La educación fue parte de ese “gasto social” a recortar. Ante tamaña coyuntura política, a partir del número 96 (1990), Realidad Económica decide abordar, a través de una serie de artículos, la problemática educativa que comenzaba a plantearse. Lo hace, en primer lugar, reproduciendo una conferencia del reconocido pedagogo brasileño Paulo Freire -por entonces secretario de Educación de la primera experiencia de gobierno del Partido de los Trabajadores, llevada a cabo en la ciudad de San Pablo-, bajo el título “Educación Popular”. Allí, Freire manifestaba: “tengo un proyecto de transformar la escuela pública haciéndola más popular. Por esa razón soy criticadísimo por la prensa de San Pablo. Nos proponemos cambiar la cara de la escuela poniéndola al servicio del pueblo. (…) La tradición autoritaria es increíble en el Brasil. Pero estamos atravesando un momento histórico, estamos empezando a degustar la libertad”. Dos años después, la experiencia petista en San Pablo sería derrotada por el candidato conservador, proveniente del sector empresario, Paulo Maluf. No obstante, esta gestión del gobierno, en el distrito más importante del país, fue determinante para la carrera del PT a la presidencia.

Los efectos socio-culturales de la instauración del modelo neoliberal se abordaron también desde otras miradas. La psicoanalítica fue una de ellas, y la inspiración en el trabajo de Sigmund Freud, El malestar en la cultura, donde analiza la relación condicionante de la cultura por sobre la pulsión individual, llevó a Fernando Ulloa a publicar “Violencia, marginalidad y malestar en la cultura” (RE N° 100, 1991). “Se trata del malestar de los cultos, en todo caso sensibles y hasta preocupados en casos distintos, frente al problema que representan los grandes sectores poblacionales excluidos de esa definición, limitada pero válida, que presenta a la cultura en relación con el saber y hacer del hombre para producir los bienes necesarios a su existencia, definición que pone énfasis en una justa distribución de esos bienes”, afirmará Ulloa en su trabajo.

En su edición número 97 del año 1990, Realidad Económica publicaba un trabajo de Alfredo T. García, entonces miembro del Centro de Estudios Financieros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (CEFIM), en el que se analizaban “Los proyectos de modificación a la Carta Orgánica del Banco Central” de la República Argentina, textos desde los que se pretendió ajustar dicha institución financiera al marco ideológico impuesto por el Consenso de Washington. “Todos los proyectos –salvo el de Zanola- asignan al Banco Central, con mayor o menor énfasis, sólo la función primordial de mantener estable el poder adquisitivo de la moneda, mientras que evitan mencionar como funciones propias otras metas económicas como propender al desarrollo o asignarle algún sentido social a la política monetaria”, se anticipaba García a una reforma que lograría en 1993 consolidar su autonomía, a la vez que le fijaba un perfil meramente monetarista. A diez años de aquella publicación, la reforma de la Carta Orgánica está nuevamente en debate y nuevos proyectos se preparan a ser tratados en el Congreso de la Nación buscando, como afirmara recientemente un periódico, dar “un giro de 180° en el rol del BCRA, que dejará de ser el house organ (casa orgánica) del neoliberalismo”.

1991 marcaba el agresivo avance de las llamadas “políticas de mercado”, que impondrían el paradigma del individualismo y el éxito medido en dinero. Muchas voces se alzaron, pero no las suficientes. Entre ellas se destacó la del dirigente cooperativista Floreal Gorini, para quien “la cooperación nace de la esencia de la condición humana”. Para este referente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que además llegaría a ser diputado de la Nación, “la fuerza individual de cada hombre actuando aisladamente no hubiera permitido a la humanidad salir de la sociedad primitiva. Cuando los hombres unieron sus fuerzas y capacidades en el trabajo en común, en cooperación, se creó una fuerza muy superior que no sólo es la suma de las fuerzas individuales, tiene otra categoría, es la fuerza colectiva que permitió al hombre salir de su estado primitivo y construir las sociedades actuales”. Gorini manifestó, en ocasión de celebrar por entonces el Día de la Cooperación, conceptos que quedaron grabados en las páginas de la revista, al afirmar que “la fuerza colectiva no debe ser sólo usada para la construcción material, que en última instancia es aprovechada por la concentración capitalista; esa fuerza colectiva debe ser utilizada también para oponerse a los planes de dominación y sometimiento de las minorías que hegemonizan en su beneficio a la sociedad mundial” (“El precio de la dignidad”. RE N° 101, 1991).

Estos años de auge neoliberal dieron forma a una etapa de profundos cambios en el ámbito político a nivel internacional, donde los nuevos desafíos no escaparon a viejos problemas no resueltos; situación de la que debieron dar cuenta las ciencias sociales en general y la ciencia política en particular. “La ciencia política necesita cambiar, tanto para captar el significado de los cambios que tienen lugar, y tal vez influir en ellos, como también comprender mejor algunos de los viejos problemas y la razón de su persistencia o continuidad en medio de las transformaciones”, afirmará Carole Pateman, entendiendo que de esa forma dicha rama del saber humano estará en condiciones de hacer su aporte a la creación de “un mundo más democrático, justo y libre”. En “¿Una nueva teoría democrática? Ciencia política, lo público y lo privado” (RE N° 105/6), la politóloga norteamericana bregará por la necesidad de una teoría actual de la democracia, que aborde el nuevo lugar de la mujer y de las minorías sociales, y el cambiante espacio de la masculinidad en la sociedad de finales del siglo XX.

“El 19 de marzo falleció el Ing. Adolfo Dorfman. Sobre el cierre de este número de Realidad Económica y plenos de la tristeza de su ausencia luego de tantos años de fecunda labor en el IADE y en la revista, no deseamos desplegar aquí su extenso curriculum ni abundar en palabras que precariamente describirían nuestros sentimientos. Familiares y amigos -entre los que nos encontrábamos sus compañeros del IADE- asistimos a un emotivo funeral cívico en el que cada uno de nosotros contribuyó a dibujar la semblanza de nuestro Presidente Honorario”. De esta forma simple y sentida, desde las páginas del número 194 de la revista se daba cuenta de la partida de un hombre para quien el devenir del desarrollo industrial en la Argentina fue una pasión. Once años antes, Realidad Económica publicaba un avance de su trabajo “La industrialización argentina en una sociedad en cambio” (RE N° 112), en donde Dorfman reflexionaba respecto del desarrollo industrial local en un contexto de profundos cambios tecnológicos, sociales y de integración regional. La pregunta a la que pretendía dar respuesta estaba enfocada en la posibilidad de un desarrollo económico y social sostenible en la Argentina. Hemos sido privilegiados testigos de su obra. Realidad Económica ha dado cuenta de buena parte de su producción intelectual. Entendemos que allí están los caminos que nos permitan desandar ese y otros interrogantes.

