Brasil parece condenado a convivir con la escoria de un sistema político venal, que cree sinceramente que el bien público es patrimonio privado de un pequeño grupo que decide, soberano, sobre el bien y el mal.

Los adictos al abuso están cómodamente instalados en los tres poderes que deberían ser la base de la democracia: el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo. La impertinencia de los impunes salta a los ojos de cualquiera y deja claro que en el fondo el gran problema del país está en el sistema viciado que exige, a gritos, una reforma.