“Conducta escandalosa”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos junto con distintos estados de ese país inició una demanda civil por fraude a la empresa calificadora de riesgo Standard & Poor’s. Las autoridades estadounidenses consideran que S&P, una firma de la multinacional editorial McGraw Hill, subestimó los riesgos de los instrumentos financieros estructurados con hipotecas, les otorgó buenas notas y afirmó que se trataban de evaluaciones objetivas para inflar sus ganancias y garantizarse más negocios de los bancos de inversión. El reclamo supera los 5000 millones de dólares. Se trata de las pérdidas generadas por instrumentos financieros calificados por la empresa entre marzo y octubre de 2007. Entre los afectados figuran diferentes instituciones federales norteamericanas y fondos de pensión. “Las predicciones sobre el futuro eran idénticas a las de otras agencias calificadoras”, declararon los abogados de la empresa que ayer emitió un comunicado afirmando que la demanda no tiene sustento. En Estados Unidos no descartan que se presenten acciones contra otras empresas del sector. Las empresas calificadoras de riesgo tuvieron un rol activo en el crecimiento de la inestabilidad financiera que detonó con la crisis de las hipotecas subprime. Las irregularidades y abusos cometidos por las principales empresas del sector –Moody’s, Fitch y S&P– están documentados en un informe de 2008 de la Securities and Exchange Commision (la SEC, el ente de regulación del mercado bursátil de Estados Unidos) y las críticas investigaciones realizadas por la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera (FCIC, por sus siglas en inglés), creada por el gobierno y el Senado estadounidenses. Más allá de las reiteradas declaraciones sobre la necesidad de re-regular el sistema financiero y los cuestionamientos a esas empresas, hasta ayer, el gobierno de Estados Unidos no había iniciado ninguna acción legal en su contra. Donde sí fueron juzgadas y sentenciadas, es en Australia. Allí un juzgado determinó que S&P había engañado a doce municipios generándole pérdidas por el equivalente a más de 17 millones de dólares. “La conducta de S&P es escandalosa y va al corazón de la reciente crisis financiera”, afirmó el fiscal general Eric Holder ayer al anunciar los cargos. El gobierno de Estados Unidos argumenta que S&P subestimó el riesgo de los Collateralized Debt Obligations (CDO, obligaciones de deuda colaterales que están estructuradas por tramos) e infló sus ratings otorgándoles las mejores calificaciones y así causó que diferentes instituciones perdieran miles de millones de dólares. Además, la demanda sostiene que S&P mintió al afirmar que sus ratings eran independientes, objetivos y no estaban influenciados por los vínculos de la empresa con los emisores de la deuda que la contrataban, “cuando en realidad esas calificaciones estaban condicionados por conflictos de intereses y S&P estaba impulsada por su deseo de incrementar sus ganancias y su participación de mercado”, afirmó Holder. La demanda sostiene que, entre 2004 y 2007, S&P “ajustó y retrasó” actualizar sus criterios y modelos de evaluación y también ignoró las advertencias realizadas por sus propios analistas sobre la situación crítica del mercado inmobiliario al continuar otorgándoles a esos activos financieros la nota AAA, la más alta posible. Asimismo, el Departamento de Justicia, acompañado por otros 16 estados norteamericanos, sostiene que S&P ayudó a partir de 2007 a que los bancos de inversión eliminaran de sus balances sus activos de “mala calidad”. Como muestran otros informes, la demanda remarca que los analistas de S&P hacían chistes sobre el colapso del mercado inmobiliario y se mandaban mails con versiones de la letra de la canción “Burning down the house” –“Quemando la casa”– de la banda punk Talking Heads. “Afirmar que mantuvimos las notas altas cuando sabíamos que debían ser más bajas no es verdad. Vamos a defendernos vigorosamente. En todo momento nuestros ratings reflejaron nuestros mejores análisis. Desafortunadamente, S&P, como todas las otras empresas, no predijo la velocidad y profundidad de la crisis”, afirmó la empresa a través de un comunicado. La firma no oculta sus errores, aunque rechaza haber engañado a los inversores y recuerda que sus competidoras también fallaron: “Todos los activos financieros citados por el Departamento de Justicia recibieron el mismo rating de otra agencia calificadora”.

Página/12 - Miércoles 6 de febrero de 2013

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