E n una Argentina en crisis, una gigantesca roca a tres kilómetros por debajo del piso norpatagónico contiene hidrocarburos no convencionales y se erige en el discurso público como la redención nacional. La comparación con la riqueza agropecuaria para dimensionar su importancia es cada vez más común. Desde hace diez años, todos los gobiernos buscan multiplicar el viscoso y gaseoso resultado de las ya miles de perforaciones y fracturas realizadas en Vaca Muerta, pero todavía está lejos de cumplir las promesas de sus promotores o los antecedentes económicos de la historia energética. Y quedan dudas acerca de sus verdaderos beneficiarios.

Para entender el panorama, se requiere mirar varios puntos. El 30% de la energía que se consume en el país se destina al transporte, 23% al uso residencial y 22% al industrial. La fuente es mayoritariamente hidrocarburífera. El 52% proviene de la quema de gas y el 32% de petróleo, una dependencia que en la actualidad no aparece como un problema en las agendas públicas.

Históricamente hubo cinco cuencas hidrocarburíferas productivas. Tres son hoy relevantes. La Neuquina donde se aloja Vaca Muerta, entre Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa, con un crecimiento desmesurado en la última década. La histórica cuenca petrolera del Golfo San Jorge, entre Chubut y Santa Cruz, que en caída sostenida hoy produce el 33% nacional. Y la Austral, al sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, con explotación de tight gas –extraído de formaciones de arenas compactas– y offshore en aguas poco profundas, que aporta un cuarto del gas del país. En el debate aparece, además, la posible exploración offshore en el Mar Argentino Norte.

el 30% de la energía que se consume en el país se destina al transporte, 23% al uso residencial y 22% al industrial. la fuente es mayoritariamente hidrocarburífera. el 52% proviene de la quema de gas y el 32% de petróleo.

vivisección de la vaca

No hay dudas de que hoy Vaca Muerta es el foco. Un reservorio de hidrocarburos no convencionales que se extiende a lo largo de 30.000 km2, unas 140 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, y que debe ser explotado mediante la técnica de la fractura hidráulica o fracking. En 2022 había 2620 pozos con ese destino. Algunos alcanzan los siete kilómetros de extensión e implican la inyección de millones de litros de agua y centenares de camiones de arena. En total, las formaciones no convencionales de la Cuenca Neuquina aportan el 60% del gas del país y el 42% del crudo.

Más allá de la geología, Vaca Muerta puede ser pensada como un megaproyecto: un proceso productivo que comprende extracción, transporte y comercialización de energía y vincula distintas extensiones del país y el mundo. Su territorialidad se expande más allá de Neuquén, el núcleo extractivo. Para realizar cada pozo se necesita un paquete tecnológico que combina maquinarias que provienen principalmente de Estados Unidos y Canadá. Además, insumos (muchos, químicos) que también se importan. Los tubos de acero sí son fabricados principalmente en Campana, provincia de Buenos Aires. Las arenas de sílice provienen de la costa entrerriana (donde la justicia ha promovido clausuras por irregularidades y afectaciones ambientales), y de canteras en la meseta rionegrina.

Ya en superficie, los hidrocarburos son trasladados vía gasoductos, oleoductos y poliductos. En su mayoría hacia la provincia de Buenos Aires para su consumo e industrialización, y también gas hacia Chile mediante caños o crudo en barcos con distintos destinos desde Puerto Rosales, cerca de Bahía Blanca.

Abastecer con buenos precios al mercado interno y que eso impulse la economía doméstica choca con el horizonte exportador que se impone cuando la coyuntura internacional o la necesidad local de dólares lo requieren. Extraer al máximo y en corto plazo es la política que impulsa un Estado que gambetea crisis recurrentes y promueve para ello beneficios para las petroleras y grandes inversiones para oleoductos, distintos tipos de plantas de procesamiento y puertos. Las tarifas, los subsidios y el déficit fiscal tienen también otro capítulo en la política petrolera.

de la privatización a la expropiación

Para entender el presente es necesario recorrer la historia reciente de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), la compañía de bandera, que atravesó un largo proceso de privatización que concluyó en 1999 con el traspaso de la casi totalidad de los activos a la española Repsol. Desde entonces, la estrategia corporativa se focalizó en la exportación de combustibles y derivados. Como reverso, desinvirtió en exploración, por lo que sus reservas cayeron, según el Informe Mosconi con el que el Ministerio de Economía fundamentó la expropiación en 2012: a partir de 2002 el freno a la inversión generó a 2011 una caída de la extracción del 39% en petróleo y 31% en gas.

Cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia propuso la llamada “argentinización de YPF”, que consistió en poner a un empresario argentino de confianza y de esta manera controlar a Repsol. Para ello, en 2008 promovió la compra del 25% de las acciones por parte de la familia Eskenazi. Fueron dos operaciones, financiadas por bancos internacionales y la propia Repsol, que sumaron 3540 millones de dólares, a pagar en cuotas y con las ganancias que generase.

Esa política de “argentinización” habilitó la profundización del giro de dividendos al exterior por parte de Repsol. El informe Mosconi demostró que incluso en los años 2001, 2004, 2008, 2009 y 2011 llegó a transferir desde YPF cifras superiores a las utilidades netas. Desinversión mediante, la empresa española repitió la receta de origen: el saqueo. También dejó una contaminación que, al momento de la expropiación, el Ministerio de Economía valuó en 5000 millones de dólares considerando el volumen acumulado de residuos sin tratar y la tasa de incidentes que contabilizó la afectación. Diez años después, ningún dinero se destinó a remediar los territorios afectados.

El declive natural y la falta de inversión produjeron un aumento significativo de las importaciones que provocó un saldo negativo desde 2010. Este déficit se acrecentó por la importación de gas natural licuado en barco para abastecer el mercado interno durante el  invierno en un contexto de reactivación económica de esos años.

Así, en 2011 se anunció el descubrimiento de Vaca Muerta. Repsol, que tenía gran parte de la formación concesionada, trajo empresas de servicios que venían desarrollando fracking en Estados Unidos. Según el gobierno argentino, la empresa intentó ampliar reservas para subir el valor de las acciones en el mercado y concretar su venta.

La posibilidad de revertir la caída de la extracción mediante la explotación no convencional, motorizó la decisión del gobierno argentino de expropiar a Repsol parte de sus activos. El Estado se quedó, entonces, con el 51% de YPF, mientras el 49% flota en manos de fondos especulativos en la Bolsa de Valores.

la era del fracking

Tras la estatización parcial de YPF, la política se orientó en presentar a Vaca Muerta como “la salvación” del país. Se retomaron las narrativas de epopeyas ypefianas que prometieron estabilizar la balanza comercial energética deficitaria en corto plazo, y llevarla a superávit en el mediano. En el plano subnacional, se preveía un fuerte apalancamiento en las arcas provinciales, sobre todo de Neuquén.

En mayo de 2012 ingresó a la conducción de YPF Miguel Galuccio. El entrerriano, un fracker de pura cepa formado en la empresa norteamericana Schlumberger, dedicó sus primeros meses a buscar inversores para Vaca Muerta. En las giras encontraba muchos oyentes, pero pocos decididos a arriesgarse, hasta que apareció Chevron. Un socio incómodo: la antítesis de la narrativa nacionalista que sostuvo la expropiación.

Por entonces, la justicia ecuatoriana había fallado contra Chevron por la contaminación de la Amazonía. Fue la sanción ambiental más cara de la historia. La empresa se fue del país. Los afectados salieron a perseguirla. A fines de 2012, el juez argentino de primera instancia Adrián Miranda le dictó un embargo por 19.000 millones de dólares. La decisión puso en duda el acuerdo entre YPF y Chevron. La provincia de Neuquén se sumó como Amicus Curiae a la causa para defender a la empresa norteamericana. La Procuradora de la Nación Alejandra Gils Carbó también opinó a su favor. Finalmente, la Corte Suprema sentenció que Chevron Argentina no era Chevron Corporation, por lo que el reclamo ecuatoriano no tenía asidero.

tras la estatización parcial de ypf, la política presentó a vaca muerta como “la salvación” del país. se retomaron las narrativas de epopeyas ypefianas que prometieron estabilizar la balanza comercial energética en corto plazo, y llevarla a superávit en el mediano. 

Resuelto el diferendo, se publicaron los decretos 927 y 929 que abrieron las puertas a un nuevo régimen para la explotación de hidrocarburos no convencionales y les otorgaron beneficios a las compañías para que invirtieran más de mil millones de dólares. Esa misma semana, se firmó el acuerdo YPF-Chevron, anunciado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Chevron Argentina volvió a ser Chevron Corporation para tener disponibilidad de giro de dividendos a casa matriz.

