Nos hablan de un "boom minero", y no es para menos. Las inversiones en el área fueron, según la Secretaría de Minería, de 600 millones de pesos en 2003, de 1.869 millones en 2004, de 2.403 millones en 2005 y un proyectado para este año de otros 3.900 millones. Los datos oficiales que se publicitan dicen que hay en total 10.400 millones de pesos en nuevas inversiones. En estos años, las exportaciones declaradas de minerales pasaron de 3.300 millones en 2003 a 5.662 en 2005 y una proyección para 2006 de 7.900 millones.

Mirada superficialmente, sin ver qué se esconde en el fondo de los oscuros socavones de los negociados y saqueos, la evolución minera parece brillante. Al menos, así lo pinta en un folleto la Secretaría del ramo. Allí se muestra la geografía del país año a año a partir de 2002, y cada vez los mapas presentan más manchitas multicolores indicativas de adónde se ubican las explotaciones y los proyectos de explotación. En esos croquis la Argentina parece estar afectada por alguna dermatitis, toda cubierta de manchitas de impresionante cantidad en 2006. Pero es peor que una mera dermatitis, cada mancha es una sangría de recursos naturales y muchas veces se trata de un cáncer que destila cianuro y contamina.

"En Farallón Negro -nos narra Elizabet Serrano, secretaria del gremio de los judiciales en Catamarca y miembro del Foro contra la contaminación- están sacando oro pero además otros minerales mucho más valiosos que el oro, y eso lo hacen con cianuro, las aguas se contaminan, los pueblos se van volviendo desiertos, la gente se enferma, hay un altísimo porcentaje de pobladores con cáncer, ellos no tienen dinero para proveerse de agua mineral, entonces beben el agua que está contaminada, cuando notan que en su familia van muriendo, dejan el lugar y todo se convierte en un páramo".

En esta provincia están ubicados los grandes yacimientos de Bajo de la Alumbrera y, entre otras trasnacionales, se encuentra una de las mayores compañías mineras del mundo, la Rooney, que hace estragos en el medio ambiente. La fiscalía tribunalicia pidió el procesamiento de sus directivos porque las mediciones de la propia empresa muestran excesos tremendos: 20.000 veces más en los valores de arsénico, 5.000 veces más en los de cadmio, veinte veces en cobre, 10.000 en mercurio, sesenta en plomo y mil en selenio. Y lo que resultaría letal: por cada litro de agua se encontraron 2,30 miligramos de estroncito, un elemento radiactivo.

Bajo dominio extranjero

Décadas atrás muchos de estos contaminantes no eran utilizados en las extracciones, pero el descubrimiento de nuevas técnicas abrieron el camino al uso del cianuro y otros elementos cuya utilización han hecho rentables para las trasnacionales la explotación de minas que habían sido abandonadas -como la de Famatina en La Rioja- y sobre las cuales ahora se vuelve a la carga no importando a los inversores qué daño pueden ocasionar a las comunidades del lugar.

Para tener noción siquiera somera de los perjuicios que provocan, digamos que una minera necesita para instalarse invadir territorio, provocar voladuras, requiere energía, caminos y abundantes fuentes hídricas para drenaje del cianuro y los demás restos de la explotación, por lo tanto expulsa poblaciones originarias y cierra perímetros. Son los prerrequisitos que exige una multinacional para comenzar una explotación, ya que para ellas, por encima de la vida, primero está la ganancia, la renta.

Y así se entabla el combate, de un lado las multinacionales de la minería con el respaldo de la mayor parte del poder político y, por el otro, la resistencia popular, como lo vemos con las grandes movilizaciones en Esquel (Chubut) contra el proyecto contaminador a cielo abierto con utilización de cianuro; como en Santa María, Andalgalá y Belén en Catamarca contra los proyectos de Agua Rica y Filo Colorado; o el de los habitantes del Valle de Uco en Mendoza en oposición a lo que se proyecta en la zona de Papagayos; la lucha de mapuches y kollas en el sur y en el norte cordillerano donde vienen sufriendo usurpaciones, contaminación de arroyos, cierres de territorios y muertes; las manifestaciones en La Rioja, Chilecito y Famatina contra la explotación aurífera de la Barrick Gold en sociedad con el gobernador Angel Massa, uno de los titulares de la firma minera Yamiri S. A. que se apropió de territorio provincial; la denuncia de los vecinos de San Juan donde las explotaciones ya en curso y las proyectadas, como la de Veladero o Pascua-Lama (binacional con Chile), mutilarán la geografía provincial, ...En fin, son movimientos populares de resistencia que en determinados casos han logrado impedir o retrasar comienzos de explotación.

