"Una expropiación explícita"

Claudio Katz*

Quizá la principal novedad de las medidas actuales es que en lugar de las típicas transferencias de ingresos de los sectores populares a la clase dominante, esta vez existe una expropiación explícita. No hay disfraz, no hay maquillaje, no hay demagogia, no es un proceso paulatino ni prolongado. Es una confiscación abierta y descarada en cinco planos.

El primero es la confiscación del salario, a través de la devaluación y el consiguiente aumento de los precios: 2,3 % en enero; en febrero el impacto de los combustibles va a acelerar la carestía. Es muy improbable el pronóstico de aumento de los precios de 15 % en todo el año. Seguramente va a estar por encima del doble. Y la expropiación radica en que el gobierno no morigera el impacto inflacionario con instrumentos tradicionales.

Hasta ahora no aplicaron retenciones al agro, no se establecieron controles de precios y, como todos los contratos se van a empezar a ajustar por el nuevo índice CER (coeficiente de estabilización de referencia), pero el salario no, existe una evidente amputación del salario.

La segunda confiscación explícita es de los ahorristas, con sus depósitos ya no sólo inmovilizados, sino ahora pesificados a la paridad 1,40. Algunos estiman que esta expropiación es de unos 23 mil millones de dólares, y obviamente los ahorristas son muy conscientes de esta estafa. Por eso todos los días en la city porteña, indignados, hacen manifestaciones y "escraches".

Pusieron dólares y les van a devolver pesos desvalorizados, y cuánto más prolongado es el cronograma de devolución, más fuerte es el desagio que van a sufrir sus depósitos. Y los certificados que se van a emitir se cotizarían a un 40 a 50 % por debajo del valor original. Por supuesto que se podrían devolver los dólares, intimando a los bancos a que respondan con su patrimonio, intimando a las casas matrices a que pongan el dinero, obligando a una cancelación anticipada de los préstamos de las 100 principales empresas que concentran el grueso de los pasivos.

Si no se hace esto es para favorecer a los bancos, que reciben socorros, redescuentos, auxilios. Y algo más importante: para favorecer a los grandes deudores, porque el dinero inmovilizado sirve para licuar las deudas de las empresas.

Acá tenemos la tercera confiscación: la licuación de pasivos empresarios que solventa todo el pueblo es mucho más explícita que la que se vivió bajo Cavallo, porque los deudores lograron torcer el subsidio inicial, que era la conversión de deuda a 1,40 por encima de los 100 mil dólares, lograron que se pesifique todo a uno por uno y las justificaciones de esta licuación que ha presentado Duhalde son verdaderamente increíbles. Duhalde dice que no se puede discriminar entre grandes y pequeños deudores, como si la situación de un pequeño deudor hipotecario, que va a sufrir el remate de su casa, su auto o su pequeño emprendimiento fuera la misma que la situación de las 40 grandes empresas que componen el grueso de las deudas.

Hay que subrayar que los grupos beneficiarios tienen fondos en el exterior, van a traer los dólares y van a cancelar las deudas por una cifra irrisoria en relación con los dólares que tienen en el exterior. Es falso que se defienda a empresas argentinas. Entre las empresas licuadas están Esso, Repsol, Telefónica. Es falso que sean empresas en mala situación: todas registraron balances con altísima rentabilidad, muchas son exportadoras. Es falso que se defiendan puestos de trabajo: las privatizadas con deudas licuadas despidieron a siete de cada diez empleados de las ex empresas públicas. Así que la licuación es una estafa mayúscula que soporta todo el pueblo.

Hay una cuarta confiscación que también soporta todo el pueblo y es la continuidad del pago de la deuda externa, porque en plena cesación de pagos se están girando fondos a los organismos internacionales, se pagan contratos especiales con los bancos, como por ejemplo el seguro anticorrida, y ahora en el presupuesto del año 2002 se contempla pagar 6 mil millones de dólares de intereses de la deuda externa. La devaluación, que incentivó el Fondo Monetario justamente apunta a aumentar el superávit comercial, para que se generen las divisas que el estado adquirirá para reanudar el pago de la deuda y renegociar el canje de los títulos que había negociado Cavallo.

La quinta y última confiscación de todo el pueblo es el mantenimeinto de los privilegios de las empresas privatizadas, que fueron las grandes favorecidas durante la convertibilidad, muchas de las cuales licuaron sus pasivos con este jubileo estatizador. Y otras compensan la desdolarización de las tarifas recortando inversiones, deteriorando los servicios, no pagando multas, preparando ajustes tarifarios como el del combustible, que recién comienza y va a dar lugar a un cronograma de incrementos de los servicios públicos.

Por lo tanto, la primera conclusión es que estamos presenciando una expropiación abierta, descarada, explícita, de los ingresos populares en favor de la clase dominante a través de la devaluación, del corralito, de la licuación de deudas, de la negociación con el Fondo Monetario y de los beneficios a las empresas privatizadas. La conclusión es que los ganadores son todos los grupos de la clase dominante y los perdedores son todos los sectores populares. Este es un primer pantallazo de lo que estamos viviendo.

En segundo lugar, uno podría preguntarse quién gana y quién pierde posiciones dentro del bloque dominante, porque es evidente que esa gran alianza, que prevaleció entre 1990 y 1995, de todos los grupos de la clase dominante se ha erosionado con cuatro años de crisis y depresión económica. Y en los últimos dos o tres años, es evidente que los bancos y las empresas privatizadas, los grupos dolarizadores que giran divisas al exterior, ganaron posiciones sobre el grupo productivo más devaluacionista y más afectado por la recesión económica.
Con las últimas medidas, este grupo productivo ha recuperado posiciones y este cambio lo simboliza el ascenso de Ignacio de Mendiguren, que ha logrado la implementación de parte de sus reclamos (devaluación y licuación de pasivos). Sin embargo, ninguna de estas medidas ha afectado al grupo opuesto, porque hasta ahora se han descargado todos los costos de las nuevas medidas sobre las espaldas de la población. Y algunos sectores de los otros grupos tienen también sus beneficios de la licuación o la devaluación.

Por lo tanto, hay un pequeño giro de un grupo que gana posiciones con respecto al otro, pero los costos los paga la población. Igualmente, estamos atravesando un momento transitorio. Estamos en la mitad de un cambio importante, porque me parece muy improbable que este equilibrio entre dos grupos logre mantenerse, ya que la continuidad de la recesión impide repartir ganancias como en la primera mitad de los '90. Más bien obliga a distribuir pérdidas y, por lo tanto, cuanto más se prolongue la depresión, más dificultades existirán para preservar las ganancias de todos y mantener unificado al bloque dominante.

Creo que el punto crítico de equilibrio entre los grandes sectores va a ser el colapso fiscal del estado, que me parece la cuestión nodal en el próximo período y que va a tornar imposible cumplir con los salvatajes, las licuaciones que está desarrollando el gobierno actual. Aquí radica la gran diferencia entre la licuación actual y la que hizo Cavallo en 1982. En pleno default, en plena explosión del riesgo país, en plena cesación de pagos, se está incrementando la deuda pública en 20 a 30 mil millones de dólares. Es una factura impagable y los acreedores van a reaccionar contra esta inviabilidad de los rescates.

