Una de las víctimas fue el médico y ex intendente de Libertador General San Martín, Luis Ramón Aredez, quien permanece aún desaparecido. Las otras dos víctimas son Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián.

El fallo reconoció la colaboración de los imputados para llevar adelante las detenciones, al señalar que las fuerzas de represión que «operaron aquella madrugada –del 24 de marzo de 1976– y días posteriores, contaron con la autorización dada, prima facie, para el uso de vehículos de la empresa». La resolución estableció que «el asentimiento fue prestado por el Presidente del Directorio (Blaquier) y ejecutado por su Administrador General (Lemos), ya que tratándose de una empresa de la envergadura y grado de organización que poseía Ledesma, era imposible disponer de sus vehículos y apoyo logístico, sin instrucciones o aquiescencia del presidente del directorio».

Días antes del fallo de la Cámara, el diario La Nación, en un nota titulada «Denuncia. Polémico trámite en el juicio a Blaquier», salió en defensa del empresario azucarero y puso en duda las pruebas presentadas por la fiscalía. Las respuestas no se hicieron esperar. El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, cuestionó la columna sobre el caso más emblemático de Jujuy y señaló que el «fallo no hace más que legitimar la actuación del juez de primera instancia y la Fiscalía, tan fuertemente cuestionados desde las páginas del diario La Nación». También los organismos de derechos humanos provinciales manifestaron su «más absoluto repudio y preocupación por la escalada mediática que lleva adelante la defensa del presidente de la empresa Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y de Alberto Lemos, imputados y procesados ambos por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy en el marco del terrorismo de Estado en la década de 1970».

Revista Acción - Primera quincena de septiembre de 2013