La continuidad del modelo económico del menemismo.

El balance de la gestión económica del primer año de gobierno es negativo: caída del producto y la inversión, aumento del desempleo, la precariedad laboral y la pobreza, conflictividad social y serias dificultades para financiar los desequilibrios fiscal y externo.

La gravedad de la situación económica actual no puede atribuirse totalmente al nuevo gobierno desconociendo la herencia dejada por las políticas aplicadas en la década menemista. Pero tampoco puede ignorarse que al gobierno de la Alianza le corresponde una alta cuota de responsabilidad, tanto por la incapacidad para desarticular mínimamente las restricciones heredadas como por un papel activo en la profundización de muchos de los problemas heredados.

El nuevo gobierno apostó a la continuidad del modelo económico aplicado durante el menemismo. Conforme esta definición estratégica, planteó como objetivo inicial provocar un "shock de confianza" en los operadores financieros que los induzca a retomar el flujo de ingreso de capitales y, por esta vía, encontrar salida a la crisis recesiva que atrapa a la economía argentina desde 1998. En síntesis, relanzar el modelo económico mediante dosis ampliadas de endeudamiento externo.

En el modelo económico de la convertibilidad, el comportamiento de las variables monetarias y financieras (la oferta monetaria y la tasa de interés) depende de la evolución de las reservas internacionales. Al mismo tiempo, la política de tipo de cambio fijo, unido al incesante aumento de las tarifas de los servicios públicos y los elevados costos financieros, derivaron en una estructura de precios relativos que afecta negativamente la competitividad externa de la economía. El retraso cambiario provocó un proceso de sustitución inversa de producción local por importaciones, cierre de establecimientos, concentración económica, desarticulación de cadenas productivas y de las economías regionales y permanentes presiones para reducir los costos laborales. Favorecido por la desarticulación de las regulaciones laborales, se intensificó el proceso de trabajo, se eliminó personal y redujeron las remuneraciones. En cuanto al sector externo, aumentó el déficit de la cuenta corriente del balance de pagos, cuyo desequilibrio se financió durante todo este tiempo con mecanismos excepcionales, como lo fue la venta masiva del patrimonio público a capitales externos y, fundamentalmente, mediante un incesante incremento de la deuda externa.

El desequilibrio del sector externo y el desequilibrio distributivo interno son dos caras de la misma política. Precisamente, la continuidad del modelo económico implica profundizar ambos fenómenos: la deflación del costo laboral y el aumento del endeudamiento externo. Aquí están presentes también los límites a la viabilidad del modelo: hasta dónde es posible, social y políticamente, profundizar la redistribución regresiva del ingreso; hasta dónde es posible continuar cebando la bomba del financiamiento externo.

La capacidad de endeudamiento tiene límites vinculados con la solvencia de la economía; esto es, con la capacidad en términos de disponibilidad de divisas para cumplir con el servicio regular (amortización + intereses) de los pasivos externos acumulados. Los indicadores de solvencia de nuestro país se ubican, hace ya tiempo, en niveles de riesgo que significan cautela para los operadores financieros. De aquí, la creciente dificultad para refinanciar los vencimientos, la disminución del flujo de ingreso de capitales y el aumento de la tasa de interés. De esta forma, los esfuerzos por renovar la confianza de los mercados (eufemismo que pretende ocultar que se trata de los comportamientos y las exigencias de los prestamistas institucionalizados del estado: organismos internacionales, bancos y AFJP) implica generar garantías de cumplimiento futuro, objetivo para el cual se requiere afianzar la redistribución regresiva del ingreso.

De fracaso en fracaso

La primera medida para provocar el "shock de confianza" fue el recordado "impuestazo" dispuesto a comienzos de 2000. Según se argumentó por entonces, esta medida resolvería de un golpe la brecha fiscal, reduciendo el llamado "riesgo país" y, de esta forma, se restablecería nuevamente el flujo de ingreso de capitales externos, activando el mecanismo expansivo de los primeros años de la convertibilidad. El "shock de confianza" se nutre también de elementos simbólicos. El fundamentalismo que sostiene las tesis de las expectativas de mercado, valora positivamente este tipo de medidas en tanto constituyen una afirmación de poder, un indicador de la disposición gubernamental para imponer ajustes, por drásticos que fueren y aun a costa de sacrificar legitimidad política y caudal electoral. La intención del mensaje es clara: traigan sus capitales, tengan confianza, esto es sólo una muestra de lo que somos capaces de imponer para honrar nuestras deudas.

