24 de Marzo: uno por uno, los jefes de AEA y la responsabilidad empresaria en el genocidio

Lucho Aguilar


Pocos días antes del 24 de Marzo se reunió la plana mayor de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Confirmaron sus autoridades y sacaron un comunicado preocupados por “el respeto a las instituciones”. La Izquierda Diario te cuenta lo que los grandes medios ocultan: a quiénes representan los protagonistas de la foto y la profunda relación entre esas empresas y el golpe de 1976. Este viernes 24 marchemos todos: ni olvido ni perdón.

El 24 de marzo de 1976 se concretó un golpe cívico militar (y eclesiástico).

El rol de las grandes empresas en la dictadura tiene varios hitos. El primero fue su participación en los preparativos golpistas que incluyeron lock-outs (paros patronales) y solicitadas reclamando que las fuerzas armadas tomen el poder. El segundo, el aporte de muchos de sus gerentes a los equipos de gobierno de Videla y compañía: ministros, secretarios de Estado y todo tipo de funcionarios. El tercero, su participación en la represión, entregando listas de delegados y activistas, llegando a montar centros de tortura en sus instalaciones. El cuarto, las leyes y negociados que permitieron a muchos grupos aumentar sus ganancias y la cantidad de empresas al final de la dictadura. Por último, un beneficio no menor: la estatización de sus deudas privadas por parte del Banco Central en 1982, miles de millones de dólares que todavía seguimos pagando.

Por eso decimos que fue un golpe de clase: los grandes empresarios, banqueros y terratenientes impulsaron un genocidio para aplastar las rebeliones obreras y juveniles que venían desde el Cordobazo e imponer sus intereses económicos. Como decía Rodolfo Walsh en su Carta Abierta de marzo de 1977 : "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada". Y lo resume con duros datos: el salario real de los trabajadores se redujo un 40%, aumentó de 6 a 18 horas la jornada que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, subió la desocupación al récord del 9% y la inflación del 400% anual hizo caer el consumo de alimentos un 40%.

Era la dictadura más brutal, pero esa violencia no era una novedad. Desde los orígenes del país la clase empresaria construyó su fortuna a "sangre y lodo". Hasta imponer sus ideas "liberales" a través del terrorismo estatal.

A pesar de los hechos y las pruebas que marcan esas responsabilidades, los “comandantes” del gran empresariado siguen impunes. Gobierno tras gobierno. Por eso es impactante analizar la foto que se sacaron, hace pocos días, los integrantes de AEA (Asociación Empresaria Argentina). Allí posaron los eternos dueños del país: los que se enorgullecen de "dirigir empresas que facturan USD 53.000 millones anuales, exportan por USD 9.604 millones y emplean a 240.000 personas".

En un acto de provocación pero también en defensa del Poder Judicial que también garantiza su impunidad, llamaron a “destacar, en primer lugar, el respeto a las instituciones de la República”.

La Izquierda Diario te va a mostrar por qué esa foto es un símbolo de la pata “civil” del golpe. Nombre por nombre, empresa por empresa, prontuario por prontuario. A diferencia de los partidos tradicionales y los liberotarios, el Frente de Izquierda es la única fuerza que pelea contra esa impunidad y su miseria planificada.

 

Aunque la empresa se fundó en 1951, su gran “salto” lo dio a partir de 1976. Pasaron de tener 5 empresas a tener 20 en 1983, triplicando su facturación. Arcor había entendido aquella máxima del gabinete Económico de Martínez de Hoz: “da lo mismo fabricar acero que caramelos”. Para darle ideas y funcionarios al proyecto neoliberal de la dictadura, los Pagani fundaron en 1977 la Fundación Mediterránea, junto a otras empresas. Su primer director fue Domingo Cavallo, que en el acto inaugural dijo, ante Pagani y la generales del Ejército: “nuestra contribución puede ser valiosa, especialmente en momentos en que nuestros gobernantes están empeñados en sentar las bases de un nuevo proyecto nacional”. Cavallo terminó como presidente del Banco Central estatizando la deuda privada de Pagani y sus amigos. En el caso de Arcor de 41 millones de dólares.

