La promoción de la restauración conservadora cuestiona de una u otra forma la intervención del Estado en la economía. La prédica es constante sobre el agobio impositivo, la restricción de la libertad de mercado que desalienta a empresarios, el despilfarro de recursos en el gasto social o la inconveniencia de manejar empresas que deberían estar en manos del sector privado. En cada uno de los debates económicos en el espacio público subyace el rol adjudicado al Estado en el funcionamiento de la economía. Una visión esquemática dice que el Estado es ineficiente y que el capital y la iniciativa privada son más eficaces para garantizar el desarrollo, y viceversa. Existen casos que avalan una u otra posición, lo que altera el espíritu de quienes no admiten matices. En ese escenario de tensión de construcción del sentido común, por grado de penetración e influencia, la corriente antiestatista tiene mayor participación, sólo compensada por la memoria histórica de la devastación de la experiencia neoliberal y por el actual despliegue de una gestión pública ofreciendo buenos resultados en términos de bienestar social. Aunque les produzca urticaria a los sectores conservadores, la recuperación estatal de empresas manejadas por privados no sólo ha significado una mejora en la ecuación económica, sino también en la social y en la ampliación de servicios públicos esenciales para la población.