Por cierto, reformar el impuesto a las ganancias y aumentar la recaudación tributaria son objetivos que pueden compartirse. Sin embargo, la modificación puesta en práctica es totalmente cuestionable por inoportuna, por carente de equidad y por ineficaz respecto del propósito mismo de aumentar la recaudación. En primer lugar, es inadmisible que una medida que afecta el poder de compra se aplique, y con tanta contundencia, en un contexto económico de recesión generalizada. En segundo lugar, la reforma no apuntó a mejorar la recaudación eliminando los privilegios que el actual régimen de exenciones impositivas otorga a las rentas del capital financiero y accionario. Por lo contrario, lejos de ampliar la base contributiva del impuesto se prefirió incrementar la presión sobre los actuales contribuyentes: básicamente, los perceptores de ingresos medios provenientes del trabajo personal, tanto asalariados como autónomos.

Como era de esperar, los pronósticos de las autoridades económicas fallaron. No tuvo lugar el aumento esperado de la recaudación, no se cerró la brecha fiscal, ni tampoco tuvo lugar el shock positivo sobre las expectativas de los operadores financieros. El efecto negativo del "impuestazo" sobre las expectativas de consumo doméstico fue mayor que el impacto positivo que se esperaba lograr en las expectativas del establishment financiero, con lo que tuvo lugar un nuevo golpe recesivo sobre los alicaídos niveles de la demanda interna. De aquí que se planteara la necesidad de nuevos ajustes destinados a reducir la brecha fiscal y restituir la confianza de los mercados.

Nuevamente los trabajadores fueron los sujetos preferentes del ajuste. En esta ocasión, el instrumento fue la reducción de las remuneraciones del personal de la administración pública. Junto con esta medida se impulsó la sanción legislativa de la tristemente célebre reforma laboral (una más de una larga lista), cuyo objetivo central es proceder a la revisión de los convenios colectivos vigentes, circunstancia que tendrá lugar en un contexto favorable para que las condiciones de trabajo y de remuneración se modifiquen "a la baja".

En estos pasos iniciales del gobierno se identifican claramente los dos mecanismos de los que el modelo económico vigente necesita alimentarse de manera permanente: por un lado, el ingreso de capitales (cuya contracara es el aumento del endeudamiento externo); por el otro, la reducción de los costos laborales como mecanismo para compensar la pérdida de competitividad externa. El tercer elemento, la venta de activos públicos, tiene ahora poco margen para ofrecer como contribución a los equilibrios fiscal y externo. No obstante, el sector público sigue siendo un yacimiento inagotable para generar nuevas oportunidades mercantiles sin inversiones de riesgo y con rentabilidad asegurada, un tipo de operaciones en cuya valorización confluye el interés de capitalistas-rentistas y funcionarios venales. A modo de simple recordatorio, cabe citar iniciativas como la venta a peor postor de prórrogas en los plazos de concesión para la explotación de recursos naturales o de otras áreas de servicios públicos, la privatización completa de los juegos de azar, de la recaudación tributaria y de aduanas, etc.

El nuevo intento fue tan carente de equidad como ineficaz para promover el ambiente de confianza requerido por "los mercados". La fluidez en el ingreso de capitales no se restableció y la renovación de los vencimientos de la deuda pública fue haciéndose cada vez más incierta. El aumento de las tasas de interés y del "riesgo país" puso en evidencia la cercanía de un escenario de "país en riesgo". En buen romance, la perspectiva concreta de que la economía entrara en una dinámica acumulativa de incertidumbre con fuga de capitales, presiones sobre el tipo de cambio e inestabilidad del sistema financiero.

Los síntomas de proximidad de este escenario se hicieron evidentes en el último trimestre de 2000, con serias dificultades para renovar los vencimientos de la deuda pública, elevadas tasas de interés y una perceptible disminución de las reservas y los depósitos, indicadores inquietantes como expresión potencial de cambio en la dirección de los flujos financieros y la composición de las carteras de activos financieros.