Hoy tiene una fortuna estimada en US$ 950 millones (Forbes).

 

Agostino Rocca llegó de Italia tras ser un hombre de confianza del fascista Mussolini. Por eso no le costó mucho asociar su empresa a cuanto proyecto golpista se pusiera en marcha. Techint fue parte de los preparativos del golpe del 24 de marzo. Los obreros de Siderca, Propulsora y el resto de las fábricas del grupo estuvieron entre los más golpeados por la represión: al menos 75 desaparecidos. Ese plan tuvo una de sus noches más fatales el 22 de septiembre de 1976, conocida como “la noche de los tubos”. Los Rocca nunca improvisaron: las investigaciones aseguran que cedieron terrenos para montar un centro clandestino junto a la fábrica (Club Dálmine), dispusieron de su puerto privado para embarcar detenidos y el edificio Catalinas de Techint para realizar reuniones con militares.

Techint se vio favorecida por negociados y pasó de tener 30 empresas en 1976 a tener 46 en 1983. Cavallo le estatizó una deuda de 352 millones de dólares. Hoy tiene una fortuna estimada en US$ 3900 millones (Forbes).

 

Los Bulgheroni fueron una de las familias que tuvieron relaciones más carnales con la “junta militar”. El grupo ya había hecho buenos negocios en el golpe de Onganía, financiado por las petroleras. Para esa época los Bulgheroni ya tenía fuertes relaciones con David Rockefeller (el histórico dueño de Pan American). Pero el salto vino desde marzo de 1976. Bridas, la compañía de la familia, fue una de las principales beneficiarias de la llamada “privatización periférica”, donde muchas áreas de extracción se concedían a privados (Astra, Pérez Companc, Socma). Los lazos eran tan fuertes que varios generales terminaron trabajando en Bridas (Villareal, Schilling y el conocido represor Suárez Mason). El “colmo” fue que algunos de ellos después “volvieron” al Estado para representar a los Bulgheroni en el gabinete del General Bignone. Gracias a ese pacto de sangre, la familia pasó de tener 4 empresas en 1976 a tener 43 en 1983.

En la estatización de la deuda privada también fue uno de los ganadores: Bridas dejó una deuda externa de 238 millones y Papel de Tucumán dejó otros 176 millones.

Hoy tiene una fortuna estimada en US$ 1900 millones (Forbes).

 

El dueño del country Nordelta era parte de una de las familias que encontró en la dictadura el negocios de sus vidas: carnes y bicicleta financiera. Rodolfo Costantini era el accionista mayoritario de un grupo que tenía los Frigorífico Rioplatense SA, Penta SA y Carnes Argentinas SA. Gracias a esa “carrera”, Martínez de Hoz lo favoreció con la reprivatización del frigorífico Swift, con plantas en Rosario y Berisso. Pero además le dió préstamos que le permitieron convertirse en el primer exportador de carne. Como esas ganancias era también producto de una brutal explotación obrera, los obreros empezaron a resistir. Entre 1977 y 1978 desaparecieron varios obreros, entre ellos los activistas Carzolio, Herrero e Ianni. A pesar de esos golpes llevaron adelante una de las huelgas más duras de la dictadura, en 1979.

El grupo tenía solo dos empresas en 1976 pero en 1983 era dueño de 18. También fue favorecido por la estatatización de la deuda de 1982: 114 millones de dólares solo para Swift. El “joven” Eduardo era directivo de Huancayo SA, la empresa del grupo que se dedicaba a la bicicleta financiera. “Hice mucho dinero en un año cuando vino la época de Martínez de Hoz” dijo Costantini hace poco (Revista Crisis).