Sin embargo, sobre la minería están cayendo avalanchas de proyectos de explotación. No se trata de exageraciones. Javier Romero, de ATE Esquel y uno de los referentes de la lucha contra la contaminación de las mineras, nos señaló que "estamos sufriendo un proceso muy intenso de concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra, nos ocupan las costas de los ríos, pobladores rurales ya no tienen acceso a la pesca para comer, tenemos problemas de circulación porque las alambradas cortan los caminos, hay familias desalojadas que terminan en las villas marginales. Y no es solo el tema de la contaminación. Lo central, de donde derivan todos los demás problemas, es la concentración de la tierra. Estamos hablando de territorio argentino, sin embargo tenemos cientos de miles de hectáreas bajo dominio extranjero. Por ejemplo, en la meseta chubutense tenemos la concesión de los yacimientos Navidad de uranio a una minera canadiense cuya titularidad estuvo en disputa con otra empresa también del Canadá y que se dirimió su posesión no en un Tribunal argentino sino canadiense. Además, es impresionante la cantidad de concesiones que existen. Solo en nuestra zona, de la ruta 40 hacia la frontera con Chile, había hasta hace poco 150 concesiones para extracción de distintos metales, que están en la etapa de exploración y cateos. Pero reitero, la cuestión es política, es de tenencia de la tierra, es de soberanía, no es solo contaminación, porque mañana pueden inventar un medio menos contaminante que el del cianuro, pero nos seguirán saqueando la tierra y sus recursos. Por eso tratamos en la zona cordillerana de unificar a todos los movimientos de resistencia, a los que luchan en defensa del medio ambiente, a los que resisten los desalojos, a los que denuncian el envenenamiento de las aguas, etcétera. Todos esos problemas tienen un tronco principal, la propiedad concentrada y la extranjerización de la tierra".

Argentina minera

Argentina posee una riqueza minera enorme. Catamarca tiene a Farallón Negro, Bajo de la Alumbrera, Agua Rica e Incahuasi; en Chubut están Corcovado, la Cuenca del Golfo San Jorge rica en uranio, Navidad, Arroyo Verde y su gran meseta; en Jujuy se encuentran Pirquitas, Mina Aguilar y los Salares de Olaroz, y también en Jujuy está como ejemplo la recuperada Mina La Brava (emprendimiento del MTL-CTA), convertida por los trabajadores en cooperativa que extrae minerales generando trabajo genuino, desarrollo regional y sin contaminación; en La Rioja ubicamos a Famatina y Cerro Negro; en Mendoza se halla Sierra Pintada, uno de las regiones del mundo con más uranio; en Neuquen está la región de La Dorada; San Juan es poseedora del Pachón, de Gualcamayo, de Veladero y de Huachi; en Río Negro ubicamos el hierro de Sierra Grande, Calcatreu y Los Menucos; San Luis tiene oro aluvional en el Alto de los Dados; en Santiago del Estero hallaremos la Huyamampa de las sales de sodio; en Salta se eleva Cerro Juncal y Santa Cruz está saturada de minas, desde Rio Turbio hasta Cerro Negro, Cerro Vanguardia y Cerro Moro donde la trasnacional Exeter tiene en propiedad trece zonas auríferas. Estamos citando a ricos yacimientos en cobre, oro, plata, estaño, borato, plomo, molidbeno, etcétera, además de los estratégicos uranio (Argentina es uno de los diez países con mayores reservas de uranio) y litio, un mineral que es extraído impunemente por las trasnacionales, que ni siquiera es declarado y que está llamado a ser en tres décadas un carísimo elemento de vital importancia en el desarrollo de la industria nuclear.

Existen más de 36.000 trabajadores afectados en forma directa a la industria minera, y otros 147.000 de manera indirecta, perforando suelos, descubriendo las minas a cielo abierto, convirtiendo las rocas en polvo o desencadenando voladuras, tienen los pulmones saturados de piedra, trabajan entre vientos cordilleranos e inclemencias, sufriendo accidentes que se suceden por negligencias patronales y sin que aparezcan culpables (recordamos la tragedia que enlutó a los trabajadores de Río Turbio), con sueldos miserables y la mayor parte "en negro". Ellos extraen el mineral que se llevan las trasnacionales y que nutre al capital concentrado.

Porque, señalemos, los recursos minerales tienen un carácter estratégico en el desarrollo de una sociedad y resulta impensable la actividad industrial sin el dominio de esos recursos.

