La política energética del país fue desarrollada, durante más de 80 años, por gobiernos de distinto signo. YPF y Gas del Estado eran empresas sociales construidas con la inversión y el ahorro nacional. Allí donde se instalaban hacían caminos, hospitales y escuelas, mientras los gasoductos se trazaban para llevar combustible barato a productores y usuarios. Esos beneficios se perdieron a partir de 1989 con la privatización de Carlos Menem y sus socios gobernadores como el ahora “Pilatos” Néstor Kirchner. En la actualidad, las reservas retrocedieron en un año con respecto a las cifras difundidas en 2005. Tenemos petróleo para 8,2 años y gas para 8,6 años. ¿Llegó la hora de la nacionalización?

En la actualidad, las reservas retrocedieron en un año con respecto a las cifras difundidas en 2005. Tenemos petróleo para 8,2 años y gas para 8,6 años. ¿Llegó la hora de la nacionalización?

Mientras pensaba cómo empezar esta nota me acordaba del Uruguay. Y no por las papeleras, precisamente.
Recordaba un plebiscito convocado años atrás decidir sobre la privatización de la petrolera estatal Ancap. El resultado fue mayoritario en el rechazo.

Sirve el dato para comparar, por contraste, la experiencia argentina de los ‘90. Ellos, un país pequeño, sin petróleo, que importa todo el crudo que consume, defienden su compañía dedicada a la refinación y comercialización de un recurso energético estratégico.

Nosotros, en cambio, tenemos en casa, sin ser invitados, insaciables como Repsol, Petrobrás, Panamerican Energy y Chevron, entre otras malarias. Como si hiciera falta decirlo el único recurso con que cuentan los pueblos para financiar con independencia su desarrollo son sus riquezas naturales. Entre ellas, la más valuada por ser no renovable, es la de los hidrocarburos.
Todos los países las han defendido y las defienden, y si no las tienen, deben salir a buscarlas, o sea pagarlas a precios a veces más que viles.

Desde el descubrimiento del petróleo en nuestro país, en 1907, se fue construyendo una inteligente política de Estado que durante más de 80 años fue desarrollada por gobiernos de distinto signo. Esa política definía los combustibles como un servicio público y un bien social. YPF y Gas del Estado eran empresas sociales construidas con la inversión y el ahorro nacional; y allí donde se instalaban hacían caminos, hospitales y escuelas, mientras los gasoductos se trazaban para llevar combustible barato a productores y usuarios.

Esos beneficios se perdieron en 1989 con la privatización de Carlos Menem y sus socios gobernadores como el ahora “Pilatos” Néstor Kirchner. A pesar de ser grandemente repudiadas, las privatizaciones han sido mantenidas hasta hoy por los sucesivos gobiernos o desgobiernos.

De bien social, los combustibles pasaron a ser un negocio para las multinacionales petroleras de tal magnitud que nos hacen pagar precios internacionales cuando son producidos en el país a bajos costos.

Además, la privatización demostró su fracaso: después de quince años fue incapaz de mantener el autoabastecimiento logrado mientras era YPF y será necesario, algunos dicen que en dos años, volver a importar crudo. Mientras el gobierno nacional profundiza la política del menemismo transfiriendo por medio de la ley que se voto en estos días a las provincias las concesiones que mantenía la Nación, así como la posibilidad de negociar con las empresas directamente. ¡Lo que nos espera con los gobernadores negociando nuestro futuro!

Breve historia de la nueva década infamia. La privatización de los hidrocarburos.

Para comenzar, “Menem lo hizo” sin ningún tipo de inventario ni tasación previa. Ni siquiera de los amigos. Violando la ley Nº 17.319 de Hidrocarburos, se privatizaron YPF y Gas del Estado, las dos mayores compañías del país y las que más habían invertido en su industrialización, obras públicas y políticas sociales.

A fin de satisfacer a los compradores y de quedarse con vueltos importantísimos, se redujeron artificial y vergonzosamente las reservas comprobadas de crudo en un 30 por ciento para retornarlas luego, mágicamente, a su nivel real después de privatizarlas
Cedieron por 25 años la explotación de las áreas estratégicas al valor de lo que producían en 9 meses.
Cuando se votó la ley, el diputado Luis Saadi denunció que en el Senado habían repartido ocho millones de dólares para aprobarla, pero al rato se desdijo. La sesión en Diputados fue conducida por el jefe de la bancada Jorge Matzkin, contando con Oscar Parrilla –actual secretario general de la Presidencia– como informante del proyecto privatizador y el apoyo de TODOS LOS GOBERNADORES DEL PJ.