Tiene una fortuna estimada en US$ 1500 millones (Forbes).

 

BGH son las siglas de Boris Garfunkel e Hijos, una empresa de tecnología fundada en 1913. El clave de su crecimiento fue asociarse a grandes empresas internacionales para importar y luego fabricar electrodomésticos. Justamente la TV Color sería uno de los grandes hitos de la marca. BGH aprovechó una ley de promoción industrial del dictador Lanusse para comenzar a fabricar televisores en Tierra del Fuego poco antes del Mundial de Fútbol 1978. El grupo fue uno de los que hizo grandes negocios con ese evento. Pero también con los primeros avances privatizadores en empresas estatales: BGH fue una de las contratistas en aquellos años de Ferrocarriles Argentinos a través de Materfer. Esos buenos “contactos” le permitieron pasar de 6 empresas en 1976 a 14 cuando terminó la dictadura.

 

Los Bemberg son una de las familias empresarias más tradicionales del país. Don Otto llegó de Alemania como banquero. Enseguida se hizo amigo del poder: ayudó a financiar a las tropas argentinas en la guerra de la Triple Alianza y fue cobrando favores. En poco tiempo era dueño de miles de hectáreas de yerbatales en Misiones. No hubo explotación más brutal en la historia de nuestra clase obrera que la de los “mensús” de la yerba mate. Los Bemberg-Miguens siguieron defendiendo sus negocios a sangre y fuego. En la década infame pusieron ministros de Economía. También aportaron funcionarios a la "Revolución Fusiladora" (1955): nunca le perdonaron a Perón que les haya expropiado una empresa por una millonaria evasión al Estado.

Por eso no sorprende que hayan terminado apoyando la última dictadura, época en la que crecieron en múltiples negocios. “Don Carlos” Miguens Bemberg tuvo la “suerte” de adjudicarse el diseño de varios estadios para el Mundial 1978. Los herederos de la familia conducen hoy la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, una de las agrupaciones patronales que apoyó a Videla.

Actualmente es uno de los grupos más poderosos, con campos, mineras, energéticas, financieras, forestales, entre otras empresas. Tienen una fortuna estimada en US$ 820 millones (Forbes).

 

Cristiano entró a la administración de FIAT Córdoba en 1969 para representar a la familia Agnelli, la dueña de FIAT que había ganado poder al lado del fascista Mussolini. Eran épocas intensas. Ese año sería el Cordobazo pero además los obreros de la empresa serían protagonistas de los sindicatos clasistas y el Viborazo (1971). Por eso los italianos siempre se “pegaron” el Ejército para aplastar tanta rebeldía. En 1975 contrataron como “director” de Fiat Concord al brigadier Juan Bautista Otheguy. El día anterior al golpe, los jefes de personal ya le adelantaban a los activistas lo que iba a pasar. Pero todos ya estaban marcados. Lo mismo sucedió en otras automotrices como Ford, Mercedes Benz, Renault.

En la Megacausa La Perla (centro clandestino que funcionaba en Córdoba), testigos declararon que los torturadores llevaban “álbumes fotográficos pertenecientes a los trabajadores de Fiat, pero los álbumes pertenecían a la empresa, decían Concord, Materfer y Grandes Motores Diesel”. La “venganza” patronal fue brutal. Marcó a decenas de trabajadores que fueron detenidos y torturados por las patotas de los genocidas López Aufranc y Menéndez. 30 de ellos siguen desaparecidos. FIAT le “encajó” al Estado una deuda privada de 177 millones de dólares.

 

La historia de los Braun-Menéndez ayuda a entender cómo se crearon las grandes fortunas en nuestro país. Primero se beneficiaron con la “campaña del desierto”, un genocidio de los pueblos originarios que entregó tierras a la oligarquía: 1.376.160 hectáreas ligaron los Braun solo en la Patagonia. Allí mandaban a pura bayoneta. Con otros estancieros y el Ejército fueron los asesinos de la Patagonia Rebelde: 1800 obreros muertos.