Las evidencias de esta reacción ya empiezan a verse. Por ejemplo el Fondo Monetario es reticente a refinanciar créditos. Iban a otorgar 15 mil millones, luego 7 mil, luego 2 mil. El ministro Jorge Remes Lenicov volvió de Estados Unidos sin un dólar. El FMI sabe que el presupuesto está dibujado, porque no contempla la licuación de pasivos que está instrumentando el gobierno y, por lo tanto, por más ajustes que se hagan contra el pueblo, me parece que la crisis fiscal va a inviabilizar este plan y va a terminar poniendo un límite a la demora actual en el proceso de cambio de propiedad que subyace a toda esta crisis.

Esta modificación será mucho más importante que la vivida en la primera parte de la década de los '90, y las empresas estadounidenses ya están colocadas en primera línea para apropiarse de grupos nacionales. Por eso vetaron la reforma a la ley de quiebras. Las empresas norteamericanas tienen en la mira quedarse con gran parte del negocio de las privatizaciones que los españoles dominaron durante la década pasada. Este panorama de disputas se va a intensificar y probablemente se procese a través del desarrollo de una crisis mayor, que puede tener un desemboque inflacionario y que puede coexistir también, en algún momento, con una dolarización de la economía.

La crisis es la más profunda de la historia del país: después de cuatro años de depresión se espera una caída del producto bruto del 9 % en 2002. Sólo en economías que atravesaron situaciones de guerra se vivió un desastre como el actual, a través de ajustes recesivos que en el corto plazo el gobierno agrava con políticas recesivas de "corralito" y restricción monetaria.

Es una crisis muy profunda que ciertamente obedece al modelo neoliberal, es decir a las privatizaciones, a la apertura, a la desregulación, pero que tiene también dos grandes condicionantes objetivos. En primer lugar, la inserción periférica del país, que determina los puntos de contacto entre la crisis argentina y otras crisis periféricas (como las de México, el Brasil, Rusia, Corea, Ecuador). Es indudable que la Argentina se encuentra entre los países dependientes que está sufriendo el efecto polarizante de ingresos que provoca el avance de la mundialización.

El segundo condicionante es un cuadro muy convulsivo en la situación del capitalismo mundial. La fase de triunfalismo neoliberal se está disipando y ahora existe un clima de incertidumbre con el escándalo Enron, que hace dudar de la rentabilidad real de las empresas estadounidenses. Este episodio aparece en un contexto de recesión global sincronizada y centrada en la crisis de sobreinversión en Estados Unidos que Europa no compensa y que el Japón agrava con su depresión de una década. El cuadro prevaleciente está signado por la inminencia de nuevas guerras y un marco de militarización general. Este marco acentúa la crisis económica argentina, porque es el resultado de tres procesos combinados: los desequilibrios del modelo neoliberal, los padecimientos de los países periféricos y la coyuntura convulsiva mundial del sistema capitalista.

Afortunadamente, esta vez podemos discutir opciones en una nueva situación política del país, signada por la gran sublevación popular, que derrocó a dos presidentes y que se caracteriza por una convergencia inédita de desocupados, obreros, piqueteros, con la clase media cacerolera, en un contexto de organización en asambleas populares que se extienden y radicalizan. Y lo más importante para nosotros, es que estos organismos comienzan a ofrecer propuestas económicas. Porque las asambleas populares de los barrios están empezando a brindar verdaderas lecciones de economía. Enseñan cómo se puede modificar el dominio tradicional de los economistas televisivos de la clase dominante a través de una discusión seria, racional y democrática, donde participa la población y donde comienzan a generarse propuestas basadas sobre un principio: qué el ajuste y los costos de la crisis, esta vez lo paguen los banqueros y los empresarios.

A partir de este criterio comienzan a aparecer opciones muy interesantes de indexación salarial y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, propuestas no sólo de devolución de ahorros a los depositantes, sino de nacionalización de los bancos. Esta iniciativa es interesente, porque permite avizorar una alternativa frente al inminente proceso de concentración y extranjerización que se avecina en el sector bancario. La nacionalización es una alternativa de creación de un sistema crediticio orientado realmente a las necesidades productivas de la nación.

En las asambleas predomina un no rotundo a la licuación de deudas empresarias y se plantea una opción: que las grandes empresas paguen, que precancelen créditos y que paguen efectivamente impuestos. También se discute el punto clave de la crisis argentina, que es el no pago de la deuda. No una renegociación de pagos, sino el no pago, la moratoria, el desconocimiento. Cualquiera sea la modalidad lo importante es no negociar más con el Fondo Monetario y, a partir de esta ruptura, discutir soberanamente en las instituciones argentinas, cómo elaboramos un presupuesto real, democrático, popular, que jerarquice la educación, la salud y termine con el sistema perverso de la jubilación privada. Es decir, que discuta las prioridades de la Nación, con el pueblo y sin la injerencia de los funcionarios del Fondo Monetario.

En las asambleas, por último, está apareciendo una indispensable iniciativa de reestatización de las empresas privatizadas. Esta propuesta surge de la experiencia, es decir de la imposibilidad de sentarse a discutir con estas empresas marcos regulatorios y tarifas, porque el lobby que ejercen ante cualquier discusión inviabiliza la posibilidad de implementar alguna tarifa social y reducida. Estas tarifas son vitales para revertir la pérdida de recursos que sufre el país y para recuperar el manejo soberano de las empresas estratégicas.

Por lo tanto, discutir opciones en las asambleas presenta la ventaja de que, por primera vez en mucho tiempo, ya no se limita el debate a un intercambio puramente intelectual de lo que se me ocurre a mí, a mi colega o de lo que presenta una asociación de economistas. Por eso aparece la posibilidad de elaborar el "plan coherente y sustentable" que todos los economistas reclaman, pero que nunca han podido instrumentar. Ese plan empieza a germinar en los debates populares, donde hay elaboración colectiva, participación de los vecinos y donde la población se imagina como artífice de un proyecto económico nuevo y superador de la decadencia del país. Ahí está surgiendo la nueva opción económica y yo apuesto a un futuro construido a partir de esa experiencia popular.

Comenzando el debate, convendría aclarar que la población movilizada en asambleas populares y piquetes ya está comprendiendo procesos que muchos economistas no logran entender. Estos profesionales siguen utilizando un lenguaje fetichista y hablan del "mercado", la "comunidad" o de distintas "políticas económicas", sin referirse a la confrontación entre grupos sociales que subyace en el curso de la vida económica real.

No se dan cuenta de que existen grupos que ejercen su dominación a través de la propiedad privada y del estado. Esta realidad es captada por vecinos y asambleístas que notan cómo detrás de cada medida económica hay un grupo social beneficiario y un grupo social perjudicado.

Un primer ejemplo es la devaluación, que no fue neutra. Tampoco fue natural, ni menos aún un destino inevitable. Es una medida que favorece al Fondo Monetario, a los exportadores y que afecta a los trabajadores y al conjunto de la población. Tampoco la dolarización era una simple obstinación de Cavallo. Constituía una política destinada a favorecer a los grupos privatizados y afectaba al conjunto de la población.

Y el "corralito" es otro ejemplo, porque fue un socorro para los sectores bancarios a costa de los ahorristas. Como en la Argentina, al igual que cualquier otro país, no existe la "soberanía del consumidor", ni la "libre elección del ahorrista", no fue el pequeño depositante quién decidió si se quedaba o no con sus ahorros congelados. Porque antes del corralito, en pocos meses se fueron 20 mil millones de dólares del país. Y el pequeño ahorrista, no tuvo la posibilidad de sacar su dinero porque no tiene ni el conocimiento, ni la información que detentan los que fugaron sus capitales.

