caída similar en tiempo e intensidad.

El índice señala que las empresas de teléfonos, gas, aeronavegación, aguas y correo encuentran luego de 1993 un nuevo rango de variación entre 40 y 60 puntos porcentuales. Paralelamente, el sector eléctrico no alcanza a 40 y ferrocarriles tiene como techo los 20 puntos.

El cuadro Nº 2 muestra en valores absolutos que en 1985 los empleados de las empresas estatales consideradas eran 243.354, en 1998 las empresas privatizadas seleccionadas ocupan 75.770 empleados en total. En 1985 el empleo de las empresas de servicios públicos explicaba 2,33 puntos de la PEA, mientras que hacia 1998 sólo comprendían el 0,1% de la misma. Si bien el porcentaje es reducido en términos de la PEA, en términos del sector del empleo al que se refiere la variación muestra que el empleo actual es 23 veces inferior al empleo que producían.

Cuadro Nº 2. Las empresas de servicios públicos. Volumen de empleo total desagregado por sector de actividad. 1985-1998. (en valores absolutos)

Sector 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Telefonía 47088 46261 46115 46823 45463 43973 40179 37041 34597 31484 30336 27939 23683 22550
Correos 41484 40292 39815 37465 37784 36747 32215 25169 25169 20926 18969 19000 21261 16548
Transp. Aéreo 10561 10323 10283 10372 10791 10900 9613 8325 6235 6359 5708 5223 4857 4802
Agua y cloacas 9652 9494 9448 9496 9370 8400 8400 8099 6438 5118 4069 4204 4363 4336
Energía electric 21745 21134 21702 22251 22809 22451 20778 18883 10976 9707 8805 8053 7210 6837
Transp. Ferrovial 102941 99897 97218 97500 94216 90000 85936 67521 22517 19943 16244 16250 15609 15739
Distr. de gas 9883 9449 9251 9731 10168 10321 10514 10116 5651 5480 5445 5342 5239 4958
Total 243354 236850 233832 233638 230601 222792 207635 175154 111583 99017 89576 86011 82222 75770

Fuente: Informe de la SIGEP (1990) y Balances de las empresas (1991-1998) IGJ.

La estructura porcentual (ver cuadro Nº 3) indica cómo se modificó la composición del empleo por sector de actividad. Así como en 1985 el principal tomador de mano de obra era el transporte ferroviario (con un aporte de más de 42,30%), a partir de 1993 fluctúa alrededor del 20 % del personal, habiéndose incrementado en diez puntos porcentuales el aporte del sector telefónico.

Cuadro Nº 3. Empresas de servicios públicos seleccionadas. Evolución de la estructura porcentual del empleo según sector de actividad. 1985-1998 (en porcentajes)

Sector 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Telefonía 19,35 19,53 19,72 20,04 19,72 19,74 19,35 21,15 31,01 31,80 33,87 32,48 28,80 29,76
Correos 17,05 17,01 17,03 16,04 16,39 16,49 15,52 14,37 22,56 21,13 21,18 22,09 25,86 21,84
Transp. Aéreo 4,34 4,36 4,40 4,44 4,68 4,89 4,63 4,75 5,59 6,42 6,37 6,07 5,91 6,34
Serv. de agua y cloacas 3,97 4,01 4,04 4,06 4,06 3,77 4,05 4,62 5,77 5,17 4,54 4,89 5,31 5,72
Energía eléctrica 8,94 8,94 9,28 9,52 9,89 10,08 10,01 10,78 9,84 9,80 9,83 9,36 8,77 9,02
Transp. Ferrovial 42,30 42,18 41,58 41,73 40,86 40,40 41,39 38,55 20,18 20,14 18,13 18,89 18,98 20,77
Distr. de gas 4,06 3,99 3,96 4,16 4,41 4,63 5,06 5,78 5,06 5,53 6,08 6,21 6,37 6,54
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Informe de la SIGEP (1990) y Balances de las empresas (1991-1998) IGJ.

Los sectores que mantuvieron su participación relativa en el total del empleo fueron energía eléctrica y gas natural. Por lo contrario, y a pesar de que también son sectores expulsores de mano de obra, aumentó la participación del empleo del transporte aéreo, de correos y telégrafos y telefonía, asociado a que los demás sectores despiden trabajadores en mayor proporción.