En tiempos en los que el ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, profesaba el decálogo menemista de la reforma del Estado, cuyo mandamiento número uno rezaba que “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”, el análisis de las pautas y de los efectos económicos y sociales del modelo privatizador fue materia ineludible para Realidad Económica. En su número 113 (1993), en “Privatizaciones y Legitimidad: la lógica de la coerción”, Ana Dinerstein sugiere que “el análisis de los actuales procesos de privatización de empresas públicas debe ser inscripto en el marco de referencia que nos proporciona la perspectiva denominada del conflicto social; en ella, las relaciones de poder dentro del sistema dependen de la estructura de relaciones sociales y económicas existentes”. Para la autora, “la ruptura de formas anteriores del funcionamiento estatal, sin contención democrática de demandas y propuestas, va a dejar grietas por donde la legitimidad y la cohesión social necesaria a la nueva relación estado-sociedad se escapa”. En la edición número 120 se publicó un avance de la investigación que desarrolló Jorge Schvarzer (1938-2008) bajo el título “El proceso de privatizaciones en Argentina. Implicaciones preliminares sobre sus efectos en la gobernabilidad del sistema”. El trabajo realizado para CLACSO partía de analizar el cambio de rumbo producido en 1989, para luego abordar las privatizaciones paradigmáticas de la era menemista: ENTel, Aerolíneas Argentinas y la concesión de las rutas bajo la modalidad de peaje. Schvarzer, quien en los primeros años del siglo XXI fue uno de los activos fundadores del Plan Fénix, cerraba esa investigación analizando los efectos de este proceso sobre los sistemas económico y social, como asimismo respecto de la propia gobernabilidad. A poco menos de tres años de iniciada la oleada privatizadora, Schvarzer señaló que “la dimensión de ese fenómeno no se puede captar fácilmente a partir de los datos disponibles. Los intentos de medirlo que se ofrecen en los análisis fallan por razones metodológicas. El número de empresas entregadas al sector privado ofrece, por ejemplo, un pálido indicador del proceso; las enormes diferencias de magnitud entre unas y otras inutiliza la suma de ellas como unidades semejantes. Se han vendido empresas que valían varios miles de millones de dólares y otras que apenas llegaban a la decenas de millones de esa moneda, sin contar terrenos y galpones de ínfimo valor”.

Anteriormente se hizo mención a los efectos económicos y sociales de lo que fue el desguace del Estado, y a ello se dedicó el investigador Eduardo Basualdo en su artículo “El impacto económico y social de las privatizaciones” (RE N° 123). Basualdo, un agudo y crítico analista que abordó en forma pormenorizada la implementación del modelo neoliberal en la Argentina, planteaba para 1994 que “la privatización de empresas públicas constituye uno de los puntos culminantes de los procesos de reestructuración económica y social que puso en marcha la última dictadura militar en nuestro país con el objetivo estratégico de restablecer la gobernabilidad mediante la disolución de las condiciones económicas, sociales y políticas que hacían posible la conformación de proyectos populares de alternativa”. Si de efectos sociales hablamos, uno de los más curiosos, que para algunos analistas representó la manifestación de cierta involución a relaciones medievales de convivencia, fue la privatización de la seguridad a través de la multiplicación de cuerpos privados de policía. En “Policía y privatización. Las policías privadas como menoscabo de la soberanía estatal” (RE N° 133, 1995), Martín Lozada, por entonces secretario del Juzgado de Instrucción N° 2 de Bariloche, subrayaba que “en sociedades donde se estimulan desproporcionadamente la compra y venta de bienes y servicios, no resulta extraño que a las demandas de seguridad y control aumenten respondiendo ingenuamente a la idea según la cual, comprando guardias y horas de servicio, le seguirán como consecuencia necesaria menos comportamientos potencialmente peligrosos. Esta circunstancia nos coloca, por lo demás, frente a la posibilidad ominosa de estar en el inicio mismo de un período en el que la justicia de clase (grandes empresas oligopólicas, propietarios acumulativos) no sea ya un fenómeno disimulado y contrarrestado por las garantías jurídico penales, sino una realidad abierta, deliberada y explícita”. Hoy podemos decir que toda vinculación de lo aquí reproducido con la actualidad argentina no es pura coincidencia.

“Pese al contexto de crisis en el que se debate el sector agropecuario, siguen aumentando los precios de los alimentos con que se enfrenta el consumidor final. Desde abril de 1991 hasta marzo de 1993 el IPC registra un incremento del 38,1%. Se trata de una inflación moderada para un país acostumbrado al síndrome de la hiperinflación característico del período 1989-1991. Sin embargo, con una tasa cambiaria fija, se trata de una inflación alta en términos internacionales y, además, una inflación en dólares, que paulatinamente deja fuera del mercado internacional a una serie de exportaciones potenciales de base industrial y agropecuaria”. Crisis alimentaria, crisis de pobreza, crisis agropecuaria en el país de las vacas y las mieses son los temas que aborda el especialista en economía agraria Miguel Teubal en su ponencia presentada en el XIX Congreso Latinoamericano de Sociología, realizado en Caracas en 1993, y que Realidad Económica publicó bajo el título “Hambre y crisis agraria en el granero del mundo” (RE N° 121).

Danilo Astori aún no era el ministro de Economía de la primera experiencia de gobierno del Frente Amplio uruguayo, pero en su carácter de senador por esa fuerza política, con una amplia formación económica, fue invitado por el IADE a dictar una conferencia que tuvo lugar el 22 de abril de 1994 en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. “Estado y mercado: neoliberalismo y opciones” (RE N° 124) es la transcripción de esa disertación, en la que anunciaba: “La alternativa al neoliberalismo no puede ser equivalente a crecimiento de la inflación, déficit fiscal y descontrol monetario. El gran desafío es que la alternativa tenga también inflación baja o ausencia de inflación, equilibrio de las cuentas públicas y control monetario. Si pudiéramos definirlo en pocas palabras, se trata de darle otro contenido a los mismos equilibrios. Cuando digo otro contenido estoy queriendo decir que para llegar y mantener esos caminos puede haber otros caminos…”.

Entre 1995 y 1996, Realidad Económica publicó a lo largo de tres entregas el trabajo de David Laibman “Un ensayo sobre la estructura y dinámica de la sociedad capitalista” (RE N° 135, 136 y 137), en el que el profesor de la Universidad de Nueva Cork hace, en primer término, una síntesis de la teoría clásica marxista sobre la dinámica del capitalismo, para posteriormente asumir la teoría general del capitalismo como “la única capaz de sentar los fundamentos para un abordaje genuino de las particularidades: de las diversas experiencias históricas, de las diferentes etapas de su evolución y de las diversas formas en que la socioeconomía capitalista es experimentada por la gente (los movimientos sociales, las identidades nacionales y raciales, etc.)”. Este texto de Laibman fue producto del ciclo que, bajo el título “Acumulación, cambio técnico y crisis de la economía capitalista”, organizó en su momento el IADE junto al CEIL-PIETTE del CONICET, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el Programa de Posgrado en Ciencias Sociales del Trabajo, el Credal-Centre National de la Recherche Scientifique y la Asociación Trabajo y Sociedad. “Ya mencioné el propósito que me llevó a escribir este material, al que a menudo es difícil acceder y se encuentra en formas especializadas: hacerlo accesible a cualquier lector inteligente que quiera hacer el mismo esfuerzo que Marx requería del público francés”, desafía el autor a quien pretenda adentrarse en un complejo de ecuaciones y gráficos que analizan las múltiples dimensiones de la construcción capitalista en la búsqueda de las fallas donde operar la resistencia y la oposición al sistema.