En junio de 2013, la Administración de Información Energética de EE.UU. alentó a empresarios del sector hasta ahora poco convencidos y la oficina norteamericana posicionó a Vaca Muerta como la segunda reserva de shale gas y la cuarta de shale oil del mundo. El 28 de agosto de ese año, la Legislatura de Neuquén debía aprobar el convenio entre las empresas y Nación. Del acuerdo se conoció lo que las empresas entregaron a legisladores y fue votado a puertas cerradas mientras una masiva movilización era reprimida, en una batalla de siete horas por el centro de la ciudad de Neuquén que tuvo como corolario un docente herido con una bala de plomo. Esa noche en la comunidad mapuche Campo Maripe, en cuyo territorio se instalaría el proyecto de YPF-Chevron, dos rukas (casas) fueron incendiadas. A esta altura, la heroica narrativa ypefiana tenía muchos claroscuros y tomó impulso el relato de la necesidad. “No queda otra” o “es la última oportunidad” se hicieron frecuentes como argumentos.

la década fracturada

Vaca Muerta como principal política pública energética nacional tuvo tantos cambios como requirió la coyuntura. La administración de CFK definió una primera etapa intensiva en aprendizaje técnico para atraer a los actores globales más grandes del sector. En ese periodo las transferencias directas del Estado a las compañías superaron los 3000 millones de dólares anuales, una cifra similar al gasto nacional en salud y casi tres veces el de ciencia. En tanto, los subsidios energéticos representaron alrededor del 10% del gasto público nacional, según un informe del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental de 2017. YPF captó la mayoría de los subsidios, fue protagonista en materia de extracción de no convencionales y la curva de aprendizaje estuvo en sus manos. Loma Campana fue el único proyecto que avanzó significativamente, gracias a su sociedad con Chevron.

Hacia diciembre de 2015 ya existían quince concesiones no convencionales en Neuquén. El loteo había comenzado. La seducción atrajo a la francesa Total, la británica Shell, la estatal alemana Winter-shall, la norteamericana Exxon Mobil y Pan American Energy, empresa que incluye a la estatal China CNOOC (25%) y a la británica BP (50%), y a las empresas de dueños argentinos Pluspetrol, Pampa Energía, y la estatal provincial Gas y Petróleo del Neuquén.

La segunda etapa de Vaca Muerta llegó con el gobierno de Mauricio Macri. Apenas asumido, las empresas tomaron el control directo de las oficinas del sector. El Ministerio quedó a cargo del exgerente de Shell, Juan José Aranguren, secundado por Daniel Redondo, ex Exxon, José Luis Sureda, ex Pan American Energy, Marcos Pourteau, ex Total, y la lista sigue.

En YPF asumió Daniel Darré, expresidente y CEO de Total en la meca del fracking, Houston, pero duró poco más de un año. En su reemplazo asumieron Daniel Gonzalez, un ex Merrill Lynch Bank of America, y Miguel Ángel Gutiérrez, con pasado en J.P. Morgan y grupo Telefónica de Argentina. Una dirección que colaboró con la retracción de la empresa en el sector. 

En esta etapa adquirieron concesiones la estatal noruega Statoil, la estatal malaya Petronas y Phoenix, una empresa con capitales suizos en sociedad con Vila y Manzano. Ingresaron también actores de peso locales como Marcelo Midlin, con Pampa Energía, y Miguel Galuccio, el ex CEO de YPF, con su recién creada Vista Oil & Gas.

Pero el gran actor de la época fue Paolo Rocca, con Tecpetrol, que, aprovechando una laguna de la Resolución 46/2017 de incentivo a nuevos proyectos de gas no convencional, extrajo gas sin límites para captar mayor cantidad de subsidios. Por entonces, Fortín de Piedra, su área emblema, extrajo el 12% del gas del país y el 52% de la producción de Vaca Muerta. Los controles derivados del acuerdo con el FMI y la restricción presupuestaria generaron que en 2019 el gobierno interpretara la normativa en pos de limitar los subsidios. La compañía reclamó judicialmente una deuda de 6000 millones de pesos por subsidios no pagados.

Esta política energética tuvo como consecuencia una retracción de YPF, en beneficio de actores privados, en particular Tecpetrol y CGC, de Eduardo Eurnekian, con un yacimiento al suroeste de Santa Cruz. Cuando comenzó el gobierno de Cambiemos, YPF captaba el 42% de los subsidios y transferencias. En 2019 no recibía prácticamente nada. En el mismo período, la empresa de Rocca llegó a captar más del 53% de los incentivos, que entre 2016 y 2019 sumaron 4378 millones de dólares para todo el sector.