Según su uso y aplicaciones, se clasifican en minerales metalíferos (hierro, cobre, oro, plata, plomo, cinc, etcétera), minerales no metalíferos (fósforo, potasio, salitres, azufre, cuarzo, caolines y otros) y las llamadas rocas de aplicación (arena, laja, mármoles y otros destinados a la construcción) generalmente de comercialización interna, y que no es el caso analizar en esta oportunidad.

Para que un proyecto minero se haga realidad, es decisivo realizar con éxito la etapa de la prospección y exploración del suelo para lograr la correcta ubicación y dimensión del mineral a explotar. Para la prospección se utilizan imágenes satelitales a escalas cada vez más profundas, este mapeo se complementa con estudios geofísicos y geoquímicos. El objetivo es lograr información cada vez más detallada acerca de los minerales existentes en determinadas zonas. Posteriormente se inicia el trabajo exploratorio con perforaciones del suelo y, finalmente, la etapa de la explotación.

Pues bien, todo el trabajo de la prospectiva, el mapeo a distintas escalas, la descripción de los principales yacimientos, el plano de ubicación de muestras, los perfiles de los principales depósitos, la ubicación de fajas metalgenéticas y tantos otros estudios costosos y de altísima especialización los hace el Estado a través, básicamente, del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), en gran medida dependiente de la Secretaría de Minería. Sin embargo, los cientos y cientos de detalladas prospecciones que llevan realizados sus profesionales es de "libre consulta", es decir, cualquiera tiene acceso a ellos. Y los que más acceden, por supuesto, son las mineras trasnacionales. Porque, según las leyes dictadas por el menemismo y que siguen vigentes, los estudios que haga el Estado deben propender a la atracción de inversiones extranjeras. Y aunque a cualquier desinformado le parezca mentira, a tal extremo ha llegado la entrega de nuestro patrimonio, que el Estado argentino tiene prohibida la explotación de sus recursos mineros. Veamos.

Leyes vergonzosas

Hasta los inicios de los años 90, la legislación vigente y el Código Minero señalaban que el Estado debía tener más del 50% de las acciones de toda empresa de explotación de los recursos mineros. Con el oleaje del neoliberalismo, llegaron las propuestas de nuevas leyes de manos del Banco Mundial, las que fueron aprobadas por ambas cámaras legislativas en 1993. El 7 de julio de ese año fue sancionado el Acuerdo Federal Minero con dos puntos fundamentales: la toma de "todas las medidas necesarias" para atraer a los inversores foráneos y, adoptada tal política, dejar a merced de cada gobernación provincial la operatoria correspondiente. Ese Acuerdo abrió las puertas a fabulosos negociados con traspasos a manos privadas de tierras fiscales con yacimientos en sus entrañas. Esas sociedades anónimas, muchas de ellas controladas por políticos aupados al poder, fueron las que, como en el caso de La Rioja, pasaron a negociar la explotación con trasnacionales tan poderosas como la Barrick Gold, Meridian Gold y Alumbrera Ltda., entre tantas otras. Luego se aprobó la ley 24.224 que impulsó la ejecución de políticas activas del Estado en materia de prospección y exploración a favor del sector privado. Es decir, el Estado sería a partir de entonces el encargado de llevar adelante la parte más costosa de una inversión minera, mientras que el sector privado asumía esencialmente la parte de la explotación y se quedaba con la renta. Pero hay más, el criterio de búsqueda y planificación en la explotación de un recurso minero estaría a cargo de una Comisión Mixta de Carta Geológica, donde confluyen representantes oficiales y privados, con lo cual el Estado dejó de ser el orientador de las políticas mineras.

En marzo de 1995 se sancionó otra ley complementaria -la 24.466- que creó el Banco de Información Geológica que tendría la función de relevar, centralizar y procesar toda la información en materia de investigación minera. Esa valiosísima y estratégica información de fuentes geológicas es la que está hoy a disposición de las trasnacionales.

Mediante la ley 24.498 aprobada en julio de 1995 fue modificado el Código de Minería. De ahí en adelante, se establece claramente que el Estado no tendrá participación alguna en la explotación del suelo. "Más aún -nos señala el ingeniero en minas Pablo Spataro, secretario adjunto de la Junta gremial interna de ATE SEGEMAR- aunque sea el Estado el responsable de descubrir el recurso minero, esto no le dará derecho alguno a la explotación. El artículo 346 del Código modificado establece que las minas que descubran los organismos del Estado deberán ser trasferidas a la actividad privada dentro del año de operado el descubrimiento".

