Hace un año, este colectivo se pronunció de manera crítica ante los primeros esbozos de un programa económico neoliberal en lo económico y conservador en lo político.

Me propongo explicar que no se dan ninguna de las condiciones (jurídicas, financieras o económicas) para definir una cesación de pagos (default) en el caso argentino.

A pesar de ello en los periódicos se publica esta noticia y las calificadoras de riesgo lo caracterizan como default técnico. ¿Qué ha pasado para que nos ocurriera esto? Para quienes no leen diariamente este tipo de noticias, es necesario explicar brevemente los hechos.

A partir de 1976, al ser derrocado el gobierno argentino que debía 7.000 millones de dólares fue sustituído por una dictadura que comenzó a aumentar su nivel de endeudamiento en un contexto internacional en el cual sobraban los capitales y los Fondos Comunes de Inversión buscaban bonos de deudas soberanas con buenas tasas de interés. Cuando dejó el poder después de la guerra de Malvinas la deuda era de 50.000 millones de dólares.

La sentencia de Griesa, que no es de Griesa sino del Poder Judicial de Estados Unidos y en tanto tal, integrante del gobierno norteamericano, resulta ser en definitiva un acto institucional o de gobierno de la potencia hegemónica, poniendo una vez más en evidencia el desprecio de ésta por el Estado de Derecho y la reproducción por otros medios de la política tradicional de entender los países de América Latina y el Caribe como su patio trasero. El fallo de que se trata se exhibe manifiestamente viciado de una magna arbitrariedad, o lo que es igual, utilizando expresiones similares, un fallo absurdo, insólito, disparatado y jurídicamente escandaloso; por ende calificable sin más como un “acto jurídico inexistente” y/o nulo de nulidad absoluta, insanable e imprescriptible.