Al cabo de un año de gestión, el fracaso de la estrategia de profundización del modelo económico es más que evidente. Los sucesivos ajustes no lograron el "shock de confianza" prometido sino que, por lo contrario, sólo sirvieron para realimentar la espiral de recesión - crisis fiscal - ajuste - recesión, un camino por el cual, la perspectiva de arribar a un escenario de crisis generalizada se hizo mucho más tangible que al momento de haber asumido funciones el nuevo gobierno.

Antes del diluvio.

En este escenario de crisis latente hace su aparición el llamado "operativo blindaje". ¿ En qué consiste? En primer lugar, expresa un compromiso de los prestamistas institucionales (organismos internacionales, bancos locales y AFJP) de que habrán de poner a disposición del gobierno argentino un monto de financiamiento tal que le permita afrontar buena parte de los vencimientos de la deuda y del déficit fiscal previstos para el año 2001. En otras palabras, el blindaje expresa la voluntad de los acreedores institucionales de renovar los próximos vencimientos de la deuda, procurando de esta forma emitir señales de tranquilidad al resto de los operadores financieros: al menos en el curso de este año la Argentina debería poder evitar el riesgo de cesación de pagos externos. ¿ Qué se pretende con esta señal ? Evitar que las condiciones actuales de incertidumbre deriven en un comportamiento de manada de los tenedores de activos financieros en búsqueda de horizontes más confiables. En suma, se apunta a prevenir el temido "vuelo hacia la calidad", una decisión que, desde este lado del problema, significaría disminución de depósitos en las instituciones locales y cambio de signo monetario en las colocaciones financieras (fuga de la moneda local).

¿El operativo blindaje significa acaso un cambio más profundo en la visión y el comportamiento de los acreedores? ¿O, más bien, se trata de una asistencia de carácter especial que nuestro país ha merecido por la fidelidad en comulgar con la ortodoxia impulsada por los organismos internacionales? La importancia de la respuesta a estos dos interrogantes tiene que ver con la mayor o menor posibilidad de acordar operativos de blindaje basados sobre orientaciones de política económica diferentes a las actuales.

En primer lugar, conviene recordar que el blindaje no es una experiencia inédita. En efecto, en estos últimos años se concretaron varios casos de operaciones financieras concertadas internacionalmente con el objetivo de asistir en el tratamiento de crisis financieras (México, el Brasil, Rusia, Tailandia, Corea, etc.). En todo caso, la diferencia es que ahora afirma el carácter de un operativo destinado a producir efectos antes del estallido de la crisis y no después como ocurrió en la mayoría de las experiencias anteriormente señaladas.

A nuestro juicio, el carácter preventivo del acuerdo de asistencia financiera concretado responde poco a las virtudes de la situación particular de la Argentina. La globalización financiera está dominada por la multiplicación de crisis financieras y cambiarias cuyos impactos no sólo afectan a los países o grupos de países involucrados sino que muestran un alto poder de perturbación sobre el funcionamiento del sistema mundial. Las operaciones de salvataje más recientes apuntan con más claridad a evitar la propagación de los efectos desestabilizadores en los mercados financieros mundiales y a resguardar a los acreedores de quebrantos de capital causados por eventuales situaciones de cesación de pagos. En alguna medida, la función de los operativos internacionales de salvataje es equivalente a la función de prestamista en última instancia que cumplen los bancos centrales en muchos países (notablemente restringida en la Argentina actual). Quizás en estado embrionario aún, lo que está entrando en operación es un esquema financiero internacional, con cabeza visible en el FMI, dispuesto a operar de manera selectiva y discrecional, con el objetivo central de preservar condiciones básicas de seguridad para los movimientos de capitales financieros y, por cierto, para sus propietarios o administradores.

La decisión de proceder al salvataje de la Argentina responde en gran medida a prevenir males mayores. El temor es que el estallido de una crisis de pagos externos se traslade a otros países de América latina. Particularmente, preocupa la posible desestabilización del Brasil. Por otra parte, el impacto negativo no debe verse sólo en planos económico o financiero. Podría verse afectado también el fundamento mismo de la concepción ideológica y política predominante hasta aquí en la casi totalidad de América latina. Sobre este aspecto, conviene recordar el énfasis con que los voceros del paradigma neoliberal han presentado el experimento argentino como un modelo exitoso de reformas de liberalización de mercados, privatizaciones y apertura financiera.