Entre vítores, besos y abrazos celebraron la votación notables referentes de la mayoría como Eduardo Amadeo, Eduardo Caamaño, Eduardo Fellner, Juan González Gaviola, José Luis Gioja, Oscar Lamberto, Juan Carlos Maqueda, Lorenzo Pepe, Carlos Ruckauf, Felipe Solá, Miguel Ángel Toma y Jorge Yoma, entre otros. Eufórico, el ministro José Luis Manzano declaraba: “No podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum...”

A tan poquito de cumplirse los cinco años del “Que se vayan todos” se ve que el 19 y 20 venia madurando largamente.

Luego vino la provincializacion de la explotación. Recordemos que con la Reforma Constitucional de 1994, la Ley 124 decreta la explotación por parte de las provincias del petróleo y el gas, la cual fue pagada por los “legisladores” provinciales con la reelección de Menem.

Así dejaron el recurso en manos de los gobiernos de las diez provincias (por ejemplo, Jorge Sobisch en Neuquén) que tienen bajo su suelo el oro negro. Pero ellas suman apenas el 15% de los habitantes del país, mientras el 85% restante vive en las 14 provincias sin petróleo y que financiaron su exploración, extracción e industrialización durante 80 años. Y en las que grandes sectores de la población como en el Gran Buenos Aires, norte de Santa Fe y casi todo el NE y NO del país carecen de red de tendido de gas natural.

¿A cuanto esta una garrafa de gas?
Mientras algunos países perdieron su petróleo con golpes de Estado o cruentas guerras, como la de Afganistán o Irak, la dirigencia del país lo entregó bajo el liderazgo de jefes corruptos y sobres con millones de dólares.

Para la Argentina fue equivalente a que una invasión le arrebatara la mitad de su territorio: YPF y Gas del estado aportaban al fisco tanto como el total de la recaudación de las provincias de Buenos Aires y La Pampa, y las regiones de Cuyo y Patagonia.

Al descuartizamiento de YPF y Gas del Estado le siguió el de decenas de usinas y represas hidroeléctricas hasta perder la soberanía energética, primer eslabón de la cadena productiva. Somos el único país que extranjerizó todo su petróleo para pagar las tarifas más altas del mercado internacional y recibir las regalías más bajas del mundo.

¿Cómo estamos hoy?
Uno debiera pensar que muy bien con el precio de barril de petróleo a 75 dólares.
Pero vayamos por partes como hizo la trouppe menemista con las empresas que eran de todos.
El 92% de la explotación está en manos de 8 multinacionales petroleras. Entre ellas Repsol (la preferida) concentra el 40%, porcentaje similar al que maneja en refinamiento. Esta empresa en 2005 tuvo utilidades por 2.512 millones de dólares y exporto 1.351 millones.

Sigamos con las reservas. Antes de la privatización había gas para 35 años y petróleo para 13. Recordemos que estas cifras son en el momento que se hacen sin contar potenciales pozos que se encuentran invirtiendo y explorando en tierra, aun bajo el mar.

Hoy por hoy las reservas retrocedieron en un año con respecto a las cifras difundidas en 2005. Tenemos petróleo para 8,2 años. El gas disminuyó con respecto a doce meses atrás 1,6 años y hay para 8,6 años más. En los 90 recordemos que había para 35 años.

El rendimiento por pozo en la última década cayó un 40%. Esto pasa porque no se invierte en exploración y por los ritmos de extracción cada vez mayores que el gobierno K no controla aunque debería.

En 15 años se construyeron nueve gasoductos. Pero para el lado de Chile, o sea para exportar, y ni uno sólo para la red troncal del país de gas cuando el 50% de la población no tiene gas natural.
Las cifras que difunden las petroleras sobre reservas son por medio de una declaración jurada ¿? que K ahora impuso cada año en vez de 2 como era antes. Y lo hizo luego que Repsol en Bolivia inflara las reservas.