Otro ejemplo de los intereses sociales que subyacen en la crisis actual es la licuación que no favorece a todos, sino solo a los grandes deudores. Esta vez, a diferencia del '82, la información sobre este proceso es muy nítida, es abundante y contundente. Los tres principales beneficiarios de la licuación son Pérez Companc, Repsol YPF y Techint, no los pequeños deudores, que van a perder como los ahorristas. Y por eso hacen un frente y luchan juntos, ya que perciben los intereses en común que tienen.

Es otra fantasía creer que el pequeño ahorrista lucraba con las altas tasas de interés. Lo que vamos conociendo de los miles y miles de ahorristas es que muchos fueron despedidos, se quedaron sin nada y depositaron sus indemnizaciones como un recurso de subsistencia. No estaban especulando, no formaban parte de esa imaginaria "clase media en Miami" que "gozaba de la convertibilidad". Este retrato es una fantasía neoliberal.

Nosotros vivimos en el país de la pobreza, de la desocupación, de la clase media destruida. Y me alegro de que esa clase media le grite ahora a los bancos: señores ustedes son "chorros".

Me alegro de que esta vez la clase media perciba quién le roba. No es Duhalde, no es De la Rúa. Ellos son servidores, son instrumentos de los banqueros, de los grandes licuadores, que la población detecta y denuncia. Por eso estamos viviendo un período de ruptura de los prejuicios, porque los caceroleros saben que sus intereses son coincidentes con los piqueteros. Comienzan a comprender esta realidad. Se dan cuenta de quién es su enemigo y quién es su aliado.

Para participar de este proceso hay que percibir las transformaciones que se están produciendo en el país. Y sobre todo, hay que poner fin a la creación de enemigos fantasma. El CEMA y los dolarizadores son tan nefastos para el país como los devaluacionistas y De Mendiguren, porque el dinero de la población, que obtenían los dolarizadores a través del tipo de cambio fijo, ahora lo expropian los amigos del ministro de Industria y las empresas exportadoras, a través de la devaluación y la carestía. Son dos variantes de una misma política que favorece a sectores del mismo grupo social capitalista.

Aclaro además que me opongo tanto a la devaluación como a la dolarización. Pero como en las asambleas de los barrios, cuestiono discutir el problema económico argentino a partir de estas dos opciones. Es un falso dilema. Durante años se dijo que el problema argentino era la inflación, la inestabilidad cambiaria y, por lo tanto, que la convertibilidad era la solución. Ahora cambió el discurso y se atribuyen todos los males al tipo de cambio fijo y a la pérdida de competitividad para justificar una devaluación, que solventa el pueblo a través de la carestía.
Para mí es evidente que detrás de la divergencia cambiaria existen intereses diferentes de los grupos dominantes. Algunos se favorecen con la devaluación (exportadores) y otros con la dolarización. Pero como creo que tenemos que discutir economía desde el punto de vista de los intereses populares, lo primero que tenemos que preguntarnos no es si la solución es la devaluación o la dolarización, sino por qué razón ambas medidas producen un deterioro del nivel de vida del pueblo. Y como ambas medidas provocan este efecto, en la mayoría de las asambleas populares se discute el rechazo a las dos iniciativas.

Esta oposición a dolarizar y a devaluar parte también del hecho de que la crisis argentina no obedece a la convertibilidad, sino a la inserción dependiente del país y a las convulsiones del mercado capitalista. Y la alternativa debe tener en cuenta estos tres problemas, no sólo la convertibilidad, que fue una modalidad de la política neoliberal y sólo una de estas variantes. Porque Brasil devaluó, México devaluó, Ecuador devaluó y dolarizó y también aplicaron políticas neoliberales. Ahora está de moda decir que el fantasma es la dolarización, pero todos los países que devaluaron produjeron una brutal transferencia de ingresos de los sectores empobrecidos del pueblo a favor de las clases dominantes.

Lo importante es rechazar esta falsa alternativa y atacar los verdaderos problemas del país. Yo sugerí cuáles son las vías de un plan alternativo. Por ejemplo, en vez de devaluar, aumentar los salarios. En vez de favorecer a los grupos exportadores, colocarles un impuesto. En vez de potenciar esta escalada de carestía, limitar el aumento de precios. Podemos discutir en detalle un programa alternativo, cuya política cambiaria sería un problema secundario respecto de otras cinco prioridades: 1. mejorar el poder adquisitivo; 2. nacionalizar los bancos; 3. rechazar la licuación e imponer un sistema impositivo serio sobre las grandes empresas; 4. reestatizar las empresas privatizadas; y 5. cesar el pago de la deuda externa.

A partir de allí se puede discutir, en un segundo nivel, la política cambiaria que se adecuaría al desarrollo de un nuevo plan económico. Es perfectamente factible conseguir una opción sin este chantaje de devaluar o dolarizar.

En segundo término, para recrear la confianza del ahorrista en el sistema financiero, obviamente tendría que crearse otro sistema. Me parece que la mejor vía para ir pensando en un cambio es imaginar una nacionalización del sistema bancario, que permita orientar la política crediticia en función de las prioridades nacionales. Y esto no es estatizar los bancos con indemnizaciones, repitiendo la experiencia de México y de la Argentina, donde el estado absorbe empresas quebradas como se discute hoy con el Banco de Galicia. Este tipo de estatizaciones aumentan la deuda pública y se traducen en recortes presupuestarios, ajustes, deterioro de la educación, pérdida de derechos en la sanidad y la vida social.

Hay que pensar en una nacionalización de la banca cuyo punto de partida no sea el rescate por parte del estado de los bancos en quiebra, sino la confiscación de las propiedades, patrimonios y empresas asociadas de los grandes grupos privados bancarios del país. No transferencia de pobres a ricos, sino transferencia de ricos a pobres.

"Reclamos antagónicos"
Diego Herrero**
Es importante discutir cómo se ha llegado hasta aquí, para saber en qué medida las medidas que se han tomado fueron inevitables o fruto de presiones sectoriales. Esto me parece importante porque hay gente que dice que devaluar fue un error y que muchas medidas tomadas se pudieron evitar. En realidad, las medidas fueron una respuesta improvisada, porque la emergencia golpeó a los sucesivos gobiernos, como resultado del colapso de la convertibilidad. Había como un tabú en la economía de no poder hablar de la salida de ese régimen y Domingo Cavallo tenía una fijación, casi patológica, con la convertibilidad; para él era un fin en sí mismo y no dudó en destruir el sistema productivo, bancario o el tejido social, con el fin de perseverar en ella.

Entre las medidas más importantes de este plan, si así se lo puede llamar, figura el default. Evidentemente, no se puede vivir de prestado, y el plan de convertibilidad era un sistema que para mantenerse necesitaba del endeudamiento. Si antes del megacanje no estábamos en un sendero de insolvencia, al convalidar "tasas ruinosas" (palabras de Cavallo), indudablemente nos puso en una situación de insolvencia a largo plazo, con lo cual llegamos a un punto en el cual desde el Financial Times pedían que se declarase el default.

Otra cosa demostrada fue que los libros de texto tenían razón. Si un país baja el gasto y la demanda agregada, profundiza la recesión y disminuye la recaudación tributaria, por lo cual si insiste con obtener déficit cero realimenta el círculo vicioso. Si la economía sigue encogiéndose la relación deuda/producto crecerá de todas formas. En este sentido, el problema no es el déficit, sino la recesión que lo provoca. Pero el problema estaba planteado desde el otro lado.

Esta tozudez por pagar hasta último momento las obligaciones de la deuda significó una brutal transferencia de ingresos a los tenedores de bonos, que debería haberse interrumpido mucho antes, así como la salida de capitales. Finalmente, con respecto a la devaluación, no fue una decisión del gobierno de Duhalde. El 3 de diciembre el gobierno, único oferente de dólares a un peso, dejó de ofrecerlos. En consecuencia, la convertibilidad se acabó.