Pero Armando Braun fue además uno de los más fervientes impulsores de la última dictadura. En 1975 conducía la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación de Bancos (ADEBA) y fundó la APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias), todas corporaciones que realizaron el paro patronal de febrero de 1976 y luego apoyaron el golpe. Los Braun tenían entonces la cadena de supermercados La Anónima, los Astilleros Astarsa, Aconcagua Seguros, los bancos General de Negocios y Argentino de Comercio y parte de Austral Líneas Aéreas. Todas fueron favorecidas por la dictadura. La “estatización” de Austral fue uno de los negociados más corruptos de la dictadura. Y la represión de los obreros de Astarsa (Tigre) una de las más brutales, dejando 16 desaparecidos. Además se benefició con la estatización de parte de su deuda privada en 1982: 26,447 millones de dólares, además de 87 millones del Banco General de Negocios.

 

Los Pérez Companc se disputan el título de los parásitos (y golpistas) más grandes de la historia nacional. Lejos de cualquier discurso de creatividad y esfuerzo, amasaron su fortuna esquilmando y estafando al Estado (y al pueblo).

Como los Bulgheroni, fueron uno de los grupos que se favorecieron con el saqueo paulatino de nuestros recursos a través de los contratos petroleros y la privatización periférica de YPF realizada por Onganía y luego Videla. PeCom Energía, la primera petrolera nacional, fue beneficiada con los yacimientos de Entre Lomas. Luego aumentó su capacidad operativa a través de SADE. Pero no se conformó con ser parte de la “patria contratista”: se hizo líder de la “patria financiera”. Como si supiera lo que venía, poco antes de la dictadura fundó el Banco Río de la Plata (hoy Banco Santander Río). Aprovechó la “plata dulce” y la bicicleta financiera de Martínez de Hoz. Creó decenas de sociedades offshore y se convirtió en la empresa que más estafó al país con la estatización de sus deudas: 909 millones de dólares, entre Banco Río (520 millones), Naviera Pérez Companc (221 millones) y SADE (125 millones).

Pero “Goyo”, como le decían los militares pero también todos los presidentes peronistas y radicales con los que mantuvo sus negocios, nunca perdió. Cuando comenzó la dictadura tenía 10 empresas y a su final tenía 53. Luego se prendió de las privatizaciones y aumentó su fortuna, que según Forbes hoy es de 2800 mil millones de dólares.

 

El empresario del calzado pisó fuerte en los gobiernos de Videla y Viola. Se ve que le gustaban las botas. Ocupó los cargos de subsecretario de Comercio Exterior, luego el importante puesto de Secretario de Industria y finalmente fue director del Banco Central entre 1981 y 1982. En esos cargos Grimoldi participó de las medidas anti-nacionales (y anti-populares) de Martínez de Hoz, que significaron un salto en la entrega del país y en la concentración económica.

A pesar de los crímenes en los que colaboró, el Estado argentino le siguió pagando una jubilación de privilegio durante casi 30 años: fue “descubierta” en 2016. Grimoldi siguió siendo un habitué de la Casa Rosada. En los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fue agasajado muchas veces como “ejemplo de los empresarios nacionales”.

 

Carlos Pedro Blaquier falleció hace pocos días. Murió impune, pero su muerte recordó quién fue el jefe del Grupo Ledesma.