¿Serán confiables las declaraciones juradas de las multinacionales petroleras? ¿Juraran por Dios o por la patria? ¿No sería mejor que el gobierno fiscalizara en boca de pozo si esas cifras son reales?

En el yacimiento de Loma de la Lata, luego del “reajuste” que vino después de lo de Bolivia, las reservas “cayeron” un 20%. A este paso hay quienes sostienen que la Argentina en dos o tres años podría transformarse de exportador en importador de crudo. ¿A qué precio?

Con la nueva Ley de Hidrocarburos, votada durante las últimas semanas entre gallos y medianoche, se les da a las petroleras exenciones y rebajas en los impuestos a cambio de investigación y exploración de potenciales yacimientos, lo que por otra parte están obligadas a realizar. En otros países, como Rusia y Argelia, en vez de bajarles los impuestos se los aumentaron debido al incremento internacional del precio del crudo. Vale recordar: que el precio por barril a nivel internacional es de 75 dólares; que el costo por extracción en el país es de entre 4 y 5 dólares; y que las petroleras exportan la gran mayoría del petróleo y gas que extraen, dejando chirolas por regalías. Hoy obtienen 10 dólares por barril.

Hay una cifra que se maneja en las petroleras y tiene que ver con el momento en que deben empezar a explorar para obtener nuevos pozos. En Argentina es del 17% de las reservas, o sea que al llegar a ese tope deben salir a buscar. A nivel mundial es, en algunos casos, es de más del 100%. Recordemos por ultimo, y nuevamente, que el gas y el petróleo son un recurso no renovable y debería ser no negociable.

Lo que podría hacer Kirchner, tranquilamente

Si usted piensa que algo está muy mal o siente que algo huele a podrido en Congreso-Rosada-Tribunales tal vez crea que el mejor camino es una nacionalización del petróleo y el gas. O al menos hacer como hizo Bolivia recientemente.

Sin entrar por ahora en el tema de la nacionalización, porque a este gobierno no lo vemos afecto a ello, propondremos medidas que K puede tomar sin que lo tilden de rojillo y así puede seguir yendo a tocar la campanilla de Wall Street y la JFK seguir comprando ropa como la que ella se merece.
A continuación algunos de los puntos sugeridos por el grupo Moreno.

1) Cuando se privatizaron los hidrocarburos se estipulo que las empresas tienen la obligación de liquidar el 70 por ciento del total de las divisas provenientes de la exportación de crudo y gas en el país, lo cual significa más de 3000 millones de dólares anuales. Esto no lo realizan y usan ese dinero a su antojo.
El economista de Fide, Héctor Valle calculó, por ejemplo, que entre enero de 2000 y septiembre de 2002, las petroleras contaron con 12.762 millones de dólares en condiciones de libre disponibilidad por sus exportaciones. Aunque ocurrió una caída generalizada de la inversión bruta interna, tendencia de la cual no se encontró ausente la actividad petrolera, Valle estima que en el mejor de los casos el monto total invertido en ese período fue algo menor de 4000 millones de dólares, con un componente no desdeñable en pesos.
Este mediocre comportamiento de la inversión, insiste Valle, se ratifica al comprobar la paulatina disminución, a partir de 1999, en el nivel de las reservas de petróleo, rubro cuya exploración y explotación constituyen la inversión más riesgosa y onerosa del sector.
Entonces, el director de Fide se pregunta: ¿cuál fue el destino de la diferencia (unos 8262 millones de dólares) entre las divisas de exportación que no fueron liquidadas en la plaza local y las inversiones efectivamente ejecutadas por las petroleras en el país? Las petroleras sostienen que el pago de las deudas en el exterior les insume la mitad de sus ingresos por exportaciones y el resto lo destinan a realizar nuevas inversiones. Sin embargo, restando los desembolsos para cancelar pasivos, no han alcanzado a realizar inversiones de magnitud equivalentes a esos dólares restantes. Pese a los millonarios anuncios de inversiones para los próximos años, que tienen suficiente estimulante con el precio internacional del crudo en niveles elevados, el balance cambiario correspondiente a septiembre de 2003, difundido por el Banco Central, revela que el sector petrolero lideraba cómodamente el ranking del total girado al exterior por utilidades y dividendos en los nueve primeros meses del año. Esas compañías concentraron el 34 por ciento de los dólares enviados al exterior por ese concepto. De esa forma el comportamiento del sector en los ‘90 continuó con fuerza en estos últimos años de crisis: aumento de la producción y de las exportaciones de crudo. En estos años de desregulación y privatización, la producción casi se duplicó, pero mayoritariamente para la exportación, que pasó de representar el 2,5 por ciento de la producción en 1990 a 37 por ciento en 2001.

