Según pudo saber LA NACION, en el Palacio de Hacienda creen que si el juez Thomas Griesa sigue insistiendo en su postura de cumplir a rajatabla la sentencia -ratificada en todas las instancias judiciales de Estados Unidos- en un tiempo sólo podrá mantener bloqueados los bonos de esa plaza financiera.

Entienden que los bonistas europeos que entraron en los canjes podrán cobrar una vez que se concrete la audiencia en la Cámara de Apelaciones a mediados del mes próximo, en un marco de creciente presión que están ejerciendo hacia el Bank of New York para que libere los pagos retenidos desde fines de junio.

El problema que armó el juez al querer ejecutar la sentencia, afirman, se transformó en un conflicto entre actores poderosos del sector privado, más que entre el gobierno argentino y los holdouts.

Y pese a que EE.UU. ya dejó trascender que no aceptará la posibilidad de dirimir el caso del pari passu en la Corte Internacional de La Haya, en el Palacio de Hacienda aseguran que seguirán los reclamos políticos y diplomáticos en contra de la administración Obama. En particular, la acusan no sólo de no "frenar" al juez Griesa, como indicó tiempo atrás Kicillof, sino también de no intervenir para que la Corte Suprema de ese país tomara el caso para aplazar una definición y permitir que venciera la cláusula RUFO a fines de año.

En el Gobierno confían en que muchos bonistas esperan que la Argentina pague la sentencia completa ordenada por Griesa, por lo cual no han ejercido una presión intensa sobre la justicia norteamericana. Sin embargo, al mismo tiempo, consideran que el sistema financiero internacional está muy preocupado porque habría unos US$ 600.000 millones en bonos con la cláusula pari passu que podrían terminar del mismo modo que los que defaulteó la Argentina. Por esta razón, insisten en que el fallo de Griesa es inaplicable, aunque, a la vez, no se juegan a apostar cuál será el umbral de aceptación de los bonistas si se aprueba la ley que cambia el domicilio de pago de los bonos a Buenos Aires.

Por las pocas definiciones técnicas brindadas hasta ahora, algunos analistas sospechan si el Gobierno no está generando una "cortina de humo" con esta iniciativa, para ganar tiempo y poder negociar sin la cláusula RUFO a partir de enero.

Sin embargo, el dueño del fondo de inversión Fintech, David Martínez, sostuvo en un reportaje en Página 12 que el canje local "es la medida correcta que debe tomar un país soberano ante un ataque judicial indebido". Además, el ejecutivo dijo que "hay muchos inversores dispuestos a hacer negocios bajo la ley local, porque son indudables la solvencia de la Argentina y la voluntad de pago de su gobierno".

REVOCARON LA LICENCIA DEL BONY EN EL PAÍS

El Gobierno le revocó ayer la licencia para operar en el país al Bank of New York. Eso no afecta el contrato que la entidad tiene como agente de pagos de los bonos soberanos. Pese a que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, mezcló ambos temas en su anuncio de ayer, en el Banco Central explicaron a LA NACION que la suspensión de la actividad de la oficina local "no tiene que ver" con la actividad del BoNY como agente de pagos del país. La Superintendencia de Entidades Financieras argumentó que "la oficina no registra ninguna actividad desde enero de 2013, según los registros del BCRA", si bien el momento en que tomó la decisión es al menos llamativo. La decisión de revocar el rol del banco como agente de pago depende de la suerte del proyecto de ley que se debate en el Congreso.

La Nación - 27 de agosto de 2014