Su odio de clase quedará grabado en la historia. Los Blaquier fundaron su imperio asesinando y robando tierras a los pueblos originarios, escondido detrás de los fusiles de la Gendarmería. Y continuaron amasando fortunas cerca de los cuarteles. De hecho el grupo de civiles que ayudó a “cranear” el golpe del 24 de marzo se juntaba en el “Club Azcuénaga”, en referencia al departamento que tenía la familia en Recoleta. Allí participaban Carlos Pedro, Jaime Perriaux y el mismísimo Martínez de Hoz. Como parte del Centro Azucarero Argentino fueron promotores del paro patronal de febrero y luego del genocidio. Incluso financiando con el “Fondo Patriótico Azucarero” la represión a los sindicatos y militantes combativos. Su mayor “gesta” fueron los apagones de luz que ocurrieron entre el 20 y 27 de Julio del año 1976. Esas noches, con camionetas de la empresa y las fuerzas represivas, secuestraron y desaparecieron a más de 400 trabajadores, estudiantes, militantes, sindicalistas y obreros. Aún continúan desaparecidas 33 personas.

Pero no les alcanzó. Ante una comisión del Senado de Estados Unidos, el represor Leandro Ángel Sánchez Reissed confesó que Blaquier aportó $250.000.000 a empresas de militares argentinos que realizaban ataques “contra el terrorismo, especialmente los terroristas de izquierda” entre los años 1978 y 1981. Carlos Pedro murió pero los gerentes de entonces Peverelli, Nicholson y Lemos siguen vivos e impunes.

El grupo Ledesma fue beneficiado con la estatización de una deuda de 30 millones de dólares. Hoy tienen una fortuna de, al menos, 830 millones de dólares.

 

La historia de la familia Noble (y su hombre fuerte Magnetto) es conocida. Basta recordar su tapas del 24 y 25 de marzo: “Nuevo Gobierno” y “Total normalidad”, decía “el gran diario argentino” en medio del golpe y una cacería feroz de militantes, trabajadores y jóvenes. Pero también había sido parte de la conspiración que durante meses fue preparando el asalto al poder por las fuerzas armadas.

Ese apoyo fue pagado por la dictadura con la entrega de Papel Prensa (la única empresa que producía pasta de celulosa para papel de diario) a Clarín, La Nación y La Razón, luego de robar esa empresa a sus dueños bajo torturas. Ese pacto tuvo, además de los negocios, un punto clave: con la tirada masiva que tenía el diario podía ser el principal medio de propaganda de la dictadura, difundiendo mentiras y ocultando la represión genocida.

 

“Hoy se recordará uno de los momentos de mayor comunión espiritual entre el pueblo y su ejército”. Esas palabras encabezaban la tapa de La Nación el día del primer golpe de Estado en Argentina, el 6 de septiembre de 1930. Tras ese “bautismo de fuego”, no pararon de apoyar cada una de las dictaduras.

Aunque el diario fue fundado por Bartolomé Mitre, la estirpe mitrista se cruzó luego con la de los Saguier. Como en el caso de Clarín, la clave del apoyo de La Nación al golpe fue política, ideológica. Desde sus tapas y desde su “tribuna de doctrina”, como llama a sus editoriales, fue preparando las condiciones para que Videla y las tres armas tomaran el poder, y luego ayudó a ocultar sus crímenes y defender cada una de sus políticas.

Como en el caso de Clarín, la sociedad tuvo un momento clave. El 2 de noviembre de 1976, en las oficinas del diario La Nación, se concretó el robo de Papel Prensa a la familia Papaleo, y su entrega a las familias Noble y Mitre-Saguier. Aún hoy La Nación sigue sacando editoriales en defensa de los “ancianos” genocidas y contra "la subversión”.

 