Lo triste es que el estado dilapidó sus reservas vendiéndolas barato, ya que el tipo de cambio real estaba apreciado. Y cuando se tuvo que devaluar, se contaba sólo con 14 mil millones de dólares de reserva, de los cuales nada más que 5 mil eran de libre disponibilidad. No sólo se perdieron 20 mil millones de dólares de reservas: los 5 mil millones que llegaron del FMI también se fueron en su totalidad.

A quienes creen que se pudo haber evitado la devaluación y rechazan la dolarización, les pregunto si creen que la convertibilidad es una opción y ¿quién hubiera vendido dólares a 1 peso para mantenerla? El estado lo hizo hasta que no pudo más.

En consecuencia los grandes ganadores fueron los que fugaron dólares y cobraron los bonos hasta último momento. Por eso más que hablar de ganadores y perdedores se debe hablar de cómo se reparten las pérdidas del modelo anterior y su colapso ya que los dólares fugados no van a volver.

Antes del 3 de diciembre se discutía mucho sobre si la salida era devaluar o dolarizar. Estas opciones eran un falso dilema. Las únicas dos opciones para corregir el problema del tipo de cambio eran la deflación o la devaluación.

El tipo de cambio real puede definirse como el producto entre el tipo de cambio nominal (dólares por peso) y los precios externos divididos los precios locales. Como los precios externos no son una variable endógena, las únicas dos opciones eran depreciar la moneda o reducir los precios locales. La deflación era el camino de la convertibilidad. Los últimos cuatro años fueron un círculo vicioso de caída de los precios, luego de los salarios (que disminuían la demanda agregada), y nuevamente los precios en un proceso lento, muy doloroso y no coordinado. Por ejemplo, para llevar el tipo de cambio a 1,40 pesos por dólar, con una deflación de uno por ciento anual, se precisan 34 años. Para llegar a un dólar de dos pesos, unos 69 años. Ese camino era imposible. En cambio, el ajuste de los precios relativos vía flotación de la moneda permite lograr una mejora en la competitividad, que es una condición necesaria -aunque no suficiente- para permitir aumentar el empleo. La recuperación de la moneda es un camino que se debió haber seguido mucho antes, con 33 mil millones de dólares de reserva, sin recesión, etcétera.

Por otra parte, el tabú tan grande que había con respecto a la devaluación se explicaba por sus enormes costos, cuyas consecuencias estamos viviendo ahora. Sin embargo, esos costos serían pagados aun sin devaluación. Los agentes de todas maneras no iban a poder afrontar sus contratos en dólares. ¿Por qué? El camino de la deflación significa una baja en los ingresos reales de los agentes (salarios y otros) por lo que tampoco iban a poder hacer frente a sus compromisos.

Con respecto al "corralito", lo perverso fue no haber actuado antes, cuando los bancos agotaron sus reservas; las opciones eran hacerlos quebrar o imponer esas restricciones. Por supuesto que los argumentos que daba Pedro Pou para concentrar y extranjerizar la banca demostraron ser completamente falsos, porque ningún banco extranjero trajo sus dólares, y tampoco se los podría obligar porque, salvo uno, todos son sociedades anónimas argentinas que no dudarían en quebrar y volverse a sus países. También hay que puntualizar que la plata, más allá de las actitudes de los bancos, fue retirada fundamentalmente por los depositantes. Esta fue la crisis más lenta de la historia. Hubo como diez meses de corrida bancaria despaciosa.

La primera medida de este gobierno fue reconocer ese estado de cosas, devaluar, endurecer el "corralito". La segunda fue desdolarizar e indexar. La tercera fue subsidiar con 40 centavos por dólar al sistema bancario (hablo del conjunto de acreedores, deudores e intermediarios). No hubo subsidios adicionales para los cada vez más numerosos desocupados e indigentes, que habían recibido un apoyo muy fuerte a través de la consulta popular que llevó a cabo el Frente Nacional contra la Pobreza. En cambio, se cedió, por debilidad o connivencia, en muchas negociaciones sectoriales.

Mi visión política es que lamentablemente se les teme más a las cacerolas que a los piqueteros. Prueba de ello es que a De la Rúa lo volteó la clase media y no los saqueos a supermercados. Creo que las cacerolas se disputan con las grandes empresas el favor de este gobierno y los desocupados ni siquiera participan de esa disputa. A pesar de que parece una estrategia inteligente por parte de los piqueteros no confrontar con la clase media, ya que en muchos reclamos tienen objetivos comunes, la verdad es que, contra lo que dicen los cantos populares, piquete y cacerolas, la lucha no es una sola. Y las medidas que ha tomado este gobierno lo dejan muy en claro.

Por otro lado, el reclamo de la clase media es esquizofrénico. Que en un mismo reclamo se junten deudores que piden la pesificación de sus deudas sin indexación, con acreedores que piden dólares billete, y que salgan a reclamarle juntos al estado, sin reconocer que sus reclamos son completamente antagónicos, es un elemento importante para caracterizar el movimiento de las cacerolas. Por otra parte, se trata de la misma clase media que luego de las privatizaciones, la corrupción, la ampliación de la corte y ante el hambre de los desocupados votó en 1995 a Menem para continuar con la "plata dulce II".

A quienes creen que los deudores y los acreedores tienen un reclamo común, les pregunto ¿quién va a poner el peso de diferencia por dólar? Mucho me temo que, si eso fuera posible, no sería otro que el estado, reduciendo aún más sus posibilidades de brindar la urgente ayuda social que se precisa.

En cuanto al análisis entre ganadores y perdedores, hay que distinguir dos planos. El primero es la distribución de la riqueza, de los stocks. En el segundo hay que tener el cuenta la distribución de los ingresos, los flujos que se darán en la nueva coyuntura. Me quiero referir primero al sistema financiero en su conjunto. Creo que la solución para sus tres actores -deudores, acreedores e intermediarios- debe regularla el estado pero sin involucrarse patrimonialmente, es decir, absteniéndose de hacer aportes financieros a ninguno de los 3 grupos.
Intentar mantener los contratos en dólares demostraría la obvia imposibilidad de los deudores de pagar sus deudas. Cualquiera que haya pedido una hipoteca, no creo que haya duplicado sus ingresos. Lo mismo cabe decir para las empresas. Después de 44 meses de recesión, en su gran mayoría ni siquiera pueden devolver los créditos en pesos. Por supuesto que están las excepciones de las empresas con superrentas. Pero el problema son justamente esas super rentas, y la solución pasa por corregir esos contratos de concesión y regular adecuadamente los monopolios. Si los exportadores son los grandes ganadores deben aplicárseles retenciones.

Con su política el gobierno hace que los bancos ganen porque se impide que quiebren. Primero, por que sufren una corrida sistémica, y sabemos que los problemas de liquidez de una entidad pueden terminar en problemas de solvencia, y el estado les ha puesto el "corralito" para evitar intervenirlos. Segundo, sus deudores en dólares se han vuelto insolventes, por lo que la pesificación también les ha evitado quebrar. Ganan, por otro lado, por la bancarización forzada, que les otorga una masa de clientes cautivos. Un caso muy interesante es el de la devolución del IVA. Se devuelve el 4,13 % de las compras con tarjetas de débito, pero las compras con tarjeta de débito les cuestan a los vendedores 3 puntos que cobra el banco. En definitiva el estado resigna cobro de IVA para que los bancos cobren una comisión de similar monto.