“Por la diferenciación sustancial respecto de la organización capitalista, las cooperativas disputan la hegemonía de la sociedad burguesa”, afirmaba en el año 2005 Alfredo García, por entonces director del Cefim (IMFC), en una polémica que se reflejó en las páginas del suplemento Cash del diario Página/12 con el economista Pablo Levin, para quien “en la época capitalista, el capital subsume todas las formas de asociación productiva”, por lo que “su forma cooperativa tiende a degenerar” y “la relación trabajo asalariado/capital se orienta a cobrar el carácter de relación obrero/patronal aun entre los compañeros” . Dos de los términos de este debate fueron ampliamente analizados desde Realidad Económica: burguesía y cooperativismo. En 1994, desde su trabajo “El análisis de la burguesía como actor político” (RE Nº 128) Carlos Acuña nos advierte que “la explicación de la importancia política y comportamiento de los capitalistas no puede ser reducido a particularidades culturales. Para el investigador del CEDES, “los factores culturales no pueden haber determinado una conducta de los capitalistas latinoamericanos diferente de la de verdaderos capitalistas de las sociedades capitalistas desarrolladas, dado que el comportamiento efectivo (histórico) de ambos grupos ha sido en gran medida similar hasta no hace mucho”. De allí concluye la necesidad de incorporar otras variables que articulen en “teorías de nivel medio”. Por su parte, Julio Olivera, profesor de la Universidad de Buenos Aires, nos recordará las palabras del referente de la escuela económica clásica John Stuart Mill, para quien “si la humanidad continúa progresando, la forma de asociación que es de esperar predomine en definitiva no es la que existe entre un capitalista que actúa como jefe y un obrero que no tiene ni voz ni voto en la dirección, sino la asociación de los mismos trabajadores en condiciones de igualdad, poseyendo colectivamente el capital con el que realizan sus operaciones y trabajando bajo la dirección de personas que ellos mismos nombran y destituyen”. En su edición Nº 131 Realidad Económica publicó la disertación que Olivera realizó en 1973, bajo el título “Teoría económica y sistema cooperativo”. Y en ella destacó, entre otros temas, que el modelo cooperativo “no es simplemente un método para proveer a la satisfacción de las necesidades”. Su meta es más amplia, la de “formar al hombre cooperativo, que es la coexistencia armónica de lo individual y lo social”.

Uno de los conceptos estrellas en los años 90 fue el de globalización; concepto que de la mano de la revolución tecnológica se centró en la circulación irrestricta del capital por sobre las fronteras nacionales, pero que no fue pensado del mismo modo en lo que a las personas respecta. “Este proceso –tanto de expansión de los flujos como su utilización ideológica para la fundamentación de política- avanza sin que haya habido en nuestras sociedades una reflexión profunda sobre su naturaleza, sus causas y sus consecuencias”, señala el analista Raúl Bernal Meza en “La globalización: ¿un proceso y una ideología?” (RE Nº 139). Meza elaboró su análisis partiendo de tres premisas: “La primera, que el origen de la globalización como proceso económico está en la configuración del primer orden económico mundial estructurado por el mercantilismo. La segunda –y muy vinculada a la anterior-, que la globalización no es un proceso distinto, autónomo de la historia social y económica del sistema internacional y ella es eslabón de un sistema que se inicia con la internacionalización y sigue con la trasnacionalización. La tercera, que el antecedente ideológico de la globalización está en el paradigma de las relaciones interdependientes”. En 1998, la revista volverá sobre el tema con un artículo de Carlos Vilas “Gobernabilidad y globalización” (RE Nº 157). “Normalmente, los argumentos respecto de la capacidad desestabilizadora de la pobreza tienen como resultado práctico el incremento de los presupuestos de seguridad, mucho más que la definición de políticas de empleo o una reorientación de los estilos dominantes de desarrollo. Los grandes desafíos de la gobernabilidad (…) no provienen del mundo de la pobreza, sino del mundo de la exorbitante riqueza de la especulación financiera, de la narcoeconomía que circula por sus canales y de la complicidad del Estado y las agencias gubernamentales en la generación de condiciones propicias para la acumulación y el enriquecimiento en uno y en otro ámbitos”. Consideración que a poco de iniciada la segunda década del siglo XXI recobra singular relevancia en espacios tan diversos como Europa, México y la Ciudad de Buenos Aires.

“Mi propósito es mostrar qué fuerzas, profundamente arraigadas en el corazón de la economía capitalista, son responsables de los crecimientos y de las grandes depresiones”, afirmará en su visita a la Argentina Anwar Shaikh, economista de formación marxista y origen paquistaní, profesor de The New School for Social Research of New York. En su número 140 (1996), Realidad Económica publicará “La crisis de las economías capitalistas”, exposición en la que Shaikh transitó sobre la premisa que señala que “las grandes depresiones son algo intrínseco al crecimiento capitalista”.

Para 1997, los límites del Plan de Convertibilidad comenzaban a dar sus primeras y palpables señales, menospreciadas no obstante por los sectores dominantes nacionales y trasnacionales. Luego de la crisis del tequila en 1994, llegó tres años después la del sudeste asiático que sólo en sus primeras semanas mandó a la pobreza a un millón de tailandeses y a unos 20 millones de indonesios . Sumadas la crisis rusa del 98 y la brasileña del 99, se puso en jaque la capacidad de absorber divisas, negada en origen por la vía del superávit comercial y ahora por la inversión externa directa. “En un artículo anterior sobre el plan de Convertibilidad (P. de C.) se señalaba la necesidad de revisar nuestro pasado para tratar de explicarlo. Para ello nos servíamos de una muy sucinta descripción de las aberraciones que se fueron dando en nuestra dinámica capitalista como sistema, estructura económica y superestructura política, teniendo presente el desenvolvimiento capitalista de los países desarrollados y de otros países en desarrollo”, nos introduce Jacob Goransky en su estudio “Introducción teórica al análisis del plan de convertibilidad” (RE Nº 146). “En ese momento parecía que el P de C había logrado transformar a nuestro país consolidando una estabilidad largamente inalcanzada, visión que objetábamos en función de su total dependencia de factores externos, y de la no eliminación de los condicionamientos que siempre inhibieron las posibilidades de un desarrollo sostenido en el largo plazo”. Aún faltaba masa crítica, otro concepto que cobraba auge por entonces, y que fuera tomado en préstamo de la física.

La destrucción del algo más que el incipiente Estado de bienestar por la Argentina del neoliberalismo, quedó fotografiada por dos hechos transformados en símbolos: la destrucción del sistema previsional solidario y la privatización de YPF. “La sociedad argentina de los noventa está viviendo un proceso similar al ocurrido en otros países de Occidente: privatización, desnacionalización, desregulación, retiro del Estado, pero sobre todo el fin de las políticas sociales pertenecientes a la naturaleza de los Estados de bienestar (EB). (…) Creemos que el estudio de casos en los cuales se desplegaron tempranamente políticas sociolaborales que pertenecen al mundo de esa unidad estructural que fueron los EB nos permitirá ampliar nuestro conocimiento sobre el actual comportamiento de los sujetos sociales frente a éstos fenómenos”. De esta manera, Enrique Mases y Gabriel Rafart nos introducen en su trabajo “Entre Bismarck y Beveridge. Los inicios de políticas de bienestar en la Argentina: el caso de YPF, 1922-1946” (RE Nº 149), donde a partir de comparar las políticas de contención social en la Alemania de Bismarck y en la Inglaterra de Keynes y Beveridge, los autores se proponen analizar “en qué medida las políticas sociales y laborales llevadas a cabo en la Alemania de la larga era del canciller Bismarck se erigieron como modélicas en países como la Argentina de las primeras décadas del siglo XX”. Y para ello “intentaremos establecer si el modelo de intervención en una empresa como la petrolera estatal tiene cierta similitud con aquellas políticas sociolaborales inauguradas” por el canciller prusiano.