Cuadro Nº 4. Evolución del empleo de las empresas estatales seleccionadas. 1985-1990 (en valores absolutos y porcentajes)

Años Empleo de las EE.EE.
1985 243.354
1986 236.850
1987 233.832
1988 233.638
1989 230.601
1990 222.792
Variación 1990/1985 % -8,45

Fuente: Elaboración propia basada sobre el Informe de Sigep y a los balances de las empresas.

Cuadro Nº 5. Evolución del empleo de las empresas de servicios públicos seleccionadas. 1993-1998. (en valores absolutos y porcentajes)

Años Empleo de las EE.EE.
1993 111.583
1994 99.017
1995 89.576
1996 86.011
1997 82.222
1998 75.770
Variación 1998/1993 % -32,1
Fuente: Elaboración propia sobre los balances de las empresas.
3.2. La privatización y el desmembramiento de las empresas
En la serie construida, las 7 empresas estatales que se consideraron al inicio del período (ver Anexo)3 se desarticularon en 33 empresas privatizadas al final de la serie bajo la propiedad de un reducido número de grupos económicos y grandes empresas extranjeras. El promedio del personal ocupado por las primeras (7) es de 34.764 personas en 1985 y de 31.827 en 1990 (9% menos), mientras que las 33 segundas ocupan en promedio 3.381 personas en 1993 y 2.296 en 1998, es decir un 32% menos en cinco años y más del 90% menos que sus antecesoras estatales.

La disminución del volumen de empleo se produjo fundamentalmente entre los años 1991 y 1992, que en muchos casos es el período previo a la privatización. Cabe aclarar que las empresas una vez declaradas "sujetas a privatización" pasaron inmediatamente por un período de reestructuración consistente, entre otros, en programas de "racionalización" del personal llevados a cabo por el estado. En casos como Entel (Abeles, 2001) y Metrovías (Memoria y Balance, 1993) dicho proceso fue acompañado también por importantes cambios en las condiciones laborales, como es el incremento en la duración de la jornada de trabajo. En efecto, la reducción al mínimo de los planteles, avalado por las políticas de estado, fue una constante previa a la toma de posesión de las empresas por parte del sector privado. El estado no sólo respaldó la política de expulsión de empleados que conllevó el proceso de privatizaciones, sino también las políticas referidas a tarifas y condiciones laborales posteriores a la privatización de las empresas prestatarias de servicios públicos.

Luego de la gran reducción de empleo operada entre 1991/92 que involucró a más de 100.000 ocupados, el dato de 1993 es el nuevo techo a partir del cual decrece el empleo de las empresas de servicios públicos.

La variación del volumen de empleo 1990/1985 es de -8,45%, la reducción del volumen 1993/1990 es de 49,9% y durante el último período (1998/1993) el empleo disminuyó en un 32,1%. En el trienio 1990-1993 el empleo se redujo, en términos absolutos, de 222.792 a 111.583 puestos de trabajo. Se concluye que el tercer período (que corresponde a las empresas ya privatizadas) se parece más al segundo (al de implementación de las privatizaciones) que al primero (período previo a las privatizaciones), por lo que el proceso de reestructuración de las empresas habría instaurado un régimen progresivamente expulsor de mano de obra (Geldstein, 1997).

Recuérdese que la reducción 1990/1985 del 8,5% es la menos intensa comparada con la de los años siguientes. A juicio de Bonifacio la "fuerte" reducción que se produjo entre los años 1980/1975 había alcanzado el 5%, cifra que se revelaría mínima a la luz de la magnitud de las transformaciones operadas en el empleo estatal de las dos décadas siguientes.

En el cuadro Nº 6 se presenta la información desagregada según el número de empresas privatizadas para cada año.

Cuadro Nº 6. Empresas de servicios públicos seleccionadas. Evolución de la cantidad de puestos de trabajo. 1985-1998 (en valores absolutos).

Año Empresas Estatales
Nº empresas Empresas Privatizadas
Ocupados
Nº empresas Ocupados
1985 7 243.354 0 0
1986 7 236.850 0 0
1987 7 233.832 0 0
1988 7 233.638 0 0
1989 7 230.601 0 0
1990 7 222.792 0 0
1991 4 125.628 4 82.007
1992 1 18.883 32 156.271
1993 1 25.169 32 86.414
1994 1 20.926 32 78.091
1995 1 18.969 32 70.607
1996 1 19.000 32 67.011
1997 1 21.261 32 60.961
1998 0 0 33 75.770

Fuente: Elaboración propia sobre el Informe de la SIGEP y los balances de las empresas.