Los usuarios, mientras tanto, fueron fuertemente golpeados por los tarifazos. Los aumentos superaron el 1000%. A su vez, el gobierno impulsó una reforma laboral del sector que redujo derechos, flexibilizó condiciones de seguridad y recortó personal en las operaciones. El nuevo régimen hizo caer un 40% el salario petrolero. Desde entonces 15 trabajadores fallecieron en distintos eslabones del sector en la Norpatagonia. 

la administración de cfk definió una primera etapa intensiva en aprendizaje técnico para atraer a los actores globales más grandes del sector. en ese periodo las transferencias directas del estado a las compañías superaron los 3000 millones de dólares anuales, una cifra similar al gasto nacional en salud y casi tres veces el de ciencia.

La tercera etapa de Vaca Muerta es la del gobierno de Alberto Fernández, signada por contextos de incertidumbre y una política dubitativa. Por un lado, la pandemia generó una parálisis corta en la extracción que tuvo consecuencias importantes por la retracción del mercado, la caída de los precios internacionales por sobre stock y las economías de los estados abocados a atender el grave problema sanitario. El gobierno aceleró la extracción a fuerza de subsidios a la energía que se incrementaron en un 45% entre 2020 y 2021. Por otro lado, la guerra en Ucrania redundó en una fuerte alza de los precios internacionales del crudo y el gas. Eso, si bien afecta la balanza comercial energética por el aumento del precio del gas natural licuado importado en barcos, también le brindó a Vaca Muerta un horizonte exportador hasta entonces en dudas. En 2022, la exportación de crudo no convencional de Vista, Shell, Chevron, Tecpetrol y Petronas alcanzó los 1929 millones de dólares, superando los 1654 que Pan American Energy obtuvo en la venta del crudo que vendió al exterior desde la histórica cuenca exportadora petrolera del país.

Pero, hasta la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, el área energética nacional fue un campo de batalla entre las fuerzas del Frente de Todos. A pocos meses de su gestión el secretario del área Sergio Lanziani fue reemplazado por el neuquino Darío Martínez, en un gesto para tranquilizar a Vaca Muerta. Tras el acuerdo con el FMI, la crisis interna de la coalición gobernante produjo un nuevo cambio y llegó Flavia Royón. Desde entonces, la política se orientó a generar la infraestructura necesaria para concretar la exportación energética masiva.

Para lograr ese crecimiento, el gobierno nacional y las empresas impulsan el gasoducto Néstor Kirchner, una obra que aumentará un quinto de la capacidad instalada y recorrerá 500 km en su primer tramo, por Neuquén, La Pampa y Buenos Aires. En una segunda etapa se extendería hasta Santa Fe y busca llegar a Brasil. En materia de exportación se han anunciado dos proyectos de construcción de puertos de GNL: uno en la costa sur bonaerense, desarrollado por una asociación entre YPF y Petronas, y otro de Tecpetrol en la costa rionegrina. En materia de crudo, YPF busca avanzar en los oleoductos Vaca Muerta Norte –para llevar crudo a Chile– y Sur –con destino al Golfo San Matías, en Río Negro–, donde pretenden colocar un puerto de exportación de grandes dimensiones. A su vez, planean duplicar la capacidad de Oldelval, el sistema de transporte de mayores dimensiones del país que une Neuquén con Puerto Rosales.

Pese a los recurrentes récords de extracción en Vaca Muerta, todavía se importa más que lo que se exporta porque la explotación convencional cae sostenidamente. Aunque, claro, sin Vaca Muerta la importación sería aún mayor.

Otro dato interesante es la salida de divisas por rubros financieros. La deuda externa privada es altísima. Supera los 12.000 millones de dólares, según datos del economista Marco Kofman. Solo el año pasado salieron del país 4000 millones de dólares en concepto de pago de deuda e intereses, patentes y servicios de la empresas petroleras. A esto hay que sumar los delitos de sobrefacturación en las importaciones de los paquetes tecnológicos e insumos, a los que la vicepresidenta refirió como “festival de importaciones” y por lo que Massa denunció a algunas firmas del sector.