“Lo que se ha dado en llamar Reforma del Estado tiene en la política de privatizaciones una de sus partes sustantivas, pero no se resume en ella, porque también forman parte de esta transformación otras facetas que, aunque estrechamente relacionadas por ser parte de un único proceso, son diferentes. Estas facetas comprenden lo relativo a la reorganización y el ajuste de la administración central y las provinciales, lo atinente a la reestructuración de las relaciones capital-trabajo -que tiene en la flexibilización laboral un nudo central-, los avances desreguladores y la apertura al mercado mundial, lo relativo al sistema previsional y a la estructura tributaria y, como uno de sus rasgos más sustantivos, la subordinación de la moneda nacional -el peso- al dólar, a partir de la ley de convertibilidad”, asegura por su parte Mabel Thwaites Rey desde “Ajuste estructural y reforma del estado en la argentina de los ‘90” (RE Nº 160/1). El propio desarrollo de su trabajo, como parte de la investigación “Nuevas fronteras de la relación Estado- sociedad en la etapa post- ajuste”, dirigida por el Dr. Oscar Oszlak, en el programa de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, llevará a la autora a trabajar la relación entre “la política” y “la economía”.

En este contexto, hablar de reforma agraria supuso un anacronismo. Un debate pasado de moda, que cerraba los ojos al irrefrenable avance del modo de producción capitalista sobre el campo. No obstante, Realidad Económica en 1998 decide publicar el documento “Para una mejor distribución de la tierra. El reto de la reforma agraria” (RE Nº 154) emitido por el Pontificio Consejo “Justicia y Paz” del Vaticano en el que podemos leer: “Siguiendo la perspectiva marcada por las Sagradas Escrituras, la Iglesia ha elaborado en el transcurso de los siglos su doctrina social. Documentos fidedignos y significativos ilustran sus principios fundamentales, así como los criterios útiles para juzgar y discernir, y las indicaciones y orientaciones para realizar las elecciones oportunas. En la doctrina social se juzga el proceso de concentración de la tierra como un escándalo porque está en neta oposición con la voluntad y el designio salvífico de Dios, porque niega a una gran parte de la humanidad los beneficios de los frutos de la tierra. Las perversas desigualdades de la distribución de los bienes comunes y de las posibilidades de desarrollo de toda persona y los desequilibrios deshumanizados de las relaciones personales y colectivas, causados por este tipo de concentración, provocan conflictos que dañan las bases de la convivencia civil y provocan la destrucción del tejido social y el deterioro del medio ambiente”. Ese mismo Vaticano que fue protagonista en la derrota del bloque comunista en Europa, ahora no se privaba de recordar en este documento que: “El derecho de propiedad privada, según el Magisterio de la Iglesia, no es sin embargo incondicional, al contrario, está caracterizado por restricciones muy precisas. La propiedad privada, en efecto, en el contexto concreto de sus instituciones y de sus normas jurídicas es ante todo un instrumento de actuación del principio del destino común de los bienes, es por lo tanto un medio y no un fin. El derecho de propiedad privada, que es positivo y necesario, debe estar circunscrito en los límites de una función social de la propiedad. Todo propietario debe por lo tanto ser siempre consciente de la hipoteca social que grava sobre la propiedad privada: «Por tanto, el hombre al usarlos no debe tener las cosas exteriores, que legítimamente posee, como exclusivas suyas, sino también considerarlas como cosas comunes, en el sentido de que deben no sólo aprovecharle a él, sino también a los demás»”.

Superado el pánico y los negocios originados en el supuesto efecto Y2K, el año 2000 encontró a la Argentina a mitad de camino entre la esperanza y la angustia de un nuevo fracaso. A la llamada reforma laboral, con apriete en diputados y coimas en el senado, le siguió la renuncia de Carlos “Chacho” Alvarez a la vicepresidencia de la Nación. “Si alguno de los ciudadanos tenía la ilusión de que todo cambiaría con el nuevo gobierno hoy debe sentir una profunda frustración. Porque se han aplicado algunas de las recetas más queridas por el menemato, hay inmovilismo económico, se ha empujado una reforma laboral que institucionaliza la fragilidad del empleo, se ha tomado al déficit fiscal como la vaca sagrada e intocable del esquema en vez de pensar en la producción o en el respaldo a exportaciones novedosas y bien remuneradas. Esta quietud ha provocado una mayor inmovilización del mercado interno, una retracción de la ayuda financiera a la pequeña y mediana empresa, el crecimiento vertiginoso de cierre de cuentas corrientes”, anunciaba el analista económico Daniel Muchnik en “La gestión del nuevo gobierno” (RE Nº 171). Por su parte, Eduardo Basualdo y Matías Kulfas, en “Fuga de capitales y endeudamiento externo en la Argentina” (RE Nº 173), ponían en evidencia algunos números que dejó la gestión del por entonces superministro de Economía Domingo Cavallo. Tras demostrar la manipulación de los datos oficiales, los autores concluyen que “en la década pasada la evolución de la fuga de capitales nuevamente reproduce las situaciones que se suceden en términos de la deuda externa. Efectivamente, el endeudamiento externo también registra entre 1990 y 1992 una llamativa estabilización -se eleva apenas de 62,2 a 62,8 miles de millones de dólares- para luego, a partir de 1993, retomar un sendero de ininterrumpida y acelerada expansión, ubicándose en 139,8 miles de millones de dólares durante 1998. En este contexto, cabe insistir que este comportamiento atípico tanto de la fuga como de la deuda externa, está directamente relacionado con las reformas estructurales que se despliegan a comienzos de la década de los '90 y que dieron lugar a un inédito proceso de concentración económica y centralización del capital. Se trata específicamente de la estrecha relación que mantienen estos fenómenos con la privatización de las empresas estatales”.

Hacia finales de 2000, el periodista y economista Julio Sevares señalaba ya desde “Riesgo sin control en el mercado financiero internacional” (RE Nº 176) que “a pesar de las regulaciones a que están sujetos y a la imagen de mayor seriedad y aversión al riesgo que tratan de mostrar, la mayoría de los bancos también participan activamente en operaciones riesgosas. Comenzaron a incurrir en estrategias de préstamo más riesgosas y en operativas no tradicionales de mayor exposición por varias razones”. En Argentina faltaba un año para que dichas instituciones perdieran esa imagen de seriedad. Imagen que tiempo más adelante perderían las agencias calificadoras de riesgo: “La liberalización financiera y el desarrollo del mercado de bonos aumentó la importancia de las calificaciones de riesgo de países y empresas que los inversores utilizan para evaluar a sus potenciales financiados y el riesgo de sus operaciones. En el mercado competitivo, la calidad de la calificación de riesgo es un elemento decisivo para una adecuada distribución de los recursos financieros y la prevención de crisis. Pero el sistema dista de ser perfecto. Los errores de las calificadoras, sostiene el BIS11, fueron muy evidentes durante la crisis asiática. Las mayores agencias subestimaron factores de riesgo en varios países. En general, afirma el Banco de Basilea, hay una serie de razones para tener menos confianza en ratings de crédito soberano (riesgo país) que en los ratings de las agencias para los bonos de las corporaciones de los Estados Unidos”, destaca Sevares en su trabajo.