El punto a destacar aquí es la presunción de que, al menos en algunos países, los acreedores institucionalizados están actualmente más favorablemente dispuestos a asumir compromisos de asistencia que permitan prevenir crisis abiertas de cesación de pagos externos. Obvio es destacar, este cambio de actitud no responde a cuestiones altruistas sino de preservación de sus propios intereses como acreedores. Es claro también, que las operaciones de "salvataje" no son sencillas y que siempre vendrán acompañadas de la pretensión de imponer nuevos ajustes o reformas que afirmen la capacidad de pago del endeudamiento acumulado. Sin embargo, una lectura objetiva de este tipo de acuerdos permite afirmar que el poder de negociación, aunque claramente asimétrico, no está únicamente del lado acreedor y que, mediando firme voluntad en tal sentido, es factible moderar determinadas exigencias.

En el operativo blindaje se identifican dos tipos de compromisos asumidos por el gobierno argentino. El primero, es la ratificación de la continuidad del modelo económico del menemismo. El segundo refiere a una serie de medidas que, llamativamente, no guardan relación directa o significativa en cuanto a aumentar la solvencia fiscal o externa de la economía (pretensión que sería de esperar de cualquier acreedor). En efecto, la reforma del régimen previsional (otra más y van ...) como la apertura del mercado de la salud de las obras sociales, responden más a la intención de abrir nuevas áreas de rentabilidad a las instituciones bancarias y las AFJP (que, es necesario reconocer, forman parte del operativo blindaje) antes que a lograr superávit fiscal o generar divisas. Entre otras cuestiones, la reforma previsional apunta a conceder a estas últimas el monopolio para la administración de los fondos previsionales, eliminando el sistema público de reparto; aumentar la proporción en que las AFJP puedan colocar los fondos recaudados en títulos públicos, flexibilidad que seguramente se extenderá para la colocación del ahorro doméstico en fondos del exterior. A su vez, los requisitos exigidos para operar en el mercado de la salud apuntan a consolidar la presencia de las instituciones financieras.

¿Qué contribución positiva cabe esperar del operativo blindaje? Básicamente tiempo. ¿Qué es lo que resuelve? Nada. Tiempo, puesto que al garantizar la disponibilidad de los fondos requeridos para cubrir las necesidades de financiamiento externo y fiscal de 2001, prolonga la potencial ocurrencia del escenario de crisis por cesación de pagos. No resuelve nada en tanto que, por sí sola, la asistencia financiera comprometida no alivia las restricciones estructurales que configuran el cuadro actual de incertidumbre y estancamiento de la economía argentina.

¿Qué debería ocurrir durante el año en curso, que pudiera modificar el escenario negativo que llevó a la necesidad del operativo blindaje ? Obvio es destacar que la solvencia fiscal y externa de la Argentina no se podrá resolver en plazos tan cortos como los contenidos en el operativo blindaje acordado con los acreedores institucionales. Lo que importa reconocer es que este acuerdo tiene un alcance meramente coyuntural, que permite ganar tiempo, a cambio de mantenerse dentro de los límites del modelo económico que, curiosamente, ha llevado a la situación de crisis. Cabe preguntarse si no se ha dejado pasar la oportunidad de lograr un operativo blindaje que sirviera como plataforma de lanzamiento de una estrategia de cambio que apuntara a recomponer los graves desequilibrios que frenan el crecimiento, destruyen empleo y profundizan las desigualdades sociales.

Atrapados sin salida.

El camino para quebrar el actual esquema de estancamiento económico y regresividad distributiva es de sentido opuesto al que se viene practicando. En vez de permanente ajuste fiscal y devaluación de la remuneración del trabajo es necesario aplicar políticas redistributivas que mejoren el ingreso de los sectores sociales más castigados y, de esta forma, dinamizar la demanda interna. Para quebrar la inercia recesiva se requiere un shock de confianza que mejore las expectativas de ingreso y consumo de los sectores populares. A su vez, el proceso de reactivación permitirá reducir la brecha fiscal de manera más eficaz que los reiterados ensayos de ajuste aplicados hasta aquí.

Otro pilar a considerar en una estrategia de cambio del modelo económica es mejorar la competitividad externa de la economía y, por esta vía, revertir el desequilibrio del balance de pagos y generar las divisas necesarias para aliviar el peso de la restricción externa al crecimiento.