En 2023 hay 51 áreas concesionadas con destino Vaca Muerta y otras 18 con destino a formaciones tight. En todas debe usarse la fractura hidráulica. En 2022, la extracción de esas concesiones representó el 60% del gas del país y el 42% del crudo.

los costos del modelo

El megaproyecto ha generado impactos muy significativos. El gran volumen de residuos ha provocado un colapso de las plantas de tratamiento. El nivel de contaminación es grave. Hay plantas, como Comarsa en la ciudad de Neuquén y la planta abandonada de EET en Plaza Huincul, en estado de abandono con procesos de remediación muy bajos. El agua de retorno, o flowback, en su mayoría se inyecta sin tratamiento en pozos sumideros y eso produce riesgos acuíferos y genera inestabilidad en sistemas de fallas geológicas. Desde 2015 comenzaron a ocurrir movimientos sísmicos en una zona que no los tenía. En 2022, según informa el Observatorio de Sismicidad Inducida, han ocurrido 294 movimientos que se caracterizan por un epicentro de baja profundidad: tienen poca magnitud pero alto impacto en superficie y coinciden en espacio y tiempo con la operación de sets de fracturas. La zona más afectada ha sido Sauzal Bonito, una pequeña comunidad rural donde el gobierno provincial entregó viviendas prefabricadas para reemplazar las que tienen peligro de derrumbe.

Otra de las consecuencias es el aumento significativo de los incidentes ambientales: derrames de crudo, sustancias o fugas de gases. Según una investigación que realicé junto a Esteban Martiné, desde que se instauró en Neuquén un registro de declaraciones juradas en 2017, la cantidad de incidentes diarios se duplicó: de un promedio de 2.8 incidentes en 2017 trepó a 5.6 en 2021. El origen de esos problemas puede rastrearse en la aceleración creciente de las intervenciones (hace 10 años los equipos realizaban hasta cuatro fracturas diarias, hoy triplican ese número) y en la desinversión de los campos convencionales, porque el dinero se dirige a la actividad no convencional.

En materia de emisiones, Vaca Muerta generó 515 megatoneladas de CO2 equivalentes entre 2012 y 2021. Es un dato del climatólogo Miguel di Ferdinando quien analizó las declaraciones juradas de las empresas ante la Secretaría de Energía de Nación. En 10 años, Vaca Muerta emitió lo mismo que todas las emisiones de Argentina en tres años, de 2018 a 2020.

Además, en el marco de una crisis hídrica histórica, el fracking tiene un uso intensivo de agua: cada pozo utiliza unos 90 millones de litros. En una primera etapa se transportaban en camiones y hoy lo hacen con grandes mangueras a las que llaman “anacondas”. A 2021 llevaban consumidos 45.500 millones de litros, mientras en la zona muchas familias no cuentan con red de agua.

Tal como reporta una extensa bibliografía sobre impactos sanitarios en Estados Unidos, la meca del fracking, en Argentina se comenzaron a ver enfermedades respiratorias, en la piel o de estrés por falta de descanso. En Allen, Río Negro, un pequeño y humilde barrio rodeado de pozos (52 a menos de un kilómetro), las familias iniciaron un amparo ambiental en 2018 y aún hoy esperan respuestas. La causa tiene cinco cuerpos, unas 2500 fojas.

el futuro ya llegó

Los resultados de la apuesta a Vaca Muerta como principal política energética en esta década fracturada cuestionan las esperanzas de salvación. Los dólares entran y se van. El sector se caracteriza por una gran inestabilidad definida por los volátiles precios internacionales y una demanda cambiante. Eso tiene como correlación inmediata un impacto en las arcas subnacionales que llevan a fuertes endeudamientos para sortear las épocas de vacas flacas. Neuquén, la provincia donde se explota el 95% de la formación, en 2020 estuvo a un paso del default y la última medición de pobreza de este año le dio un 38% de su población en la pobreza y un 13% en la indigencia, según INDEC. Los incentivos y subsidios representan una parte significativa del gasto público. La posibilidad exportadora depende de cuantiosas inversiones en infraestructura. El papel de la energía en una geopolítica internacional dinámica puede transformar eso que es visto como una gran oportunidad en un problema que condicione el futuro. La contaminación y los impactos sanitarios se quedan mientras, como pasa en todo el mundo, las empresas petroleras abandonan los proyectos sin una  remediación adecuada.

En este sentido, la redención puede convertirse en una distopía. Vaca Muerta como única política energética y económica sostenida, tapa la posibilidad de promover una transformación que empiece por no ampliar nuevos proyectos de energía fósil. Los debates que están impulsando las organizaciones sociales en el nuevo gobierno de Colombia son un horizonte a emular. Revertir la fosilización por nuevas fuentes energéticas y buscar otras alternativas para el equilibrio fiscal son posibilidades que la movilización y el debate popular están impulsando pero de las que las esferas políticas todavía no toman nota.

^{Revista Crisis - 5 de mayo de 2023}