A lo largo del imperio del neoliberalismo en la Argentina los organismos multilaterales de crédito se dieron una acción de pinzas. Mientras el FMI propició las privatizaciones y la instrumentación de políticas de ajuste, el Banco Mundial promovió programas de contención social funcionales al modelo. La promoción de las ONGs como herramientas supuestamente superadoras de la acción del Estado en la aplicación de políticas sociales y de desarrollo operó en ese sentido. Entre febrero y marzo del año 2000 el Banco Mundial instrumentó en nuestro país el proceso de consulta sobre el Country Assistant Strategy con distintas organizaciones no gubernamentales, a través de cinco foros regionales y uno a nivel nacional. “Ante la necesidad de compensación de los denominados costos sociales y de hacer frente a los conflictos y problemas de legitimación política que exige este paisaje desolador, la ejecución de las políticas sociales de nuevo cuño (asistencialistas y focalizadas) es delegada en gran parte a las ONGs, municipios y otras entidades. Al mismo tiempo, el vuelco de la financiación del BM hacia programas para el sector social a partir de 1995 (cuando lo grueso del ajuste estaba completado), apela a la participación y la transparencia, y declara que su principal objetivo es reducir de manera sostenible la pobreza en el mundo en desarrollo, apropiándose de los discursos críticos a su accionar en décadas pasadas e intentando mediatizarlos” afirman los antropólogos Hugo Trinchero, Marcela Woods y el presidente de la Asociación Civil Don Jaime de Nevares, Gustavo Rodríguez Karaman, en su análisis crítico “ONG's - La consulta del Banco Mundial a la sociedad civil en la Argentina: Economía política de la participación” (RE N° 180). Y en cuanto al propio concepto de “sociedad civil” los autores afirman: “sostenemos que el BM mediante esta novedosa apropiación de la noción de sociedad civil se inscribe en una específica tradición o matriz política e ideológica que presupone que las relaciones sociales y políticas no son deudoras de las desigualdades económicas generadas por el proceso de acumulación capitalista. La afirmación anterior no implica el desconocimiento de la existencia objetiva del espacio de la sociedad civil, sino que se trata de clarificar el hecho de que: a) la sociedad civil no es un espacio social homogéneo, sino atravesado por desigualdades estructurales cuya garantía última de reproducción es el estado y cuya expresión naturalizada es el mercado; b) existen en la actualidad tanto en niveles local como regional y mundial movimientos y organizaciones sociales con un arco de demandas diversificado que al no centrarse sobre el espacio de la producción se han apropiado de la noción de sociedad civil críticamente para el ejercicio de dichas demandas”.

Aerolíneas Argentinas no fue un hecho menor en la política de desguace del Estado como herramienta para refundar la Argentina del “libre mercado”, con la intervención de múltiples actores de afuera y de adentro. “Al acordar la privatización de AA, en noviembre de 1990, los gobiernos de Carlos Menem y Felipe González sellaron un compromiso político innegable. Su caída, diez años más tarde, también es el producto de una decisión política compartida por el español José María Aznar y su par argentino, Fernando de la Rúa. Las razones económicas sectoriales, primero y después, siempre se subordinaron a aquéllas. La compleja articulación entre economía y política es la que explica cómo se urdió una de las tramas más oscuras de la vida pública argentina y de las relaciones con España que se cuentan en estas páginas”. En “Aerolíneas: el espejo de la Argentina” (RE N° 181), Mabel Thwaites Rey hace un seguimiento del vaciamiento de la aerolínea de bandera, destacando entre otras cosas que “el fracaso rotundo de la estrategia de Iberia de construir la gran aerolínea íberoamericana, quiebra de la venezolana VIASA mediante, y las exigencias de austeridad de la Comunidad Económica Europea, empujaron a los españoles a minimizar los costos de su aventura latinoamericana”; destacando la complicidad local cuando “en 1994, obtuvieron de la Argentina una concesión clave otorgada por Domingo Cavallo: la renuncia del estado a su acción de oro, que le permitía fiscalizar las decisiones estratégicas tomadas por la conducción empresaria, y el permiso para vender los activos de AA e intentar achicar con el producto de ellos sus ya cuantiosas pérdidas”.

El año 2002 fue el día después tras la implosión del modelo neoliberal argentino luego de la crisis de diciembre del 2001, el mes de los cuatro presidentes. El destino del país cobró un rumbo incierto tras una feroz devaluación y la multiplicación de los niveles de pobreza y el consecuente conflicto social. El 20 de marzo de 2002 se llevó a cabo en el Teatro del Pueblo la tercera de las mesas-debate sobre la actualidad argentina organizadas por el IADE. Los panelistas Jorge Schvarzer, Héctor A. García y Mabel Thwaites Rey tuvieron a su cargo las exposiciones. Realidad Económica publicó esos aportes en su número 187 bajo el título “Las medidas económicas: ¿solucionan la crisis o la profundizan?”. Tiempo de debates en una Argentina que se desangraba. El 16 de octubre de 2002, convocada por el IADE, se realizaba, en el mismo escenario, una mesa redonda para analizar la posibilidad y necesidad de recuperación para el país de sus recursos estratégicos. En la ocasión participaron Gustavo Calleja (ex subsecretario de Combustibles de la Nación), Félix Herrero (ex presidente de las hidroeléctricas binacionales argentinas Yacyretá y Salto Grande) y Fernando Solanas (cineasta y por entonces ex diputado nacional). Las exposiciones fueron publicadas en el artículo “Debates - Recuperación de los recursos naturales y de la renta energética y petrolera para el país” (RE N° 191). Allí recordaba y advertía Calleja: “El Poder Ejecutivo debe anular los contratos cuando hay hechos ilícitos y ni siquiera se debe ir a la justicia: es un acto de soberanía. El tema de la diferencia patrimonial lo podemos discutir en los tribunales: Illía no pagó un solo peso de indemnización y se quedó con los yacimientos. John Kennedy, una semana antes de ser asesinado, reconoció el derecho soberano de la Argentina a recuperar sus yacimientos. Claro que con esta Corte no se puede plantear la nulidad, porque el riesgo es que le den al tema el blanqueo de cosa juzgada”.

Las elecciones del año 2003 son ganadas en primera vuelta por el ex presidente Carlos Menem, quien no se presentará a la segunda ronda. “El próximo 25 de mayo asumirá, seguramente, una nueva administración gubernamental elegida por el voto popular que deberá enfrentarse, e intentar dar respuesta, a una multiplicidad de problemas que demandan, por un lado, urgentes soluciones y, por otro, creatividad y vocación de cumplir con el tradicional (y muchas veces bastardeado) juramento de servir a la patria. Más de la mitad de la población en condiciones de pobreza, niveles de indigencia desconocidos en el país, tasas de desempleo y subempleo exorbitantes y de carácter estructural desde hace casi una década, cesación de pagos de una deuda externa impagable (que continuó renegociándose bajo condiciones que no han hecho más que seguir hipotecando el futuro de varias generaciones de argentinos), desarticulación y desintegración del tejido productivo, y crisis de numerosas economías regionales, emergen, sin duda, como asignaturas pendientes que, como tales, sólo podrán ser resueltas a partir de un cambio contundente en la orientación de las políticas públicas y, fundamentalmente, en sus bases de sustentación y validación social. Entre esos tantos problemas cruciales a resolver está el que se relaciona con el tratamiento de los servicios públicos privatizados durante la gestión del Dr. Menem; resolución que trasciende la problemática regulatoria en tanto necesariamente involucra dos temas no menos relevantes: el de la propiedad y el del gerenciamiento, público o privado, de las empresas responsables de la prestación de tales servicios”. Esta introducción pertenece al trabajo de Martín Schorr y Daniel Azpiazu, “Privatizaciones - Asignaturas pendientes para una nueva administración de gobierno. La regulación de los servicios públicos” (RE N° 195), previo a la asunción de un poco conocido Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación. “Los poderosos intereses privados (locales y extranjeros) involucrados en las privatizaciones (preocupados por mantener el statu quo de los años noventa), así como la creciente presión de los gobiernos de los países de origen de buena parte de las empresas privatizadas (o de algunos de los integrantes de los respectivos consorcios), potenciada por la que ejercen los organismos multilaterales de crédito, condicionan seriamente la posibilidad de revertir el contexto de privilegio bajo el que operaron durante largos años tales firmas. (…) Se trata, en principio, de condiciones poco propicias para encarar un replanteo integral de la relación empresas privatizadas-Estado-sociedad civil. No obstante, paradójicamente, la asunción de una nueva administración gubernamental asentada sobre el voto popular, sumada a la toma de conciencia -y a la consiguiente movilización- de amplias capas de la población respecto del "saqueo" a las que fueron sometidas durante los años noventa por parte de las empresas privatizadas, pueden constituirse en el necesario -e imprescindible- contrapeso de aquellas presiones”, señalaban los investigadores.

