El golpe militar de Brasil fue hace 60 años, pero Lula sigue adelante

Claudia Fanti

60 años incluso después del golpe, los militares siguen despertando temor en Brasil. El 31 de marzo de 1964, el golpe dirigido por el general Humberto de Alencar Castelo Branco acabó con el gobierno democrático del presidente João Goulart, acusado de estar "al servicio del comunismo internacional". Su culpa residía en pretender aprobar las llamadas Reformas de base: en primer lugar, la reforma agraria, para lograr la democratización de la propiedad de la tierra que el país sigue esperando después de 60 años, y a continuación la reforma educativa (basada en el enfoque pedagógico de Paulo Freire), la reforma fiscal y la reforma urbana. El golpe contó con el apoyo activo de los Estados Unidos, tal como demostraron en 2004 los documentos desclasificados publicados en línea del Archivo de Seguridad Nacional, que señalan la implicación, entre otros, de Lyndon Johnson (mientras ya planeaba John F. Kennedy una acción militar contra Goulart), Robert McNamara y Lincoln Gordon (embajador de los Estados Unidos en Brasil).

El presidente depuesto moriría más tarde en Argentina, el 6 de diciembre de 1976, pocos meses después del golpe del general Videla: oficialmente de un ataque al corazón, pero posiblemente envenenado en el marco de la Operación Cóndor. Y junto a él fueron asesinados o desaparecieron 434 opositores al régimen golpista, según el informe sobre los crímenes de la dictadura militar presentado por la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) a finales de 2014.

Aunque esa cifra pueda parecer modesta comparada con los 30.000 desaparecidos de Argentina, las atrocidades documentadas en el informe no son menos impactantes - especialmente desde la promulgación, en diciembre de 1968, del AI-5: el Acta Institucional que dio inicio a la fase más brutal de la dictadura, con el cierre del Congreso, la institucionalización de la represión y la tortura, la censura de los medios de comunicación y la suspensión de los derechos políticos de los opositores. Diez años después de aquel informe, el deseo de la CNV de una "reconciliación plena" de los militares con la sociedad brasileña ha quedado en gran medida incumplido, como demostró rotundamente la participación de los militares en la intentona golpista del 8 de enero de 2023, pero también de acuerdo con la interpretación del golpe de 1964 que hacen amplios sectores de las fuerzas armadas como "movimiento democrático" empeñado en "salvar" al país del comunismo.

Por todo ello, la decisión de Lula de cancelar todos los actos oficiales de conmemoración del 60 aniversario del golpe ha causado decepción y consternación: el aniversario debía abordarse "con la mayor tranquilidad posible", declaró el presidente el 27 de febrero en una entrevista a RedeTv!, en la que afirmaba estar "más preocupado por el golpe de enero de 2023 que por el golpe del 64". Para él, el golpe de hace 60 años "ya forma parte de la historia", y los militares de hoy "eran niños entonces: algunos ni siquiera habían nacido". Por eso, dijo, "no quiero seguir sacándolo a relucir", ya que es el momento adecuado para "reconstruir la lealtad de los militares".

En resumen, en medio de las investigaciones sobre la intentona golpista de 2023, que contaron con una amplia participación de las fuerzas armadas, Lula no quiso iniciar un nuevo enfrentamiento polémico con los militares y pensó que lo mejor era dejar que todo pasara en silencio. Sin embargo, sus palabras no dejaron en absoluto satisfechas a las 150 organizaciones que integran la Coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça, Reparação: "Repudiar enérgicamente el golpe de 1964", escribieron, no significa en absoluto "desenterrar el pasado", sino "reafirmar el compromiso de castigar también los golpes del presente" y evitar "cualquier intento futuro".

El mismo desconcierto se manifestó en las palabras de Iara Xavier, de Familiares dos Mortos e Desaparecidos Políticos, que calificó la declaración de Lula de "muy ofensiva", "porque los que han tenido familiares asesinados, detenidos, torturados, los que han sido exiliados, los que se han atrevido a oponerse al régimen militar y han sufrido las consecuencias, merecen como mínimo respeto". El presidente había mostrado ese respeto de la manera más contundente en Argentina, cuando se reunió con las Madres de la Plaza de Mayo en enero de 2023; en cambio, niega el mismo respeto a los familiares de las víctimas de la dictadura brasileña que también llevan adelante la misma lucha, dejando incluso sin respuesta su petición de reunirse con él.