Los acreedores depositaron dólares a cambio de una promesa de pago, obteniendo tasas nominales muy altas, que a su vez, por la deflación, determinaban tasas reales aún mayores. O sea, tenían ingresos muy altos, a la vez que veían que la economía se derrumbaba. Si bien es de lamentar lo que ocurrió, quiero poner de manifiesto que en ningún lado es posible sostener un sistema financiero en el que se pagan tasas exorbitantes mientras la economía se destruye. Por ello iba a ser muy difícil la posibilidad de que pudieran cumplirse esas promesas, y menos aún si muchos de los acreedores más informados no compartieron las pérdidas, ya que pudieron cobrar todo y fugarlo antes.

Yo no hablaría de expropiación, al contrario. A pesar de sufrir la reprogramación, creo que son premiados con un 40 % de poder adquisitivo que el estado les regala. Lo cierto es que una persona que tuviese un plazo fijo de mil dólares en noviembre, que podía comprar una canasta de bienes de mil pesos ese mes, le van a devolver 1.400 pesos más todo lo que haya aumentado la inflación vía CER. En principio, puede comprar los mismos bienes, más un 40 por ciento.

Los ahorristas querrían obtener una mayor ganancia de poder adquisitivo, como la que obtuvieron los que retiraron dólares antes, pero si cobran no está nada mal considerando que son acreedores de un sistema quebrado. Por su parte, los deudores no bancarios se sienten discriminados al no obtener este subsidio del estado. Con respecto a los acreedores en pesos, su riqueza no se altera y en el futuro deben asegurarse de contratar tasas de interés real positivas para no perder poder adquisitivo.

En cuanto a los recursos de amparo, cada persona que logra sacar sus dólares del banco, reduce las posibilidades del resto de los depositantes de cobrar, de la misma manera que los que retiraron sus fondos en noviembre redujeron la posibilidad de cobrar de los que quedaron en el "corralito". En consecuencia, creo que cada medida judicial que modifique la situación actual debería beneficiar al grupo que quedó en el "corralito" en su conjunto.

También quiero señalar que las medidas de desdolarización tienen un antecedente directo en la gran depresión de Estados Unidos de los años '30

El caso argentino es ahora bastante parecido, con la diferencia de que pasaron 70 años y la mayoría de las economías del mundo aprendieron la lección. En los '30, cuando se profundizaba la recesión, el gobierno reducía el gasto y la situación empeoraba. Las políticas keynesianas les permitieron salir y parece que nosotros NO aprendimos la lección.

En aquel momento, el dólar estadounidense era convertible al oro. En 1933 Franklin Roosevelt sacó el dólar de ese esquema, devaluó la moneda y quitó las cláusulas de pago en oro de los contratos, obligando a pagarlas en dólares a la paridad anterior. La Corte Suprema de Estados Unidos convalidó la medida, sobre la base de que los acreedores no habían perdido poder de compra.

En la Argentina del 2002, a los deudores se les pesificó e indexó la deuda, pero no están conformes. Creo que los deudores habían vendido su alma al diablo y se los ha salvado. Pero tienen el justo temor de que continúen cayendo sus ingresos (ahora vía inflación) y no puedan afrontar las cuotas ya que al mantenerle el poder adquisitivo -vía CER- no se las licúan. (En cambio a los acreedores les regalan 40 centavos de poder de compra y les actualizan sus acreencias.) Sí se benefician los más pequeños, los que pagaban las tasas más altas, porque se fija una tasa de interés de 4% para todas las personas físicas y de 7% para todas las empresas.
Con respecto a la discusión sobre las grandes empresas, la pesificación no es una medida que haya sido tomada para distribuir ingresos. Fue una medida para adecuar las posibilidades de pago de los deudores al nuevo tipo de cambio. Por eso creo que si los exportadores se benefician con la devaluación, hay que gravar las exportaciones. Si hay concesiones públicas que son una vergüenza por sus ganancias y rentas extraordinarias, la solución no está en la pesificación o en la ausencia de ella, sino en eliminar esas concesiones.

En consecuencia, creo que la solución no era cortar por tamaño, porque así como hay empresas que se endeudaron para fugar los dólares, hay otras que lo hicieron para invertir en activos físicos en el país. Creo que en las actuales circunstancias, con un estado que ha sido devastado, no es conveniente por razones de información, operativas y de transparencia la pesificación selectiva en la que algún funcionario decida una por una a qué empresa se va a beneficiar y a cuál no.

Creo que los desocupados son los que más han perdido y, como la ayuda social no aumentó, son los que más sufren la recesión, ya que el estado tiene crecientes dificultades para asistirlos. En el presupuesto, la ayuda en pesos se mantiene y los desocupados ven estupefactos cómo el gobierno gasta 23 mil millones de pesos para ayudar al sistema bancario.

Con respecto a los trabajadores, las perspectivas no son buenas. Estas medidas tampoco están dirigidas al tremendo empeoramiento de la desigualdad de los últimos 25 años, en estas circunstancias, ningún plan podría revertir a corto plazo esa tendencia. Lo que sí creo es que con un tipo de cambio competitivo es posible que en una familia, aun cuando alguno de sus miembros gane mucho menos en dólares y disminuya su poder de compra por la inflación, tal vez algún otro miembro pueda volver a estar ocupado, si es que la mejora en el tipo de cambio permite sustituir algunas importaciones o exportar más. En este sentido, la expectativa positiva sería la de que aumentara la masa salarial. No es algo muy bueno. Se precisa que el dólar baje antes que arrastre a la inflación. Es una visión optimista, que no quiero que parezca ingenua.

Si las posibilidades de éxito son escasas, esto se debe al grado de deterioro al que nos ha llevado el modelo anterior. Por eso sería muy irónico que, si las medidas que se está intentado llevar a la práctica fracasan, termináramos en un sistema de tipo de cambio fijo, como el que nos llevó a este desastre, pero en vez de ser a través de una caja de conversión, fuera a través de la dolarización.

Yo sigo rescatando la propuesta de Ricardo Hausman de octubre del año pasado. La política que ha llevado a cabo este gobierno se aparta en dos cosas fundamentales del plan de Hausman. Primero, no pesifica la deuda externa, que sería una manera rápida y elegante de hacer una quita. Por otra parte, hay muchos argumentos para explicar porqué es más adecuado hacer una quita mayor a los acreedores externos que a los internos, aunque hasta ahora se ha hecho lo contrario. La segunda diferencia son los 40 centavos por dólar que le regala el estado al sistema financiero.

El plan que me hubiera gustado es la propuesta de Ricardo Hausman a la que le agregaría retenciones a las petroleras y también (tal vez con una alícuota menor) al agro, para que esos fondos vayan a financiar planes de ayuda a los más desamparados.

En tiempos de confusión, decía Arturo Jauretche, hay que ver lo que hace el enemigo y ubicarse en la vereda contraria. Me parece que estamos ante uno de esos casos. Yo quiero ponerme enfrente de los economistas del CEMA, que nos llevaron a este desastre, al igual que Menem y los intereses que representa, que son los bancos y las privatizadas. Además de no tener la dignidad de callarse la boca, hacen campaña por la dolarización.

Hoy Joaquín Cottani, de Lehman Brothers, dijo que la Argentina necesita la dolarización, y que con eso se podrían devolver los depósitos en dólares, lo que es una gran mentira, pero nos demuestra quiénes son los que hacen campaña por la dolarización. En este sentido celebro el abandono del sistema colonial que teníamos, de caja de conversión con la moneda de la metrópoli y el intento de construir una moneda propia, que seguramente no pueda ser tan fuerte como el dólar, pero que al fluctuar según nuestras necesidades, podría servir a nuestros intereses.

