El presente trabajo se propone estudiar las principales transformaciones en el rol del Estado argentino en materia de prestación de servicios públicos desde su nacionalización y hasta la posterior privatización. Este recorrido tiene como meta comprender los antecedentes en la materia de manera de contribuir con el desarrollo de una propuesta de prestación y regulación para estos servicios en la Argentina de principios del siglo XXI. Según la tradición francesa -a la que aquí se adhiere- los servicios públicos son aquellos servicios de utilidad pública (con características de red) cuya garantía de prestación corresponde en forma indelegable al Estado nacional. Para ello, por medio de un régimen jurídico especial, el Estado puede optar entre la prestación directa -y proveer el servicio por sí mismo, tal como ocurrió en el país desde las nacionalizaciones de los años cuarenta hasta el programa de privatizaciones de los noventa- o la prestación indirecta -ya sea vía concesión (delegación temporaria de la prestación), privatización (venta de activos) o cualquier otra forma mixta definida al efecto-. Debido a que el Estado posee la titularidad o publicatio, en cualquiera de los casos, debe velar porque los servicios sean prestados en forma regular, uniforme, general y continua. En la primera sección se revisan los aspectos distintivos del denominado “Estado empresario”, cuya génesis en el país data de los años treinta y se consolida a partir de la segunda guerra mundial. La siguiente sección está dedicada a estudiar el papel heredado por el Estado luego del programa privatizador de los años noventa. En este sentido, describe los elementos centrales de la modalidad privatizadora y sus efectos en términos de la configuración de un Estado trunco en su aspecto regulador o condescendiente con -y capturado por- los intereses privados. La tercera sección discute alternativas normativas para la regulación de servicios públicos en la Argentina y, para ello, se nutre de las consideraciones centrales del proyecto de Régimen Nacional de Servicios Públicos elevado a consideración del Parlamento por el Poder Ejecutivo en agosto de 2003.