Lula tampoco ha cumplido su promesa de reconstituir la Comissão Especial sobre os Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), disuelta por Bolsonaro el penúltimo día de su mandato, a pesar de la recomendación para llevarlo a cabo que le llegó recientemente del Ministerio Público Federal. Según varias organizaciones de derechos humanos, en un comunicado de prensa del 9 de marzo, no dar seguimiento a la reconstitución de la CEMDP sería "una omisión imperdonable", "un error histórico" y una "cobardía inexplicable."

A 60 años del golpe, los brasileños piden a los EE. UU. que desclasifiquen documentos sobre su papel

Nick Cleveland-Stout

Se celebra hoy un solemne aniversario en Brasil: hace 60 años, los militares brasileños le arrebataron el poder al gobierno de João Goulart, marcando así el inicio de más de dos décadas de régimen militar.

El informe de 2014 de la Comisión de la Verdad de Brasil constituye la única investigación formal del país sobre este periodo de gobierno dictatorial. El informe de 2.000 páginas de la Comisión revelaba algunos detalles espeluznantes de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, identificaba a más de 400 personas asesinadas por los militares y arrojaba luz sobre el papel de Brasil en la desestabilización de otros países latinoamericanos.

Para ayudar a la Comisión de la Verdad, el entonces vicepresidente Joe Biden entregó en mano a la expresidenta brasileña, Dilma Rousseff, que había sido encarcelada y torturada por el régimen militar, documentos desclasificados del Departamento de Estado. Los registros ofrecían detalles sobre la dictadura y la permisividad de Washington ante las violaciones, incluido un cable del exembajador en Brasil William Rountree en el que argüía que condenar los "excesos" del régimen en materia de derechos humanos sería "contraproducente".

La entrega de los archivos desclasificados por parte de Biden tenía su simbolismo, puesto que los Estados Unidos apoyaron el golpe. Los Estados Unidos consolidaron su apoyo a los golpistas el año anterior, elaboraron planes para una invasión norteamericana en caso de considerarla necesaria y enviaron una fuerza naval a Brasil para apoyar a los conspiradores militares. Al final, no fue necesaria la intervención directa de los Estados Unidos: Goulart huyó a Uruguay el 4 de abril. El golpe lo llevaron a cabo los generales brasileños, pero Washington lo celebró como una victoria para sus intereses.

Por un lado, el apoyo estadounidense al golpe puso al descubierto la hipocresía del supuesto compromiso de los Estados Unidos con la soberanía y la democracia. Atrás quedaba la promesa de la administración Kennedy de rechazar una "Pax Americana impuesta al mundo por las armas de guerra norteamericana". Prevaleció la lógica de la Guerra Fría de ponerse del lado de los dictadores anticomunistas con el fin de derrotar a la Unión Soviética. Puede que Washington perdiera China, pero ganó Brasil, o al menos eso es lo que se pensaba.

Sin embargo, ni siquiera los argumentos más cínicos para alinearse con regímenes no democráticos con un fin estratégico solían dar fruto, dado que muchos de estos regímenes se apartaban de la política norteamericana en cuestiones clave. Muchos historiadores de la relación entre los Estados Unidos y Brasil sostienen que durante este periodo sus vínculos a veces se asemejaban más a los de rivales que a los de estrechos socios. Rubens Ricupero, antiguo diplomático y ex ministro de Finanzas de Brasil, escribe que "poco a poco, las dudas se convirtieron en decepción, y esto llevó a una desvinculación gradual en relación con el régimen que habían ayudado a crear".