Existen algunas características del proceso de privatización de las empresas estatales que merecen remarcarse. El proceso implicó la transformación de la empresa original en una nueva, con otra razón social -bajo la forma jurídica de sociedad anónima- pero con menos puestos de trabajo. Es el caso de OSN, Aerolíneas Argentinas y Encotel que pasan a llamarse Aguas Argentinas S.A., Aerolíneas Argentinas S.A. y Correo Argentino S.A.. Las restantes empresas se convirtieron en varias otras de menor envergadura. En cualquiera de los casos poseen un nivel de empleo global mucho menor que su antecesora estatal. Las privatizaciones se realizaron predominantemente entre 1992 y 1993, mientras que la reducción de puestos de trabajo comenzó antes y se mantuvo durante los años siguientes.

3.3. La privatización y el efecto sobre la tasa de desempleo
La fuerte reducción del empleo estatal durante el período 1990-1993 puede analizarse como una de las causas que indujeron el incremento de la tasa de desempleo. En el gráfico Nº 1 se muestra la evolución del volumen del empleo de las empresas estatales en el primer eje y la evolución de la tasa de desocupación en el segundo. Así, la tasa de desempleo crece alrededor de 12 puntos porcentuales entre 1985 y 1995 puesto que pasa de 6 puntos a 18% de la PEA, convirtiendo el techo de la década de 1980 (los ocho puntos) en el piso del desempleo de los años noventa.

Gráfico Nº 1. Evolución de la ocupación de las empresas de servicios públicos seleccionadas y de la tasa de desempleo total del país. 1985-1996

Fuente: Elaboración propia sobre INDEC (1999 y 2000)

En efecto, entre 1993 y 1998 las firmas de los sectores mencionados despidieron a más de 33.000 asalariados, lo cual determinó que al final del período la masa de ocupados por estas empresas representara el 73% de la vigente en 1993. Asimismo, cuando se analiza la evolución del producto bruto generado por las firmas del panel vinculadas con la prestación de electricidad, gas y agua y comunicaciones en términos relativos al comportamiento de la productividad laboral se corrobora que esta última variable se incrementó más que el valor agregado en todos los años del período 1993-1998.

Sin duda, el carácter que asumen estos desempeños permite inferir que durante el decenio de los años noventa el incremento registrado en la productividad laboral de las empresas analizadas ha estado sumamente asociada con la evolución del empleo o, más precisamente, a la dinámica que adoptó la prácticamente sistemática expulsión de asalariados. En dicho contexto, si bien no se dispone de información que permita determinar en cuánto varió la extensión de la jornada de trabajo, cabe concluir que el importante aumento registrado en la productividad de la mano de obra estuvo estrechamente ligado con un ostensible incremento en la intensidad del trabajo.

A partir del notable aumento de la productividad media de la mano de obra ocupada en las principales empresas de servicios públicos privatizadas del país, resulta interesante explorar qué fracciones se han apropiado mayoritariamente de éste. En otras palabras, se intenta precisar si dicho incremento se ha "derramado" con la misma intensidad hacia los distintos "factores de la producción" (capital y trabajo), o si, por lo contrario, ha sido crecientemente apropiado por los empresarios.

En este sentido, en el gráfico Nº 2 se observa que mientras la productividad laboral de estas empresas más que se duplicó entre 1993 y 1998, el superávit bruto de explotación por ocupado (esto es, la parte del producto bruto por obrero que recibe el empresario una vez descontada la masa salarial) se incrementó aproximadamente un 168%, mientras que la masa salarial por ocupado (salario medio) creció apenas un 27% (manteniéndose prácticamente sin variaciones desde 1994). De ello se desprende que una parte mayoritaria del importante incremento registrado en el transcurso del decenio pasado en el rendimiento productivo promedio de los asalariados ocupados en las firmas analizadas fue apropiado por los empresarios.