La competitividad depende de factores internos y externos. Con relación a estos últimos, el contexto internacional no permite fundar expectativas de cambios en el sistema de precios que provoquen mejoras drásticas de la competitividad de la economía argentina. Aunque el dólar podría reducir su fortaleza actual, la dimensión esperada de este cambio no es suficiente para compensar el retraso cambiario acumulado por el peso argentino respecto de otras monedas. En este aspecto, es clave la forma en que las renegociaciones llevadas a cabo por el gobierno con las empresas privatizadas han concluido invariablemente con fuertes incrementos en las tarifas de los servicios públicos. A menos que se modifique drásticamente esta situación, pretender apostar a estímulos del crecimiento vía el comercio exterior es una variante carente de racionalidad. Más bien, el argumento parece una apelación esperanzada ante la evidente incapacidad de la autoridad económica para modificar las trabas que bloquean el crecimiento endógeno.

La ausencia de factores endógenos de crecimiento está en la propia raíz del modelo económico. Las políticas de ajuste fiscal no han hecho otra cosa que profundizar la espiral recesiva. Las políticas de "oferta" impusieron la flexibilidad laboral como elemento positivo para el crecimiento y la competitividad, pero está claro que lo único que han logrado es construir un ambiente generalizado de inseguridad sociolaboral. Inseguridad por la volatilidad del empleo y del salario, inseguridad que retrae, incluso, las demandas de consumo de grupos que aún mantienen alguna capacidad de gasto y/o de endeudamiento. La demostración de este fenómeno está en las dificultades que enfrenta el sistema financiero para ampliar la cartera de préstamos, a pesar de la incorporación de fórmulas de seguro para prevenir situaciones como el despido del deudor.

El ambiente de inseguridad socioeconómica no responde a una matriz subjetiva, no se debe a un estado de ánimo colectivo. Muy por lo contrario, se nutre de elementos objetivos como la creciente precariedad laboral y de ingresos, un fenómeno estimulado por las políticas de flexilibilidad laboral impuestas en estos años, las que sustentan una visión del trabajo como factor de producción flexible, transitorio y desechable por parte de las empresas. Supuestamente, esta política (de oferta) habría de aumentar la confianza de los empresarios para contratar personal. Los resultados no se cumplieron sino que, por lo contrario, han actuado negativamente sobre la demanda de consumo.

En relación con los factores que influyen sobre las decisiones privadas de inversión en bienes de capital, la restricción principal proviene de la pérdida de rentabilidad provocada por la combinación de las políticas de retraso cambiario y de apertura comercial externa indiscriminada. Hasta aquí, las políticas para mejorar la competitividad actuaron preferentemente a través de la reducción de los costos laborales directos e indirectos (cuyos efectos negativos sobre la demanda interna fueron mencionados). El margen disponible para seguir avanzando en esta dirección es muy limitado, tanto por razones económicas como sociales y políticas. Aquí es necesario clarificar el papel que el retraso cambiario - y la incertidumbre respecto de la evolución futura del tipo de cambio - juega en las decisiones de inversión en activos reales. Esta influencia se manifiesta de distintas formas. En primer lugar, reduce la cartera de proyectos de inversión en la medida en que afecta la rentabilidad de los sectores más expuestos a la competencia externa; en segundo lugar, favorece la sustitución de líneas de producción local por importaciones o desactiva iniciativas con mayor orientación exportadora.

Las decisiones de inversión productiva se ven afectadas también por la alta valorización en divisas de los activos físicos. Esta situación plantea riesgos de pérdidas de capital ante eventuales crisis externas y ajustes del tipo de cambio. El nivel de la prima de riesgo asociada a la incertidumbre cambiaria es un factor adicional que actúa en detrimento de la tasa de rentabilidad de las inversiones productivas. En estas condiciones, los proyectos de inversión viables se reducen a aquellos que ofrecen tasas de rentabilidad excepcionales, comúnmente vinculados con la captación de rentas cuasi monopólicas como las que operan en la prestación de servicios públicos privatizados. Evidentemente, insuficientes para modificar la baja tasa de inversión de la economía argentina. A modo de corolario, puede decirse que, cuanto más cercano se vislumbre el horizonte de inestabilidad del tipo de cambio (o mayor se considere la dimensión del retraso acumulado), más difundida será también la decisión de postergar decisiones de inversión en activos reales.