Los Roggio comenzaron sus negocios en la Argentina hace más de 100 años pero, como se imaginan, el gran salto vendría con los milicos. Desde la Cámara de la Construcción que habían fundado los Roggio junto a otras empresas, fueron uno de las grandes auspiciantes de aquel genocidio. Ese auspicio fue bien recompensado. Entre 1976 y 1983, el Grupo Roggio fue favorecido en la construcción de ATC y el estadio Chateaux Carreras, en la previa del Mundial 78. Todas las obras de ese evento fueron denunciadas por los fenomenales sobreprecios y estafas. Pero además, durante esos años hicieron negocios con las obras de la Central Térmica y el aeropuerto de Tucumán, los Tribunales, el aeropuerto y la Central de Policía de Córdoba, y empezaron a recolectar la basura gracias a su relación con el intendente de facto, Osvaldo Cacciatore. Los Roggio ganaron durante ese período 1.000 millones de dólares, según sus propias fuentes (Luis Majul, Los dueños de la Argentina). También fueron fundadores de la Fundación Mediterránea. Cuando le preguntaron sobre aquella etapa, Aldo Roggio fue sincero: “yo parto de que acá hubo una guerra y en la guerra pasan cosas. En ese momento yo estuve de acuerdo con la guerra contra la subversión. Ha sido un parto doloroso pero necesario para el país…” (Los dueños de la Argentina).

 

Los bancos estuvieron entre los ganadores de la dictadura. Cristofani es un histórico dirigente de ABA, la cámara que agrupa a la banca extranjera. Allí están Santander, Citi y Bank Boston, tres de los ganadores de la dictadura (y que siguen ganando fortunas hoy). ABA (y ADEBA que representa a los “bancos nacionales”) formaron parte de los preparativos golpistas. Los dueños y gerentes de los grandes bancos ayudaron a Martínez de Hoz a conseguir los primeros créditos, pusieron directores en el Banco Central y el Banco Provincia, redactaron la “Ley de Entidades Financieras” que los favorecería y además participaron en múltiples negociados.

Cristofani comenzó a trabajar en la sucursal que J.P Morgan abre en Argentina en 1977. No es casualidad, unos buitres como Morgan veían en el programa de Videla un gran negocio. Y hasta hoy siguen haciendo negocios con la deuda externa que ayudaron a generar. Bancos que son parte de ABA (Boston, Citi, Santander, Morgan Trust, Español, Italia), fueron favorecidos con la estatización de sus deudas por cientos de millones de dólares en el 1982.

 

La familia Brandi se hizo fuerte en la Patagonia en sectores como los combustibles y el cemento. En 1979 Martínez de Hoz reprivatiza Petroquímica Comodoro Rivadavia, cediendola a los Brandi. Tiempo después, quizás como devolución de gentilezas, la empresa dona el hospital que había construido al Ejército Argentino: pasó a llamarse Hospital Militar. Otro de los grandes negociados de esas épocas fue la cartelización de la industria del cemento, encabezada por Amalita Fortabat, que imponía precios a todo el sector de la construcción. Los Brandi eran además parte de la “patria contratista” que se vería favorecida con distintos proyectos a través de Decavial S.A. Justamente esa fue una de las empresas que también se favoreció con la estatización de la deuda privada: 120 millones de dólares pasaron a formar parte de la fraudulenta deuda externa que seguimos pagando. Otros 44 millones “quedó debiendo” Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Hoy el grupo suma negocios agropecuarios y en la construcción.

 

Alec es la mejor encarnación de esa tapa de Barcelona: “Historias que inspiran: cómo con la ayuda de padres millonarios, un emprendedor millonario siguió siendo millonario”. Es que es imposible entender la historia de los Oxenford hoy (dueños además de Sullair y otras empresas) sin el “esfuerzo” de Don Eduardo Valentín, uno de los patriarcas de la familia. En marzo de 1976 era directivo de Alpargatas (empresa de Bunge y Born) y directivo del Consejo Empresario Argentino junto a Martínez de Hoz. O sea, uno de los principales impulsores de la dictadura.

Según una investigación, “Eduardo Valentín Oxenford, presidente del directorio de Alpargatas, fue interventor en la Unión Industrial Argentina (UIA) durante la dictadura, fue vicepresidente primero del Consejo Empresario Argentino, actuó en el directorio de YPF y Viola lo designó como Ministro de Industria” (Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, CELS, Infojus, Ministerio de Derechos Humanos). Tranca. Alpargatas fue una de las empresas que más se benefició con la estatización de la deuda: 474 millones de dólares. Muchos de sus trabajadores fueron perseguidos y siguen desaparecidos.