A este respecto, cuando se consideran exclusivamente los salarios abonados por las empresas bajo estudio y las utilidades empresarias, del trabajo del INDEC se desprende que mientras las últimas crecieron un 86% entre 1993 y 1998, la masa salarial se contrajo un 7% en el mismo período. Como producto de dichos patrones de desenvolvimiento se registró una alteración de consideración en la relación que se establece entre los dos componentes centrales del valor agregado. Así, mientras en 1993 el monto total de utilidades representaba el 73% de la masa salarial abonada por las firmas, en 1998 dicha relación se había incrementado al 146%. En consecuencia, del conjunto de las evidencias empíricas analizadas surge que durante buena parte de la década de los noventa una porción significativa de los ostensibles incrementos registrados en la productividad de la mano de obra empleada en las empresas líderes vinculadas con la prestación de servicios públicos básicos (asociados, cabe enfatizar, con una intensificación en la utilización del "factor trabajo" o, en otros términos, con un aumento en la tasa de explotación de los obreros en actividad) fueron absorbidos casi íntegramente por los empresarios bajo la forma de una importante -y creciente- masa de beneficios.

La tasa de rentabilidad de los sectores de electricidad, gas y agua y comunicaciones, calculada a partir del cociente entre las utilidades y el valor bruto de producción, es en 1993 de un 14,3%, mientras que en 1998 es de 17,2 % (es decir, creció más de un 20%). Por otro lado, la misma variable para el total de las quinientas empresas tiene una magnitud y una evolución diferente: en 1993 es de 9 puntos y en 1998, luego de oscilaciones ascendentes y descendentes, permanece en el mismo valor. Como producto de ello en 1998 las empresas seleccionadas registraron un margen de beneficios que prácticamente duplicó el obtenido por el conjunto de las quinientas empresas líderes.

Naturalmente, el proceso descripto repercutió en la distribución funcional del ingreso al interior de estas empresas. Así, tal como se desprende del gráfico Nº 3, en tan sólo seis años los asalariados perdieron más de 15 puntos porcentuales en su participación del producto bruto total (lo cual equivale a una disminución de casi el 43%), mientras la retribución al capital pasó del 65% en 1993 al 80% en 1998.

La Encuesta Nacional a Grandes Empresas publicó recientemente el corte analítico que diferencia las empresas privatizadas del conjunto de las grandes empresas para el período 1995-1998. Allí puede verse que si bien se trata de un número relativamente reducido de firmas (79, el 15,8% del total), no resulta para nada despreciable su significación relativa en la mayor parte de las variables relevadas en el estudio del INDEC. En efecto, en 1998 las mismas aportaban casi el 30% de la producción generada por las 500 líderes, más de la tercera parte del valor agregado, casi la mitad de las utilidades globales, el 17,7% de la ocupación y el 22,2% de los salarios pagados. "El segmento de las privatizadas ha pasado a ocupar un papel protagónico en el interior de la cúpula empresaria; tal vez no tanto en términos de, por ejemplo su capacidad de generación de empleos pero sí por el hecho de apropiarse de una proporción mayoritaria del excedente económico acumulado por las líderes (se trata de apenas el 16% de las empresas, que dan cuenta de casi la mitad de los beneficios obtenidos por las 500 empresas líderes)" (Azpiazu, 2001).

En función de la información presentada, cabe introducir una somera reflexión en torno de la "validez" -o, más concretamente, del sustento político e ideológico- de uno de los principales argumentos con los que se justificó el programa de reformas estructurales instrumentado en el país a fines de los años noventa. Entonces, se señalaba que la conjunción de la apertura de la economía a los flujos internacionales de bienes y capitales, con la desregulación de ciertas actividades y la privatización de empresas públicas, conllevaría un significativo crecimiento en la productividad de la economía argentina que no tardaría en "derramarse" hacia el conjunto de la sociedad, muy especialmente hacia los sectores de menores recursos. En función de ello, y a partir del conjunto de la información analizada en esta parte del trabajo, cabe indagar acerca de la "validez" de tal afirmación, puesto que en los años noventa lo que parece haberse consolidado, tanto en el nivel de las empresas privatizadas como del conjunto de la economía, es un patrón de funcionamiento económico-social en el que los incrementos registrados en la productividad de los trabajadores han sido "derramados" casi en exclusiva hacia las fracciones más concentradas del capital (bajo la forma de una ingente - y, en el caso de las empresas privatizadas, también creciente- masa de beneficios), mientras que las demandas de los sectores sociales más postergados por las políticas económicas implementadas a lo largo de la década fueron relegadas cada vez más a un segundo plano.