La dolarización no es una alternativa válida, ya que quedó desacreditada en el mundo. Menos aún en un país que sufrió la nefasta experiencia de otro hard peg con la convertibilidad. Incluso los defensores de la convertibilidad han abandonado sus posturas, entre ellos, los estadounidenses Meltzer y Lerrick. Luego del desastre al que nos llevó la convertibilidad no podemos pensar en llevarla al extremo con la dolarización. El fracaso de la convertibilidad quedó de manifiesto no en diciembre de 2001, ni en 1998 al comenzar la depresión, sino en 1993/1994 cuando el desempleo llegó a dos dígitos. Como dijo Joseph Stiglitz en la UBA una economía con dos dígitos de desempleo no está funcionando bien.

Quiero hacer mención al caso de Liberia, un país que dolarizó y que inmediatamente empezó a emitir bonos (como nuestros Patacones y Lecop), reemplazando en la circulación a los dólares. Es decir, que la dolarización no tuvo ningún sentido.

Esta semana en un artículo en Página/12 Julio Nudler menciona que la dolarización convertiría a la Argentina en una simple provincia monetaria del imperio. Yo creo que ni siquiera eso, porque -amén de no constituir un área monetaria óptima con los Estados Unidos- ese país no jugaría el papel de prestamista de última instancia, ni consideraría nuestra situación al fijar su política monetaria. También son inadecuadas las comparaciones que se hacen con la Unión Europea, cuyos países comparten una moneda común porque, además de lo dicho, los europeos tienen políticas compensadoras y libre circulación de las personas.

Afortunadamente para el país, se les debe dar una mala noticia a los dolarizadores y los argentinos que ansían que seamos colonia: los Estados Unidos no quieren tener colonias, quieren seguir como están por lo que no han alentado una dolarización acordada.

En lo personal, quiero tener un país normal, con moneda propia, y con un tipo de cambio que nos permita producir. Estoy a favor de un tipo de cambio flexible que le permita al país absorber los shocks adversos sobre su moneda y no sobre su nivel de actividad, porque mucho peor que no poder comprar baratas cosas importadas es mantener el mismo tipo de cambio y dejar a miles de personas en la calle.

"Desarticular el esquema de los sectores dominantes"
Juan Carlos Junio***
Suele decirse que el sistema financiero es el sistema nervioso de la economía, ya que allí se concentran las definiciones trascendentes para el conjunto de la economía de un país.

La dictadura instaurada en 1976 significó el momento de mayor virulencia política en función de la implantación de la variante neoliberal del sistema capitalista que imponía el poder hegemónico en buena parte del planeta.

Junto a la aplicación de una política sistemática de genocidio y violación de los derechos humanos fundamentales, los cerebros del modelo definieron realizar una transformación profunda en la estructura bancaria del país.

A partir de la ley de Entidades Financieras de 1977 se reformula la esencia misma del sistema, traduciéndose en su articulado la concepción de la actividad financiera como objeto de lucro, guiada por el criterio exclusivo del libre mercado.

Desde allí se genera un viraje decisivo, a partir del cual se pasa de un sistema vinculado con la producción en dirección a otro de carácter especulativo. Las tasas de interés mutan de negativas a positivas, generándose así un largo proceso de transferencia de riqueza desde los sectores productivos a los grandes inversores financieros.

En 1991 definíamos en la "Memoria y Balance del Banco Credicoop C.L. que "el perfil productivo, junto a la política de privatizaciones y desregulación procura profundizar un proceso de fuerte concentración económica y desnacionalización en un extremo, y una marginación de amplios sectores de la sociedad en el otro. Se avecina un período de desaparición de pequeñas y medianas empresas en el sistema financiero, achicamiento y reducción de los puestos de trabajo, fundado en una suerte de destrucción creativa que no hace más que consagrar un darwinismo inhumano que habrá de legitimar una amplia marginación social. Se trata, en consecuencia, de un modelo que recorta seriamente la soberanía nacional y con características fuertemente regresivas en sus aspectos sociales".

Esa era nuestra opinión en 1991 que, por supuesto, iba contra la corriente mayoritaria formada por las "consultoras especializadas" con su staff de cuadros de "alto nivel", los intelectuales que "comprendían" el cambio y los nuevos tiempos, con novedosas doctrinas funcionales al modelo y organizaciones políticas que también se vieron fuertemente influidas por el huracán ideológico del liberalismo. En definitiva, el modelo había generado importantes expectativas sobre los beneficios que se iban a generar para la sociedad y la población.

En cuanto al tema de los ganadores y perdedores, el Presidente Duhalde, cuando asumió señaló enfáticamente que el problema de fondo de la Argentina era la existencia de un modelo agotado, perimido, y que se trataba de cambiarlo. La primera afirmación que hay que hacer a dos meses de instalado este gobierno es que no advertimos ninguna alteración en lo sustancial del modelo neoliberal implantado hace décadas.

Lo que sí creo es que se ha dado el predominio de otra fracción del poder económico, en el marco del poder dominante en la Argentina. Esta "nueva alianza" que tanto se pregona se apoya sobre los sectores concentrados vinculados con la exportación, dejando en segundo lugar a los grupos privilegiados durante toda la década menemista y que se sostuvo durante el período aliancista, con las compañías privatizadas y los bancos internacionales. De todos modos, el peso de este sector sigue siendo decisivo, por el extraordinario poder acumulado.

No se advierten medidas que apunten a romper con el modelo, cuya esencia principal es la concentración económica y la extranjerización de la propiedad y de los ingresos. En la medida en que no se avance sobre estos dos ejes y no se produzca un shock distributivo a favor de los sectores postergados, de ninguna manera podemos decir que hay un cambio en el modelo, un abandono del modelo, ni el más leve cambio de rumbo del modelo.

En lo inmediato, inclusive, las medidas adoptadas particularmente a través de la devaluación y la pesificación implican transferencias de ingresos entre las distintas fracciones del poder monopólico que acentuarán las situaciones de injusticia en materia de distribución.

Otro sector que hay que marcar definidamente entre los beneficiarios son los que han fugado sus capitales al exterior. Con la devaluación, estos sectores cuyos dólares tienen ahora un poder adquisitivo duplicado, tienen la posibilidad en medio de esta crisis fenomenal, de adquirir activos a mitad de precio.

Según datos del Ministerio de Economía, en septiembre último los activos de argentinos en el exterior alcanzaban a 101 mil millones de dólares. Yo recuerdo que Machinea cuando asumió hablaba de 120 mil millones. Los datos exactos no se pueden conocer, pero una cifra colosal ha sido fugada en los últimos años. Habría 4.300 millones en inversiones inmobiliarias, 13 mil millones en inversiones empresarias, 27 mil millones en depósitos, 25 mil millones en otros activos financieros con renta, y se estiman 25 mil millones en cajas de seguridad.

Otra categoría entre los grandes beneficiarios es el sector exportador concentrado, que a la vez ha visto licuadas sus deudas, lo cual le otorga un doble beneficio.

Están los antiguos ganadores, que son las empresas privatizadas, las multinacionales que compraron los bienes del estado y los bancos extranjeros. También hay que registrar a los organismos financieros internacionales, como el FMI, que es el más claro paradigma, y los tenedores de bonos de la deuda externa, que durante la última década recibieron un rendimiento financiero colosal; las multinacionales que se adueñaron del abastecimiento en forma monopólica, como los supermercadistas; los grupos locales y extranjeros que se quedaron con servicios públicos como los peajes y obtuvieron grandes utilidades y toda la ex patria contratista de los '80 transformada en dueña del estado en los '90.