2) El Gobierno acordó el precio del barril de crudo a 28,50 dólares cuando su costo de extracción es de menos de 5 dólares.

3) Se consiente la evasión fiscal al permitir que la misma compañía extraiga, transporte, refine y venda, sin que exista ningún control de su extracción: por simple declaración jurada informan lo que sacan.

4) Se prosigue con la irracional política de exportación de hidrocarburos siendo recursos escasos y no renovables: desde la privatización.

5) Ratificarles a las provincias la propiedad de los yacimientos significa dar continuidad a los proyectos de regionalización-segregación del menemismo, con el riesgo de transformar el país en un conjunto de emiratos manipulados por trusts internacionales.

6) Fijación oficial de precios en todas las etapas (en boca de pozo, el transporte, refinación y venta al público de combustibles y derivados), en virtud de la Ley de Abastecimiento.

7) Revertir las concesiones de explotación que no se ajusten estrictamente a lo señalado en la Ley de Hidrocarburos. Por ejemplo, ninguna empresa puede poseer más de cinco concesiones, en forma directa o indirecta.

8) Suspender las exportaciones de gas y petróleo, en función de contemplar una explotación racional de los recursos naturales y de preservar las reservas.

9) Cuestionar los aumentos de los hidrocarburos y los combustibles durante los años ’90, ya que la Ley de Convertibilidad prohibía todo tipo de indexación.

10) Cuestionar la integración vertical, es decir que una empresa pueda participar en más de una etapa del negocio (extracción, transporte, refinación y comercialización de derivados).

Para aplicar todas estas medidas, Kirchner no necesita más que aplicar la ley.

El país necesita acabar con la impunidad de los delitos que permitieron despojar su patrimonio:
¿Cabe alguna duda de que son actos jurídicamente nulos prolongar por 25 años y mediante decreto, los contratos de locación de obras y servicios otorgados por la dictadura, o la ilegítima prórroga por diez años del yacimiento Loma de la Lata a favor de Repsol, una riqueza de 40.000 millones de dólares a cambio de solo 300 millones?

Así como las décadas transcurridas desde la dictadura no pudieron legitimar los actos del terrorismo de Estado, tampoco pueden legitimarse los ilícitos de la mafiocracia. No es sólo un tema de justicia o de reparación ética: debe entenderse que el genocidio social que padecemos también es consecuencia de la pérdida de la petrorrenta.

Si la factura anual de los hidrocarburos ronda los 22.000 millones de dólares con un beneficio promedio de 10.000 millones, sólo con esta renta se podrían crear más de 3.000.000 de puestos de trabajo legítimos y multiplicar los presupuestos en salud, educación, seguridad social y vivienda.

Ya sea por venir de una provincia petrolera, Santa Cruz, o por haber usufructuado con oportunismo la privatización de YPF al depositar en el exterior el producido de la venta de las acciones de esa compañía por unos 600 millones de dólares, o por la muy buena relación que mantiene el ministro de Planificación, Julio De Vido, con la española Repsol, el sector de hidrocarburos ha quedado fuera del proyecto marco de regulación de los servicios públicos privatizados. Lo cual es mucho decir si pensamos como trata este gobierno a las privatizadas en general.

En nuestro país rige la concepción romana del derecho que coloca la ley por encima de los contratos, y si aplicáramos la ley de hidrocarburos vigente –Nº 17.319– caería la mayor parte de las concesiones. Ellas serían la base de una nueva petrolera nacional y de la recuperación de nuestra soberanía energética.

El Estado podría modificar sustancialmente las condiciones de explotación de sus recursos naturales, no sólo escasos sino, además, en vías de agotamiento. Porque de lo que se trata, en el fondo, no es de quién es el recurso, sino quién tiene la disponibilidad del mismo (quién decide cuándo y dónde venderlo y a qué precio) y cómo se reparte la renta resultante.
Y para cambiar estas condiciones, en Argentina no hace falta cambiar las leyes vigentes, sino simplemente aplicarlas.