En definitiva, de las evidencias analizadas surge que el acelerado proceso de privatizaciones encarado en la Argentina en el transcurso de los años noventa no sólo tuvo un papel central en la explicación del notable incremento que se registró en la cantidad de personas desocupadas, sino que también constituye un factor clave para comprender los motivos por los cuales en la década pasada se registró un ostensible deterioro en las condiciones laborales de los trabajadores en actividad (que, en el caso particular de las empresas privatizadas, se expresó bajo la forma de mayores niveles de explotación de los trabajadores, fuertes aumentos en la productividad media que no fueron trasladados a salarios y, de resultas de todo lo anterior, una acentuada regresividad en materia de distribución del ingreso).

4. Conclusiones
La reforma del estado estableció la privatización masiva de empresas públicas, unida a la necesidad teórico-discursiva de proteger el empleo en dichas empresas y sus condiciones. Entre las medidas enunciadas estaba la de evitar los efectos negativos de la privatización sobre el empleo, el establecimiento de un plan de emergencia de empleo (consistente en obra pública mano de obra intensiva), etc.

Como pudo observarse en el apartado 3, la política de empleo en el sector de servicios públicos redundó en el desmembramiento de las empresas y en la reducción de los planteles, contribuyendo al incremento de los niveles de desocupación. Unido, la falta de una política de reinversión de los recursos públicos -propios o prestados- destinados a la desvinculación de los empleados produjo su dilapidación con el agravante del deterioro de las condiciones de trabajo imperantes.

La denominada racionalización se dividió en dos etapas diferenciadas. La primera que abarcó el período comprendido entre la decisión política de privatización y el traspaso efectivo de las empresas, tenía como objetivo fundamental la reducción del plantel a fin de llegar en "tiempo" y "forma" a las condiciones estipuladas en los contratos de transferencia. Esta etapa (basada sobre retiros voluntarios) fue implementada por los núcleos directivos de las ex empresas públicas y en la mayoría de los casos, en el marco de importantes acuerdos y negociaciones con las organizaciones sindicales (Gorenstein, 1999). La segunda etapa, posterior a las privatizaciones, continúa los procesos de racionalización pero con el agregado de nuevas tecnologías en algunas áreas de funcionamiento que inducen a menores tasas de empleo.

La secuencia de estas dos etapas hizo que se modificara radicalmente el funcionamiento y las características de los programas de retiro voluntario realizados hasta entonces. La experiencia indicaba que tras haber optado por el retiro era posible volver a insertarse en el mercado de trabajo, en un plazo relativamente corto. Sin embargo, el nuevo esquema de racionalización incluyó el sostenimiento, en el largo plazo, de la dinámica expulsora de mano de obra bajo diversos regímenes. La particularidad de retirarse (in)voluntariamente a principios de la década del noventa era que la economía ya no funcionaba dentro de la lógica del pleno empleo, por lo que los trabajadores desvinculados se encontraron con un largo período de desempleo estructural que abarcó toda la década.

Las reducciones se realizaron bajo la forma de despidos, cesantías, jubilaciones prematuras y "retiros voluntarios". Estos últimos, pagados por el estado argentino, fueron financiados fundamentalmente por el Banco Mundial y explican gran parte de la reducción del empleo público ocurrida entre 1991 y 1993 (los retiros voluntarios representan el 50% del total). Tanto los ingresos derivados de los planes de retiro voluntario como de las indemnizaciones por despidos no fueron objeto de políticas públicas de orientación hacia nuevas inversiones. El resultado fue la utilización de los recursos en el corto plazo para inversiones temporarias o con escasas posibilidades de sobrevivir al período de empobrecimiento que impregnó a las zonas afectadas por las reestructuraciones.

La reestructuración contribuyó a generar en relativamente poco tiempo una masa de desocupados inédita para la economía argentina. En efecto, la tasa de desocupación alcanzó el 18% de los cuales más de dos puntos porcentuales son explicados por la reestructuración de las siete empresas públicas analizadas en este trabajo. La masa de trabajadores desocupados comenzó a actuar estrictamente como ejército de reserva, el que se caracteriza por presionar el salario a la baja y por deteriorar las condiciones de los empleos generados en el resto de la economía.