La oportunidad perdida: blindarse para encarar la salida del modelo económico

Una contribución positiva del "operativo blindaje", por cierto no buscada por sus protagonistas, ha sido sacar a la superficie el estado de crisis terminal del modelo económico. Hasta aquí, el discurso hegemónico se ofrecía como camino único y éxito final asegurado. Como se recordará, el eslogan era: "estamos mal, pero vamos bien". Un mensaje rotundamente desmentido por los hechos. Al cabo de una década, la frase más apropiada es: "seguimos mal y vamos para peor". Hasta aquí, las opiniones críticas - que las hubo, muchas y fundadas - fueron sistemáticamente ignoradas, atribuidas a populistas nostálgicos, opositores cerriles o desestabilizadores irresponsables.

La operación salvataje condujo inevitablemente a reconocer el estado de crisis; sin embargo hay una cerrada negativa a asumir que esta crisis es resultado de las políticas económicas puestas en práctica durante este tiempo. Como si esta situación proviniera de algún fenómeno fortuito, derivado del azar. A lo sumo, se apela de manera imprecisa a un contexto internacional adverso que sacude a la economía argentina de manera inclemente. Esta forma de ver las cosas es particularmente grave por cuanto, sin corregir el diagnóstico sobre las causas del problema, no habrá tampoco espacio ni decisión para corregir el rumbo ni buscar una salida. La política económica habrá de persistir con más de lo mismo, sobre los ejes del modelo menemista, prolongando así la continuidad de la etapa agónica del modelo. La vocación por transitar este camino están en las afirmaciones del ministro de Economía: "el blindaje permitirá restablecer la confianza en los acreedores, bajar el riesgo país y la tasa de interés, restablecer el flujo de ingreso de capitales y, por esta vía, reactivar la economía".

Esta visión optimista no es compartida por algunos caracterizados voceros de los intereses del establishment financiero. Eludiendo asumir las culpas por un pasado reciente que han apoyado sin reservas, consideran inevitable la crisis monetaria y cambiaria, propiciando como solución la "dolarización" total de la economía. La propuesta consiste en profundizar el modelo de anclaje y subordinación con la moneda de Estados Unidos, una verdadera fuga hacia adelante, tan aberrante como paradojal: para evitar la crisis monetaria lo mejor sería eliminar la moneda. No interesa aquí discutir los alcances y las consecuencias de la dolarización, sino comprobar el hecho de que ciertos sectores del poder económico operan sobre la firme convicción de que el modelo económico se encamina a una crisis terminal.

La etapa de negociación del operativo blindaje debió aprovecharse para una discusión más racional y objetiva de los problemas económicos y sociales de la Argentina, buscando construir consenso y acuerdos políticos en favor de una estrategia de salida ordenada del modelo económico. El blindaje "blanqueó" un hecho, hasta ahora sistemáticamente negado por sus sostenedores: la certeza del desemboque en una crisis de alcances imprevisibles y que esta crisis puede desatarse en plazos muy cortos. Al mismo tiempo, se hizo evidente también que la preocupación por evitar desenlaces traumáticos y de alta conflictividad involucra a los propios acreedores institucionales, una situación que abre perspectivas más favorables para negociar acuerdos de asistencia financiera internacional que sirvan como soporte de una estrategia de cambio. Precisamente, el papel fundamental de la asistencia internacional debería consistir en brindar respaldo financiero y afirmar expectativas favorables sobre la capacidad de la economía para gestionar el cambio de las políticas económicas.

En este sentido, la salida del modelo conlleva modificaciones en la estructura de precios relativos, de los cuales, el más complejo y traumático es la modificación del tipo de cambio real. Recuérdese aquí el incumplimiento por parte del gobierno de la prometida política de deflación de las tarifas de los servicios públicos privatizados. La masa de recursos involucrada en un operativo blindaje de cambio del modelo debe tener entidad suficiente para evitar la formación de una espiral inflacionaria que arrastre al conjunto del sistema de precios.