Recién llegada al poder, la dictadura militar brasileña siguió de cerca el ejemplo de Washington. Goulart estaba fuera de juego, al igual que su "Política Exterior Independiente", una postura de no alineamiento que hacía hincapié en la autodeterminación, la descolonización y la no intervención, ideada por el predecesor del derrocado presidente, Janio Quadros. En línea con los deseos de Washington, la dictadura, que pasó por cinco generales-presidentes militares diferentes entre 1964 y 1985, rompió relaciones con Cuba e incluso ayudó a los Estados Unidos en su ocupación de la República Dominicana en 1965.

Washington también consideraba a Brasil como socio ideológico clave para desestabilizar los regímenes de izquierda en toda América Latina. Tal como afirmó un general brasileño, los Estados Unidos querían que Brasil "hiciera el trabajo sucio". Y lo hizo. El régimen brasileño desempeñó un papel fundamental en el derrocamiento del gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende en Chile, e incluso llevó en secreto a miembros del ejército chileno a Brasil para discutir el posible golpe. Brasil, bajo el mando de los generales, participó asimismo en la Operación Cóndor, la cooperación secreta de las dictaduras militares de derechas en gran parte de Latinoamérica para asesinar o "hacer desaparecer" a supuestos izquierdistas y otros disidentes durante la década de 1970.

Con el tiempo, el alineamiento del régimen brasileño con los Estados Unidos se debilitó y las tensiones aumentaron. El Dr. Luiz Alberto Moniz Bandeira escribe en su libro "Brasil-Estados Unidos: a rivalidade emergente (1950-1988)", que "el alineamiento automático con las directrices del Departamento de Estado no podía continuar por mucho tiempo, pues ya no correspondía efectivamente a los intereses nacionales de un país en desarrollo que aspiraba a convertirse en potencia".

A pesar de que los Estados Unidos querían disfrutar de las ventajas de externalizar su trabajo sucio, no estaban dispuestos a aceptar las consecuencias que conllevaba una mayor autonomía militar de Brasil. El Dr. Eduardo Svartman, profesor de ciencias políticas de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, ha comentado a Responsible Statecraft que uno de los primeros problemas que surgieron fue la petición de Brasil de aviones de combate F-5.

"A los ojos de los políticos estadounidenses, si la gran amenaza en América Latina eran los insurgentes comunistas, no tenía sentido vender o transferir modernos aviones de combate supersónicos a los países latinoamericanos cuando los helicópteros harían mucho mejor ese trabajo", afirma Svartman.

El gobierno brasileño no estaba de acuerdo, pues creía que era importante tener un ejército moderno para proyectar poder en Sudamérica. En consecuencia, los generales se volvieron más dependientes de Europa y compraron varios aviones de combate Mirage a Francia. La venta de los F-5 se llevó a cabo varios años después, pero fue una lección temprana de que los Estados Unidos podía no ser su socio más fiable.

Aunque los Estados Unidos siguieron siendo un importante proveedor de componentes cruciales para la floreciente industria armamentista brasileña, las importaciones de armas fabricadas en los Estados Unidos disminuyeron del 92% al 14% de su arsenal total durante la dictadura.

Los Estados Unidos también se sentían frustrados por el acercamiento de Brasil a posiciones asociadas con el movimiento de los no alineados. Aunque Brasil nunca fue miembro de pleno derecho del movimiento, apoyó a principios de los años 70 la descolonización de los países lusófonos de África, hizo hincapié en la no intervención y reconoció al MPLA en Angola. Habían regresado elementos de la política exterior brasileña independiente.

Quizás la mayor fuente de tensión entre los Estados Unidos y Brasil fue el desarrollo de un programa nuclear. Brasil se negó a adherirse al Tratado de No Proliferación Nuclear, argumentando que la tecnología nuclear era vital para su desarrollo. Después de que los Estados Unidos suspendieran el suministro de uranio enriquecido para los reactores de investigación de Brasil, el régimen recurrió a Alemania Occidental y negoció un importante acuerdo nuclear en 1975.

En un informe interno, la CIA afirmaba que las ambiciones nucleares de Brasil planteaban un "desafío fundamental" a las relaciones entre los Estados Unidos y Brasil. Sin informar a los brasileños, el recién elegido vicepresidente Walter Mondale intentó presionar al gobierno alemán para que cancelara el acuerdo.