En los sectores considerados en este trabajo, la productividad del trabajo se incrementó en forma exponencial mientras que el empleo se redujo en términos absolutos. El salario medio aumentó entre 1993 y 1994 como parte de la recuperación que se venía operando respecto de los años 1989 y 1990, pero a partir de allí permaneció estable hasta 1998. Finalmente, el crecimiento de la productividad unido al estancamiento del salario redundó en un incremento de la participación de los empresarios del sector en la apropiación del ingreso en detrimento de los asalariados.

La disminución del empleo unida a los incrementos de productividad se tradujo en ganancias extraordinarias de las empresas, puesto que no redundó en incrementos salariales ni en disminución de las tarifas de los servicios. El aumento de la productividad está basado fuertemente sobre la disminución del personal ocupado antes que sobre el incremento del valor agregado. No se deduce de la información analizada un crecimiento virtuoso de la productividad sino asociado con la reducción de los planteles, la disminución de los salarios (con la consecuente precarización de los trabajadores que perduran), la distribución regresiva del ingreso y el incremento de la tasa de explotación vía un incremento en el margen de explotación de los trabajadores ocupados en esas empresas, asociado con importantes incrementos en la intensidad de la jornada de trabajo.

Este comportamiento refleja un cambio en la dinámica del empleo que generaban las empresas estatales respecto de la que asumen las empresas privatizadas.

La versión doméstica de la reforma del estado ha dejado marcas indelebles en la nueva estructura social: contribuyó a la distribución regresiva del ingreso (a través de las medidas descriptas más el aumento de las tarifas de los servicios públicos), al incremento de las tasas de desempleo y a la profundización de la precarización de las condiciones de trabajo. Una vez más se prueba que la privatización no implica en sí misma el inicio de un camino de crecimiento, éste tiene como indicadores también la capacidad de la economía de promover el ascenso social, consolidar trayectorias ocupacionales calificantes y generar empleo. Por otro lado, toda política macroeconómica es directa o indirectamente política de empleo: si la primera no ampara el impacto sobre la tasa de desocupación mal pueden los programas focalizados resolver el problema.

En efecto, si la tesis en este sentido es que las empresas del estado estaban superpobladas de empleados y era necesario ajustar los niveles de empleo, también es un deber del estado implementar políticas que contrarresten el alto costo social de un incremento explosivo del desempleo en zonas focalizadas. Los países integrados con éxito a la economía internacional son aquellos que han logrado legitimar socialmente sus procesos de reestructuración a partir de la acción del estado y de la incorporación de consideraciones de equidad social en el diseño de las políticas que moldearon sus transiciones.

En definitiva, la política de privatizaciones instrumentada en la Argentina ha tenido un papel central en la explicación de dos de los rasgos característicos que presentó el mercado de trabajo urbano local en el transcurso de la década pasada: un incremento de significación en la tasa de desempleo, en la precarización de la mano de obra ocupada y, de resultas de ello, una creciente regresividad en materia de distribución del ingreso.

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Notas
1 El argumento que remitía a la "ineficiencia" en las prestaciones de los servicios fue utilizado posteriormente como fundamento principal de la política de privatizaciones.

2 El destacado es propio.

3 En el sector eléctrico sólo se consideró a Segba y sus sucesoras privadas, esto es, no se tomaron ni Agua y Energía Eléctrica ni Hidronor debido a las dificultades para establecer continuidades y de acceso a la información.

4 La magnitud de los retiros voluntarios es similar a los registrados en YPF, que redujeron a 20.168 la planta de 45.000 empleados de 1990. Hacia 1994 la empresa sólo tendría 5.000 asalariados, producto de la segmentación de la empresa y de la terciarización de diversas actividades.

5 German Kammerath, siendo titular de la CNC, autorizó al Correo Argentino a imputar como inversión $ 99 millones que se utilizaron para financiar los programas de retiro voluntario. La decisión fue convalidada por el ex juez Adolfo Bagnasco (en un fallo dictado antes de retirarse de la Justicia para dedicarse a la actividad política). Tanto la Dirección Nacional de Inversiones Públicas como la Dirección Nacional de Cuentas y la Auditoría General de la Nación declararon que no se puede imputar como inversión aquello que es claramente un gasto. No obstante, el fallo permite que la concesionaria del grupo Macri dé por cumplidas las obligaciones de inversión por los próximos cinco años sin desembolsar dinero alguno (La Nación, 3/4/2001).