Luego de 5 años de funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), la política pública yerbatera pasa por la encrucijada de profundizar los mecanismos regulatorios previstos en la ley y/o darse instrumentos nuevos (ej. Mercado Consignatario), a fin de poder cumplir con su razón de ser de origen: garantizar a todos los actores de la cadena de valor un ingreso digno que asegure un nivel aceptable de calidad de vida a los eslabones más débiles (tareferos/ pequeños productores), y posibilitar el desarrollo estratégico de esta actividad económica regional en un contexto ambiental y socialmente sustentable.