No termina la cosa aquí. Por la ley 24.196 de 1993 los inversores extranjeros en la explotación minera metalífera y no metalífera "gozarán de estabilidad fiscal por el término de treinta años", es decir, no se les podrá cobrar ningún impuesto más que el acordado al inicio de la concesión.

¿ Y cuál es la parte que el corresponde al Estado de la fabulosa renta que le queda a las trasnacionales por explotar recursos naturales que son argentinos? Existe una "regalía", un "royalty", que es el monto o porcentaje que deberá abonar la trasnacional que se ocupe de la explotación, como forma de compensación por la extracción de un recurso no renovable. Pues bien, el artículo 22 del Capítulo IV de la citada ley dice que el Estado o los gobiernos provinciales "no podrán cobrar un porcentaje superior al 3% sobre el valor boca de mina del mineral extraído".

"Al valor boca de mina -nos aclara Spataro- las empresas le deducirán los costos agregados, como los de trasporte, trituración, molienda, comercialización, fundición y refinación. Por lo tanto, el Estado cobrará una regalía ínfima sobre el costo del mineral sin procesar. En resumen -apunta el ingeniero Spataro- las leyes dictadas durante el menemismo instalaron un clima favorable a la llegada de capitales extranjeros para la explotación indiscriminada de nuestros recursos mineros no renovables".

Agreguemos que con este marco jurídico, los organismos estatales vinculados al área, empezando por la propia Secretaría de Minería, solo tienen la función de implementar políticas que apunten a relevar la información geológica para que luego las trasnacionales exploten el territorio nacional según sus propios intereses.

Pocas veces se ha visto en la historia leyes como las señaladas hechos tan a la medida del capital trasnacional concentrado. Los diputados y senadores que las aprobaron indudablemente cometieron un acto atentatorio a nuestra soberanía. Varios de aquellos legisladores siguen ocupando bancas en el Congreso, algunos son funcionarios de la administración K. Lo real, entonces, más allá de las palabras, es que esas leyes siguen plenamente vigentes y son aplicadas a todo vapor.

Esto explica el "boom minero". Como nunca hoy las trasnacionales del oro, la plata, el uranio y el cobre sobrevuelan como buitres las entrañas abiertas de nuestras tierras para llevarse impunemente las riquezas más profundas. Las mayores multinacionales mineras están aquí, visitan asiduamente la Secretaría de Minería, se les dan concesiones. Las riquezas de Aguas del Dionisio estaban en la subasta cuando iniciamos nuestra investigación en el edificio de la Diagonal Julio A. Roca, a pocas cuadras de la Casa Rosada.

Hasta agosto de 2006 estas multinacionales habían presentado más de cien proyectos nuevos de extracción, además de lo que ya tienen. Entre esas empresas están las más grandes, las que deciden, las que forman el grupo de elite del imperio globalizado del neoliberalismo: las norteamericanas Apex Silver Co., Mansfield Minerals, Hecla Minning, Meridian Gold, Minera Andes S. A., FMC Lithium, Minera Sud Argentina S. A. (el 60% de las acciones pertenece al grupo Benetton y cuenta con explotaciones auríferas en Santa Cruz), Newmont Minning Co, Sun Shine Corp. y la Royal Gold Inbc; las inglesas Rio Tinto Minning, Potasio Río Colorado, Borax Argentina S. A., BHP Minerals y la Anglo Gold (Cerro Vanguardia en Santa Cruz); están las que tienen su asiento en Canadá pero que en gran medida son norteamericanas, entre ellas, la Barrick Gold (George Bush es uno de sus accionistas), Cardero Resources, Cascadero Cooper, Chapleaur Resources, Exeter, Corex Gold Co., Maple Minerals, Golden Peaks, Pan American Silver Co. y otras; la japonesa Mitsubishi; la suiza Xtrata PLS, y las australiana Kanowna Gold Mines y Alumbrera S. A.

Pensemos que estos más de cien proyectos en acción descargarán cianuro y más contaminación desde Santa Cruz a Jujuy. Pensemos en cuántos páramos, muertes y desarraigos nos dejarán. Pensemos cuánta soberanía está delegando la Argentina por acción de la corrupción política que entregó el patrimonio de la Nación. Pensemos que el de la minería es otro capítulo sobresaliente de una injusta distribución de las riquezas, y deduzcamos entonces que no hay otro camino que pelear por lo que es nuestro.