Washington también se sintió frustrado por el autoritarismo de los generales y las violaciones de derechos humanos. El régimen aprobó una serie de "actos institucionales" -el primero de los cuales se produjo pocos días después del golpe- que les otorgaban amplios poderes, incluida la suspensión de derechos de los líderes de la oposición y la facultad de declarar la interrupción del Congreso. Ricupero escribe que "con cada nuevo ataque al orden jurídico o violación de derechos, la embajada en Río de Janeiro se veía obligada a contorsiones dialécticas para calmar el malestar del Departamento de Estado".

La presión sobre el creciente autoritarismo y la cuestión nuclear alcanzó su punto álgido durante la administración Carter, que aplicó los derechos humanos como criterio para la ayuda militar de forma más directa. Después de que el Departamento de Estado de Carter criticara a Brasil por sus violaciones de los derechos humanos en 1977, el gobierno brasileño tomó represalias suspendiendo la Comisión Militar Conjunta entre Estados Unidos y Brasil, su Misión Naval y un acuerdo militar bilateral de larga duración. Según el entonces embajador de Washington en Brasilia, Robert Sayre, "las relaciones entre los Estados Unidos y Brasil se fueron al garete".

A pesar de un breve acercamiento con la elección de Ronald Reagan como presidente en 1980, Brasil se volvió crítico con el resurgimiento de políticas más intervencionistas por parte de Washington bajo su administración. La decisión de Washington de ponerse del lado de Gran Bretaña contra la vecina Argentina durante la guerra de las Malvinas/Falklands en 1982 confirmó las sospechas brasileñas de que los Estados Unidos no eran un socio fiable. Por primera vez, "la hipótesis de guerra con los Estados Unidos se convirtió en objeto de estudio en las Fuerzas Armadas", escribe Bandeira.

Brasil también se opuso a la llamada Doctrina Reagan, que pretendía derrocar gobiernos de izquierda en América Central y el sur de África. Estados Unidos se había convertido no sólo en un socio distante, sino en algo totalmente nuevo: un rival emergente. Muchas de estas disputas entre ambos países se mantuvieron hasta bien entrado el periodo de democratización iniciado en 1985.

Hay muchas cosas que aún se desconocen sobre este capítulo de la historia de Brasil y la relación de los Estados Unidos con el régimen militar. Peter Kornbluh, analista principal del Archivo de Seguridad Nacional, que también actuó como enlace entre los gobiernos de los Estados Unidos y Brasil para la Comisión de la Verdad, calcula que todavía hay miles de registros que permanecen clasificados, y entre ellos muchos registros sensibles de la CIA y del Departamento de Defensa.

"[E]n la medida en que los Estados Unidos se guardan documentación sobre la represión en Brasil, en esa medida impiden los Estados Unidos a la sociedad brasileña recordar los horrores de lo que ocurrió a puerta cerrada en los centros de detención secretos", declaró Kornbluh a Responsible Statecraft.

Para empezar, el presidente Biden podría atender la petición de 16 organizaciones de la sociedad civil brasileña de desclasificar estos registros. El llamamiento de estos grupos afirma que la desclasificación "proporcionaría información valiosa sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura brasileña y aclararía el grado de implicación o conocimiento de los Estados Unidos de estos hechos. Este acto de transparencia también reforzaría los cimientos de la relación entre los Estados Unidos y las Américas, fomentando la confianza y la colaboración en cuestiones importantes como los derechos humanos, la democracia y la estabilidad regional."

Es poco probable que el gobierno de Luiz Inácio "Lula" da SiIva solicite formalmente estos documentos al propio Biden. En un esfuerzo por apaciguar a los líderes de las Fuerzas Armadas brasileñas que aún tienen en alta estima los 21 años de dictadura, Lula canceló de forma polémica todas las manifestaciones formales referidas al 60 aniversario. Pero incluso sin una conmemoración oficial, millones de brasileños, desde Manaos, en el Amazonas, hasta Florianópolis, en el extremo sur, están organizando manifestaciones para enviar el mensaje de "dictadura, nunca más".

^{Fuente: Sin Permiso - Abril 2024}