Realidad Económica, siendo fiel a su histórica línea de pensamiento, apoyó desde sus páginas las demandas dirigidas al nuevo gobierno para revisar las reformas estructurales que dejó el neoliberalismo. La reforma del sistema previsional no estuvo ausente de esos ejes. “¿Cómo fue posible que una reforma, que ha sido el producto de un proceso democrático de discusión y negociación entre los representantes de la ciudadanía argentina, resulte en un rotundo fracaso que, en menos de ocho años, deja en duda el ingreso futuro de los jubilados, que no ha servido para crear un mercado de capitales, que ha tenido un altísimo costo para el Estado y que, en definitiva, ha concluido en la transferencia de recursos hacia el capital financiero y en la subordinación del interés público? Tal cual se ha intentado demostrar en la sección anterior, no existe una única explicación del porqué de la reforma. Los distintos actores involucrados fueron influidos por diferentes motivaciones e intereses y, por este motivo, no es posible decir que ésta haya sido el resultado, por ejemplo, de la imposición del capital financiero. Es cierto que algunos de los apoyos fueron obtenidos por la cooptación política y la corrupción, pero esto no explica la complejidad del proceso de discusión y negociación descripto a lo largo del trabajo. (…) El resultado es que la transferencia de recursos desde el estado y la clase trabajadora hacia el capital financiero estuvo siempre asegurada -y ya fue realizada- mientras que el acceso a una remuneración adecuada para los futuros jubilados es en la actualidad absoluta incertidumbre”, destacaba el sociólogo Mariano Nino en “Privatizaciones 2 - Reforma previsional - La subordinación del interés público en el proceso democrático de decisión y negociación en la Argentina” (RE N° 195).

“La devaluación de la moneda no fue en absoluto consensuada sino más bien el resultado de una dura puja de la clase dominante en la cual un importante sector de la fracción industrial logró imponer los principales lineamientos de política económica a seguir. Es por ello que, para comprender cómo finalizó la convertibilidad es imprescindible estudiar el comportamiento de la burguesía argentina y los conflictos entre sus principales fracciones; en este artículo se analiza puntualmente el comportamiento de la burguesía industrial como actor político desde el comienzo de la recesión económica en 1998 hasta los primeros meses de 2002”. En “Burguesía nacional - Crisis de la convertibilidad: el rol de la UIA y su estrategia para el (tipo de) cambio” (RE N° 204), Alejandro Gaggero y Andrés Wainer abordan en este trabajo el comportamiento de la cúpula empresaria argentina en momentos en los que se volvía a debatir respecto de la existencia, y en caso afirmativo el rol, de una burguesía nacional en el marco de un proyecto nacional de desarrollo. “¿Cómo se entiende entonces este reclamo por un proyecto nacional mediante la recuperación de una burguesía nacional? La estrategia que sostenían los dirigentes industriales contra los bancos y las privatizadas implicaba construir una fuerza social capaz de impulsar su proyecto. Con este fin utilizaron un discurso de corte nacionalista, que vinculaba sus posiciones con los intereses de las fracciones más débiles del capital e incluso con la de los asalariados, apelando a las "tradiciones de las generaciones muertas". Con una imagen deformada de la realidad y tratando de recuperar la experiencia de la sociedad argentina durante el período de la ISI, la dirigencia industrial armó un discurso acorde con sus objetivos sectoriales. Dada la forma en que se salió de la convertibilidad y la alianza que tuvo este sector con el gobierno de Duhalde, se puede sostener que esta táctica fue ideológicamente efectiva”.

En su fugaz paso por la presidencia de la Nación, Adolfo Rodríguez Saa declaró la cesación de pagos de la deuda externa argentina, decisión que excluyó a los organismos multilaterales de crédito. En su primer año de gobierno, Néstor Kirchner reprogramó los vencimientos con esos organismos y en enero de 2005 lanzó una oferta de canje a los bonistas privados por un total de 81.800 millones de dólares, con el objetivo de obtener una quita del 75%. El nivel de aceptación comprometió poco más del 76% del monto adeudado, en lo que fue considerado la renegociación financiera más importante de la historia mundial. El 25 de marzo de 2005, el Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación invitó al dirigente cooperativista Carlos Heller para analizar esa operación. Con el título de “Los desafíos de la Argentina Post Canje”, Realidad Económica publicó dicha conferencia en su número 211. Allí, Heller detalló la estrategia del gobierno, evaluando la situación hacia adelante tras la decidida reestructuración. “A nuestro juicio va a tener repercusiones significativas en el funcionamiento del Sistema Financiero Internacional y, en particular, en todo lo que tiene que ver con el mercado de deuda de los países en desarrollo. Es bastante común ver artículos de analistas financieros y de economistas generalmente vinculados al establishment que dicen que esto era inmutable pero muchas de las cosas que parecían inmutables han entrado en contradicción y hasta han estallado. ¿Cuál es la principal enseñanza que podemos extraer en ese aspecto? Es que los acreedores tienen poca capacidad para actuar de verdad sobre un Estado soberano para intentar cobrar sus deudas”, señaló Heller en aquella ocasión.

“El 10 de mayo de 2005 el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, declaró que conseguir la aprobación parlamentaria del tratado de libre comercio con Centroamérica y República Dominicana es la primera prioridad de su gobierno para este año en lo que hace a política comercial, por encima incluso de la culminación de la agenda de la ronda de Doha de la OMC”. El tratado fue firmado en el 2004 y posteriormente fue ratificado por todos los países signatarios. “Desde el punto de vista político puede decirse que, paulatinamente, los acuerdos de libre comercio van cercando al MERCOSUR” afirma el director del Instituto de Investigaciones del Comercio Exterior AIERA, José Carlos Núñez, en “El acuerdo EUA-RD CAFTA ¿rodeando al Mercosur?” (RE N° 215). “De alguna manera los países andinos son la última frontera y avanzar en la integración sudamericana se transforma paulatinamente en un imperativo estratégico si se pretende negociar con Estados Unidos (y en noviembre se llevará a cabo en Mar del Plata una nueva Cumbre de las Américas) desde una posición medianamente más cómoda”. Afortunadamente en esa histórica cumbre de Mar del Plata los países del MERCOSUR lograron echar por tierra el proyecto ALCA, en las propias narices del presidente Bush, cobrando impulso a partir de entonces la construcción de la Unión de Naciones Sudamericanas.

