Por estos días anunció un programa de privatizaciones sin antecedentes, siquiera en los tiempos de neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que al menos podía argumentar ser un presidente legítimo, electo dos veces por sufragio universal. Temer carece de cualquier vestigio de legitimidad. Basta con ver cómo el país está absolutamente aislado en el escenario global para comprobarlo. 

Pese a todo aislamiento –rechazado internamente por 95 por ciento de los brasileños, ignorado externamente– su gobierno impone un neoliberalismo fundamentalista. Resultado: las medidas anunciadas provocaron euforia en el mercado financiero y profundo rechazo en la misma opinión pública que lo desprecia. 

Serán privatizados puertos, aeropuertos, autopistas, terminales marítimos, loterías y hasta la mismísima Casa de la Moneda, creada en 1694, tiempos coloniales, responsable por la emisión de dinero, estampillas postales y pasaportes. 

De los 14 aeropuertos que serán privatizados se destaca el de Congonhas, en plena región urbana de San Pablo. Tiene el segundo mayor tráfico aéreo del país y deja beneficios de mil 700 millones de dólares anuales a las arcas federales. 

También se anunció, por estos días, que nuevas áreas del pre sal, los yacimientos de petróleo en aguas ultra-profundas, serán llevadas a subasta. Empresas de todo el mundo podrán participar y, a diferencia de lo que determinaba la legislación anterior, sin estar obligatoriamente asociadas a la estatal Petrobras. 

Las inversiones de miles de millones de dólares necesarias para que  llegara a la tecnología más desarrollada del mundo a operaciones en aguas ultra-profundas fueron realizadas por el Estado brasileño. El éxito de todo ese trabajo será ahora disfrutado por empresas multinacionales.

De todo lo que se reveló, dos medidas fueron especialmente impactantes. 

Una ha sido la decisión de privatizar la Eletrobras, que controla 47 usinas generadoras hidroeléctricas, 144 termoeléctricas y 69 eólicas, responsables por 47 mil MW, es decir, 32% de toda la energía generada en Brasil. Se trata de una de las mayores generadoras del planeta, y controla 47% del sistema de distribución en el país.

En total, el gobierno espera recaudar alrededor de 45 mil millones de reales, unos 15 mil millones de dólares. De ese monto, unos 20 mil millones de reales (seis mil 800 millones de dólares) vendrán de la venta de Eletrobras. Como muestra del absurdo de la iniciativa de Temer, especialistas recuerdan que en los últimos diez años las inversiones de recursos públicos en la estatal sumaron casi veinte veces más.  

La otra medida considerada un escándalo sin parámetro ha sido la puesta en venta de un área de selva amazónica cuya dimensión supera a la superficie de Dinamarca. Se anula una ley de hace más de treinta años que la protegía como “reserva ambiental” para permitir la apertura de minas de oro y otros metales. 

El gobierno dice que ya existen cuatro empresas extranjeras interesadas en adquirir esas tierras, que serán desmatadas. Vale repetir: un área equivalente a Dinamarca.

Son tierras vecinas a reservas indígenas. La explotación de minas de oro y otros metales significará, inevitablemente, la contaminación de los ríos de la región. 

Ambientalistas de todo el mundo protestaron con virulencia, pero en vano: Temer hace lo que quiere el mercado, y si vender el país es parte de las órdenes que recibe, pues cumple y ya.

Las privatizaciones tendrán que ser aprobadas por el Congreso. La extinción de la reserva ambiental, no: es suficiente el decreto-ley bajado por Temer.

Ya surgieron brotes de resistencia en el Congreso, principalmente con relación a la privatización de la Eletrobras. No se trata, sin embargo, de consciencia cívica: muchos diputados y senadores tienen ahijados instalados en puestos de decisión en las empresas que integran la compañía. 

En la actual legislatura, la de peor nivel –en todos los sentidos: ético, moral, político– desde la retomada de la democracia, “consciencia cívica” es algo tan difícil de encontrar como una heladería en el Sahara. 

Todo, en el Congreso, tiene un precio, y Temer y su bando son expertos negociadores. Supieron neutralizar una contundente denuncia del fiscal general que pedía la apertura de investigación contra el presidente, por crimen de corrupción. El pedido estaba amparado por un océano de pruebas e indicios sólidos. Temer supo comprar los votos necesarios para que fuese rehusado.

Se sabe que al menos dos denuncias más están en camino. Dando muestras de estar convencido de su inmunidad, Temer emite señales de cariño a los verdaderos dueños del poder. Lo hace vendiendo el país.

Y lo más asombroso es que nadie parece capaz de impedir esa tragedia.

Página/12 - 27 de agosto de 2017