Como una muestra interesante de cuál fue y continúa siendo la conducta de estos sectores, Aguas Argentinas le reclama al gobierno un seguro de cambio para la cancelación de sus préstamos externos y la compra de insumos importados. Por medio de una nota remitida a la Subsecretaría de Recursos Hídricos exigió al gobierno un seguro de cambio para cancelar las deudas bancarias de corto y largo plazo que llegan a 200 millones de dólares. Además, pidió dólares a la paridad de un peso para adquirir equipos e insumos, le reclamó al estado que se le liquiden en forma inmediata facturas que se le deben y dejar de lado inversiones previstas para ampliar el abastecimiento.

La periodista S. Viau de Página/12, informa en una nota acerca de una reunión en España, en la que participaron el canciller Josep Piqué, Juan Iranzo, director general de Estudios Económicos del gobierno de Aznar y el periodista Andrés Oppenheimer, que trabaja para el Miami Herald. El Sr. Piqué, discutiendo con envidiable desparpajo el presupuesto argentino, indicó que el Ejecutivo debía hacer los deberes y resolver el acuerdo con las provincias, en torno de la coparticipación. Es lo mismo que si Eduardo Duhalde hubiera dado públicos consejos respecto de las políticas de seguridad del País Vasco. Iranzo explicó que los dos partidos parlamentarios argentinos no parecen aptos para resolver la crisis, que podría hacerlo una tercera fuerza que entra en la lidia y está encabezada por Ricardo López Murphy. Luego habló Antonio Gomiz, de Repsol, la firma que pasó de fabricar lubricantes a convertirse en la gran petrolera internacional de un país que no produce petróleo. Finalmente, Emilio Botín, principal accionista del Santander Central Hispano, dijo "nosotros no vamos a desaparecer". Agrego finalmente que "esta crisis tienen que pagarla los argentinos, no las empresas".

El jugoso diálogo de estos grandes jefes del capitalismo español muestra no sólo su soberbia, sino principalmente la determinación de sostener sus privilegios a capa y espada.

Queda claro entonces que, si bien hay un cambio de alianza, estos sectores están lejos de replegarse. En definitiva, terminarán -como siempre- consumando un bloque de poder a pesar de sus matices y contradicciones.

Restaría puntualizar que a pesar del fracaso estrepitoso de las políticas del FMI, (aunque ahora digan que no tienen nada que ver) el presidente George Bush afirmó que "la Argentina precisa fortalecer las reformas de mercado y no debilitarlas". "Soluciones a medias no aliviarán el dolor, sólo lo prolongarán", sostuvo. Y agregó que "el éxito de la economía global proviene de países que mantienen la disciplina fiscal, abren sus fronteras al comercio y privatizan las empresas estatales ineficientes".

Los beneficiarios son los de siempre, y el presidente de Estados Unidos oficia no sólo de mandante de todos ellos, sino también de abogado defensor, cubriéndolos de todos los estropicios realizados.

Los argumentos que esgrime el presidente Bush, sobre "aperturas" y "mercados " para presionar en forma abierta y brutal a nuestro pueblo ya pertenecen a la prehistoria de "lo creíble". Sin embargo, continúan teniendo influencia decisiva en el gobierno y la mayoría de la corporación política.

En cuanto a los perjudicados, hay que incluir a la mayoría de la población asalariada y a los jubilados, ya que los aumentos de precios, que en mayor o menor medida se seguirán produciendo, van a coexistir con el mantenimiento de sus ingresos nominales. El otro gran grupo social que continuará sumando penurias es el 22 % de la población desocupada, los subocupados, los excluidos, ya que incluso se están erosionando los recursos destinados a la política asistencialista y el gasto social.

Luego están los pequeños y medianos empresarios afectados en todos sus roles. Como productores y vendedores, asisten a una progresiva disminución del mercado interno, sus insumos no están disponibles y los tienen que pagar en dólares. Los pequeños y medianos productores agropecuarios y los trabajadores rurales, que contribuyen a generar las ganancias de los grandes exportadores de granos, cuya situación mejoró en forma espectacular gracias a la devaluación.

En suma, el mecanismo de salida de la convertibilidad se está transformando en una nueva y descomunal transferencia de ingresos del conjunto mayoritario de la sociedad hacia nuevos y viejos sectores empresarios concentrados. No hay cambio de rumbo en materia impositiva ya que se sostiene el sesgo regresivo anterior gravando esencialmente a los consumidores, sin afectar a los grandes ganadores de antes y ahora. Ganancias y patrimonios no se tocan e incluso se rebaja la presión del IVA sobre la venta de granos.

En materia de gastos, para mencionar sólo algunos elementos que ponen de manifiesto la orientación de la política económica, se decidió sostener la rebaja del 13 % a estatales y jubilados. Debe haber pocos antecedentes en el mundo de rebajas en los ingresos de los jubilados. Es un símbolo de lo que significa esta etapa del modelo. Ajuste en las provincias, eliminación del incentivo docente, reducciones de gastos en salud y educación.

Acerca de los ingresos, el plan proyectado es de bajísima credibilidad, lo cual en la lógica del Fondo va a implicar que a lo largo del año se exigirán nuevos ajustes que acentuarán la caída de ingresos de la mayoría de la población. El gobierno, así, renuncia a transformar la política fiscal y presupuestaria en un instrumento que revierta el ciclo depresivo expandiendo la demanda interna.

La propuesta alternativa pasa por reactivar en lugar de sostener políticas recesivas y por cambiar la distribución del ingreso nacional en lugar de ajustar. Desde el IMFC integramos el Frente Nacional contra la Pobreza y planteamos el Seguro de Empleo y Formación, cuya implementación implicaría una profunda redistribución del ingreso y generaría un shock positivo sobre los 17 millones de pobres de la Argentina generando además un impacto muy fuerte sobre el mercado interno que favorecería a las Pymes y a las capas medias de la sociedad.

Creemos que hay que aplicar un impuesto extraordinario al resultado consolidado de las grandes corporaciones en los últimos diez años. Es además imprescindible sancionar una ley Pyme, ya que el sector genera el 70 % del producto bruto y el empleo. Hay que reformular y recuperar el rol del estado. En relación con la deuda pública, creemos que se trata básicamente de un problema político, que debe ser afrontado priorizando la resolución de los problemas de la sociedad argentina, sobre la base de la defensa de la soberanía nacional y los intereses de nuestro pueblo.

Dada la trascendencia del tema de la deuda externa hemos propuesto desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos promover un gran debate nacional en el que todos los organismos sociales y políticos expresen su opinión y decidir mediante una consulta popular qué hacer sobre este tema tan crítico. En esa hipótesis seguramente la sociedad se expresaría contundentemente favoreciendo un proceso de acumulación política, para poder tener una posición muy drástica en la materia.

Sistema financiero
A lo largo de la década de los '90, en el sistema financiero argentino se generó un proceso formidable de concentración y extranjerización de la banca. Ese proceso alcanzó niveles inéditos en el mundo. Todavía se sostiene la ley de Entidades Financieras que fue promulgada en 1978 durante la dictadura y que Martínez de Hoz planteó como una de las leyes pilares del modelo que estaban fundando en aquel momento. Ese proceso de extranjerización fue generando una deformación en el mercado de crédito y afectó la más elemental concepción de soberanía nacional y de una nación independiente.