Con la recuperación económica avanzó el debate sobre la distribución del ingreso, bajo la figura ya mítica del reparto equilibrado entre los asalariados y capitalistas. En “Distribución, consumo e inversión en la Argentina a comienzos del siglo XXI” (RE N° 218), los investigadores Javier Lindenboim, Damián Kennedy y Juan Graña, se propusieron reconstruir las estadísticas sobre distribución funcional del ingreso en la Argentina, que se abandonaron desde mediados de los años 70. El olvido no fue casual. “Observamos una caída muy importante de la participación asalariada en el producto social, proceso que se prolongó durante la vigencia casi completa de la Convertibilidad. A su vez, la intervención del Estado no logra revertir esa caída, por lo cual el ingreso asalariado – cuentapropista también reduce inexorablemente su participación hacia fines de la década, recuperándose sólo parcialmente en los últimos años”, señalan los autores. “Un país en el cual la tasa de inversión, la participación asalariada en el producto y el salario real presentan simultáneamente niveles bajísimos, es sin dudas un país con su futuro comprometido. La reorientación de (al menos una) parte de la riqueza social que tiene la forma de ganancia y se destina al consumo capitalista hacia el mejoramiento de estas variables es una necesidad ineludible en el corto plazo, que debe darse con mucha más fuerza que lo observado en 2004”.

En la segunda mitad del gobierno de Néstor Kirchner las discusiones con algunos sectores del llamado “campo” comenzaron a ser más que evidentes; en particular ello se dio con los productores ganaderos. A pesar de la crítica situación vivida por buena parte de los productores agropecuarios en los años 90, con una creciente cantidad de hectáreas hipotecadas y en muchos casos rematadas, algunos representantes del sector manifestaban su fastidio por lo que entendían era el alto costo de sostener la nueva política cambiaria. Realidad Económica ofreció una buena cantidad de análisis y enfoques para abordar la cuestión. Horacio Giberti fue una figura relevante en este debate. No obstante, queremos destacar aquí el trabajo de Nicolás Arceo y Javier Rodríguez “Renta agraria y ganancias extraordinarias en la Argentina 1990-2003” (RE Nº 219), producido en la primera mitad del año 2006, en el que los autores se proponen analizar “el patrón de distribución de la renta agraria en la economía argentina en los años noventa y su modificación como consecuencia de la devaluación del año 2002”, destacando desde un inicio que aquella construcción mítica del “campo” como motor del desarrollo argentino ha tenido un carácter intermitente a lo largo de la historia argentina. “No deja de resultar en algún sentido paradójico que la Sociedad Rural Argentina, entre otras, realice en la actualidad activas campañas tendientes a reducir las retenciones y modificar la actual política económica, frente a la quietud y hasta el acompañamiento que presentó en los noventa con respecto a las políticas que se aplicaron. Merece resaltarse una vez más que en la actualidad los productores agropecuarios apropian una proporción mucho más significativa de la renta agraria que en los años noventa. Sin embargo, podrían ser elementos explicativos del comportamiento de estas corporaciones durante el plan de convertibilidad, la posesión de los suelos de mayor fertilidad por parte de los grandes propietarios, conjuntamente con los elevados beneficios obtenidos por sus crecientes colocaciones financieras”. Planteaban aquí los autores el nudo de un problema que explotaría en el año 2008.

En el marco de la discusión por la distribución del ingreso, la necesidad de instrumentar una reforma del sistema impositivo fue cobrando creciente protagonismo desde distintos sectores sociales y académicos que vienen bregando por la profundización de las políticas que se llevan adelante desde el gobierno nacional. “De nada sirve el desarrollo económico sin desarrollo humano (efectivización de los derechos de los habitantes, entendidos como ciudadanos sociales). Así deben entenderse las finanzas públicas, con funciones que van más allá de la obtención de recursos necesarios para brindar cobertura al costo de las funciones y servicios públicos. Ésta constituye una de las funciones de la hacienda pública, pero no es excluyente de otras consistentes en la promoción del desarrollo económico y la justicia social (redistribución de los ingresos y la riqueza) con la finalidad de que todos los ciudadanos sociales, sin exclusiones, disfruten del derecho constitucional de acceso a los bienes materiales y culturales de la civilización”. En su ponencia “Aportes para una reforma progresiva del sistema tributario argentino” (RE Nº 230), el Presidente del Centro de Estudios Tributarios para América latina, Arístides Horacio Corti, destacaba además que “los impuestos indirectos al consumo siguen siendo la más relevante fuente recaudatoria, sin perjuicio de señalar que no cabe caer en la simplista equiparación entre tributos directos = progresivos y tributos indirectos = regresivos. Nótese que el impuesto a las ganancias de las sociedades opera en los hechos normalmente como un impuesto integrativo de los costos que soporta el consumidor final. (…) En tanto existen impuestos indirectos que pueden contener componentes progresivos como es el caso de los impuestos a los consumos específicos en la medida en que graven fuertemente bienes de lujo, suntuarios o mayor demanda por sectores de ingresos altos”. La renta financiera, el IVA para productos de primera necesidad y la seguridad social son temas puestos en el ojo del debate por el autor.

La capacidad de los grupos económicos concentrados en su escalada para consolidar posiciones dominantes en el mercado y su consecuente potencial para operar en la formación de precios no es un tema nuevo en la Argentina. La polémica instalada sobre el INDEC y la inflación ha pretendido, en los últimos años, ocultar este fenómeno. Sus efectos se sienten en todas las actividades productivas, pero ha sido en el sector de la alimentación en donde más ha golpeado a los sectores populares, que comenzaban a recuperarse de una década que proveyó los más altos índices de pobreza y desempleo. En su número 231, la revista publica un trabajo de Américo García, Integrante de CIRDECO (Centro de Investigación de la Regulación y del Derecho del Consumidor), en el que advierte respecto de la política de concentración y acción coordinada ejecutada por las grandes cadenas de supermercados. En “Deficiencias en la política antimonopólica. La concentración en el sector supermercadista”, García hace un análisis de la situación del sistema de comercialización minorista de bienes de consumo masivo en nuestro país, en las últimas décadas, destacando que “a partir de la recuperación económica desde mediados de 2003 y el incremento en las ventas del conjunto de cadenas de supermercados, los grupos dominantes del sector siguieron incrementando su poder. Prueba de ello es que al año 2006 las cinco empresas de mayor venta han llegado a significar el 85,4 % de las ventas totales del sector supermercadista relevado por el INDEC”, uno de cuyos efectos inmediatos es la distorsión de precios.

“Vivimos en una época de imágenes, en una cultura de imágenes y de velocidad. Se trata de un progreso, pero depende de cómo y para qué se utilice. La conclusión es que informarse no es una tarea fácil. Pero es a través de la información que recibimos que, muchas veces sin darnos cuenta, decidimos sobre nuestro presente y nuestro futuro. De la calidad de la información de que disponemos depende nuestra calidad de vida”. Con el artículo de Carlos Gabetta, director de Le Monde Diplomatique en castellano, “Medios de Comunicación. La información en un mundo globalizado” (RE Nº 235), Realidad Económica se anticipaba a un debate que enfrentaría a la sociedad con otros, no menos importantes, intereses económicos. “El mundo informativo está así cada vez más controlado por megaempresas que abarcan todas las ramas del negocio de la comunicación. Con varios efectos: eliminación de fuentes de trabajo, aceleración y polución de la información y restricción en la variedad de fuentes. (…) Estas empresas fusionadas siguen ofreciendo servicios informativos, pero ya no son gestionadas por periodistas, sino por gerentes económicos o administrativos o de finanzas, cuyo punto de referencia no son los lectores, no es el público, sino los accionistas o los patrones de la empresa”. Gabetta apela a considerar a la información como un servicio público y no una mercancía, haciendo un llamado a reivindicar el derecho ciudadano a la información. Cuando Realidad Económica publicó este artículo –en su edición de abril/mayo de 2008- el debate parlamentario sobre una nueva y democrática ley de medios parecía algo aún lejano, más aún tras las derrotas de “la 125” y de las elecciones de medio término. La capacidad de reacción política y social impuso otra dinámica.

