Con la pérdida de capacidad reguladora por parte de los Estados, los capitales no registrados o provenientes de ilícitos ganaron poder, aprovechando los circuitos transnacionales del sistema financiero. Frente a esto, diversos países impulsaron un esquema internacional de prevención y combate del lavado de activos, del cual la Argentina forma parte. La dirección que asumió a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF) en 2010 buscó incrementar las capacidades normativas, operativas y administrativas del organismo. Esta situación corre riesgos con la actual gestión del Poder Ejecutivo.