La Ley de Hidrocarburos, la 17.319 todavía vigente, en su amplitud faculta al Estado a intervenir de distintas formas en el mercado de petróleo y gas, en sus distintas etapas, en función de garantizar las condiciones de abastecimiento de la población y las necesidades de generaciones futuras. Esa misma ley se podría aplicar hoy con sentido nacionalista, recuperando el manejo del recurso, si se quisiera. Ello supondría romper las condiciones de los contratos de concesión de áreas petroleras y gasíferas en vigencia o al menos adelantar su finalización. ¿Podrían las empresas petroleras considerar lesionados sus derechos y accionar contra el Estado, en ese caso? Sin ninguna duda, pero éste es uno de los costos o riesgo que deberían correrse, incluso con la posibilidad de minimizarlos a través de una negociación inmediata con los afectados. Ni más ni menos como Bolivia.

A partir de la decisión del gobierno de Evo Morales de nacionalizar los hidrocarburos, lo que se puso en discusión es, antes que nada, la distribución de la renta petrolera. Lo expuso claramente el propio gobierno de Bolivia, al destacar como el hecho más notable del cambio de régimen de hidrocarburos el que el Estado pasará a recibir el 82% de la renta, quedando el 18% para las empresas que acepten seguir asociadas.

La participación estatal llega al 87% en Venezuela, y Chile que no tiene petróleo pero sí cobre, retiene de ese recurso estratégico el ciento por ciento en manos estatales. Otros estudios indican que en Argentina la participación estatal en la renta petrolera es del 38%, que se nutre de retenciones a la exportación, regalías e impuestos que pagan las petroleras.

Si el objetivo es modificar ese 38%, pálido hoy frente a la realidad de otros países productores de hidrocarburos en la región, Brasil, con Petrobrás, también supera largamente el margen estatal de Argentina, una vía sería el cuestionamiento a las concesiones actuales para abrirlas a la participación de la estatal Enarsa, por ejemplo, aunque más no fuera para asociarla en los resultados. La otra vía es discutir la disponibilidad del recurso.

Actualmente, las concesionarias privadas tienen libre disponibilidad del petróleo y el gas. Eligen a quién venderle y a qué precio, al mercado interno o al exterior. Pero no siempre fue así, y aunque ya no existe la YPF estatal, siempre cabe la posibilidad –por las leyes vigentes ya mencionadas que le otorgan amplias facultades al Estado de volver a un régimen en el cual los productores deban entregar una determinada proporción de su producción a una empresa estatal, a un precio establecido. Es otra forma de romper el contrato hoy vigente, con las consecuencias –y argumentos legales ya descriptas.

En definitiva, lo que se discute, en realidad, no es lo que parece. Salvo en Estados Unidos y algún otro caso aislado, en todos los países con reservas de hidrocarburos los yacimientos son de indiscutible propiedad del Estado. Incluidos los países árabes. La cuestión es la disponibilidad del recurso una vez que se extrae y la distribución de sus beneficios. Ahí empiezan a diferir los modelos. Bolivia movió el tablero y puso el tema en discusión

Nacionalización a la Boliviana

Para empezar hay encuestas que señalan que el 75% del pueblo argentino aprueba la estatización. Evo Morales en Bolivia transformó los contratos de concesión en contratos de locación de servicios, pagándole a las empresas por sacar el petróleo y que el Estado defina cuánto se extrae, a quién se le vende y a qué precio

Tengamos en cuenta que los contratos de concesión vigentes en Argentina, y hasta hace poco en Bolivia, murieron en el mundo en la década del ’80.

Fueron reemplazados por contratos de participación, como en Houston, donde la empresa privada explora, asume riesgo minero, si le va mal, pierde y si le va bien, se asocia con el Estado. Es el esquema que asumió Chávez, que rige en Arabia Saudita, en Colombia, en varios países. También hay contratos para desarrollar un área y explotarla en asociación con la empresa estatal, como en la Cuenca del Orinoco, en Venezuela. Y hay contratos de locación de servicios, como en Brasil.
Bolivia fundamenta la nacionalización en actos jurídicos nulos. Podemos hacer lo mismo. Decretar la nulidad de todas las concesiones otorgadas de Menem en adelante, que fueron burdas. Violaron todas las leyes.

