La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, mediante un fallo por unanimidad revocó el dictado por la Cámara Contencioso Administrativo de dicha provincia, la que había sostenido la nulidad de los comicios provinciales realizados el 23 de agosto. Con la sentencia de la Corte provincial el pueblo tucumano recuperó su soberanía y derechos políticos, y se preserva la supremacía de la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Tucumán.

Sin embargo, dado que aún se puede recurrir a la Corte Suprema de la Nación la que en tal caso tendría la palabra final, no podemos dejar de observar la trama del fallo revocado que en forma arbitraria sin sustento normativo aplicable al caso, adoptó tal decisión invocando en esencia prácticas “clientelares” y “fraude estructural”. Presupone que el pueblo de Tucumán carece de discernimiento y se encuentra en situación de “desamparo”. Ciertamente fue un golpe contra la democracia y la voluntad popular de todos los tucumanos que fueron a votar. Casi podemos individualizarlo como una de las facetas de lo que se conoce como “golpe blando”, operativo de un plan desestabilizador con derivaciones que exceden el ámbito provincial. Su argumento es que el contexto político-social de Tucumán contamina la esencia del sufragio. ”Qué significa, que los pobres son idiotas, no saben votar, que hay que prohibir el voto de los pobres o de los provincianos”? Como señaló Cristina, “eso es una Argentina predemocrática”. La lógica estricta que nutre al fallo de la Cámara Contencioso Administrativo es proclive al voto calificado.