El triunfo electoral de Barack Obama en los Estados Unidos tuvo un gran impacto a nivel internacional, como suele suceder con este tipo de elecciones en la principal potencia del mundo, pero esta vez la particularidad del mismo se centró en que por primera vez ese país se daba un presidente negro en un contexto de crisis que luego de 80 años volvía a golpear a los países centrales. La respuesta de Obama para enfrentar la hecatombe financiera sería determinante a la hora de marcar el rumbo de la nueva administración. En su trabajo “Elecciones en Estados Unidos y crisis mundial” (RE Nº 239), el Dr. Axel Kicillof ponía un toque de atención al destacar que “es imposible pasar por alto el llamativo giro en el discurso referido a las causas que provocaron la crisis y sus presuntos remedios. Mientras las palabras -y las acciones- de George Bush destilaron siempre una confesa fe en los mercados, de las medidas propuestas por Obama emana un inocultable aroma keynesiano. Si así fuera, ante la emergencia de esta nueva crisis se estaría reeditando el enfrentamiento entre las perspectivas (neo) liberales y (neo) keynesianas, un choque de posiciones contrapuestas que explica en buena medida los avatares de la historia del pensamiento económico oficial desde la segunda posguerra. Lo primero que debe advertirse es que, aunque opuestos, ninguno de estos dos puntos de vista que conviven dentro del mainstream proporciona una explicación profunda acerca de la naturaleza de las crisis”.

A lo largo de los años que siguieron al quiebre del proceso de convertibilidad, múltiples analistas coincidieron en asignarles a las PyMEs un lugar destacado en la recuperación de la senda del desarrollo con un significativo nivel de independencia económica. Se destaca de las Pymes su capacidad en la generación de empleo, cierta flexibilidad para adaptarse a los cambios y su compromiso con los intereses locales y nacionales. Pero por otro lado se ha remarcado su dificultad a la hora de conseguir financiamiento para mejorar su capacidad productiva y expandir su mercado. No obstante, para Rubén Bozzo “las iniciativas, acciones directas y políticas referidas a PyMEs se originan y nutren en un marco histórico-social-económico, lo que permite no sólo la cristalización y dinamización de éstas a partir de la reconversión de la organización de la producción, sino además del rediseño de los gastos y subsidios públicos. Es importante entonces rescatar el carácter sistémico que presentan estos modelos de desarrollo de las PyMES, difíciles de emular en marcos nacionales diferentes”. En su trabajo “Marco contextual de las PyMEs” (RE Nº 244), el ex director ejecutivo de la Fundación Banco Credicoop, analiza lo que entiende deberá ser el nuevo perfil empresario y las variables que se deberán dominar para lograr una inserción eficiente en el actual mundo de los negocios.

Entre las alternativas de desarrollo por las que apuesta la actual gestión de gobierno se encuentra la explotación minera. Nuevos emprendimientos se han sumado a la recuperación de otros abandonados. Los nuevos protagonistas son unas pocas y cuestionadas empresas extranjeras que, amparadas en normativas aprobadas durante la era neoliberal, se atrincheran en la defensa de la seguridad jurídica para sostener millonarios beneficios. El debate se instaló en la sociedad, dividiendo a aquellos que cuestionan las nuevas formas de explotación y la comercialización del producto sin agregado de valor, con quienes encuentran en la minería una posibilidad inserción en regiones marginales. “En la década de 1990, la confluencia entre las políticas de inversión y explotación a cielo abierto de los principales capitales mineros –predominantemente extranjeros– y el despegue de los precios internacionales de los metales reconfiguran el panorama minero en muchos países latinoamericanos. Las estrategias que despliegan estos capitales y la particular forma en que operan, tienen significativas repercusiones económicas, sociales y políticas en los territorios donde desarrollan su propuesta productiva. Este estudio se propone analizar la trayectoria de dos de las empresas canadienses más importantes que operan en la región y las repercusiones económicas, sociales y políticas que tiene su actividad productiva en el caso específico de la República Argentina y de la República de Honduras”. En “Misterios mineros en la región: transformaciones estructurales e influencia política del capital extranjero en Honduras y la Argentina” (RE Nº 247) Federico Basualdo y Pablo Manzanelli estudiaron la actuación en Honduras de las empresas canadienses Goldcorp Inc. y Yamana Gold, que operan con explotaciones a cielo abierto, y la situación tras el golpe contra el presidente Manuel Zelaya. “Si bien la explotación minera alcanza, en la actualidad, a distintas provincias del país como, entre otras, San Juan, Santa Cruz, Jujuy, Neuquén y Río Negro, se destaca particularmente la producción minera en la Provincia de Catamarca que, en términos de valor, explica las dos terceras partes del total del país. Precisamente, la mina en explotación más relevante de esta Provincia es Bajo de la Alumbrera, uno de los principales yacimientos metalíferos del mundo que se explota a cielo abierto. Se encuentra en el Departamento de Andalgalá, ubicado en depresiones volcánicas con más de 10 millones de años de antigüedad, cuyas principales sustancias minerales son oro, pirita, calcopirita, magnetita, bornita y molibdenita”, precisan los autores destacando que las citadas empresas canadienses participan del emprendimiento junto con una empresa suiza, el gobierno provincial y la Universidad Nacional de Tucumán.

Y así llegamos al 2010, año del 40ª aniversario de Realidad Económica, con las convicciones cada vez más firmes y el entusiasta compromiso por aportar a la transformación de la Argentina, analizando el pasado y proyectando futuro. 2010 es el año en que la crisis del modelo neoliberal golpea a las sociedades del capitalismo desarrollado que apostaron en las últimas décadas a la especulación financiera. Las consecuencias de tamaña irresponsabilidad, como sucedió en la periferia, la pagan los pueblos y, de entre ellos, los más desprotegidos. Por ello, analizar la crisis, compararla con sucesos anteriores y proponer acciones políticas y económicas correctivas ocuparon buena parte de estos últimos números. De entre lo que este año hemos ofrecido a nuestros lectores queremos destacar los trabajos de Alan Cibils y Cecilia Allami sobre el sistema financiero argentino, y el de Guillermo Vitelli, que analiza el camino recorrido por la economía estadounidense desde 1970. En “El sistema financiero argentino. Desde la reforma de 1977 hasta la actualidad” (RE Nº 249) Cibils y Allanis se proponen investigar hasta dónde “el sistema financiero actual diverge en su estructura y comportamiento del sistema que resultó de la reforma de 1977”, a la vez que exploran “si el sistema financiero reformado se ha comportado de acuerdo con lo postulado por los promotores de la liberalización financiera”. Por su parte, Vitelli analiza las cuatro crisis anteriores a la actual que sufrió la economía de los Estados Unidos, desde mediados de la década de los 70, para arribar al escenario presente en el que se pone en juego la “permanencia del actual rol dominante del dólar estadounidense en las relaciones económicas entre las naciones”.

La celebración de estos 40 años no sería completa si no agradeciéramos a los principales puntales de este proyecto: nuestros lectores y nuestros articulistas; calificadas firmas que han sostenido el prestigio que Realidad Económica ha sabido ganar en nuestro país y en el extranjero. Queremos desearles un muy feliz año 2011 y anunciarles que comenzamos a construir otros 40 años en pos de una Argentina y un mundo socialmente más justo y solidario.