La Ley de Hidrocarburos prohíbe que una misma empresa tenga más de cinco áreas concesionadas y no se cumple. La ley de privatización de YPF no autorizaba la prórroga de las áreas que tenía la empresa cuando era estatal y Domingo Cavallo lo hizo por decreto.
No se constituyeron sociedades mixtas en áreas donde se aplica recuperación asistida como manda la Ley de Reforma del Estado.

Se otorgaron prórrogas para la explotación de los yacimientos Loma de la Lata , Ramos y Acambuco con 17 y 20 años de anticipación, cuando la condición para extenderlos es evaluar el desempeño de la empresa durante los últimos veinticinco años.

La venta de YPF se hizo sin tasación oficial previa, como marcaba la Ley de Reforma del Estado.
Otro caso es el de Chávez que maneja el petróleo venezolano y a pesar de eso se quedaron todos, salvo Exxon. Con Fidel están todos, en Irán están todos. El empresario petrolero argentino se hizo millonario con los contratos con la YPF estatal: Pérez Companc, Bridas, Astra, Plus Petrol. Van a aceptar porque en todo el mundo es así.

El Estado ganaría con la estatización más de 10 mil millones de dólares al año. Ahora entre el Estado nacional y los provinciales retienen el 36% de la renta. Es el nivel más bajo del mundo. Venezuela se queda con el 87%.

Con YPF entre 1934 a 1989, la renta petrolera permitió crear toda la infraestructura vial nacional y provincial, se construyó la red troncal y las redes domiciliarias de gas, se construyeron todas las represas hidroeléctricas, se hicieron aportes a las cajas de previsión, se financió a las otras empresas del Estado, se crearon pueblos, había reservas de gas por 36 años y de petróleo por 23.

Hoy estamos con 8 años, medido por empresas mentirosas. Desde 1989 no se construyó una sola represa hidroeléctrica, no se hizo un solo gasoducto destinado al mercado interno, con el 50 por ciento de la población sin gas.

Para ir cerrando

Una pregunta: con la crisis energética que inevitablemente llegará al agotarse los recursos, ya que no hay investigación y exploración, y habrá que importar crudo, ¿se podrá mantener el crecimiento económico, para algunos pocos, del 9% de los últimos cuatro años, caballito de batalla de K?
Ahora si vamos terminando.
Con estas líneas intentamos mostrar lo que fue y es una de las mayores estafas que se nos hizo, tal vez con la estatización de la deuda externa privada que hizo Cavallo, que fueron todas las privatizaciones que nos metieron Menem y compañía.

Las que fueron cómplicemente silenciadas, y/o apoyadas y votadas en su momento, por todos los gobierno que le siguieron.

Creemos que hay medidas que Kirchner podría tomar tranquilamente sin mostrar “su lado comunista” y agitando los fantasmas de la nacionalización como las escritas anteriormente y propuestas en su mayoría por el grupo Moreno.

Pero K, aparte de ser millonario en 20 años siendo político y martillero, aparentemente tiene las manos negras no sólo por Río Turbio y Las Heras sino por el petróleo que lo acompaña desde su Santa Cruz para acá.

No creemos que aplicar esos puntos sean es la medida más conveniente.
Sostenemos que hay que nacionalizar el petróleo y el gas, su exploración, refinamiento, transporte y distribución sin indemnización alguna. Por si hiciera falta decirlo lo que han ganado en estos años cubre cualquier daño o perjuicio y aparte pagarles algo cuando un nene se muere cada 20 segundos por causas relacionadas con la pobreza es una medida fuera de toda lógica.

Aunque K pague 100.00 millones de dólares al Fondo a costa de nuestro sufrimiento no se puede tomar como antecedente.

Se debe estatizar pero poner en manos de este gobierno, o cualquier otro, su administración es como poner al lobo a cuidar las ovejas.

Se debe estatizar y debe ser controlada por los trabajadores petroleros y por el pueblo por medio de representantes elegidos libremente que pondrían los recursos de estas empresas recuperadas al servicio de todo el pueblo.

¿Suena utópico?
También sonaba a utopía que con la movilización popular sacásemos un gobierno de ciencia ficción como el de De la Rúa y que una empresa pudiese ser manejada por sus propios trabajadores, como Zanon en Neuquén. Y ahí siguen. Y acá seguimos.