Oxenford, generación tras generación, es otro apellido maldito que tiene su puesto vitalicio en la AEA.

 

Los Duhau fueron durante mucho tiempo un símbolo de la oligarquía. Sus palacetes en Recoleta o el interior bonaerense están en todas las guías de turismo. Y comenzaron como todos sus amigos. En 1895 compraron 80.000 hectáreas a menos de un peso la hectárea al Capitán de Fragata Carlos María Moyano. Eran un “premio” del gobierno nacional a Moyano por “matar indios” en el genocidio de la “Campaña del Desierto”. Luis Duhau se sintió “en deuda” con el Ejército. Por eso fue parte del gobierno de Agustín Pedro Justo en la década infame. Y se ganó un lugar en la historia: durante su gestión tuvo lugar el Pacto Roca-Runciman, uno de las mayores entregas del patrimonio nacional a Inglaterra. Cuando en el Congreso quisieron interpelarlo, un sicario de Duhau mató al senador Bordabehere. Tranca.

Los Duhau siguieron siendo parte de la crema de la Sociedad Rural. Y está claro el rol que jugó la Rural en el golpe de 1976, desde su preparación hasta la aplicación de sus políticas. Al cumplirse un año del golpe y en motivo de la visita de Videla a la planta de SanCor la Sociedad Rural señalaba en un comunicado que “La lucha contra la subversión ha sido llenada con alto valor y éxito creciente... Se han puesto en marcha las acciones que conducen a la Argentina a un destino de orden, progreso y felicidad”.

Hoy sigue siendo uno de los 10 grupos agropecuarios más grandes de la Argentina, con 160 mil hectáreas de las mejores tierras y 64 mil cabezas de ganado, pero también otras empresas.


Hace muy poco, cuando se habló de la posibilidad de que el Congreso "investigue" responsabilidades empresarias en delitos de lesa humanidad, una solicitada dejó claro que defenderán su impunidad. La mayoría de los personajes de esta nota firmó aquel mensaje.

El recorrido por los prontuarios podría seguir, pero se haría largo. Muchos de los otros grupos empresarios que integran AEA fueron parte de la misma historia y las mismas acciones. Y otros como los Macri, que no la integran por un supuesto "conflicto de intereses", hicieron lo mismo. En la foto también están representantes de la familia Bago es socia fundadora de la golpista Fundación Mediterránea y su fortuna también creció en aquellos años (igual que los Roemmers). Lo mismo que Aceitera General Deheza, que en un momento intentó mostrarse como parte de los “sojeros nacionales”. Duró poco. José Cartellone Construcciones es histórico de la Patria Contratista y se vio beneficiado con la construcción del Estadio Malvinas Argentinas para el Mundial 1978. Amadeo Vázquez, otro de los directivos de AEA como “ejecutivo independiente”, es uno de los hombres que se encargó de administrar los negocios de grupos como Pérez Companc (Banco Rio) y otros popes de la patria financiera. IBM, que tiene su puesto en la Asociación, fue parte del apoyo del empresario norteamericano al golpe y también nos dejó su deuda (110 millones de dólares). Jorge Aufiero, dueño de Medicus, es uno de los líderes de la otrora golpista Cámara de Comercio. Además es presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa. Se trata de un “antro” que reúne a grandes empresarios como Carlos Blaquier o Luis Pagani, pero también a otros que fueron funcionarios de la dictadura: Santiago Soldati, Alejandro Estrada, Alberto Grimoldi y Daniel Funes de Rioja (actual titular de la UIA).

Cómo decíamos antes, fue una dictadura planificada por los dueños del país para liquidar a una generación obrera y juvenil que desafiaba su poder. Ni olvidó ni perdón. 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas, ¡presentes!

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