Obvio es destacar que la modificación del tipo de cambio real no pasa, ni única ni centralmente, por la modificación unilateral del tipo de cambio nominal. De igual forma, tampoco puede pensarse como un instrumento único y aislado de otro conjunto de políticas. En este sentido, una estrategia de cambio, debería considerar aspectos como:

Revisión de las normas regulatorias y los contratos de los servicios públicos privatizados, orientados a rebajar las tarifas e introducir condiciones reales de control y competencia.

Modificación de la estructura arancelaria y paraarancelaria que, en el marco de los acuerdos internacionales (OMC, Mercosur) permita mejores condiciones para el desempeño de producciones locales.

Mejora efectiva de los organismos de control aduanero y del comercio exterior, particularmente, en todo lo referido al contrabando y maniobras de dumping, sub y sobrefacturación, etc.

Reprogramación de los vencimientos de la deuda pública. Este objetivo es parte central de cualquier acuerdo de asistencia internacional, cuyos fondos y plazos deben estar acordes con el cronograma de vencimientos de deuda de corto y mediano plazos. En los hechos, un operativo blindaje es, básicamente, un operativo de renegociación de deuda.

Reforma tributaria progresiva y progresista, con eje en el impuesto a las ganancias, basada sobre principios de equidad horizontal que unifiquen el tratamiento impositivo de las distintas fuentes de donde provienen los ingresos (eliminación de las exenciones a las rentas financieras, dividendos y otros; igualación de los mínimos no imponibles y otras deducciones; reemplazo de las deducciones por cargas de familia por asignaciones directas a las familias con hijos).

Redistribución de ingresos a favor de las familias de menores recursos. Las políticas deben tener alcances preventivos y no clientelistas, reconociendo umbrales o pisos mínimos de garantía de ingresos. De aplicación progresiva, una estrategia pautada debería pensarse considerando como prioridad a la niñez y la ancianidad sin cobertura previsional.

Está claro que la puesta en práctica de un programa de reformas de estas características requiere una coalición de gobierno con clara voluntad de cambio, con capacidad de iniciativa y fortaleza para equilibrar los conflictos distributivos. La experiencia de este primer año de gestión y su culminación en el operativo blindaje acordado con el FMI, muestra que la dirección adoptada es otra muy diferente. La opción del gobierno es aferrarse al statu quo, asumiendo el papel de administrar la fase agónica del modelo económico.

Febrero 2001

Notas
* Economista. CIEPP.

Post-scriptum
Al momento de entrar en prensa esta nota se produjo la renuncia del ministro de Economía y su reemplazo por Ricardo López Murphy. También ronda omnipresente la figura "salvadora" de Domingo Cavallo. Estos acontecimientos resultan consistentes con varias de las líneas argumentales discutidas en el trabajo.

Por un lado, la caracterización del "operativo blindaje", como una medida de salvataje coyuntural ante la inminencia de un escenario abierto de crisis financiera y cambiaria. De esta forma, se señalaba que "la asistencia financiera comprometida no alivia las restricciones estructurales que configuran el cuadro actual de incertidumbre y estancamiento de la economía argentina". Mas aún, la esperada contribución del blindaje en cuanto a lograr un alivio temporal de esta situación, se agotó más rápido de lo imaginado, afectado por un nuevo episodio externo (la devaluación en Turquía) y por la cruda realidad de los indicadores económicos internos. La economía continuó sin señales de recuperación (como lo prueban los indicadores de ventas, empleo, precios y recaudación tributaria), marcando un nuevo y, a la vez, repetido fracaso de los pronósticos optimistas de Machinea. El deterioro de las cuentas fiscales y la reaparición del contexto de incertidumbre terminaron por erosionar gravemente la precaria posición del ministro dentro del gobierno y provocaron su salida del cargo.

Por otro lado, el devenir de los hechos posteriores al operativo blindaje ratifican la idea de que el acuerdo de asistencia financiera externa, tal como se puso en práctica, sería una nueva oportunidad perdida. Así fue: ni sirvió para sostener la agonía del modelo ni tampoco para construir una plataforma de respaldo en que apoyarse para comenzar un proceso de cambio.

Por ultimo, y aún sin anuncios de medidas concretas, la elección del reemplazante y del equipo que lo habrá de acompañar en la gestión, ratifican que la decisión estratégica del gobierno es seguir aferrado al continuismo, asumiendo -a pesar de una inocultable resignación fatalista sobre los resultados finales- el papel de "administrar la fase agónica del modelo económico".