El mentado argumento impulsado por los ultraliberales enquistados en el sistema, de que en caso de crisis sistémica, los bancos extranjeros, a diferencia de los nacionales y estatales, iban a afrontar los compromisos ante el público se ha caído estrepitosamente desnudando su falacia. Terminó siendo un gran sofisma.

Veamos algunos datos para que se observe lo que ha pasado a lo largo de estos últimos diez años. En 1991 había 167 bancos en la Argentina, ahora hay 86. Los bancos públicos pasaron de 35 a 13; los privados nacionales, de 57 a 32; los cooperativos, de 44 a 2; y los extranjeros, de 31 a 39.

Este agudo proceso de extranjerización de la banca en nuestro país no ha acabado, ya que en esta fase van por el dominio total. El argentino debe ser el caso más extremo del mundo de extranjerización bancaria.
Compárense los activos de bancos extranjeros, en relación con los activos totales de los sistemas financieros en varios países del mundo: en el Japón son el 1 %; en Rusia, el 2 %; en Indonesia el 3 %; en Taiwán 4,7 %; en Tailandia, el 6,7 %; en el Brasil 9 %; en México 10 %; en Malasia 16%; en Chile, paradigma del neoliberalismo, el 21 %; en Estados Unidos, 22 %; y en la Argentina el 51 por ciento.

En cuanto a la concentración en la banca privada los datos son también elocuentes: en 1994 los diez primeros concentraban el 42 % de los depósitos privados, hoy el 73 %. El crédito bancario a las PYMES que es decisivo en el aparato productivo y para el desarrollo social y cultural es de sólo 15 %. En cuanto a la distribución del crédito las estadísticas muestran un panorama devastador: sólo 87 deudores reciben el 26 % del crédito total del sistema, o sea, 25 mil millones de pesos. 1.299 deudores el 49%, 47.599 millones del crédito. Queda clarísimo que los recursos financieros que capta el sistema financiero de toda la comunidad los coloca en las grandes corporaciones, la mayoría de ellas extranjeras. El pueblo argentino financia con sus ahorros los negocios de estos grupos.

Lo mismo ocurre con la localización de las sucursales. Los grandes bancos extranjeros, que se fueron quedando con las entidades que sucumbieron en el proceso de concentración no tienen presencia en los pueblos y ciudades chicas. En cambio, del total de las 1.068 localidades donde hay bancos, el 66 % está cubierto exclusivamente por bancos cooperativos, públicos y privados nacionales. En relación con la distribución regional del crédito, el 60 % se coloca en la Capital Federal, postergando al interior del país.

Cuando se generó la crisis, desde el movimiento cooperativo lanzamos la iniciativa de conformar un fideicomiso con los grandes deudores, idea que fue tomada por el FRENAPO y diversos sectores políticos y sociales.
La idea consistía en devolver los fondos a más del 90% de los ahorristas (en su moneda original) con los fondos obtenidos mediante la cobranza de los créditos de las grandes empresas.

Para precisar de quiénes estamos hablando: Pecom Energía tiene créditos por 317 millones de dólares; Caminos de la Sierra, 260 millones; Repsol YPF, 243 millones; Telecom debe 222 millones; Loma Negra, 217; Correo Argentino, 195 millones; la otra empresa de Macri, Socma, debe 173 millones; siguen Arcor, Volkswagen, Capex, Aguas Argentinas, Disco, Siderar, Victorio Gualtieri.

La idea del fideicomiso que nosotros elaboramos fue también presentada en el Parlamento por un grupo de diputados de varias bancadas. Sin embargo, esa idea solidaria y política de fondo no pudo prosperar. Pensamos que hay que revertir este proceso de concentración y extranjerización del sistema financiero, como una forma de mejorar el acceso al financiamiento de las PYMES y los sectores y regiones del país con menor poder económico.

En cuanto a las opciones de salida de la crisis, el problema de fondo es político. Es un problema de conciencia de la sociedad, y ese, creo, es el desafío.

A lo largo de 2001, cuando se generó este debate entre devaluadores y dolarizadores, la opinión pública comprendió que este era un debate al interior de los grupos poderosos por la hegemonía del poder en la Argentina. Ese no era el debate de los sectores populares, de las grandes mayorías nacionales, y el eje debía plantearse en torno de la riqueza y la distribución del ingreso. Desde allí participamos activamente en el Frenapo y en todas las propuestas tendientes a poner el acento en este debate. Terminar con la pobreza y la exclusión, recuperando riquezas que tomaron los grupos monopólicos.

Esa sigue siendo nuestra posición. El eje es la concentración económica y la extranjerización, consecuentemente de lo que se trata es de desarticular ese esquema de los sectores dominantes.

Nosotros creemos que debería efectuarse una reestructuración y un cambio de fondo del sistema financiero. El esquema actual es funcional a la filosofía neoliberal y es una de las peores rémoras de la dictadura. Hay que reformularlo cambiando la ley de Entidades Financieras, sobre la base de un debate a fondo, democrático, con la máxima participación posible. Se trata de transformar el sistema financiero reconociendo su carácter de servicio público para que deje de ser un instrumento funcional a los negocios de los grandes grupos económicos. Y desde allí, transformar la actividad financiera en una herramienta al servicio de los sectores productivos, mejorando el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, y de los sectores y regiones del país con menor poder económico. O sea, contribuir a la extensión y democratización del crédito. Se debe desarrollar una banca nacional, con un concepto de servicio, dentro de la cual la banca cooperativa ocupe un rol destacado.

El 3 de enero último desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos elevamos una propuesta de nacionalización de los depósitos bancarios, tomando la experiencia jurídica y de aplicación de este modelo que se hizo en 1973.

Decíamos que "ante la grave crisis que atraviesa la economía argentina existen difrerentes opciones de replanteo del sistema financiero. La nacionalización de los depósitos es una propuesta alternativa que brindaría solidez al sistema financiero y además implicaría replantear los objetivos de la banca como instrumento para el desarrollo nacional".

En definitiva, esto quiere decir que los depósitos pasan a ser manejados por cuenta y orden del Banco Central, de un Banco Central que recupera un rol como parte de la defensa de los intereses nacionales, como regulador de la actividad bancaria. Los depósitos pasan a ser administrados y orientados por la Nación. Desde ese punto de vista, los recursos financieros se asignarían según las necesidades del aparato productivo, de las economías regionales, según el interés en desarrollar determinadas ramas de la industria, proyectos sociales, educativos, etcétera.

Los recursos financieros dejarían de ser manejados por el sistema financiero concentrado y extranjerizado, para ser dirigido por el estado según políticas que se definan en el marco claro de una estrategia general.

¿Qué nos pasó?

Al término de su intervención en la mesa redonda, Juan Carlos Junio leyó un volante de la asamblea popular de Caballito titulado "¿Qué nos pasó?" que, según definió, "simboliza el problema que tenemos y que debemos transitar". El texto es el siguiente:

"Primero empezaron destruyendo puestos de trabajo. Pero como me enseñaron que la flexibilización laboral era modernismo, no me importó.

Después vinieron por las empresas estatales, pero como me enseñaron que achicando el Estado se agrandaría la Nación, no me importó.

Después remataron el 60 % de la economía al exterior, pero como me enseñaron que las economías extranjeras eran mejores que la argentina, no me importó.

Después vinieron por la jubilación estatal, pero como me enseñaron que las privadas eran más seguras y mejores, no me importó.

Después vinieron por las industrias nacionales, pero como me enseñaron que l